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La revista RAYA y la Fundación Pares  tuvieron acceso a nueve resoluciones que expidió un mismo día y en tiempo récord la fiscal general encargada, Martha Janeth Mancera. Las mismas reforman el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), le entrega un poder sin precedentes a la vicefiscalía y se lo arrebata a la nueva Fiscal General en propiedad que elegiría la Corte Suprema este martes. ¿Qué hay detrás?

Por: Unidad Investigativa Revista RAYA 
con apoyo de la Fundación Paz y Reconciliación

Faltando menos de 24 horas para que la Corte Suprema de Justicia se reúna en pleno para elegir a la nueva Fiscal General de la Nación, la revista RAYA tuvo acceso a nueve resoluciones que reestructuraron de un plumazo el ente rector de la investigación y la acusación en Colombia. Lo hizo la misma fiscal encargada, cuestionada por favorecer a señalados narcofiscales, Martha Janeth Mancera, quien firmó los nueve documentos el pasado 26 de febrero, es decir, 13 días después de que quedara encargada del alto cargo. Lo grave del asunto, según los análisis de exfiscales delegados, como Elmer Montaña, es que le confiere un poder excesivo y misterioso a la vicefiscalía, lo que se interpreta como una “jugada” para dejar amarrada de pies y manos a la nueva fiscal general. 

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“En apariencia, esto parece ser fruto de un pequeño grupo de funcionarios de la fiscalía liderados por Mancera, digo en apariencia, por que resulta imposible que en tan poco tiempo, un grupo reducido de personas hubiera diseñado una reforma de tal magnitud. Es muy probable que la misma provenga de fuera de la Fiscalía y el autor o autores tengan interés en minar el poder de la próxima fiscal, dejándola bajo el control de unas estructuras paralelas, integradas por funcionarios que seguramente Mancera dejará nombrados y en funciones”, dijo el exfiscal seccional del Valle del Cauca, Elmer Montaña, quien advirtió las dificultades que tendría la nueva fiscal al encontrar estas estructuras establecidas. 

Una de las reestructuraciones más importantes tiene que ver con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), mediante la resolución 0081 del 26 de febrero de 2024, a través de la cual la fiscal Mancera modificó la organización interna de este organismo, estableciendo que quien le hará seguimiento y evaluación a los resultados de la Policía Judicial del país ya no será la Fiscalía General sino la Vicefiscalía. “Vaciando las competencias y el poder de la próxima Fiscal que designe la Corte Suprema”, advirtió el exfiscal Eduardo Montealegre al reaccionar sobre estas resoluciones. De esta manera, la o el vicefiscal tendrá el control absoluto de la policía judicial, es decir, CTI, SIJIN, DIJIN, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Migración Colombia, entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, alcaldes e inspectores de Policía, autoridades de tránsito, los Directores Nacional y Regional del INPEC, y los Directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia.

 

Resoluciones del 26 de febrero firmadas por la Fiscal encargada Marta Mancera

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A través de esta resolución, la vice fiscal modificó el artículo 200 de la Ley 906 de 2004, según el cual los órganos de policía judicial dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación, entregando dicha función a la vicefiscalía, sin ningún motivo fundado. “La resolución que modifica el CTI es abiertamente ilegal porque un acto administrativo de esta naturaleza no puede modificar la Ley, por eso surge la duda sobre las motivaciones que tuvo Mancera para cometer este despropósito”, expresó el exfiscal Montaña.

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La otra resolución de Mancera es la 0087 igualmente del 26 de febrero de 2024. Por medio de ella, la Fiscal General de la Nación (encargada) delegó en la vicefiscalía, nuevamente, la facultad de crear, conformar, modificar y suprimir grupos internos interdisciplinarios para el desarrollo de lo que denomina “estrategia de analítica geoespacial especializadas para la lucha contra fenómenos criminales y/o situaciones que hayan sido priorizadas”.  De esta manera, la vicefiscalía tendrá acceso y control de toda la información recaudada por los fiscales delegados del país, respecto a las organizaciones criminales y así como de aquellos casos que se consideren prioritarios, lo que en poco tiempo le daría a este despacho un enorme poder, por encima de quien asuma como Fiscal General de la Nación. Un hecho que llama la atención, pues esta revista también ha denunciado cómo en regiones como Risaralda los mismos fiscales regionales han denunciado favorecimientos de esa entidad a cabecillas de organizaciones criminales como La Cordillera. 

En este mismo sentido Mancera expidió la resolución 0083 también el 26 de febrero de 2024, a través de la cual “estableció” la organización interna de la Dirección de Apoyo a la Investigación y análisis contra la criminalidad organizada y reglamentó sus funciones. En realidad se trata de una mega estructura, que tendrá un director, un “grupo de trabajo de arquitectos de la transformación”, grupos de trabajo para el apoyo de las labores de la dirección de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada, (apoyo al apoyo), grupos de trabajo de policía judicial. 

El autor o quien proyectó esta resolución, que tendrá un enorme impacto en el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, fue Mauricio Andrés Morales Hurtado, director de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada, el mismo funcionario que también es el autor del proyecto que crea un Centro de Acopio de Información con vocación probatoria para actuaciones relacionadas con estructuras criminales, al que hace referencia la resolución 0086 también del 26 de febrero de 2024. Otra mega estructura creada en tiempo record, al igual que la organización de la dirección de apoyo a la investigación y análisis para la seguridad, creada con la resolución 0084 también en la misma fecha. 

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“Como sea, estas estructuras creadas por la fiscal Mancera, aparte de tener nombres rimbombantes, nada aportan al funcionamiento eficiente y eficaz de la Fiscalía General de la Nación, que dicho sea de paso desde hace mucho tiempo enfrenta dificultades debido a la carencia de fiscales, en unidades que investigan homicidios, delitos sexuales, bandas criminales, etc., así como de investigadores judiciales. En muchas seccionales los fiscales deben compartir un mismo investigador. Muchos de estos investigadores tienen una carga laboral imposible de cumplir lo que contribuye a la lentitud de la administración de justicia y explica, en buena parte, los altos índices de impunidad”, advirtió el exfiscal Montaña.

Para la Fundación Paz y Reconciliación, esta reestructuración exprés de la Fiscalía tiene el objetivo de manejar la entidad a pesar de que la Corte Suprema elija este martes a la nueva Fiscal General. “Una de las hipótesis acerca de la creación de nuevas direcciones es que de alguna forma Martha Mancera está haciendo planes para permanecer largo tiempo en la entidad, lo que se ratificaría mañana si la Corte Suprema sigue dilatando la elección de Fiscal. La otra hipótesis es que la fiscal encargada esté aprovechando su período o bien para crear más burocracia o garantizar que hayan fichas cercanas a ella cuando la nueva Fiscal llegue a ejercer. En pocas palabras, crear una Fiscalía paralela con lealtades individuales que le hagan más difícil la labor a su sucesora”. 

Una vez examinadas estas resoluciones hay que resaltar que las mismas se suscribieron de forma veloz, en pocos días, lo cual no tiene antecedentes en la historia de la institución. No obstante, lo más preocupante es que no obedece a una necesidad de la Fiscalía que haya sido detectada a través de un trabajo serio y riguroso, no se sabe de la conformación de mesas técnicas o estudios previos que justificaran los cambios, tampoco se advierte en las mismas resoluciones que sea el resultado de una minuciosa planeación que tenga en cuenta el impacto fiscal que tendrá en el organismo la nueva planta de personal que integre estas nuevas dependencias.

Finalmente, la fiscal Mancera creó el remedio para los conflictos que podrían generar la duplicación de funciones que ya ejercen fiscales o funcionarios de esta institución tras la creación de nuevos cargos por medio de estas resoluciones. Según la resolución 079 del mismo 26 de febrero de 2024, en caso de conflictos entre fiscalías delegadas y adscritas a la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), decidirá la vicefiscalía, lo que traduce nuevamente el poder que le está confiriendo la fiscal Mancera a la quien vaya a hacer las veces de vicefiscal. 

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El exfiscal Montealegre denunció que es ilegal esta reestructuración de la Fiscalía, pues la fiscal Mancera actualmente está siendo investigada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por presuntamente encubrir a organizaciones criminales. Es claro que la permanencia de Martha Mancera en la Fiscalía puede continuar ocasionando graves problemas a la entidad que no serán fáciles de deshacer por la nueva Fiscal. Llama la atención que una persona con tanta experiencia en la entidad tenga tal nivel de confianza para realizar reestructuraciones express, crear burocracia innecesaria y concentrar poder. Los Magistrados de la Corte Suprema tendrán mañana en sus manos el destino de una entidad que cada vez más entra al huracán del desprestigio y la desconfianza que genera hoy en la ciudadanía.

Consulte todas las resoluciones del 26 de febrero de 2024, expedidas y firmadas por la fiscal encargada Martha Mancera, las cuales están en poder de la revista RAYA, en los siguientes enlaces:

Resolución 0-0077

Resolución 0-0079

Resolución 0-0080

Resolución 0-0081

Resolución 0-0082

Resolución 0-0083

Resolución 0-0084

Resolución 0-0086

Resolución 0-0087

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