Susana Correa fue la directora del Departamento para la Prosperidad Social entre 2018 y 2022 y su nombre aparece en varias llamadas interceptadas a Nova Lorena Cañón, una de las fichas claves de “Las Marionetas” por ser la reconocida lobista de la mamá del expresidente Iván Duque en el direccionamiento de contratos. Aunque la justicia declaró víctima al DPS, Correa ha pasado de agache en las investigaciones. 

Por: Enrique Gamboa - Revista RAYA

Desde marzo de 2022, cuando se conoció de una red de particulares y funcionarios públicos conocida como “Las Marionetas”, esta ha sido catalogada como el escándalo de corrupción más grande de la última década. Según las investigaciones de la Fiscalía, el Departamento de Prosperidad Social (DPS), jugó un rol clave en el entramado criminal al punto que el 24 de mayo de 2024 el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá reconoció a la entidad como víctima de los hechos de corrupción. 

Entre los implicados está Pierre García, el exsubdirector del DPS durante el gobierno de Iván Duque, acusado de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, su jefa, Susana Correa Borrero, funcionaria mencionada en varias llamadas interceptadas por la Fiscalía, no ha sido investigada pese a que habría jugado un papel fundamental en varios procesos irregulares de contratación. Correa, quien asumió como directora del DPS el 7 de agosto de 2018, tras liderar la campaña presidencial de Duque en el Valle del Cauca, ocupó este cargo hasta 2022. Su llegada allí se dio tras su paso por el Senado entre 2014 y 2018, en representación del Centro Democrático

Dichas interceptaciones al celular de Nova Lorena Cañón, en las que se menciona a Correa, fueron conocidas por RAYA. Pero antes de detallarlas, es preciso decir que Cañón era una de las 39 personas vinculadas a la red criminal liderada por el fallecido senador liberal Mario Castaño; igualmente, señalada como testigo clave en el caso. En la actualidad, Cañón paga casa por cárcel, pues fue condenada por ser la responsable de agilizar pagos pendientes a contratistas de entidades nacionales, principalmente, en Tolima, Valle del Cauca y Caldas, a cambio de contraprestaciones económicas. También, según la Fiscalía, gestionó y viabilizó proyectos en nombre de Juliana Márquez, la madre del expresidente Iván Duque. 

^{Lorena Cañón integrante de “Las Marionetas”: Crédito. Linkeind}

La primera llamada interceptada a Lorena Cañón, en la que se menciona a Susana Correa, sucedió el 23 de mayo de 2021. En dicha comunicación, conocida por RAYA, Cañón le dice a Pablo Gómez, un arquitecto manizaleño e integrante del entramado criminal, que el 25 de mayo (2021) tendría una reunión con Correa para, según el documento, “ver el tema de Mariquita, pero que le preocupa que no ha organizado los puntos”. Según el análisis de un investigador de la Fiscalía, encargado de realizar las escuchas, los “puntos” mencionados hacen referencia presuntamente al “pago de coimas”, aunque no se especifica el negocio concreto al que se hace mención. 

Pablo Gómez está siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito. Según la fiscal Ángela Córdoba, quien presentó el caso el 25 de junio de 2023 ante un juez de garantías de Caldas, existe una orden de captura contra Gómez desde el 28 de julio de 2022. Sin embargo, no ha sido localizado por lo que la Fiscalía solicitó que fuera declarado persona ausente en el juicio en su contra.

^{Documento de interceptaciones de la Fiscalía a Nova Lorena Cañón en el marco de las investigaciones de “Las Marionetas” donde se menciona a Susana Correa, directora del DPS entre 2018 y 2022.}

La segunda llamada interceptada es del 22 de junio de 2021. En esta ocasión el interlocutor de Lorena Cañón fue Jaime García, quien aún no ha sido identificado por la justicia. Durante la conversación, Cañón le indicó que Juliana Márquez, madre del expresidente Iván Duque, le pidió hablar con Susana Correa para que los recibiera en su despacho y “le ayude en el DPS para temas en el Tolima para unas obras de una plaza de mercado”, según reza en el documento de la Fiscalía. El analista de las llamadas interceptadas concluyó que el objetivo de Cañón era gestionar estos proyectos a cambio de un beneficio económico, utilizando el nombre de la madre del presidente para obtener recursos. “La señora Lorena realiza estas gestiones con el fin de obtener un pago económico por ello. Lorena Cañón utiliza el nombre de la mamá del presidente de la República para obtener, por parte del DPS, recursos para un proyecto”, señaló el investigador.

^{En una llamada del 22 de junio de 2021 Lorena Cañón utiliza el nombre de la mamá del Presidente de la República para obtener recursos del DPS para un proyecto.} 

De acuerdo con la cronología de las interceptaciones, realizadas por la Fiscalía al celular de Nova Lorena Cañón, su reunión con Susana Correa quedó programada para el 25 de junio de 2021. Esto quedó consignado en la tercera llamada en la que se mencionó a Correa, el 23 de junio de 2021. Durante esa conversación, Cañón informó a Pablo Gómez, su interlocutor, sobre el cambio de planes. Así quedó registrado, de manera textual, en la llamada: “[Lorena] le confirma que con Susana Correa ya no se ve mañana 2021/06/24 porque el Contralor viajó para San Andrés y por eso ella se regresa en el avión del Contralor, pero que le confirmó la reunión para el viernes 2021/06/25 para el tema de Mariquita, le cuenta que también le va a hablar por Armero Guayabal Tema Municipio de Armero”. El analista de la Fiscalía agregó que el objetivo de dicha reunión, entre Cañón y Correa, era, entre otros temas, discutir un contrato para la adquisición de una ambulancia para el municipio de Mariquita y otros negocios en el departamento del Tolima.

^{En una conversación del 23 de junio de 2021 Lorena Cañón le confirma a Pablo Gómez, integrante de “Las Marionetas”, que se va a reunir con Susana Correa.} 

La Revista RAYA revisó los contratos del DPS en el SECOP para la época en que Susana Correa dirigía la entidad y Cañón habría gestionado proyectos en Tolima. Entre los registros se destacan cinco convenios relacionados con la construcción de plazas de mercado en los municipios de Prado, Coyaima y Piedras, así como arreglos viales en Carmen de Apicalá y Armero Guayabal. Estas obras, que suman más de 11.000 millones de pesos, están suspendidas o en ejecución con atrasos significativos. Por ejemplo, la plaza de Coyaima, con un presupuesto de 5.200 millones de pesos, debía completarse el 31 de julio de 2022, pero hoy apenas tiene un avance del 56%.

La última llamada interceptada en la que se menciona a Susana Correa data del 1° de julio de 2021. En esta conversación, Pablo Gómez, actualmente prófugo de la justicia, habla con Cañón sobre un negocio de más de 2.000 millones de pesos gestionado por el alcalde de Salamina (Caldas), James Peña. Según la Fiscalía, estos recursos, presuntamente provenientes del DPS, estaban destinados a talleres escuela en ese municipio. Durante la conversación, Cañón le dijo a Gómez que Correa expresó molestias porque “cómo así que más plata para escuela taller” y menciona que el senador Mario Castaño le recomendó “tener prudencia con lo que hablara”.

^{Cuarta llamada interceptada a Lorena Cañón en donde hace mención a Susana Correa, directora del DPS en el gobierno de Iván Duque}

Susana Correa salió del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) el 29 de marzo de 2022, cuando el entonces presidente Iván Duque la designó como Ministra de Vivienda. Poco después, el 7 de junio de 2022, Mario Castaño fue arrestado a la salida del Congreso de la República, señalado como cabeza de una red que cobraba dineros para gestionar contratos en entidades del Estado. El caso conocido como “Las Marionetas” salió a la luz tras la intervención de más de 3.500 llamadas telefónicas por parte de la Fiscalía. Estas comunicaciones, incluidas las de Lorena Cañón, revelaron maniobras ilegales relacionadas con la contratación pública en diversas regiones del país, utilizando entidades como el DPS. 

En el momento de la salida de Correa del DPS, “Las Marionetas” apenas comenzaban a ocupar los titulares de los medios de comunicación. Sobre su papel en la red, la Silla Vacía, por ejemplo, en un artículo titulado: “Caso “Marionetas” muestra cómo se aceitó la gobernabilidad de Duque”, señaló: “Una línea de interlocución para lograr la aprobación de esos proyectos regionales fue la designación de los directores territoriales del DPS. Bajo el mando de la directora nacional, Susana Correa, las regionales fueron entregadas a aliados de congresistas uribistas y de otros aliados del gobierno”.  

A pesar de la evidente corrupción que afectó al DPS durante el gobierno de Duque, Susana Correa no ha sido llamada a interrogatorio para esclarecer si tuvo alguna responsabilidad en el desvío de miles de millones de pesos que le robaron a la entidad. Sin embargo, no ha guardado silencio sobre el tema y ha mantenido discusiones con el actual director del DPS, Gustavo Bolívar, sobre esos hechos de corrupción. 

El intercambio comenzó después de que Bolívar denunciara, a través de la red social X, el 7 de marzo de este año, las irregularidades del DPS en la administración anterior. Ese día Bolívar publicó: “A medida que avanza el empalme corroboro que la corrupción en Prosperidad Social durante el gobierno Duque fue aberrante. Casi todas las obras que contrataron están paralizadas. El hampón Pierre García salió condecorado por Duque y por el Congreso. Robaron de lo lindo”.

^{Susana Correa Borrero, directora del DPS entre 2018 y 2022. Crédito: Prosperidad Social}

Correa respondió horas más tarde, cuestionando la veracidad de las acusaciones. En su primer mensaje, argumentó que Bolívar estaba realizando el empalme un año y siete meses después de la llegada del gobierno de Gustavo Petro, y no con información recibida de la administración de Duque. Además, atribuyó las obras paralizadas a la “ineficiencia” de las gestiones de Cielo Rusinque y Laura Sarabia, anteriores directoras del DPS. “No trate de crear cortinas de humo buscando corrupción en cuentas fenecidas, ¡Instrúyase! Asuma el mando, ejecute que para eso lo nombraron. Deje que los entes de control hagan su trabajo, y usted -ojalá, haga también el suyo frente a una entidad crucial como Prosperidad Social”, afirmó Correa. 

Sin embargo, lo cierto es que la exfuncionaria del gobierno Duque no ha respondido con claridad a las autoridades sobre las llamadas interceptadas en las que mencionan su nombre y reuniones para contratos que luego terminaron contaminados de corrupción. 

^{https://x.com/GustavoBolivar/status/1765861895595008221} 

El DPS: una víctima de “Las Marionetas”

El pasado 24 de mayo, el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá reconoció al departamento de Prosperidad Social (DPS) como víctima en este caso de corrupción. En su decisión, el juzgado hizo énfasis en dos convenios en concreto que perjudicaron a la entidad: el convenio 501, firmado el 26 de agosto de 2021, por un monto de $22.173 millones, y el convenio 670, firmado el 12 de noviembre de 2021, por un valor de $49.460 millones. Ambos acuerdos fueron celebrados con la empresa Proyecta Quindío. Aunque el propósito de estos convenios era la ejecución de obras de infraestructura vial, los recursos habrían sido desviados para beneficiar a determinados grupos políticos y económicos.

Por los actos de corrupción que afectaron al DPS, la justicia colombiana ha investigado a una decena de funcionarios de la entidad. Encabeza la lista Pierre García Jacquard, quien fue subdirector entre agosto de 2018 y marzo de 2022, asumiendo la dirección del DPS tras el nombramiento de Susana Correa como ministra de Vivienda. García Jacquard renunció al cargo el 27 de julio de 2022. Según la Fiscalía, está implicado en el caso de “Las Marionetas” y ha sido acusado de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y de haber adjudicado, al menos, 28 procesos de contratación de manera irregular en Quindío, Tolima y Risaralda. De acuerdo con un informe de Caracol Radio, la Fiscalía ha identificado a 17 personas que se habrían reunido con García en las oficinas principales del DPS en Bogotá.

Pierre García ha negado los cargos imputados. En mayo de 2024, desde París (Francia), donde reside actualmente, emitió un comunicado en el que argumentó que está siendo investigado por un convenio que no se ejecutó y por el cual no se giró un peso del DPS a los contratistas. “No estoy prófugo. Esa fue una afirmación desmedida y lamentable que hizo la fiscal 94, quien en la solicitud de medida de aseguramiento en mi contra me calificó como prófugo de la justicia. Esa era su opinión. A raíz de mi defensa y las decisiones de dos jueces, quedó demostrado que era una medida excesiva e injusta. Por ello, tengo el derecho de defenderme en plena libertad”, afirmó en su carta.

Otra persona encarcelada por el caso de corrupción en el DPS es el exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien supuestamente daba órdenes a Pierre García para desviar recursos públicos. El 22 de octubre de 2024, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le negó a Ramírez la libertad por vencimiento de términos. El magistrado Marco Antonio Rueda Soto, a cargo del caso, sostuvo que Ramírez desvió 13 contratos, incluyendo un convenio entre el DPS y Proyecta Quindío por $48.000 millones, en el cual se habrían pagado hasta $1.000 millones en sobornos. Este mismo convenio fue señalado por el juzgado de Bogotá como un grave perjuicio para la entidad.

La corrupción que ha rodeado al DPS ha afectado gravemente su "buen nombre" y ha generado desconfianza entre las comunidades que dependen de sus programas sociales. En medio de los procesos judiciales, la administración actual del DPS aseguró a la Revista RAYA que, a pesar de las dificultades y denuncias de corrupción, “el camino hacia la justicia no es fácil, pero es un paso esencial para erradicar las estructuras corruptas que han saqueado los recursos del país durante años. La justicia debe prevalecer, y aquellos que se han beneficiado del erario público de manera ilegal deben rendir cuentas ante la ley”.

A pesar de la notoriedad de los dos convenios mencionados, que han sido ampliamente cubiertos por los medios nacionales, el DPS ha informado que existen más de 15 casos en los que sus recursos han sido perjudicados. Las evidencias conocidas hasta ahora sugieren que el caso de “Las Marionetas” es solo la punta del iceberg de un problema más profundo: la urgente necesidad de una gestión pública ética, transparente y enfocada en el bienestar de todos los ciudadanos.