Aunque existen una docena fallos judiciales, Carbones del Cerrejón Limited no respeta los derechos de los indígenas wayúu de la Guajira, asentados al lado de la mina a cielo abierto. La desviación del arroyo Bruno para la explotación de carbón les quitó el acceso al agua potable, puso en peligro su seguridad alimentaria y sigue impactando su salud. ¿Qué viene para estas comunidades si la carbonera no acata la última orden de la Corte Constitucional? 

Por: Paula Companioni
Especial para la Revista RAYA

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que se realizó este diciembre en Dubai (Emiratos Árabes), organizaciones de derechos humanos y ambientalistas enviaron una alerta internacional para exigir a la carbonera Cerrejón que cumpla con el fallo de la Corte Constitucional de Colombia que le ordenó suspender su manipulación del agua dulce del arroyo Bruno. La sed en La Guajira apremia y más en estos días de sequía en medio de la ola de calor del “fenómeno del niño”. 

La sentencia del 2017 ordenó a la compañía minera suspender la intervención de las aguas y amparó los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades wayúu de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero. También, le ordenó a quince instituciones gubernamentales la creación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional para realizar un estudio que tuviera como resultado la respuesta a la pregunta: ¿es viable desviar el curso natural del arroyo Bruno?

A pesar de que las comunidades respondieron negativamente, el arroyo fue desviado unos 700 metros hacia el norte de La Guajira en el marco del proyecto de expansión de la mina más grande a cielo abierto que existe en América Latina. El Cerrejón aceleró las obras de desvío y “capturó” al Estado colombiano, a través del lobby de los ejecutivos de El Cerrejón ante las entidades, lo cual ha sido denunciado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). De hecho, lograron que la Mesa Interinstitucional estuviera en favor del desvío del arroyo.  

Esta “captura del Estado” está más vigente que nunca. El Cajar ha denunciado nacional e internacionalmente al menos doce ejemplos de impunidad en los que el Cerrejón ha sido protagonista. Por ejemplo, las acciones de tutela que los indígenas han ganado ante los jueces por las afectaciones respiratorias que padecen los niños a causa de los botaderos de residuos de la mina. Ni las entidades prestadoras de salud ni la carbonera han cumplido con resarcir este derecho. Culminando el 2023 el arroyo continúa desviado y tanto las comunidades como el ecosistema siguen sufriendo las consecuencias.

El agua y los sueños

El Arroyo Bruno nace en la parte alta de la Serranía del Perijá (dentro de la Reserva Forestal Montes de Oca) y recorre los municipios de Maicao y Albania, en el departamento de La Guajira. Es un afluente del río Ranchería y abastece de agua a varias comunidades aledañas. 

También es considerado un corredor biológico entre el Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Históricamente ha sido una fuente de agua y de bienestar cultural y espiritual para los indígenas wayúu que habitan en el norte de Colombia, los cuales han visto afectado su Plan Salvaguarda y cómo la vida y la cultura de su pueblo está en peligro, dice el palabrero wayúu Andrónico Urbay.

Cuando los wayúu se saludan en su lengua materna, wayuunaiki, hay una forma de saludar cuyo significado es: ¿Qué soñaste? (¿Kasa pülapüinyaaka?). Para este pueblo, a través de los sueños el espíritu que cuida el agua se les manifiesta y hace peticiones. 

El agua es el lugar sagrado, dice Misael Socarrás, líder wayúu. “Con el agua es que nosotros hacemos los trabajos espirituales de sanación a través del sueño. Vamos a hacer pagamentos, baños y encontramos nuestras plantas medicinales; nuestros sueños nos dicen a qué punto debemos ir, qué planta debemos tomar, dónde debemos bañarnos. Pero con ese desvío ya no existe la conexión espiritual del agua con la tierra”. Sin embargo, esta conexión espiritual no fue tenida en cuenta ni por Cerrejón ni por la Mesa Insterinstitucional a pesar de que la Corte ordenó hacer un estudio técnico para decidir si el arroyo debía volver a su cauce natural. 

Esto afectó no solamente los sueños o cosmovisiones del pueblo wayúu, sino que,  según una investigación del Cajar sobre el incumplimiento de las órdenes de la Corte, la cual fue publicada en junio de 2022, el deterioro ambiental de la zona ha sido considerable e impactante. 

Aura Robles y Misael Socarrás, en su calidad de afectados directos y expertos conocedores de su territorio, le advirtieron al alto tribunal que los cambios en el paisaje se pueden notar con la reducción de los caudales, la profundización de aguas subterráneas y el secamiento de pozos; todas estas son incertidumbres frente a las próximas sequías y afectaciones a las prácticas culturales, productivas y ancestrales en un territorio como La Guajira, donde el agua escasea.

El no cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte mediante la Sentencia SU 698 de 2017, por parte de las instituciones del Estado y de la empresa, no es un caso aislado. En Colombia son varios los fallos judiciales en los que son recurrentes las menciones sobre las nociones de injusticia ambiental y sus relaciones con la discriminación y el racismo. 

Según la abogada Rosa María Mateus —integrante del Cajar—, en el país persisten prácticas e imaginarios en los cuales unas vidas humanas valen más que otras, lo cual concentra las injusticias en unos grupos poblaciones que viven en condición de vulnerabilidad, que son empobrecidos y despojados, y cuyos territorios son considerados ‘zonas de sacrificio’.

El Cerrejón, un victimario de La Guajira

Desviar un arroyo para producir carbón es un ejemplo de manual sobre cómo crear y fortalecer la actual crisis climática. En 2017, cuando la Corte Constitucional ordenó a El Cerrejón parar su obra de despojo, lo que la empresa hizo —además de acelerar la obra e ignorar la soberanía nacional— fue interponer una demanda contra Colombia. Pretendía obligar al Estado a pagarle una millonaria indemnización, ya que con el fallo se suspendía la expansión de uno de los tajos de la mina de carbón.

“Esta clase de disputas e incluso la sola amenaza de instaurar la demanda ha producido un efecto disuasorio, de enfriamiento o chantaje cuya intención es la de subordinar la soberanía nacional del Estado en contra de la adopción de medidas para la protección ambiental y la acción climática. A su vez, las disputas socavan el derecho de comunidades y pueblos a buscar justicia frente a los abusos y graves violaciones de grandes corporaciones que permanecen en la impunidad”, dice la declaración que hicieron diferentes organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Cajar, en febrero de este año ante la comunidad internacional. 

La gigantesca mina a cielo abierto del Cerrejón es responsable del desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y afrodescendientes en La Guajira. También, de contaminar el aire de forma consistente en el territorio. La explotación minera ha contaminado las fuentes de agua, lo cual ha ocasionado que se hayan encontrado altas concentraciones de metales pesados en la sangre de las personas que viven cerca de la mina. Estas sustancias son tan contaminantes que pueden generar enfermedades graves como el cáncer.

A lo largo de los 30 años de historia del Cerrejón, existen diversos fallos judiciales que han sido ignorados por la empresa. En ellos se demuestra que más de 25 comunidades fueron desplazadas de su territorio, que más de 20 arroyos que se desprenden del río Ranchería fueron desviados y que el aire está contaminado por el material particulado que sale de la mina debido a las aspersiones.

La mina, que cada año produce más de 30 millones de toneladas de carbón, genera grandes excavaciones de tierra que implican la deforestación del área por donde pasan las fuentes hídricas. La empresa dueña de esta mina (hoy la multinacional suiza Glencore, anteriormente sus pares Angloamerican y BHP Billiton) se ha visto envuelta desde su fundación en la violación de los derechos, tanto de las comunidades vecinas como de los ecosistemas que extermina. 

Una sentencia histórica

La tutela que las comunidades wayúus ribereñas del arroyo Bruno, acompañadas por el Cajar, presentaron en 2017 ante la Corte Constitucional tuvo un fallo histórico. Fue la primera vez que en América Latina se planteó no solamente que las decisiones sobre un ecosistema debían tomarse en común acuerdo con las comunidades, además de incorporar conceptos claves como los servicios ecosistémicos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos; y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales.

“Argumentamos que este es un fallo innovador en América Latina, dado que es la primera vez que un tribunal utiliza un enfoque basado en los servicios ecosistémicos para proteger los derechos ambientales de las comunidades étnicas”, señala un artículo de la revista científica Environmental Management, publicado en mayo de 2021 y firmado por Luisa Gómez Betancourt, Sandra Vilardy y David Torres. A pesar de ello, el veredicto de la Corte se ha quedado en el papel y las comunidades, con el apoyo del Cajar, siguen insistiendo para que la carbonera cumpla con sus deberes ante la sociedad guajira. 

En febrero de este año, la Contraloría General de la Nación emitió un nuevo informe en el que advirtió que la gestión del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corpoguajira y la Agencia Nacional de Minería han incumplido las órdenes emitidas por el alto tribunal en favor derechos del pueblo wayúu ante la amenaza de la destrucción del arroyo Bruno.

En uno de los siete hallazgos, la Contraloría apuntó que encontró debilidades y deficiencias en las garantías y mecanismos de participación de las comunidades, “pues esta no ha sido efectiva, tanto para las accionantes como para los intervinientes técnicos, a quienes no se les han convocado en su totalidad o se ha hecho caso omiso a las consideraciones que estos han interpuesto en informe de la orden octava y de la orden quinta”.

Desde que fue notificada la sentencia sobre el arroyo Bruno, se han enviado numerosos informes a las autoridades judiciales sobre los incumplimientos y burlas a las órdenes de la sentencia sin que a la fecha se tenga una respuesta por la carbonera y las entidades del Estado. Por el contrario, Cerrejón ha promovido campañas comunicativas a través de las cuales han desinformado a la comunidad frente a la disminución del caudal del arroyo Bruno. 

“Pese a que se ha denunciado que luego de que el arroyo fue desviado, su caudal ha venido disminuyendo significativamente hasta casi desaparecer en épocas de sequía, la empresa continuó haciendo publicidad sobre un canal artificial con el cual no se tiene una conexión espiritual y cuyo acceso se encuentra restringido por personal de seguridad privada de la compañía y por el Ejército”, denunció el Cajar.

Con el aval que tiene el Cerrejón para mantener el desvío del cauce del arroyo Bruno, a las comunidades ribereñas solo les queda insistir en su lucha por el retorno del mismo a su cauce natural. Por suerte, para el pueblo wayúu la lucha por sus derechos es milenaria y para la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrespo, la lucha es necesaria. Mientras tanto, las empresas y corporaciones pueden seguir desviando cauces de ríos ante la falta de una ley de aguas que castigue el aprovechamiento desmedido de los afluentes en contraste con la sed que padecen los seres humanos.