En sus primeras semanas, el Ministerio de Agricultura anunció que su presupuesto para 2027 se reducirá de $4,1 a $2,7 billones, un programa de financiación de $400.000 millones para la cadena de la caña y acuerdos con ProAntioquia y la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) para poner en marcha proyectos de explotación de hidrocarburos. El análisis de Andrés Fuerte examina qué implican estas decisiones para las poblaciones vulnerables en materia de acceso a la tierra, restitución de predios despojados por grupos armados y protección de los territorios campesinos reconocidos por la ley.
Análisis especial para RAYA por: Andrés Fuerte Posada
Economista, Magíster en Investigación Social. Asesor e investigador en temas económicos, rurales y ambientales.
“Acabar la falsa reforma agraria” es una de las promesas de campaña de Abelardo de la Espriella, que quedó plasmada en el pdf de tres páginas que hace las veces de programa de gobierno. El programa de gobierno, además, separa la política de “agricultura campesina y familiar” de la agricultura “productiva y de exportación”, propone ampliar la frontera agrícola productiva en 1,5 millones de hectáreas y hacer de la Altillanura el “Mato Grosso colombiano”. El plan consistía en repetir primero hasta la saciedad, y contra toda evidencia, que la de Petro fue una reforma agraria “falsa”. La segunda parte es avanzar en una serie de medidas que desmonten cualquier perspectiva democratizadora de la propiedad rural. Diferentes anuncios y encuentros de las cabezas del nuevo sector agricultura indican que el plan va avanzando y dejan en claro a quiénes le van a entregar la tierra en la llamada “Patria Milagro”.
Como era de esperarse, el gobierno De la Espriella está protagonizado por – y al servicio de – los gremios económicos. El Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución se reúnen con los gremios del agro constantemente, encuentros que publicitan en sus redes sociales. Atrás quedaron las fotos y videos mostrando la algarabía de la gente recibiendo tierras o títulos.
Apenas despuntando el gobierno, el 20 de agosto el Ministerio de Agricultura divulgó un video tras una reunión con Procaña, en el que promocionaban los subsidios a los seguros de cosecha, el Incentivo a la Capitalización Rural y otras medidas que sumaban la no despreciable suma de $400 mil millones. El Ministerio presentó oficialmente los $400 mil millones como un programa de financiación para la cadena de la caña. El paquete incluye, además, instrumentos de apoyo público como el Incentivo a la Capitalización Rural y el subsidio al seguro agropecuario. “¿Qué más regalos le di?” preguntó el Ministro Indalecio Dangond a la dirigencia cañera. Tanta indignación generó el video que luego vino la aclaración del Ministro, diciendo que de lo que hablaron no son regalos, aunque en la práctica sí lo son. Semanas después, la dirección de la ANT, incluyendo a la funcionaria que decide los procesos agrarios sobre baldíos, se reunió con Procaña para “conocer las necesidades del sector”.
Con ProAntioquia definieron que la prioridad en el departamento es la región de Urabá y que el primer frente de trabajo será la seguridad jurídica de la propiedad rural, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras. El comunicado oficial agrega un segundo frente: estudiar zonas francas agroindustriales en Urabá y señala que la mesa sobre propiedad rural buscará condiciones para proyectos productivos. Quizá esta ruta de trabajo guarde relación con que Turbo es el municipio con más solicitudes de restitución de tierras de todo el país o con casos de despojo tan emblemáticos como el del Consejo Comunitario de Puerto Girón, víctimas de la estigmatización, asesinatos selectivos, continuos desplazamientos y hasta del Incoder. Según el documento de caracterización citado por Verdad Abierta, la entidad dilató la solicitud de titulación colectiva mientras parte del territorio reclamado fue titulado a terceros. Esta comunidad tiene medidas cautelares vigentes dentro de su proceso de restitución de derechos territoriales pero, por cosas de la historia, su territorio coincide en el espacio con el proyecto de Puerto Antioquia, por donde se piensa exportar el banano, el aceite de palma y la madera, entre otras mercancías.
A los palmeros el ministro Dangond les ofreció en su congreso gremial financiar la renovación de 185 mil hectáreas de palma adulta a través de Finagro, la formalización de la propiedad y “un programa especial para fortalecer la seguridad jurídica de los productores”. Garantizar la seguridad jurídica y la “protección de los proyectos productivos legítimos” serían los objetivos de una reforma a la restitución de tierras que el ministro Dangond ya anunció en el Congreso. Pero ¿por qué los palmicultores en particular requieren fortalecer la seguridad jurídica? Solo recordemos que la palma aceitera creció como espuma en regiones de conflicto como Los Montes de María, Mapiripán, Catatumbo, Sur del Cesar y el Bajo Atrato, entre otras. Como indica el informe de la Comisión de la Verdad, para el momento de su elaboración había 3 mil referencias a actores empresariales en sentencias de restitución de tierras, “la mayoría relacionados con el sector ganadero, agroindustrial (banano y palma) y extractivo (carbón y petróleo)”.
Tras reunirse con la directora de la ANT, la Asociación Colombiana del Petróleo y gas dijo estar “alineada con las políticas de la ANT” y agradecida con que se recobraran “los derechos violados” durante los últimos años. La comunicación oficial de la ANT señala que el acuerdo con la ACP busca resolver “caso por caso” títulos, delimitaciones y otras situaciones jurídicas de terrenos donde no se han podido adelantar proyectos energéticos y de infraestructura de hidrocarburos. El video divulgado permite ver algunas de las peticiones del gremio petrolero en la presentación que proyectan en la reunión: eliminar los TECAM (Territorios Campesinos Agroalimentarios), reivindicación histórica del campesinado que finalmente se reconoció legalmente en el Plan de Desarrollo de Petro, después de años de lucha. También modificar las resoluciones de adjudicación de tierras para que de ninguna manera obstruyan el negocio petrolero, entre otras propuestas.
Para el campesinado nada
En el Congreso de la República el ministro Dangond dijo que no le molesta la reducción del 30% en el presupuesto de su sector y que no solicitaba recursos para la compra de predios, porque en el Fondo de Tierras hay un millón de hectáreas, lo que permitiría continuar con la entrega de tierras. La cifra oficial del recorte presupuestal para 2027 es del 32 %: de $4,1 a $2,7 billones. Evidentemente, no hay un millón de hectáreas disponibles para entregar en el Fondo, puesto que (casi) todos los predios que lo componen están ocupados, como pronto tendrá que reconocer la Directora de la ANT. El Séptimo Informe al Congreso de la Procuraduría —con datos de la ANT a marzo de 2025— registró 21.354 predios: 7.950 estaban ocupados, 13.193 no tenían información definida sobre su situación de ocupación y solo 37, equivalentes a 10.512,57 hectáreas, estaban verificados como desocupados. Esperar que las tierras administradas por la SAE pasen al campesinado, sabiendo quiénes dirigen la entidad en el nuevo gobierno, sería un exceso de candidez. Con tanto énfasis en la seguridad jurídica para los gremios y grandes ocupantes de tierras es difícil esperar que se recupere un baldío o se restituya un predio despojado. Ni compra, ni restitución, ni baldíos, ni recuperación de predios de la mafia, no se sabe de dónde podrían entregarle tierra al campesinado.
Agregó el ministro en su presentación que en sus frecuentes sobrevuelos de Guaimaral hacia el Vichada “no ve ni a un perro”, desconociendo a los habitantes de la Orinoquia, mayoritariamente indígenas y campesinos. “Y aquí la gente matándose por tierra, hay más de seis millones de hectáreas sin explotar…” dijo, recordando que el énfasis de la inversión pública estará, de nuevo, en esa región del país. Pero “en la Altillanura no se puede hacer reforma agraria”, confiesa Dangond, confirmando que el modelo será el de la especulación inmobiliaria y el agronegocio a gran escala, donde tampoco hay espacio para el campesinado. El artículo 72 de la Ley 160 prohíbe adquirir terrenos originalmente adjudicados como baldíos cuando la extensión exceda los límites máximos de titulación y establece restricciones vinculadas a la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Además, desde el Acto Legislativo 01 de 2023, el artículo 64 de la Constitución no solo mantiene el deber estatal de promover el acceso progresivo a la tierra, sino que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Para lograrlo tendrían que modificar, una vez más, la Ley 160 en sus disposiciones sobre baldíos, desafiando el acceso progresivo a la tierra consagrado en la Constitución.
El gobierno Petro priorizó la redistribución de la tierra y acceso a crédito para el campesinado como el centro de su política y los logros son notables. El balance oficial de cierre reportó 2,28 millones de hectáreas formalizadas, 351.000 hectáreas entregadas y 806.081 gestionadas para el Fondo de Tierras, además de 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina y siete Territorios Campesinos Agroalimentarios. Ahora los autoproclamados “nunca” intentarán entregarle la tierra y el crédito a los de siempre. En el lenguaje institucional, Dangond anunció que los campesinos pasarían a llamarse “pequeños empresarios del campo”; un fallo de tutela de primera instancia ordenó después aclarar que campesino, campesina y campesinado son categorías constitucionales que no pueden sustituirse de manera general. La desaparición del campesinado que planean no es solo del lenguaje. Pero vendrán tiempos mejores. El campesinado sabrá defender lo conquistado y resistir, lleva más de un siglo haciéndolo.
