Ana Victoria Nieto y Jorge Iván Ríos, dos fiscales del Valle del Cauca, fueron destituidos por la Comisión de Disciplina Judicial que halló faltas graves en sus conductas. Nieto fue inhabilitada por 10 años y Ríos por 16. Ambos enfrentan procesos penales por los mismos hechos: recibir sobornos para favorecer a un narco, al punto que Ríos está a las puertas de una sentencia. La exvicefiscal Martha Mancera los protegió, pero la justicia está llegando al fondo de la trama.
Unidad Investigativa Revista RAYA
La noticia pasó desapercibida por los grandes medios de comunicación, a pesar de su trascendencia: Ana Victoria Nieto y Jorge Iván Ríos, dos fiscales de alto nivel del Valle del Cauca, fueron destituidos en septiembre pasado por la Comisión de Disciplina Judicial tras un complejo proceso de cuatro años en el que se los encontró responsables de faltas “gravísimas” en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. Nieto fue inhabilitada por 10 años, mientras que Ríos recibió una sanción de 16 años.
Iván Aguirre, Ana Victoria Nieto y Martha Mancera (señalados con círculos rojos) han sostenido una larga amistad
El proceso disciplinario contra Iván Ríos y Ana Victoria Nieto buscaba determinar si ambos fiscales incurrieron en prácticas irregulares como fabricar “falsos testimonios en actuaciones judiciales, omitir actos propios de sus funciones dentro de los aludidos procesos, inducir a error a Jueces de la República y recibir dinero para retardar u omitir actos propios de sus funciones”. El 17 de febrero de 2021 llegó por reparto a la Comisión luego de una denuncia anónima que narraba varios de los hechos ilegales cometidos por estos funcionarios, cuyos apartes fueron revelados por la Revista RAYA en una investigación previa.
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En la denuncia se lee textualmente que “el “modus operandi” de los funcionarios es que a quienes representen un peligro para ellos o no se presten para sus pretensiones delictivas, le siembran pruebas falsas con falsos testimonios, desacreditan a los investigadores y policías judiciales instaurando falsas denuncias para luego recusarlos o generar causales de impedimento o falta de credibilidad; alteran y desaparecen material probatorio, compran testigos, los manipulan, extorsionan o chantajean; a los jueces que se interponen los acosan, persiguen, amenazan y hasta los matan; que son pioneros en las interceptaciones telefónicas ilegales, ejecutan allanamientos con información o pruebas falsas, utilizando el aparato judicial para tener acceso a la información económica de las víctimas, para luego hacerles montajes judiciales y luego extorsionarlos, todo con respaldo de sus superiores jerárquicos con poder”.
En concreto, la Comisión de Disciplina Judicial examinó las actuaciones irregulares de la exfiscal Nieto después del secuestro de Juan Víctor Franklin Monsalve, el empresario plagiado por Juan David Rengifo y otros delincuentes en medio de una supuesta deuda mafiosa, quien fuera rescatado por el Gaula Militar en Cali a mediados del 2016. Nieto intentó sin éxito que dos de los involucrados en el crimen testificarán en contra de Silvana Uribe, otra fiscal y compañera suya. Se trata del citado Juan David Rengifo y de Cristian Paul González, ambos ya condenados, quienes aseguraron haber sido presionados por Ana Victoria Nieto.
En el expediente consta que la procuradora del caso, Margoth Ocampo, contó cómo uno de los abogados de los criminales se quejaba porque a la fiscal Nieto no le interesaba resolver el crimen sino únicamente encochinar a su compañera y vincularla a cómo diera lugar en tanto supuesta participe de los hechos, fraguando un montaje judicial contra ella: “el doctor Sandoval es cuando él me dice en el pasillo de la cárcel que no saben qué hacer”, declaró la procuradora Campo: “que ella insiste en que se involucre a la doctora Silvana, que la fiscal pues quería que hablara de la doctora Silvana, pues a mí en ese momento me parecía como tan absurdo todo, yo realmente pues no decía nada porque yo no sabía que había detrás”.
En el expediente se reitera varias veces que durante los interrogatorios la fiscal obligaba a apagar la cámara para que no quedaran grabadas sus presiones irregulares a los testigos. Aunque la Comisión de Disciplina no encontró probado esto, el testimonio de un funcionario de Policía Judicial llamado William Acosta confirmó que las grabaciones sí fueron interrumpidas:
Rengifo confesó a finales del 2016 ante Ana Victoria Nieto quienes habían participado del secuestro y aportó nombres y datos para que la Fiscalía capturara a los demás responsables. Cristian Paul González hizo lo mismo buscando un principio de oportunidad que no fue aceptado por la fiscal Nieto, pues esta habría impuesto como condición que sólo aceptaría darle beneficios al capturado si aquel testificaba falsamente contra la fiscal Silvana Uribe.
Las actuaciones irregulares de la fiscal Nieto quedaron aún más en evidencia cuando en lugar de capturar al verdadero determinador del secuestro de Víctor Franklin Monsalve prefirió inculpar a un inocente que estuvo casi un año vinculado injustamente al proceso e incluso privado de su libertad. Aquello se reveló cuando Liliana Margoth Campo, la procuradora, “avizoró un error por parte de la Fiscalía, por lo que al momento de su intervención le solicitó al juez revisar ese aspecto, en tanto se exponía que aparentemente el señor no había estado en el lugar de los hechos, como tampoco la existencia de un certificado de cámara y comercio que referían pero no veía, por lo cual solicitó se abstuvieran de imponer medida, lo cual se aceptó por la Juez de Garantías, la Fiscal apeló la decisión y fue revocada por la segunda instancia que le impuso la medida”.
El montaje ocurrió, presuntamente, para favorecer al verdadero culpable: se trata de José Salas Bastidas, un señalado narcotraficante propietario de un almacén de venta de vehículos en Cali llamado Todo Autos, contra quién pesa actualmente un proceso de extinción de dominio según documentos a los que accedió RAYA. Pese a que la Fiscalía sabía su nombre y el lugar donde estaba ubicado su negocio, nunca se libró orden de captura contra él, en cambio se involucró a un homónimo llamado José Luis Salas Pinilla, quién nada tenía que ver con los hechos porque vivía en Neiva.
El verdadero José Salas continuaba libre hasta noviembre del año pasado cuando nuestra Unidad Investigativa logró contactarlo vía WhatsApp para preguntarle por su versión de los hechos. En una corta charla Salas se mostró muy asustado y rehusó dar alguna explicación.
Pero había más implicados a los que la fiscal Ana Victoria Nieto nunca tocó. Por ejemplo Jorge Suárez Arboleda, presunto testaferro de Jair Sánchez alias “Mueble Fino”, que había sido delatado ante ella por el criminal Juan David Rengifo. La fiscal Nieto jamás lo vinculó a la investigación.
Fue la DEA la que materializó la investigación que permitió la captura de alias “Mueble Fino”, pues la fiscal Nieto tampoco libró órdenes de captura contra él.
La Comisión de Disciplina Judicial encontró responsable a la fiscal de haber incurrido en un prevaricato por omisión de sus funciones al no haber investigado a los cómplices de Rengifo, pues “no se tiene justificación para que la doctora Nieto Salazar no realizara ninguna acción efectiva para proseguir con la judicialización de estas personas de quien desde el 2016 tenía recolectada información como su individualización”.
El asunto quedó engavetado durante cuatro años y sólo se retomó cuando el caso pasó a una fiscalía de Bogotá. El secuestro de Juan Víctor Franklin ocurrió en 2016 y hasta finales de 2023 los presuntos determinadores seguían libres, cómo lo contamos antes. Por ello para la Comisión resultó inexplicable que la fiscal no realizará “las diligencias para la aprehensión o al menos, imputación de los principales autores y financiadores del hecho delictivo, cuya participación venía siendo registrada a través de las interceptaciones a los abonados telefónicos de los miembros de la organización y se efectuó el reconocimiento por otro de los vinculados (si no es que por dos si se toma en cuenta la declaración de González Valencia), situación que no es admisible y que sólo deja en tela de juicio a la administración de justicia”.
Para el caso del fiscal Jorge Iván Ríos la Comisión encontró suficientes pruebas de que el funcionario había recibido al menos 90 millones de pesos como soborno de la misma estructura criminal, caso por el cuál ya aceptaron su culpabilidad los abogados Héctor Alirio Rojas y Jency Geovo, quienes fueron intermediarios con los narcos para la entrega del dinero.
Uno de los hombres del grupo criminal se comunicó por teléfono con el fiscal Ríos para exigirle que devolviera el dinero del soborno, toda vez que no había cumplido con impedir la captura de uno de los miembros de la banda.
Jorge Iván Ríos espera una sentencia penal por estos mismos hechos, que podría llevarlo a la cárcel, donde ya estuvo en detención preventiva en 2021. Mientras tanto apeló su destitución y fuentes de la fiscalía aseguran que hasta hace unas pocas semanas seguía trabajando como fiscal en una Unidad de Reacción Inmediata de Cali. RAYA obtuvo una foto reciente del fiscal allí.
El narcofiscal Jorge Iván Ríos seguía trabajando hasta hace unas pocas semanas en una Unidad de Reacción Inmediata de Cali.
Las conexiones de los fiscales destituidos con la anterior cúpula de la Fiscalía
Ana Victoria Nieto enfrenta un juicio penal por los mismos hechos, lo que podría llevarla a prisión junto a su exjefe y amigo, Iván Aguirre Benavides. Por otro lado, Ríos espera sentencia en otro proceso relacionado, donde la Fiscalía demostró que recibió 100 millones de pesos de narcotraficantes para manipular investigaciones a su favor.
Las conexiones se extienden hasta la exvicefiscal Martha Mancera, quien aparece en varias fotografías compartiendo fiestas y licor con ellos. Además, Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre han sido amigos cercanos de apoderados de narcos como Raimundo Tello, quién, incluso, es defensor de Nieto en el proceso penal que la justicia adelanta contra ella.
El abogado de mafiosos Raimundo Tello ha sido muy cercano a los narcofiscales.
El joven penalista Carlos Escobar -hijo de Hernán Darío Escobar, otro abogado conocido como “El Hombre de Blanco” y señalado testaferro de mafiosos asesinado hace una década- a su vez, funge como defensor del exfiscal Iván Aguirre, quien, además, es su suegro, pues está casado con su hija.
El fiscal Jorge Iván Ríos, actualmente a punto de recibir sentencia por haber estado en la nómina de narcotraficantes, también fue el encargado de "resolver", en menos de dos semanas, el caso del crimen de su compañero Alcibiades Libreros, un fiscal antimafia asesinado en Cali en 2019, en circunstancias que no concuerdan con la versión oficial de la Fiscalía. Ríos atribuyó el homicidio a un supuesto robo de una cadena de oro que Libreros nunca tuvo, ni llevaba consigo el día de su muerte.
Libreros era un objetivo de la mafia del Valle, pues había golpeado sus estructuras y estaba investigando los vínculos de narcotraficantes como “Mueble Fino”, “Boliqueso” y alias 06 con funcionarios y políticos en el departamento. De hecho, como lo reveló la Revista RAYA, en una grabación realizada por la DEA al narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias “Anestesia”, se escuchó decir que Libreros fue asesinado “porque estaba detrás de esos manes”.
Detalles de una grabación al narcotraficante Carlos Ramón Zapata alias “Anestesia” donde aseguró que al fiscal Alcibiades Libreros lo asesinaron por perseguir mafiosos.
Informes de prensa indican que, en 2019, cuando Martha Mancera ya trabajaba en Bogotá al frente de la Unidad Especial, viajó a Cali para reunirse con su amigo el fiscal Jorge Iván Ríos, después de que este asumiera la investigación por el asesinato de Libreros, un caso que la familia considera aún impune.
Además, la Revista RAYA descubrió que Hernán Darío Escobar, conocido como el "hombre de blanco" y señalado testaferro del Cartel del Norte del Valle, amigo de Raimundo Tello y defensor de mafiosos, fue también el abogado de Edgardo Sánchez Arcos, alias “El Ingeniero”, cuando este recibió su primera condena por narcotráfico hace dos décadas.
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El Ingeniero estaba detrás de la trama de mafia y corrupción que involucró a Francisco Javier Martínez, alias “Pacho Malo”, un funcionario del CTI en Buenaventura, actualmente procesado por su rol en la organización de las rutas de la droga en el puerto. RAYA reveló en su momento las maniobras que Martha Mancera, desde la cúpula de la Fiscalía, ejecutó para encubrir a este funcionario.
Hernán Darío Escobar, el “hombre de blanco”, representó a alias “El Ingeniero”, el narco con el que supuestamente traficaba cocaína Francisco Javier Martínez “Pacho Malo”, jefe del CTI en Buenaventura.
El mayor escándalo de corrupción judicial de los años recientes
Este escándalo de corrupción judicial conocido como el caso de “narcofiscales” se destapó a principios de 2021 a partir de algunos informes de prensa y un panfleto anónimo de denuncia, aunque los hechos se remontan a 2016, cuando fue capturado Juan David Rengifo, un expolicía que trabajaba para oficinas ilegales de cobro del narcotráfico en el Valle. Rengifo fue detenido tras participar en el secuestro del empresario Juan Víctor Franklin Monsalve, supuestamente relacionado con el cobro de una deuda mafiosa.
Ana Victoria Nieto nunca judicializó a Rengifo por el secuestro, sino por hurto, lo que permitió su liberación y regreso al crimen, esta vez como cómplice en el secuestro y asesinato de Mauricio Guerrero, bajo las órdenes del narcotraficante Jair Sánchez, alias “Mueble Fino”, su jefe en la organización. Rengifo fue detenido nuevamente en 2019, se fugó de una estación de Policía, fue recapturado a comienzos de 2020 y siempre mantuvo tratos con la fiscal Ana Victoria Nieto.
Fue en aquel contexto que la justicia probó que Rengifo entregó 190 millones de pesos a través de dos abogados para influir en procesos de la Fiscalía, como él mismo confesó. Según su testimonio, el dinero tenía como objetivo sobornar a los fiscales Iván Aguirre y Jorge Iván Ríos. En el caso de Ríos, se comprobó que recibió la mitad del dinero en diciembre de 2019, por los mismos días en que fue asesinado su compañero Alcibiades Libreros.
Cuando Rengifo reveló esta información en 2021, los fiscales fueron investigados, e incluso Jorge Iván Ríos fue privado de su libertad, pero desde la cúpula de la Fiscalía se realizaron maniobras que entorpecieron la investigación, interpretadas como injerencia de la vicefiscal Martha Mancera para proteger a sus amigos.
La corrupta exfiscal Ana Catalina Noguera, rival declarada de Mancera dentro de la Fiscalía, llegó a decir en conversaciones grabadas por la DEA que los procesos contra los narcofiscales no avanzaban porque Martha Mancera usaba su poder dentro de la institución para impedir que fueran judicializados, tal cuál lo reveló RAYA en otra investigación.
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El caso comenzó con el impulso del fiscal José Fredy Restrepo, pero pronto fue transferido por la cúpula de la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa, quien designó a Álvaro Betancur, uno de los exfiscales del caso Odebrecht, para dirigir la investigación.
De acuerdo con José Fredy Restrepo, Betancur respetó la investigación que ya se había adelantado e incluso alcanzó a formular la acusación contra los narcofiscales y fue por ello que Francisco Barbosa lo declaró insubsistente echándolo de la Fiscalía. Entonces la investigación pasó a la fiscal Diana Cucunubá, quien, a finales de 2023, admitió ante el juzgado que muchas pruebas contra los narcofiscales se habían “perdido” durante los traslados de despacho.
La Revista RAYA pudo reconstruir algunas de estas pruebas perdidas en diciembre de 2023 revisando con lupa los más de diez mil folios del expediente, e igualmente haciendo un rastreo en los correos y documentos que hacen parte de la filtración masiva de datos de la Fiscalía a la que han accedido varios medios de comunicación.
La investigación sobre el favorecimiento de la vicefiscal Mancera hacia sus amigos fue archivada a principios de este año por un subordinado de ella, lo que le permitió salir indemne del escándalo ante los tribunales, aunque no ante la opinión pública.
