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RAYUELA

Mientras Nayib Bukele presume su guerra contra las pandillas y celebra récords de popularidad, El Salvador cumple más de dos años bajo un régimen de excepción que ha desmantelado garantías básicas. Más de 150.000 personas han sido capturadas, la mayoría están sin juicio. La académica Amparo Marroquín advierte sobre el costo social de esta política: hambre, miedo y pérdida sistemática de derechos fundamentales.

Por David González M.

En solo tres años, el presidente salvadoreño ha convertido a su país en el Estado con la mayor población carcelaria del mundo. Sin embargo, el 77% de las personas detenidas no ha pasado por un juicio.

Paralelamente, su estrategia económica, apenas discutida en los medios, ha fracasado. Más de un millón de personas han caído en la pobreza desde que asumió el poder. A esto se suman denuncias de pactos con pandillas y graves señalamientos de corrupción.

Revista RAYA conversó con Amparo Marroquín, académica de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, experta en estudios culturales. La investigadora, con doctorado en Filosofía Iberoamericana, es reconocida en América Latina por sus estudios de la relación entre comunicación y su impacto en la cultura. Ahora, es una de las pocas voces independientes y críticas que hablan desde El Salvador

La profesora analiza las consecuencias del régimen de excepción, los impactos sociales y económicos del gobierno de Nayib Bukele, y cómo el miedo se ha convertido en parte de la vida diaria en un país donde los derechos constitucionales llevan tres años suspendidos.

Los temas de seguridad han dominado la cobertura mediática del gobierno de Bukele. Sin embargo, hay poca atención sobre la situación económica. ¿Cuál es el panorama económico y social actual en El Salvador? ¿Cómo se refleja en la vida cotidiana de la población? 

La vida cotidiana en el caso de El Salvador es, yo diría, un triángulo particularmente  contradictorio, formado por tres puntos fundamentales.

El primero, el que todos sabemos, es el éxito en temas de seguridad. Definitivamente es algo que ha permeado la vida cotidiana en los territorios. Es decir, hay que entender que El Salvador es un país muy chico, y donde el crimen organizado no tiene tanta incidencia en la vida cotidiana de las personas.  Lo que ha tenido incidencia en la vida cotidiana, en términos de seguridad, son las pandillas, que son organizaciones mucho más territorializadas y que vivían, sobre todo, de la extorsión. 

Bukele consigue romper el control territorial de las pandillas. Eso es muy evidente en la vida cotidiana: la gente se siente mucho más segura, siente que puede transitar de manera más libre. Ese sería uno de los puntos del triángulo.

El segundo punto que me parece clave es: ¿qué hizo para conseguir eso? Lo que hace es decretar un régimen de excepción —o estado de excepción— es una figura que existe en la Constitución salvadoreña, y que puede durar un mes y prorrogarse por un mes más. El estado de excepción suspende las garantías constitucionales básicas. 

¿Y qué ha pasado? El presidente Bukele lleva tres años prorrogando el régimen de excepción; es decir, llevamos tres años con garantías constitucionales suspendidas.

¿Qué permite eso? El presidente puede interceptar todas las comunicaciones; no tenemos derecho a la privacidad. No tenemos derecho a libertad de asociación —eso también es una garantía suspendida—, es decir, si yo hago una reunión de cualquier tipo, la policía puede irrumpir en esta reunión para revisar qué está pasando. Tercero: no tenemos derecho a que se nos digan los motivos por los cuales somos capturados.  El Estado salvadoreño puede capturarme sin necesidad de probar mi culpabilidad. Y ese es el elemento que le permite al presidente Bukele capturar, en los últimos tres años, a más de 85,000 personas, lo cual hace que El Salvador sea el país con la población carcelaria más alta en el mundo. 


Se menciona que El Salvador tiene actualmente la población carcelaria más alta del mundo. En Colombia, con 50 millones de habitantes, hay alrededor de 100.000 personas privadas de la libertad. ¿Cuál es la dimensión de esta situación en un país de solo 7 millones de habitantes? 

Así es, nosotros somos un país de siete millones de habitantes. Y esas 85.000 personas fueron capturadas en los últimos tres años, pero ya teníamos 70.000 personas detenidas por gobiernos anteriores. Es decir, tenemos más de 150.000 personas encarceladas, la gran mayoría en un sistema penitenciario con  niveles de hacinamiento del 300%.

Además, el régimen de excepción impide  que los familiares visiten  a las personas que han sido detenidas. No hay acceso a salud ni a ningún derecho básico. Muchas veces no pueden ni siquiera ver la luz del sol. 

Hay organismos de derechos humanos que han probado y han documentado tortura y abusos dentro de las cárceles Tenemos una población carcelaria en un país de 7 millones de habitantes de 150.000 personas aproximadamente. Y quizás lo más serio: de acuerdo al último informe del Banco Mundial, solo el 23% de estas personas han pasado por un juicio.

Es decir, más del 75% de las personas encarceladas no han sido juzgadas. No podemos decir son inocentes, pero no podemos decir son culpables.  Esto es muy problemático.

El segundo punto importante es que este régimen  de excepción, que ya lleva ya tres años, se ha vuelto  un elemento de la vida cotidiana. Ya no es excepcional. Tenemos  un estado particularmente vigilante. Hay un  nuevo tipo de control territorial para las comunidades.

Antes tú temías que si a un pandillero le gustaba tu hija, tu hija corría peligro. Hoy,  si a un policía le gusta tu hija, también corre peligro. Porque pueden aplicarte el régimen de excepción, llevarla, desaparecerla. Pueden suceder distintos tipos de cosas.

Hay un temor latente en la sociedad salvadoreña del cual no se debe hablar, porque estamos en régimen de excepción.  Te pueden capturar en cualquier momento. Y eso también es clave para analizar  los niveles de popularidad del presidente Bukele.

Es decir, por supuesto que es un personaje con una comunicación política exitosa, pero ¿cómo vas a pronunciarte como una persona común y corriente, sin acceso a la justicia, sin posibilidades de salir del país, sin  representación o  una voz pública? ¿Cómo vas a pronunciarte contra un presidente que controla  el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y que además te ha suspendido las garantías constitucionales?


Antes de abordar el tercer punto del triángulo que ha mencionado, ¿qué perfil tienen las personas detenidas durante el régimen de excepción? ¿Existen patrones comunes entre las víctimas, como ocurrió en Colombia con los llamados ‘falsos positivos’? 

En efecto,  yo lo equipararía mucho. Eso no se ha investigado aquí  y no entiendo por qué, pero para mí, un porcentaje importante de esta población encarcelada son falsos positivos. ¿Por qué? Porque, como en la época del presidente Uribe, en Colombia, acá -en El Salvador- se pidieron cuotas diarias de captura a la policía. ¿Cuál es la diferencia?

Si hay un aprendizaje que nos deja un personaje como Uribe o Duterte en Filipinas, es que es mejor capturarlos que asesinarlos. Entonces, los capturan y mueren en la cárcel.

Hay más de 300 muertes documentadas bajo custodia del Estado, personas que no habían ido a juicio. Entre ellas, al menos cinco bebés: hijos de mujeres  capturadas que murieron en prisión. .Se calcula que unos  tres mil menores de edad han sido capturados bajo este régimen de excepción.


¿Cuál es el perfil de las personas detenidas durante el régimen de excepción? 

Normalmente son hombres jóvenes, pobres, morenos, usualmente con tatuajes. En los primeros días del régimen de excepción, hace tres años, fue muy evidente: empezaron a capturar incluso a personas que ya habían estado encarceladas y que habían cumplido su condena. Voy a poner ejemplos: te encontraron robando leche, que ese es un delito muy común en el caso de El Salvador. Roban leche porque necesitan comer.

Entonces te llevaron a la cárcel, cumpliste un año de condena por robar leche, te sacan y esas personas, que ya habían cumplido condena, fueron de las primeras capturadas por el régimen de excepción. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele sostenía discursiva y narrativamente, que todas esas personas ya están dañadas socialmente. Entonces, tenemos que tenerlas encarceladas.  Y él mismo en muchos momentos dijo: "Prometemos que esta gente nunca va a volver a ver la luz". 


¿Qué implicaciones tiene esa narrativa, considerando que muchas de estas personas ni siquiera han enfrentado un juicio? 

Eso implica mantener el régimen de excepción porque, si no existiera, tú tendrías que liberar a todas estas personas a las que no les has probado la culpabilidad.

Y el problema es que la manera como se capturó a estas personas fue a través de llamadas anónimas. Es decir, Bukele habilitó una línea telefónica. El principio que había ahí es: la gente sabe quién la está extorsionando en su barrio. Entonces, llama de manera anónima y puedes decir: "No, mire, hay un muchacho ahí, David González,  ese muchacho me está extorsionando". Entonces, la policía llegaba a tu casa y te llevaba preso.

Pero luego además hay historias documentadas de manera muy rápidamente de, por ejemplo, prestamistas, de esta gente que prestaba plata. Y entonces, claro, yo sé que doña Dolores me prestó dinero y me está cobrando con unos intereses terribles. Entonces llamabas y decías: "Ella es pandillera". Se la llevaban. Mucha de esta gente ha muerto en prisión.

En agosto se vence el plazo actual  para que haya juicio para este tipo de gente. No se sabe, por ejemplo, si va a continuar prorrogando el régimen de excepción o qué es lo que va a pasar.  Entonces están hablando de hacer juicios masivos, juicios de 900 personas que van a enfrentarse a un tribunal, van a ser condenados de acuerdo a lo que ellos mismos han señalado, porque no hay presunción de inocencia, sino al contrario, hay presunción de culpabilidad.


¿A quién recurren los familiares de los detenidos? ¿Qué están haciendo las organizaciones defensoras de derechos humanos? 

Muchas organizaciones de derechos humanos han empezado a llevar los casos más urgentes. El problema es que no hay organización de derechos humanos en este país que aguante 85.000 casos, ¿verdad? Entonces, cada organización, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, algunas han priorizado solo casos de menores de edad. Otras organizaciones priorizan casos de extranjeros, porque consideran que es más factible con la presión internacional: colombianos, venezolanos, ciudadanos de Estados Unidos, Guatemala... Bueno, estas personas son las que vamos a representar.

Otras organizaciones, por ejemplo en la universidad, el Instituto de Derechos Humanos, lo que ha hecho es priorizar casos emblemáticos: casos que creemos que deben estar documentados, anotados, y que tenemos que dejar constancia de que esto es lo que está sucediendo en una sociedad que resulta ser modélica en temas de seguridad.

Es decir, que en realidad lo que tienes es al 2% de la población encarcelada y a un porcentaje importante de la población que tiene mucho miedo. Una de las últimas encuestas de la universidad a nivel nacional mostró que seis de cada diez  personas te decían que no quieren hablar de política, ni siquiera con su familia.

Y eso justamente te habla de esta sensación en donde te sientes al mismo tiempo seguro, pero sabes que hay temas que no se tocan. Es decir: sacrifico la libertad por la seguridad, y además sé que hay mucha gente inocente que está pagando por mi seguridad.


¿Cómo ha sido el manejo económico del presidente Bukele? ¿Cuáles son los principales efectos sobre la población? 

El tercer elemento del triángulo era justamente la situación económica del país. Te voy a contar lo que mostró la última encuesta que nosotros hicimos desde la universidad: ocho de cada 10 personas ven el futuro de El Salvador con esperanza, porque consideran que vamos a estar mejor. Pero ocho de cada 10 personas también nos dijeron que han disminuido la cantidad de alimentos que comen a diario porque no les alcanza para vivir. ¿Por qué?

Porque la situación económica de la gran mayoría de los salvadoreños es muy precaria en este momento. Ocho de cada diez  no logran llegar a fin de mes, tienen que pedir prestado o buscar alguna manera de remediarlo.

Es decir, hay una situación de supervivencia muy fuerte. Hay gente que empieza a estar muy cerca de una crisis alimentaria. El presidente Bukele tiene el gran “honor” no solo de haber conseguido parar un tipo de delincuencia- la de las pandillas-, sino también de haber hecho que más de un millón de personas se encuentren en este momento por debajo de la línea de pobreza.

No había pasado en los últimos años, sino que más bien habían personas saliendo de la línea de la pobreza. Y en este momento tenemos ya más de un millón cien mil personas que están ya por debajo de la línea de la pobreza y que antes no lo estaban.


Para precisar: ¿desde el inicio de su mandato, más de un millón de personas han caído en la pobreza en un país de apenas seis millones de habitantes? 

Sí. 

No en un país de 50 millones como en Colombia. Es decir, una de cada seis personas está en una situación muy precaria. El Salvador es un país que tiene muy pocos recursos naturales. Su gran recurso es el humano, es la población.

El Salvador es una economía que sigue viviendo de las remesas y que, posiblemente por ahí, podamos entender esta relación tan extraña con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. Pero es que El Salvador tiene casi 2 millones de personas en Estados Unidos, y las remesas son un elemento fundamental para la economía de este país.

No puedes permitirte el lujo de que el presidente Trump piense que puede deportarte. Entonces, medio millón de personas deportadas para El Salvador produciría una crisis de la cual yo creo que ningún gobierno podría levantarse.


¿Cuáles son las principales causas del deterioro económico? ¿Qué decisiones del gobierno explican este retroceso? 

El Salvador siempre ha sido una economía precaria, con una serie de crisis. Como país, ha sido obediente a las políticas del Banco Mundial y el FMI. La pregunta clave es: si siguieron todas estas políticas, ¿por qué no logran progresar?

El presidente Bukele no ha presentado -o al menos no ha comunicado claramente- una política económica definida. Su primera apuesta fue el Bitcoin, que fracasó, y luego ha aumentado la deuda pública. Actualmente, el riesgo país es el tercero más alto de Latinoamérica, detrás de Argentina, e incluso ha  competido por el primer lugar.

Bukele ha actuado principalmente mediante cooperación internacional: mantiene alianzas fuertes con China y EE. UU., buscando beneficios de ambos. Pero simultáneamente ha incrementado la deuda nacional, lo que afecta directamente a la población.

El Salvador importa mucho más de lo que produce. No existen políticas para estimular la producción agrícola o mejorar la seguridad alimentaria. Importamos carne de Nicaragua y Honduras; verduras y frutas de Guatemala y Colombia. Tampoco hay una política fiscal efectiva para apoyar a los más empobrecidos.

Entonces, se pagan menos impuestos para aquellas personas que tienen más dinero, y no para la gran población.


Uno de los pilares del discurso oficial ha sido presentar a Bukele como un empresario exitoso. Este modelo político también está siendo replicado en otros países, incluido Colombia. ¿Qué tan sólido es este relato si se compara con los resultados reales de su política económica? 

No, y quizás lo otro que yo tendría que añadir -que olvidé decir- es que su apuesta más visible ha sido la del turismo. ¿Cuál es el problema con la apuesta de turismo? Que es una apuesta de turismo tradicional. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que genera gentrificación. Y que expulsa a las poblaciones locales. Por ejemplo, pescadores de toda la costa, de la zona pesquera del país, que han sido expulsados porque hay cadenas hoteleras que están comprando toda la zona costera y que la están privatizando.

Entonces, la gran mayoría de la población ya no tiene acceso a espacios en donde antes sí podías entrar.  Se le está apostando a un tipo de turismo o se está apoyando a un grupo poblacional que en realidad es bastante reducido. Ha habido reportajes acá que muestran los grandes negocios de la familia Bukele y de los amigos y las personas cercanas a la familia Bukele. 


El medio El Faro reveló los vínculos del gobierno con pandillas. ¿Qué se sabe de los pactos con estructuras criminales que supuestamente permitieron implementar esta estrategia de seguridad? 

A partir de las filtraciones de CNN y The New York Times, lo que nos queda muy claro es que el presidente Bukele está negociando con Estados Unidos la devolución de líderes pandilleros que actualmente están bajo custodia estadounidense. Según lo que se sabe, estos líderes poseen grabaciones de las negociaciones que mantuvieron durante el gobierno de Bukele.

El presidente necesita que le devuelvan a estos pandilleros -12 jefes de clicas (pandillas)- y, a cambio, ofrece una rebaja del 50% en el costo inicial que había establecido para la acogida de personas deportadas que ocuparían las cárceles de El Salvador.

Bukele proviene del FMLN, partido de extrema izquierda, y que durante su militancia fue pieza clave en negociaciones donde el gobierno del FMLN pagó $250,000 a las pandillas a cambio de apoyo electoral para Sánchez Cerén (entonces presidente) y para su propia campaña a la alcaldía de San Salvador.

Estas fueron las primeras negociaciones, y a partir de ahí Bukele pasaría los siguientes 8 años de su carrera política -como alcalde y luego como presidente- negociando con las pandillas no solo votos, sino también prebendas. A cambio, su gobierno permitió la salida de altos líderes pandilleros de las cárceles de máxima seguridad hacia Guatemala, México y Estados Unidos.

Actualmente hay doce líderes pandilleros presos en Estados Unidos, capturados por autoridades estadounidenses que poseen información comprometedora. Uno de ellos enfrenta pronto un juicio en EE.UU., y existe preocupación por lo que podría revelar. De hecho, se sabe que el gobierno de Bukele habría ofrecido un  millón de doláres al cártel Jalisco Nueva Generación por asesinar a este pandillero antes del juicio.

Esto nos plantea un debate ¿es posible lograr seguridad y combatir el crimen organizado sin negociar? La estrategia de Bukele sugiere que no -que es necesario negociar con criminales y suspender derechos humanos-, aunque a un costo muy alto.

Estas filtraciones están causando la primera crisis política real de un régimen que, sin embargo, podría prolongarse varios años más.


Y del modelo Bukele, que está siendo usado de ejemplo a seguir por varias fuerzas de derecha en toda América Latina ¿no?

Pero también yo creo que es importante, en este sentido, recordar que él viene de la izquierda y es más bien un personaje líquido -que adopta la forma del recipiente que lo contiene- y que lo que busca es conseguir el poder. 

Entonces, si para conseguir el poder vas a estar con la izquierda porque la izquierda está en el poder, vamos; y si para conseguir el poder vas a estar con la derecha, pues esta con la derecha. 

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