El incremento patrimonial no justificado es el nuevo cuestionamiento judicial contra el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, cuya carrera política ha estado plagada de corrupción. La revista RAYA revela cómo recibió los sobornos de Odebrecht y qué papel jugó la pirámide Interbolsa en esta operación en la que le giraron cerca de $654 millones.

Por Julián F. Martínez 

BOGOTÁ. – Un incremento patrimonial no justificado por 994 millones de pesos tiene a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia investigando por enriquecimiento ilícito al núcleo familiar de Andrés Felipe Arias Leiva, exministro de Agricultura, excandidato presidencial y lobista en Colombia de la multinacional brasileña Odebrecht.

A pesar de que la Fiscalía tiene pruebas para acusar al exministro Arias por los sobornos en Colombia de Odebrecht y del Grupo Aval, esto no ha ocurrido. Los hechos, según los documentos que tiene la revista RAYA, sucedieron entre 2006 y 2011, cuando los padres, hermano y esposa de Arias Leiva tuvieron un incremento patrimonial reflejado en fondos de inversión en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por $796.000.000 y consignaciones bancarias por $198.000.000 cuyos ingresos no aparecen reportados en sus declaraciones de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las cuales fueron verificadas desde el año 2003.

El análisis de la situación financiera de la familia del exministro Arias fue realizado por el investigador Pedro Orlando Ayala, perito contable de la Fiscalía General de la Nación, quien le entregó el 5 de mayo de 2022 un informe al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Augusto Cabana Fonseca, atendiendo la orden de policía judicial No. 7480809 del 8 de febrero de 2022.

El enriquecimiento se habría dado de la siguiente forma: Rodrigo de Jesús Arias Urrea, padre del ex alto funcionario, tuvo un reporte de 411 millones de pesos en fondos de inversión para ganar rentabilidades a mediano plazo. La señora Marta Sonia Leiva Tejada, madre del exministro, realizó otra inversión por 313 millones de pesos en la misma BVC la cual tampoco logró justificar ante la DIAN. Mientras que la esposa de Arias, Catalina Serrano Garzón, no reportó consignaciones por $15 millones de pesos.

El informe contable No. 5373123 indica que su hermano, Juan Camilo Arias Leiva, tuvo inversiones por 71 millones de pesos y consignaciones en sus cuentas bancarias por casi 200 millones de pesos que no reportó ante la DIAN. Juan Camilo había declarado en sus rentas ante esa entidad ingresos por 360 millones entre los años 2003 y 2010, pero el sistema financiero registró consignaciones a su nombre por 558 millones de pesos en esos siete años. 

“Teniendo en cuenta que los ingresos recibidos son inferiores a los movimientos bancarios por concepto de depósitos y consignaciones, el señor Juan Camilo Arias deberá explicar el origen de $197.471.084 pesos”, dice el informe que revela la revista RAYA.

De acuerdo con las entrevistas realizadas por los investigadores de la Fiscalía en Medellín, en marzo de 2022, a Marta Sonia Leiva y Juan Camilo Arias, informaron que los dineros con los cuales realizaron las inversiones en la BVC fueron entregados por la cabeza de la familia: Rodrigo de Jesús Arias. “El origen corresponde a dineros de mi padre de sus actividades que puso a nombre mío y con eso se realizaron las inversiones antes mencionadas”, señaló Juan Camilo. “No tengo ningún documento para aportar”, concluyó.

Sin embargo, el padre del exministro Arias no puede asegurar o desvirtuar las afirmaciones de sus hijos, esposa y nuera, pues él falleció en Medellín el 3 de enero de 2022, antes de la orden de la Fiscalía de investigar el enriquecimiento ilícito. “Como sabemos, los documentos soportes contables son fundamentales para realizar los estudios de incremento patrimonial por justificar”, escribió el investigador Ayala.

En cambio, Rigoberto Osorno Osorio, contador público del fallecido Rodrigo de Jesús Arias, declaró en el proceso judicial y dijo que los ingresos del padre del exministro “provinieron de su relación laboral con entidades como el Instituto de Seguros Sociales, pensiones de vejez recibidas por parte de Colpensiones, de los consorcios FOP 2015 y FOP 2019 y otras rentas por honorarios, dividendos, rendimientos financieros, actividades mercantiles y ventas de algunos activos fijos”. A pesar de dicha declaración, el contador no anexó documentos contables, quedando sin sustento sus afirmaciones y las de la familia Arias.

El 12 de junio de 2017, Otto Nicolás Bula, testigo estrella de la corrupción de Odebrecht en Colombia, aseguró ante la Fiscalía que el exministro Arias recibía un soborno de esa constructora cuando era candidato presidencial en 2010. Declaración que coincide con el periodo opaco de ingresos que la familia Arias no ha logrado demostrar. “Era amigo de Odebrecht, le colaboraban, le ayudaban con un sueldo cuando era ministro y candidato”, contó el lobista.

Dicha declaración también coincide con la presencia de Arias en la Casa de Nariño el 17 de septiembre de 2009 cuando ya no era ministro sino candidato a la Presidencia y lobista de Odebrecht. En dicha reunión, revelada por Noticias Uno años después, quedó claro que Arias conocía a los brasileños y que los acompañaba en la negociación del contrato de la Ruta del Sol II que fue adjudicado finalmente a la multinacional brasileña cuatro meses después.

Odebrecht también tenía el propósito de ganar la licitación para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango en Antioquia y le encomendó la misión a Andrés Felipe Arias de influir y presionar al entonces gobernador Luis Alfredo Ramos Botero (condenado por la Corte Suprema de Justicia por paramilitarismo) para lograrlo.

Interbolsa: el puente para que Odebrecht sobornara a Arias

 Una filial de la desaparecida pirámide Interbolsa fue utilizada por el exministro Andrés Felipe Arias para darle apariencia de legalidad a los sobornos que Odebrecht le pagó por influir y presionar ante sectores políticos y gubernamentales, con el fin de conseguir la aprobación y viabilidad de contratos públicos en Colombia para la multinacional brasileña.

Así lo afirmó el abogado Yesid Augusto Arocha Alarcón, el cerebro jurídico de Odebrecht en Colombia, quien el 23 de enero de 2020 le dijo a la Fiscalía colombiana que en el año 2009, con la llegada al país de Luiz Bueno Junior, como director de la multinacional, crearon una nómina paralela para desembolsar coimas de dinero a posibles lobistas que tuvieran relaciones de carácter político y que pudieran colaborar para ganar los contratos de infraestructura.

El método para desembolsar las coimas en dinero para el exministro Arias fueron contratos simulados entre la Compañía Colombiana de Capitales y Odebrecht. El primer contrato se firmó el 10 de julio de 2009 por 198 millones. Cinco meses después, el 23 de diciembre, se le hizo un otrosí para agregar nuevamente 198 millones que serían pagados en seis cuotas de $32.944.000 pesos.

De acuerdo con los cálculos de Arocha, durante los años 2010 y 2011, el ex ministro recibió otros 258 millones en coimas de dinero en el mismo periodo en que la Fiscalía rastrea el presunto enriquecimiento ilícito.

De hecho, así lo dejó claro: “El señor Bueno es el que decidió contratar a Andrés Felipe Arias, porque era una persona que tenía muy buenas relaciones de carácter político, tenía muy buenas relaciones empresariales y podría ser candidato presidencial”.

En total, el ex ministro Andrés Felipe Arias recibió cerca de 654 millones en sobornos pagados por Odebrecht entre julio de 2009 y diciembre de 2011. “Se pagaba igualito, con facturas aprobadas de la Compañía Colombiana de Capitales y exclusivamente con plata de Odebrecht”, añadió el abogado Arocha.

Arocha Alarcón concluyó: “La única participación que tuve fue elaborar el contrato para la empresa que me indicaron, yo sabía que ese contrato era para pagar a Andrés Felipe Arias y, aunque el objeto decía que era ‘análisis financiero para el Ferrocarril del Carare’, ese no iba a ser el objeto, sino que el objeto iba a ser el apoyo que le iba a brindar en la presentación de personas el doctor Andrés Felipe Arias al doctor Luiz Bueno”.

El ex directivo de Odebrecht, Luiz Bueno, el 28 de noviembre de 2019 aportó a la Fiscalía un listado de ocho personas que estaban en la nómina paralela a través de contratos fingidos:

- Andrés Felipe Arias (ex ministro de Agricultura)

- Juan David Ortega (ex secretario general del Ministerio de Agricultura)

- Daniel García Arizabaleta (miembro del Centro Democrático y testigo en contra Óscar Iván Zuluaga por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2014)        

- Federico Gaviria Velásquez (ingeniero condenado por el escándalo de Odebrecht)

- Eduardo José Zambrano Caicedo (representante legal de Consultores Unidos S.A.)

- Carlos Alberto Restrepo Velásquez (abogado mencionado en cuestionamientos de la Universidad Sergio Arboleda)

- Miguel Peñaloza Barrientos (consejero presidencial del gobierno de Uribe y ministro de Transporte en el de Santos)

- Leonardo Fabio Carreño Valero (socio de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del ex presidente Álvaro Uribe)

Revista RAYA descubrió que la Compañía Colombiana de Capitales, dedicada al mercado de valores, era una filial de Interbolsa fundada el 10 de noviembre de 2004 en la Notaría 25 de Bogotá por los condenados excomisionistas de bolsa Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero.

En su momento, cuando el periódico La República publicó una investigación titulada “Ex ministro Arias, el eslabón en negocios de la Bolsa Mercantil”, el político antioqueño negó cualquier vínculo con ese grupo financiero. Sin embargo, el periodista Daniel Coronell reveló, en esa época también, documentos en la revista Semana que demostraron que Tomás Jaramillo Botero de Interbolsa tuvo un significativo papel en la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias con un préstamo de 22 millones de pesos.

Dicha compañía, incluso, funcionaba en la misma sede de la pirámide Interbolsa en la Avenida 82 con calle 12 en el sector del Centro Comercial Andino en Bogotá. Sus representantes, Ortiz y Jaramillo, aceptaron su responsabilidad en el descalabro bursátil, cuando la justicia descubrió que Interbolsa operaba con un esquema piramidal prometiendo tasas de retorno extremadamente altas.

La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación de la Compañía Colombiana de Capitales el 18 de febrero de 2015 y su matrícula fue cancelada el 26 de mayo de 2021. En el auto se evidencia que estafó a 1.028 personas que se encuentran reconocidas dentro del proceso de intervención por la captación de dinero ilegal nacional y extranjero: $192.893 millones de pesos, 64.6 millones de dólares y 433.036 euros.

El descalabro de Interbolsa dejó al descubierto que la Compañía Colombiana de Capitales fue utilizada para manipular recursos y así direccionar las inversiones realizadas en el Fondo Premium.

Pero no solamente fue Arias el que recibió sobornos de Odebrecht, también lo hizo su secretario general en el Ministerio de Agricultura, Juan David Ortega, al que le desembolsaron más de 244 millones por medio de tres contratos simulados entre Odebrecht y la empresa Kloz Ltda. “En el año 2010, el señor Luiz Bueno me llama para indicarme que hay que hacer un contrato para el señor Juan David Ortega, quien era asistente personal y había sido secretario del doctor Andrés Felipe Arias”, aseveró Yesid Arocha.

Kloz funcionó hasta 2016 y tenía como actividad económica el comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios.

Arias: ministro, candidato presidencial y lobista

Este incremento patrimonial de la familia Arias ocurrió en el mismo lapso de tiempo en que Andrés Felipe Arias se hizo famoso ante la opinión pública. Cuando fue ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, durante el segundo mandato de Álvaro Uribe; candidato presidencial del partido Conservador y lobista en Colombia de la empresa brasileña Odebrecht, reconocida a nivel mundial por pagar sobornos a políticos en 12 países de América Latina y África a cambio de obtener millonarios contratos de obras públicas.

No obstante, esa fama no lo hizo exitoso en la política en su aspiración de ser Presidente de la República. Por el contrario, lo sepultó en el desprestigio y la cárcel. Varios rastros de su accionar corrupto, en el afán de convertirse en un político poderoso, dejó en el camino.

La primera semana de julio de 2014 el procurador general Alejandro Ordóñez archivó una investigación disciplinaria contra Arias, a quien también apodan “Uribito”, por enriquecimiento ilícito. En esa época, los cuestionamientos estaban relacionados con la compra de un apartamento en Bogotá, debido a que los vendedores recibieron al menos 1.100 millones de pesos en subsidios de Agro Ingreso Seguro cuando el comprador era ministro, como lo reveló el columnista Yohir Akermán en El Espectador.

Una semana más tarde, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 17 años de prisión tras hallarlo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El alto tribunal ratificó esa condena en enero de este año y confirmó que Arias, a través de Agro Ingreso Seguro (AIS), un programa de subsidios agropecuarios diseñado para campesinos pobres, le entregó esos dineros a empresarios y financiadores de campañas políticas.

Una de las compañías favorecidas con esta línea de ayudas gubernamentales fue la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) que recibió 6.064 millones de pesos de AIS para dos proyectos en el departamento del Meta. La modalidad de crédito de AIS consistía en otorgar subsidios no reembolsables, es decir, regalar la plata. El exsecretario privado de Arias, Juan David Ortega, también está siendo investigado por estos hechos de corrupción.

Corficolombiana es la socia de la multinacional Odebrecht en el contrato de la Ruta del Sol II por el que se pagaron sobornos a políticos por 50 millones de dólares en Colombia entre los años 2009 y 2014 durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Esta compañía pertenece al conglomerado empresarial Grupo Aval, cuyo propietario es el banquero Luis Carlos Sarmiento Ángulo, el hombre más rico de Colombia.

Hace dos semanas, precisamente, ese grupo aceptó su responsabilidad ante autoridades de Estados Unidos por las coimas que pagaron con Odebrecht a funcionarios colombianos para salir ganadores de la licitación de un proyecto de infraestructura que tuvo un valor superior a los 1.000 millones de dólares y que les adjudicaron el 14 de enero de 2010 en la Casa de Nariño cuando Álvaro Uribe aún era presidente de la República. Las obras de la Ruta del Sol II se tenían que entregar en abril de 2016, pero a la fecha solamente tienen un avance del 53% y el Estado tuvo que adicionar más dinero para dicho proyecto.