Mientras el Consejo de Estado le dio vía libre a la explotación de 4.600 millones de libras de cobre y 510 millones de libras de molibdeno en la Amazonía a la multinacional Libero Cobre, comunidades del proceso social Guardianes de la Andinoamazonía rechazan este proyecto y protestaron en la COP16 para evitar esta contradicción que avanza en el corazón del Putumayo. Revista RAYA viajó a Mocoa para conocer las actividades que viene realizando la multinacional y estuvo presente en el tercer “Festival del Agua, la Montaña y la Vida”, una iniciativa que busca el cuidado de los ecosistemas de la región amazónica. Esta es una historia de resistencia por la biodiversidad.
Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
Reportaje audiovisual realizado por Tom Laffay durante 3er Festival por el Agua, la Montaña y la Vida
El pasado 25 de octubre la empresa canadiense Libero Cobre tenía un evento programado en el marco de la COP16, realizada en Cali, para según ellos: “conservar junto a las comunidades los recursos hídricos y la biodiversidad de Mocoa”. Aunque la charla estaba programada para las horas de la mañana de ese viernes, no se llevó a cabo por orden de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. De acuerdo con sus palabras, la empresa que pretende la explotación de 4.600 millones de libras de cobre y 510 millones de libras de molibdeno en Mocoa, se metió por “la puerta de atrás” a la COP. “Ellos habían aplicado y nosotros no aceptamos su solicitud. Fuimos muy cuidadosos en que este tipo de industrias no estuvieran en la Zona Verde, cuando nos dimos cuenta que estaban en el pabellón de la Policía, le pedimos a la Policía que quitara todo lo relacionado con Libero Cobre y se suspendió la actividad”, afirmó la ministra, también presidenta del evento internacional.
La presencia de Libero Cobre en la COP16 fue rechazada por las comunidades indígenas y organizaciones ambientales y sociales de Putumayo mediante un plantón que denominaron “Por la verdad” donde con mensajes como: “Que la minería no te cobre la vida”, “Cuando el discurso es falso la acción es dañina y violenta” y “Putumayo no es distrito minero”, protestaron ante la participación que tuvo la multinacional en el encuentro mundial para la protección de la biodiversidad, que se realizó en la capital del Valle del Cauca, hasta el pasado 1 de noviembre.
Las preocupaciones de las comunidades de la Amazonía ante el proyecto de Libero Cobre se han centrado en la derogación por parte del Consejo de Estado, del acuerdo 020 de 2018, con el que se daría vía libre a esa empresa para el inicio de los estudios geológicos, técnicos y ambientales en el área del “Proyecto Mocoa” que busca la extracción de cobre y molibdeno en las montañas de Mocoa.
Para la población de esta zona del país ese proyecto representa un peligro para la región, ya que cuenta con cuatro títulos mineros para la explotación de minerales que afectaría las fuentes hídricas y las zonas ambientales que rodean buena parte del departamento del sur del país, que es considerado como la puerta de entrada a la amazonia colombiana.
Comunidades indígenas y organizaciones sociales y ambientales del Putumayo protestaron en la zona verde de la COP16 en Cali, por la presencia en el pabellón del agua de la multinacional minera Libero Cobre. Video Revista RAYA
La Revista RAYA viajó a Mocoa, capital de Putumayo, para conocer de primera mano las actividades que viene realizando la multinacional en la región, que es señalada de dividir a la comunidad mediante campañas de propaganda y programas de inversión social. Este medio también estuvo presente en el tercer “Festival del Agua, la Montaña y la Vida”, una iniciativa de la sociedad civil organizada en el proceso Guardianes de la Andinoamazonia, que busca reflexionar sobre la necesidad de cuidar los ecosistemas de la región amazónica. También fue un espacio donde los asistentes se opusieron a la presencia de la empresa en la zona.
Historia de Libero Cobre en la Amazonia
El “Proyecto Mocoa” se remonta a los estudios realizados entre 1978 y 1983 por Ingeominas y las Naciones Unidas, que identificaron el potencial del yacimiento de cobre en esta zona de la amazonía colombiana, denominándola como el “depósito Mocoa”. En 2004, durante el gobierno de Àlvaro Uribe Velez, la empresa Anglo Gold Ashanti, una multinacional de origen sudafricano dedicada a la explotación minera de oro, adquirió cuatro concesiones sobre el depósito, las cuales, en 2009, pasaron a manos de Mocoa Ventures Ltd., una subsidiaria de la también canadiense B2Gold Corp., una empresa minera que centra sus trabajos en minas de oro en Malí, Namibia y Filipinas.
En 2018, Mocoa Ventures fue adquirida por la multinacional canadiense Libero Copper Ltda., haciéndose con los cuatro títulos mineros que suman 7.830 hectáreas, ubicados a 10 km del casco urbano del municipio. Actualmente, Libero Cobre, filial de Libero Copper Ltda, tiene el poder sobre títulos mineros avalados por la Agencia Nacional de Minería. Pero no solo el “Proyecto Mocoa” es vecino del pueblo de Mocoa; también se encuentra en el Macizo Colombiano, una eco-región donde confluyen los ecosistemas andino, amazónico y pacífico, y donde nacen los cinco ríos más importantes del país: el Cauca, Magdalena, Putumayo, Caquetá y Patía, por lo que se le ha denominado la estrella fluvial de América.
Desde la llegada de Libero Cobre a la capital de Putumayo, sus actuaciones han generado preocupación entre las comunidades indígenas, campesinas, étnicas y urbanas, así como en la Diócesis municipal y en las organizaciones sociales defensoras del agua, debido a la afectación sobre recursos de los que dependen. Además, porque a través de intensas campañas publicitarias y de inversión social, replicadas en sus redes sociales, la empresa ha buscado ganarse el respaldo popular para la operación del megaproyecto, lo que ha ocasionado una división entre los habitantes de Mocoa. Las actuaciones de Libero Cobre han sido alertadas por las organizaciones que se articulan en Guardianes de la Andinoamazonia y por la Asociación Minga, que acompaña a las comunidades en el proceso de defensa territorial en Mocoa.
En su visita al municipio, la Revista RAYA habló con Mayerli Garzón, abogada de la Asociación Minga. Según sus palabras, la empresa Libero Cobre ha gestionado su trabajo social en una estrategia llamada “El Buen Vecino”, que fue desarrollada durante el tiempo que estuvo en vigencia el Acuerdo 020 de 2018. “El Plan de Gestión Social hace parte de las actividades mineras, aunque no sea sacar del yacimiento el mineral, pero fue aprobado y se viene desplegando en un escenario que, desde nuestra perspectiva, forma parte de las estrategias de todas las multinacionales en relación con la cooptación social, que tiene un sentido también de suplantar las funciones del Estado”, le dijo la abogada a esta revista.
Pero las denuncias de la Asociación Minga no solo quedaron ahí. Durante el proceso de defensa que acompaña la organización, se alertó que la empresa realizó trabajos de exploración cuando existía el acuerdo municipal que prohibía todo tipo de actividad minera. “Ellos inician labores e incluso le solicitan a Corpoamazonia unos permisos menores, teniendo en cuenta que la etapa exploratoria no necesita licenciamiento ambiental, pero sí necesita permisos como el de aprovechamiento forestal, vertimientos y otros. Ellos pasaron esos permisos; sin embargo, la Corporación devolvió los papeles porque estaban incompletos. En ese momento, ellos ya tenían los títulos suspendidos, es decir, incluso aunque no existiera suspensión por parte de la Agencia Nacional de Minería, estaba vigente el Acuerdo 020 que prohibía la actividad minera de metales de mediana y gran minería o de gran escala aquí en el municipio. Eso quedó en evidencia en imágenes satelitales y porque la comunidad se dio cuenta de esas cosas”, indicó la asociación.
Visita a la mina de Libero Cobre el 24 de julio de 2022 en el marco del proceso de consulta previa y cuando estaba vigente el acuerdo 020 de 2018.
Todas las preocupaciones de la comunidad respecto a las actividades mineras de Libero Cobre se tradujeron en la creación del acuerdo 020 de 2018. Dicho acuerdo anulado por el Consejo de Estado, el pasado 31 de julio, fue suscrito por el Concejo Municipal de Mocoa el 6 de diciembre de 2018 y en él se prohibía el desarrollo de actividades mineras a mediana y gran escala en su territorio. Entre las razones para firmar el acuerdo quedó plasmado que el municipio debía asumir, como prioridad política, la protección al medio ambiente a fin de garantizar la defensa del patrimonio cultural y ecológico de Mocoa, “teniendo en cuenta que el otorgamiento de títulos mineros se realiza sin consultar con los intereses locales y que el desarrollo de esta actividad ocasiona graves perjuicios ambientales, sociales, económicos y culturales en la región”, dice el documento.
Aunque las razones del municipio de Mocoa para anular las actividades mineras se basaron en el cuidado de los recursos naturales y en el ordenamiento territorial, desde 2019 la Agencia Nacional de Minería (ANM) demandó el acuerdo y reclamó que el Concejo Municipal se extralimitó en sus competencias al prohibir una actividad económica legítima y legalmente promovida. Después de seis años de idas y vueltas jurídicas entre el municipio y la ANM, el Consejo de Estado decidió darle la razón a la entidad minera, ya que la prohibición absoluta de la minería por parte de los municipios no está consagrada en la Constitución de Colombia. Ante eso, la decisión dice: “La incompetencia del Concejo Municipal resulta evidente al prohibir de forma absoluta las actividades mineras en su jurisdicción, ante la existencia de una regulación nacional en la materia”. En su decisión final el consejero José Roberto Sáchica Méndez aseguró que, durante la etapa de alegatos, el municipio de Mocoa no envió sus argumentos para deslegitimar la demanda interpuesta por la Agencia Nacional de Minería. “En sus alegatos, la ANM reiteró en esencia los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, mientras que el municipio de Mocoa guardó silencio”, se lee en la auto del Consejo de Estado, cuya sentencia es de única instancia.
En busca de una respuesta para saber del silencio municipal, RAYA estuvo en el despacho del alcalde de Mocoa, Carlos Hugo Piedrahíta, para saber por qué no se respondió en el caso jurídico. También se le consultó sobre cuál será el paso que dará la administración municipal para que el acuerdo 020 de 2018 no termine sepultado ante la decisión de la justicia. En primer lugar, el alcalde afirmó que el municipio sí respondió a la solicitud del despacho judicial, pero que lo hizo dos días después de que se venciera el tiempo para hacerlo. Sobre el futuro del acuerdo, aseguró: “Se está haciendo un análisis jurídico que nos permita crear una herramienta legal y una hoja de ruta que nos permita dar una pelea en la conservación del territorio, el agua y la vida. Entonces estamos viendo qué acciones legales podemos emprender, porque hoy yo tengo la investidura de alcalde de la capital del departamento y lo único que puedo hacer es acatar lo que dice la ley”.
Ya sin el Acuerdo 020 de 2018 en vigencia, las esperanzas de quienes se oponen al proyecto minero en Mocoa se centran en las sanciones que ha recibido la empresa por parte de Corpoamazonia. Una de las sanciones que recibió la multinacional canadiense fue en abril de 2021 cuando la entidad encargada del medio ambiente en la Amazonía colombiana, le suspendió las actividades por un año (desde el 29 de junio de 2021 hasta el 29 de junio de 2022) por el aprovechamiento forestal no autorizado en bosque natural. La última sanción que apareció en medios de comunicación, en contra de Libero Cobre, fue el 22 de julio del presente año. En esta decisión, Corpoamazonia multó con 54 millones de pesos a la empresa por la misma infracción.
La misma entidad ambiental ha advertido que la presencia de la empresa canadiense ha generado un conflicto ambiental por el traslape de los títulos mineros en territorios étnicos legalizados y en áreas protegidas, ya que parte de los títulos mineros que posee Libero Cobre se superponen con los territorios colectivos de los Resguardos Inga de Condagua y el Resguardo Camëntsa de San Francisco, que por medio de acciones legales han buscado que su derecho a ser consultados sea reconocido. La Revista RAYA se intentó comunicar con Corpoamazonia para conocer su versión sobre la decisión del Consejo de Estado acerca de la derogación del Acuerdo 020 de 2018 y saber como las sanciones que le han interpuesto a la multinacional canadiense podrán impedir los trabajos de exploración y explotación de cobre y molibdeno, sin embargo no se pudo comunicar con la entidad ambiental de la amazonía.
Quien sí atendió el llamado de esta revista fue Thyana Álvarez, gerente de Libero Cobre y vicepresidenta de Relaciones Corporativas de la casa matriz de la misma empresa, Libero Cooper Ltda. En un primer punto aseguró que la derogación por parte del Consejo de Estado, del Acuerdo 020 de 2018, era una noticia que esperaba la empresa desde hace mucho tiempo. “Nosotros conocimos el fallo el 15 de agosto, al igual que la comunidad. Con la decisión lo que vamos a hacer es avanzar y retomar las labores de estudios de suelo y subsuelo y avanzar en los estudios y diseños de lo que podría ser la extracción y producción de esos minerales estratégicos allá en la zona”.
Álvarez también se refirió a los procesos sancionatorios que Corpomazonia inició en contra de la empresa canadiense en Colombia por el aprovechamiento forestal no autorizado en bosque natural. “Supuestamente fueron 150 árboles que se talaron en la zona del helipuerto. Esta es una zona que siempre ha sido explotada por diferentes empresas que recibieron permisos de la entidad, nosotros les mostramos esos permisos, entonces nosotros estamos muy tranquilos por esa parte, porque realmente una empresa que tiene tantos ojos encima, como nosotros, no va a cometer un error tan absurdo como talar árboles”. Antes de terminar la entrevista con RAYA, Thyana Álverez agregó que el “Proyecto Mocoa” espera generar 600 empleos directos y 2.400 indirectos.
La Minería y el riesgo de una nueva avalancha
Al norte del departamento de Putumayo se encuentra Mocoa, un lugar sin acento propio, donde los colonos fueron llegando atraídos por la agricultura, el comercio y las explotaciones petrolíferas. Desde cualquier punto de los 1.263 kilómetros que conforman el municipio se ven inmensas montañas, que forman especies de laberintos donde pasan los caudales de los ríos Mulato, Sangoyaco y Taruca. En esas montañas también se ven rastros de desplazamientos de tierra y en el pensamiento retumba que efectivamente es una tierra que se puede venir abajo fácilmente. Y es que la historia así lo dice así. El viernes 31 de marzo de 2017, a las 11:30 de la noche, las fuertes lluvias que caían en Mocoa generaron el desbordamiento de los ríos Mulato, Sangoyaco y Taruca provocando una avenida torrencial que acabó con la vida de 335 personas, 398 resultaron heridas, 200 desaparecidas, 1.518 familias afectadas y 17 barrios desaparecieron.
RAYA recorrió los barrios que desaparecieron después de la avalancha, y después de seis años de la tragedia, la maleza se apoderó de ellos. Parecen caminos en los que jamás vivió una familia, lo único que confirma que existieron casas son baldosas rotas que aparecen en el camino y algunas tuberías que se mantienen en la tierra. La noche en la que las inmensas rocas y los árboles llegaron al centro urbano de Mocoa destruyendo todo a su paso, Arturo y Elvia Samboni vivián en el alto de la montaña y desde ese lugar vieron y sintieron todo: “Antes de todo nosotros llamamos a tres personas a advertirles de la cantidad de agua que estaba cayendo. Es que esa noche estaba lloviendo tremendo y se oían derrumbes duros de los deslizamientos. El golpe de las piedras votaba unas luces muy bonitas y después llegó la oscuridad. Ya cuando se calmó todo, nos pudimos comunicar con Mocoa y nos contaron que se llevó todo, tal restaurante, tal colegio, tal barrio, tal amigo”. Días después de la tragedia su casa sirvió como centro humanitario para atender a las personas heridas.
Desde aquel momento, cada vez que cae un aguacero que recuerda la noche del 31 de marzo de 2017, Arturo y Elvia son los encargados de avisar, por radio teléfono, a las autoridades del municipio lo que pasa en lo alto de la montaña. El vigía de la montaña, rol que cumplen los esposos, fue una de las medidas que se crearon luego de la avenida torrencial. Debido a la magnitud de la tragedia, el Concejo Municipal invocó que debía atender los principios de precaución, prevención, rigor y progresividad. Por esta razón, afirmó la necesidad de prohibir las actividades mineras en su territorio, debido a los impactos negativos que sufren los ecosistemas por sus trabajos, sean de exploración o explotación, y al hecho de que los títulos mineros son otorgados sin consultar los intereses locales. Estas actuaciones del Concejo Municipal se tradujeron, precisamente, en el Acuerdo 020 de 2018, mismo que fue derogado hace pocas semanas por el Consejo de Estado.
Obras de mitigación por la avalancha de 2017 en Mocoa que terminó con la vida de más de 300 personas. Crédito. Revista RAYA.
En este punto es importante recordar que en la decisión del 31 de julio la sala de justicia señaló que durante el proceso jurídico que terminó el municipio de Mocoa “no soportó con evidencias el peligro que podrían ocurrir derivados de los trabajos mineros”. Sobre los riesgos de una futura avalancha en la región, ocasionado por actividades mineras, el concepto técnico del 06 de abril de 2022 de Corpoamazonia alertó sobre el traslape de los cuatro títulos mineros de Libero Cobre, asociados al “Proyecto Mocoa”, en áreas protegidas y de alta recarga acuífera y de biodiversidad afectando los corredores ecológicos de los ecosistemas andinoamazónicos y del Macizo colombiano. “Los títulos solicitados y otorgados para explotación de minerales como el cobre, plata, molibdeno, oro y otros, localizados en la parte media de la cuenca que corresponden a las partes altas de las cuencas abastecedoras de acueductos de los ríos: Almorzadero, Conejo, Alto Afán, Taruca, Sangoyaco, Mulato, Rumiyaco y Pepino. En consecuencia son de amenaza alta y media por movimientos en masa y avenidas torrenciales de muy alta carga y deben ser replanteados en el sistema minero”, dice el documento.
Un trabajo realizado en 2023 por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) llamado “Minería de cobre, molibdeno y otros minerales en la cuenca alta del río Mocoa” le da fuerza al concepto técnico de Corpoamazonia. Ahí se expone que a pesar de las grandes inversiones mediáticas para el posicionamiento de la minería en la región, no se logran despejar los temores asociados con lo que genera la remoción de coberturas vegetales, la alteración de los cuencas hídricas, que puedan intensificar los procesos erosivos, en una zona de amenaza por remoción en masa, eventos fluvio torrenciales e inundaciones. “Se trata de un conflicto entre actores globales y actores locales frente al uso que unos y otros esperan hacer del mismo territorio. En este contexto las autoridades ambientales y las políticas ambientales nacionales juegan un papel determinante al momento de garantizar la protección de estos ecosistemas estratégicos, al igual que la normatividad municipal y local que prevalece sobre otras”.
Mientras que los mocoanos esperan que las políticas públicas estén dirigidas a buscar el beneficio de su comunidad, y con ellas se disminuyan las posibilidades de una nueva tragedia natural, aún esperan la reconstrucción del municipio. El gobierno de Juan Manuel Santos, hace seis años, prometió la construcción de 909 casas para los damnificados de las cuales, a la fecha, se han construido 300. Pero no es solo eso, tampoco se ha instalado un Sistema de Alertas tempranas y las pocas obras de mitigación en los ríos, ya presentan socavación; en pocas palabras: la reconstrucción de Mocoa está abandonada y va muy lento. En febrero de 2023 la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 22.575 millones de pesos por presuntas irregularidades en obras que hacen parte del proceso de reconstrucción de Mocoa. La entidad informó que se encontraron fallas en la ejecución del contrato de obra suscrito para la reconstrucción del acueducto local por un valor de 1.575 millones de pesos, así se mismo que se abrió una indagación preliminar por otro contrato vinculado a la construcción de viviendas por un valor de 53.646 millones de pesos.
El arte en defensa del agua
El parque Santander es el centro de Mocoa y está rodeado de palmeras africanas inmensas que a la tarde dejan imágenes de atardeceres caribeños. Es el punto de encuentro de sus habitantes, ya que a sus alrededores se encuentran la iglesia, despachos oficiales, centros educativos y, además, es uno de los puntos más visitados por quienes llegan a este departamento en busca de un turismo de aventura. Este lugar fue testigo de la inauguración del tercer “Festival del Agua, la Montaña y la Vida”, organizado por los Guardianes de la Andinoamazonía, que se realizó entre el 4 y 6 de octubre y que contó en su agenda con plantones artísticos, conciertos, obras de teatro y conversatorios alrededor de la educación, cuidado y defensa de su entorno territorial, su patrimonio ecológico y el tejido social.
Plantón en Mocoa por el inicio del tercer festival por el agua, la vida y la montaña. Crédito Revista RAYA.
El festival contó con dos protagonistas principales y símbolos de la fauna de la Amazonía: El jaguar como guardián de la selva y el gallito de roca, como protector del agua, quienes representaron cómo los animales que habitan el Macizo Colombiano están en riesgo de extinción por culpa de las actividades mineras, que destruirían los corredores biológicos naturales. Aunque algunos tímidos, los niños y niñas de Mocoa, se iban acercando al centro del parque Santander a tomarse una foto con los dos animales que son considerados sagrados en la Amazonía y cuyas máscaras fueron construidas en cartón por los líderes y defensores ambientales del departamento que convocaron el festival. “Queremos que como habitantes de este territorio seamos los primeros en conocer la riqueza biocultural de este territorio y a partir de este reconocimiento entrar en un proceso más fuerte de cuidado y protección de este que es nuestro paraíso”, dijeron los organizadores del evento.
En la amazonía colombiana el jaguar es un animal sagrado que está relacionado como protector de la selva. Crédito Revista RAYA.
El tercer “festival por el agua, la montaña y la vida” se realizó 65 días después de que el Consejo de Estado derogara el Acuerdo 020 de 2018. Por lo que fue un condimento especial para el evento, pues en la calles había quien defendía esta decisión afirmando que los proyectos mineros traen riquezas para la comunidad. Mientras otros confirmaron que lo importante es el cuidado de su territorio. Para las comunidades articuladas a Guardianes de la Andinoamazonia que encabezaron el evento cultural, la decisión del Consejo de Estado es violatoria de la expresión popular y un rechazo a una ciudadanía que ha luchado por defender el derecho a un ambiente sano, en una de las regiones de transición entre los Andes y la Amazonía colombiana de incalculable riqueza hídrica, la cual debe ser cuidada no solo por los habitantes de Mocoa, ya que, como repetían en la tarima del festival “Estamos en tiempos de crisis climática y lo que sucede en la Amazonía, impacta la vida de toda la humanidad.”
* La reportería de campo de esta investigación se realizó en el marco de una misión de prensa convocada por la Asociación MINGA.
