El podcast en La RAYA con Cecilia Orozco revela la sentencia completa con la que la Corte Suprema de Justicia condenó a más de tres años de cárcel al general (r) Yuber Armando Aranguren Rodríguez. En este documento inédito se detalla cómo el general del Ejército utilizó su jerarquía para acosar sexualmente a una subalterna, quien, a pesar de denunciar lo que estaba pasando ante la institución, en lugar de recibir respaldo fue trasladada varias veces a otras unidades militares en señal de castigo por no acceder a las pretensiones del general. “Las mujeres no solo van detrás del pipi, sino que detrás del pipi va la billetera, cierto Cabrera”, le decía al general Aranguren para acosar a la subteniente. Esta es la historia.
Por: Redacción RAYA
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Este domingo, el podcast en La RAYA con Cecilia Orozco reveló la sentencia condenatoria, en su totalidad, en contra del general (r) Yuber Armando Aranguren Rodríguez. Con este documento, la Corte Suprema de Justicia, por primera vez, condena a un General de la República por hechos relacionados con acoso sexual e injuria. Este documento histórico, sin duda, será el inicio para reparar a la víctima, una subteniente que sufrió durante meses el acoso sexual y laboral por parte de quien era su jefe máximo en las selvas de Colombia. Así lo documentó la Corte, que se valió de muchos testigos y pruebas documentales que finalmente llevaron a la decisión de mandarlo a prisión durante más de 3 años.
En 2018, la entonces subteniente Marcela Cabrera* (nombre cambiado para proteger su identidad) denunció ante la Fiscalía el acoso que sufrió por parte del brigadier general Yuber Armando Aranguren Rodríguez, comandante de la Brigada de Selva No. 27 en Mocoa, Putumayo. Durante meses, soportó comentarios de connotación sexual, insinuaciones constantes y contacto físico no consentido. Su denuncia no derivó en protección, sino en su traslado a otra unidad militar.
La subteniente formalizó dos quejas en las que describió varios episodios de acoso evidenciando la reiteración de la conducta a lo largo del tiempo. En su declaración relató cómo el general le asignaba apodos sexualizados y celebraba sus comentarios en presencia de otros oficiales. Cuando la situación se volvió insostenible, acudió a la Oficina de Género del Ejército, pero su denuncia resultó en un nuevo traslado, esta vez a la Brigada No. 12, Batallón de transporte No. 1 Tarapacá. Para entonces, ya presentaba síntomas de estrés postraumático, insomnio y ansiedad.
Queja 1: Tomado pág 104 sentencia
Queja 2: Tomado página 106
Durante el juicio, testigos confirmaron el comportamiento del general. Luis Humberto Martínez, oficial de comunicaciones, declaró que Aranguren la obligaba a sentarse a su lado en las reuniones del Estado Mayor y le hacía insinuaciones en público. Fabio Fernando Valencia Díaz, otro militar colega de la víctima, relató que el general le exigía "un beso por cada grosería" y que, en una ocasión, el general entró al vehículo de la subteniente y la tocó sin su consentimiento. Otros testigos corroboraron que el general Aranguren utilizaba un lenguaje ofensivo de manera habitual en contra de ella.
Una frase en particular se convirtió en un punto clave del caso: “Las mujeres no van solo por el pipí, sino que detrás del pipí va la billetera, ¿cierto Cabrera?”, dijo Aranguren en una formación de la Brigada, frente a todo el personal. La víctima recordó cómo todos se rieron y la miraron, convirtiéndola en blanco de burlas. La defensa intentó restarle importancia, y hasta presentó un testigo que mencionó que aunque lo dijo fue “en otro contexto”, pero la Fiscalía demostró que el comentario estaba dirigido a la subteniente y buscaba denigrarla.
Además del acoso, la víctima manifestó temor por su seguridad tras haber denunciado a Aranguren: “Tengo miedo de que algo me pase, ya que mi General Aranguren fue claro que esto no iba a quedarse así y no sé qué me pueda suceder. Él expuso delante de todos que no le tenía miedo ni nada ni a ningún general que todo se hacía lo que él ordenara y se pararía en la raya al que fuera porque para él no existe ninguna ley…” (pág. 106 de la sentencia). El peritaje psicológico reveló que María del Mar desarrolló ansiedad y depresión a raíz del acoso. A pesar de la presión y el desgaste emocional, sostuvo su denuncia hasta el final.
La defensa y el blindaje patriarcal
El 28 de enero de 2019 se citó una conciliación ante la Fiscalía 56 Local, pero no se llegó a un acuerdo. Dos años después, el 19 de noviembre de 2021, durante una audiencia en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía acusó formalmente al entonces Brigadier General Yuber Armando Aranguren Rodríguez por "acoso sexual" e "injuria", delitos contemplados en el Código Penal. Además, destacó que su alto rango dentro del Ejército agravaba la situación, ya que utilizó su posición de poder para hostigar a una subalterna.
En el juicio, la estrategia de la defensa se centró en desacreditar la denuncia de la víctima, argumentando que "ella siempre quiso irse de Mocoa" y que su acusación respondía a "motivos personales". Se señalaron supuestas "contradicciones" en su relato y se insinuó que había "exagerado los hechos". En paralelo, se intentó desviar la atención resaltando la trayectoria de Aranguren como "impecable", destacando sus condecoraciones y su "buen comportamiento" dentro de la institución, como si ello invalidara las denuncias en su contra.
Sin embargo, la Fiscalía desmontó esta versión y probó que, en un principio, la subteniente no solicitó un traslado, sino que acudió a la Oficina de Género del Ejército para denunciar el acoso y pedir protección. Fue solo después de que el hostigamiento aumentara—incluyendo la invasión a su vehículo y el tocamiento denunciado—que comenzó a solicitar su traslado a cualquier lugar del país. "Esto evidencia su genuino deseo de alejarse de Mocoa y, por ende, de la línea de mando del momento", concluyó el Procurador del caso.
El abogado del general Aranguren insistió en desacreditar el testimonio de la víctima y presentó su carrera como intachable. Además, se usó como argumento una reunión entre la subteniente y el entonces comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, en la que la víctima solicitó su traslado y el reintegro de su pareja sentimental. Sin embargo, la Fiscalía fue contundente: “Este no es un tema administrativo, es un caso de violencia de género”, enfatizó, subrayando que la intención de la denunciante siempre fue “detener el acoso que sufría”.
En el juicio, algunos testigos intentaron cuestionar el carácter de la víctima. Una oficial afirmó que era "difícil de tratar" y "poco cordial con quienes no la saludaban como superior". No obstante, otra testigo desmintió esa versión: "Nunca escuché que tuviera conflictos con otros miembros de la Brigada". La Fiscalía intervino para aclarar que "evaluar la personalidad de la víctima no es relevante", ya que eso no la hace "más o menos propensa a sufrir acoso".
Otro testimonio clave fue el de la mayor Yenny Alejandra Ariza, representante de la Oficina de Género del Ejército, quien confirmó que la subteniente envió correos denunciando su situación. Estos mensajes activaron los protocolos contra la "violencia de género" y dieron lugar a una reunión en la que la víctima confrontó directamente a Aranguren, acusándolo de "acosarla". En el juicio, la Fiscalía manifestó su sorpresa ante la repentina falta de memoria de algunos testigos que estuvieron en esa reunión y que ahora aseguraban "no recordar nada".
En el proceso el Procurador a cargo agregó que la víctima acudió inicialmente a la Oficina de Género para detener el acoso que sufría, sin solicitar un traslado. Sin embargo, ante el aumento del hostigamiento —que incluyó el ingreso forzado a su automóvil y el tocamiento denunciado—, comenzó a pedir desesperadamente traslado a cualquier lugar del país. “Esto evidencia su genuino deseo de alejarse de Mocoa y, por ende, de la línea de mando del momento.”
Tomado de la sentencia, aparte del Procurador a cargo Pág. 33
Sobre la frase de Aranguren en la que aseguró que "las mujeres no van solo por el dinero, sino también por el pipí", una de las testigos de la defensa reconoció que el general hizo ese comentario, aunque intentó justificarlo asegurando que fue en "otro contexto". Sin embargo, la Fiscalía estableció que la frase estuvo dirigida a la víctima, ya que el general remató su comentario preguntando: "¿cierto, Cabrera?". Para la acusación, esto evidenció su intención de "denigrarla".
En cuanto a los peritajes psicológicos, la defensa y la Fiscalía presentaron posturas opuestas. Mientras la defensa argumentó que la víctima "no tenía secuelas permanentes", la Fiscalía subrayó que esto no significaba que el acoso no ocurrió. La psiquiatra forense María Amaya Farfán concluyó que el testimonio de la víctima era "creíble y coherente".
Una condena histórica
Si bien la sentencia contra Aranguren es un precedente en la lucha contra la violencia de género dentro de las Fuerzas Militares, también evidencia las fallas estructurales de la justicia colombiana. La pena de tres años de prisión y la multa impuesta resultan una señal débil para un delito que dejó secuelas psicológicas en la víctima y expuso la impunidad con la que operan las jerarquías militares.
El fallo reconoció que la conducta del general configuró un concurso de acoso sexual continuado e injuria y que el abuso de poder por parte del acusado fue determinante. "Se estableció la habitualidad y permanencia de la conducta del procesado como elementos constitutivos del delito, dado que, en cada oportunidad que tuvo, le manifestó sus deseos lujuriosos sobre su cuerpo", reza la condena de la Corte Suprema de Justicia.
Un punto clave del caso fue la solicitud de retractación presentada por Aranguren tras su condena, la cual fue rechazada por la Corte. Se determinó que este intento de retractación no garantizaba una verdadera reparación a la víctima y que, de realizarse, debía hacerse en los mismos términos en los que ocurrieron las agresiones verbales: públicamente y ante el mismo personal del Ejército que presenció los comentarios ofensivos.
Además, este fallo marca la primera condena contra un general de la República por acoso sexual e injuria dentro de las Fuerzas Militares, lo que sienta un precedente en la justicia militar. Sin embargo, también evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género en instituciones castrenses, donde el miedo a denunciar y las represalias siguen siendo barreras para la justicia.
Sandra González, abogada feminista y experta en asuntos de género, destacó la importancia de la sentencia al ser parte de un cuerpo más amplio de decisiones judiciales que obligan a los jueces a implementar un enfoque de género en la administración de justicia. "La investigación y la persecución judicial del acoso sexual, al igual que todas las formas de discriminación y desigualdad, son difíciles de probar. En este caso, se pudieron demostrar gracias al enfoque de género, que permite evidenciar violencias silenciosas pero de graves consecuencias para las víctimas", explicó.
González también señaló los patrones revictimizantes usados en la defensa de los agresores: "Siguen el manual del agresor: desacreditar la reputación moral de la víctima. Históricamente, en los casos de violencia de género como el acoso sexual, tiene éxito centrarse en el cuestionamiento moral de la víctima, así no se refiera a los hechos del caso".
Otro aspecto clave que quedó evidenciado en la sentencia fue el papel de la Oficina de Género del Ejército. En lugar de garantizar la protección de la víctima, recomendó su traslado como solución al acoso que sufría. Esta actuación demostró cómo las instituciones pueden operar de manera que terminan favoreciendo al agresor y revictimizando a quienes denuncian. La Corte señaló la urgencia de reformar estos mecanismos para garantizar verdaderas condiciones de seguridad y protección para las víctimas dentro de las Fuerzas Militares.
Este caso se suma a otras denuncias dentro del Ejército. Así lo demostró el caso de otro oficial, el coronel José Luis Esparza, exfórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt y cerebro de la Operación Jaque, denunciado por acoso sexual y laboral por una subalterna. En su caso, la justicia nunca la escuchó y terminó saliendo del país para proteger su vida. Tanto en el caso de Aranguren como en el de Esparza, el modus operandi incluyó el uso de palabras denigrantes contra las subalternas cuando ellas se negaban a sus pretensiones.
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