Durante décadas, en cientos de escuelas rurales del país la educación se acababa antes del bachillerato. Niñas, niños y jóvenes de Guainía, Cauca, Catatumbo, La Guajira y el Pacífico caucano tenían que irse de sus territorios, pagar transporte para recibir clases o abandonar la escuela. Este reportaje reconstruye cómo una estrategia del Ministerio de Educación empezó a abrir los grados que faltaban, permitió primeras promociones de bachilleres en sus propios territorios y dejó al mismo tiempo una pregunta pendiente: ¿qué hace falta para que estudiar no dependa del lugar donde se nace?
Por: Camilo Gómez Navarro
Especial para la Revista RAYA
Dariana Camico raspa yuca desde niña. La distingue por su peso, el color de la cáscara y por el tiempo que tarda en volverse mañoco si el sol la acompaña. Dariana terminó quinto de primaria en el Centro Educativo José Antonio Galán, a orillas del río Atabapo, en Guainía, y después de eso no hubo un sexto grado esperándola. En cambio, sí estuvo el conuco, una pequeña extensión de tierra donde se cultivan alimentos para el autoconsumo.
“Me entristecía ver que no pude seguir estudiando desde que terminé quinto”, cuenta ella, que por falta de recursos no pudo continuar la escuela. Desde entonces se dedicó a ayudar a su mamá a arrancar yuca, a hacer mañoco y casabe. “Trabajar es muy duro”, resume, sin necesidad de adornar la frase. Recuerda el sol, la fuerza, el cansancio y las veces en que la picaron las avispas mientras raspaba.
Gregorio Manducamico, su compañero de escuela, cuenta una historia parecida. Llegó hasta sexto y después tuvo que dejar de estudiar para empezar a trabajar y ganar dinero.
Ninguno de los dos dejó la escuela por decisión propia. Tuvieron que hacerlo porque en su vereda, pueblo o municipio no había un grado sexto cuando terminaron primaria y no tenían dinero para movilizarse hasta otro lugar donde sí lo hubiera.
Su historia es más común de lo que parece. En muchas escuelas rurales del país, terminar primaria o llegar hasta noveno significaba encontrarse con una puerta cerrada: no había más grados, no había docentes suficientes o no había cómo trasladarse a otro colegio. Casi la mitad de los estudiantes de colegios oficiales del país abandona el sistema en los grados décimo y once, según cifras del propio Ministerio de Educación. Ese dato explica por qué la educación media se convirtió en una prioridad para el Gobierno nacional.
Para responder a ese vacío, el Ministerio de Educación puso en marcha los Sistemas Integrados de Educación Media y Superior, SIMES, creados por la Ley 2294 de 2023, expedida en el Plan Nacional de Desarrollo. Detrás de esa sigla hay una idea concreta: abrir los grados que faltaban en escuelas rurales para que niñas, niños y jóvenes pudieran terminar el bachillerato sin abandonar su territorio.
Las comunidades, los rectores y los propios estudiantes, con distintas palabras, describen el SIMES como uno de los intentos más concretos de los últimos años para que el bachillerato deje de depender de la capacidad de una familia para trasladar a sus hijos a otro pueblo.
El SIMES se construyó a partir de dos líneas: ampliar y reorganizar la oferta educativa —cargos docentes, dotaciones e infraestructura— y fortalecer el trabajo pedagógico con proyectos productivos y orientación vocacional para que los adolescentes decidan qué hacer con el diploma una vez lo tengan. La estrategia también se pensó como puente hacia “Educación Superior en tu Colegio”, que propone que el tránsito a la universidad empiece antes de que termine el bachillerato.
La estrategia creció por fases. Entre 2023 y 2024, catorce territorios entraron en la primera fase, y durante 2025 seis territorios más llegaron a la segunda. En lo corrido de 2026 se sumaron Darién y el sur de Bolívar a la tercera fase, además de una ampliación en Riohacha y en dos municipios del Cauca: Caldono y Cajibío.
Con fecha de corte al 30 de junio de 2026, es posible contar 22 territorios SIMES, ubicados en 125 municipios y áreas no municipalizadas.
Según el sistema de matrículas del Ministerio de Educación, en las 427 sedes educativas donde ya se concretó la ampliación de la oferta —las cuales hacen parte de los 20 territorios de las fases 1 y 2— se matricularon 10.867 niñas, niños y jóvenes para los grados nuevos.
En 2025 esta ampliación permitió que 1.275 estudiantes se graduaran de once por primera vez en la historia de su escuela: fueron la primera cohorte de bachilleres de su vereda.
Para sostener las nuevas aulas, el Ministerio viabilizó 2.329 cargos docentes definitivos: 1.703 de aula, 591 orientadores escolares y 35 directivos, repartidos entre 24 entidades territoriales. Para junio de este año, se había nombrado el 78% de los docentes de aula, el 61% de los orientadores y apenas el 46% de los rectores y directivos.
Dariana volvió a clase
“Me sentí muy emocionada porque volví a retomar mis estudios otra vez”, cuenta Dariana, quien pudo regresar a sexto grado. Gregorio lo dice con menos emoción, pero con la misma claridad: “¡Uy, otra vez voy a estudiar!”.
Yamile Caipa Díaz, quien coordina las residencias escolares del departamento de Guainía, explica que el programa no llegó como una política aislada, sino como parte de la infraestructura que ya sostenía a los niños indígenas lejos de sus resguardos. Las residencias escolares son espacios de alojamiento ubicados dentro de las instituciones educativas, diseñados para que estudiantes de zonas rurales dispersas o de difícil acceso puedan permanecer en la escuela.
“La residencia escolar es donde se garantiza que los niños tengan esta continuidad”, dice Caipa Díaz. Sin residencia, el SIMES tendría estudiantes matriculados, pero ausentes.
Esta es una intuición que los números respaldan a medias: en Guainía se asignaron 38 plazas de docentes de aula, con una ocupación del 63%, y 25 de orientadores escolares. De estas últimas no se ha nombrado ninguna.
El acompañamiento psicosocial que Caipa Díaz describe como indispensable existe en el papel del territorio Pluriétnico del Guainía desde la primera fase, creada en 2023. Sin embargo, en la práctica, todavía no tiene a nadie detrás del escritorio.
Aun así, la primera cohorte de graduandos del departamento que se benefició de esta ampliación ya tiene nombres. En Coayare, un caserío sobre el río Inírida, 15 jóvenes de los pueblos Piapoco, Puinave y Curripaco recibieron en 2025 su título de bachiller. Pertenecen a dos sedes —las instituciones educativas Simón Bolívar y José Eustacio Rivera— donde antes solo era posible estudiar hasta noveno.
Una cadena de responsabilidades
A 900 kilómetros de Guainía, en Argelia, Cauca, Lucy Maritza Molina Acosta, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, terminó una misión humanitaria educativa por el departamento que se llevó a cabo en julio. Desde el Centro Educativo Rural La Primavera anunció la nueva posibilidad de matricular los grados entre sexto y once. Pero también reconoció lo que aún hace falta: más docentes.
El Ministerio amplió más de mil plazas de profesores para el Cauca, pero, según Molina, “se requiere que el señor gobernador cumpla el compromiso” frente a los nombramientos pendientes.
Esta frase revela que los SIMES dependen de una cadena de responsabilidades entre la nación, el departamento y el municipio, que no siempre se mueve al mismo ritmo. De hecho, los números del Ministerio lo confirman: de los 359 cargos docentes de aula que fueron viabilizados para el Cauca, solo el 41% están ocupados; de los 103 orientadores escolares aprobados, apenas el 12%; y de los cuatro cargos de rector o director, ninguno.
En ese mismo territorio, la palabra “zona roja” todavía se usa en las conversaciones cotidianas.
Helen, Julián y Lily viven en los municipios de Argelia y Balboa, que no entraron en la primera tanda del SIMES. Están ubicados en el cañón del Micay, un territorio que también agrupa a El Tambo y que solo se sumó a la estrategia en la segunda fase, llevada a cabo en 2025, un año después que en Guainía. Esta diferencia de doce meses hace que todo se sienta más reciente: el primer docente llegó en 2025, la primera promoción se gradúa apenas este año y las aulas todavía se están dotando.
Helen Valentina estudia en la Institución Educativa Botafogo, cuya primera promoción en toda la historia del colegio se va a graduar este año. También es la primera cohorte compuesta solamente por mujeres. “Las mujeres representamos la fortaleza de que sí podemos lograr nuestros sueños si nos lo proponemos”, dice. No se trata de una consigna, sino de un testimonio de alguien que hasta hace poco pensó que tendría que irse del pueblo para terminar el bachillerato.
Antes del SIMES, la Institución Educativa Botafogo tenía solo hasta noveno grado. Quien quisiera seguir estudiando debía trasladarse a otro colegio, y no todos podían pagar el transporte. “Algunos de pronto se hubieran retirado de estudiar”, dice Helen.
La historia de Julián Alexander Trujillo Zapata, contralor estudiantil y compañero de curso de Helen, también lo confirma: por motivos familiares llegó a Botafogo desde el Caquetá, y hasta hace poco no sabía si existiría un grado once. Sueña con administrar empresas, pues le llama la atención “todo lo que es de las cuentas”.
Luces y sombras del Sistema
Ricardo Patiño enseña Ciencias Sociales en la Institución Educativa Agrícola de Argelia, después de presentarse al concurso docente de 2022. Empezó a dar clases el 29 de enero de 2024, una fecha que recuerda con precisión porque llegó a una planta con muchos vacíos. Ese año los estudiantes tenían horas libres por falta de profesores. Con el tiempo llegaron algunos nombramientos y la dinámica cambió drásticamente, pues alumnos acostumbrados a los espacios vacíos de pronto tuvieron clase tras clase, sin descanso. “Una sobrecarga”, lo llamó Patiño.
Aunque llegaron profesores, desde 2017 la institución no tiene un rector estable. Afuera de las aulas “hay un entorno que ha estado marcado por una subcultura, y es la cultura del narcotráfico”, dice. Esto ha reordenado las prioridades de muchas familias, pues no suele estar mal visto que un adolescente de 12 o 13 años diga que no quiere seguir estudiando. La escuela, en ese contexto, no compite solo contra la distancia. Compite contra una economía rápida.
Ese contraste, entre lo que el programa promete y lo que todavía falta, también aparece en el Centro Educativo Campo Bello, sede Galania, en el municipio de Balboa.
César Fernando Ruiz llegó allí en 2025 como el único docente para todo el sexto grado. Empezó con cuatro estudiantes y con el tiempo llegó a dieciocho. Después algunos padres los retiraron: no les pareció justo exponer a sus hijos a un transporte riesgoso, de una hora y media, para que un solo profesor cubriera todas las materias de secundaria. Entonces quedaron catorce.
“No desapoyen”, les pidió Ruiz. “La estrategia funciona, van a venir los docentes”.
Alberto Fernández Fernández, director del centro educativo, cuenta que aceptó sumarse al programa después de una reunión en la cabecera municipal de Balboa. Su ambición es modesta y concreta: que la sede de Galania se convierta en un centro piloto para el municipio y que los estudiantes que hoy están en sexto y séptimo alcancen el bachillerato completo. “Que ellos terminen y que ellos puedan acogerse a los programas que brinda el SIMES, como la universidad gratuita”, dice.
En 2026, los dos municipios del cañón del Micay recibieron nueve entregas de mobiliario escolar, seis en Argelia y tres en Balboa: pupitres, menaje de cocina y equipos de tecnología.
Un gesto para recuperar la confianza
Lily Bermúdez, de trece años, cursa séptimo grado en la Institución Educativa El Paraíso, sede La Primavera, en Argelia. Describe su territorio sin matices: “hay mucha coca, casi no hay frutos”. Dice que antes había más guerra y, ahora que hay menos, ya se puede estudiar.
Sueña con ser veterinaria o doctora y con una fiesta de quince años con mucha gente. Habla de la guerra y de la fiesta en la misma conversación porque para ella las dos cosas son parte de lo mismo: su cotidianidad en Argelia.
En el Catatumbo, hacia el nororiente del país, la llegada del SIMES se lee menos como oferta educativa y más como un gesto de confianza entre el Estado y las comunidades que llevan años desconfiando de él.
Hernando García, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, destaca “la articulación que ha habido entre las comunidades y el Ministerio de Educación”, que permitió convertir centros educativos rurales en instituciones completas, con tránsito hasta la Universidad del Catatumbo.
Esa universidad, anunciada en 2023 como institución pública del orden nacional, sigue en construcción; mientras tanto, el Ministerio entregó en diciembre de 2025 el primer Colegio-Universidad en la vereda Bracitos, en el municipio de El Tarra. Es un campus que integra educación básica, media y técnica para cientos de estudiantes de la región, incluido el pueblo indígena Barí.
Ocho municipios del Catatumbo —Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú— entraron al SIMES desde la primera fase en 2023, y hoy tienen una de las plantas docentes más completas del país: 97% de ocupación en cargos de aula, con 186 puestos nombrados de los 191 que fueron viabilizados. Solo El Tarra recibió 19 entregas de mobiliario escolar entre 2023 y 2026, la mayoría concentradas en este último año.
Alberto Castilla, del Comité de Integración Social del Catatumbo, reconoce este logro: recuerda que no hay universidad posible sin educación inicial, preescolar, alimentación y suficientes docentes. No pretende descalificar el programa, sino otorgarle su verdadera dimensión: una pieza de una cadena que todavía tiene eslabones sueltos. Aun así, admite que “esa conversación que se venía haciendo directamente entre las comunidades ha permitido avanzar en confianzas entre comunidad e institucionalidad”.
En La Guajira, Tarianis Oriana, estudiante del Centro Educativo Julio Rosado, en Porquí, manifiesta que el programa contribuye “al fortalecimiento de la educación en nuestro territorio”. El territorio SIMES Guajira —Albania, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha— reporta 92% de ocupación en cargos de aula, aunque, igual que en Guainía, ninguno de sus 17 orientadores escolares viabilizados ha sido nombrado todavía.
En noviembre de 2025, 395 estudiantes de esos seis municipios recibieron su diploma de bachiller. La mayoría fueron la primera generación de sus familias en terminar el colegio sin tener que salir de su territorio.
Los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí conforman el territorio Pacífico Caucano, que entró en la primera fase del proyecto en 2023. Esta ventaja se nota en el tono menos urgente de sus rectores. Entre 2022 y 2026 Guapi recibió diez entregas de mobiliario escolar y Timbiquí recibió nueve. Desde la apertura de básica y media secundaria, 4.183 estudiantes se han beneficiado, según cifras del Ministerio.
En Guapi, el padre de familia Argelio Valencia lo pone en términos domésticos: la oferta educativa es algo que “se ha venido necesitando desde las entrañas de los hogares”, dice, y describe generaciones de bachilleres que se han graduado sin una ruta hacia la universidad.
En esa misma región, los rectores Henry Garcés, de la Institución Educativa Manuel de Valverde, y Clímaco Rentería, de Chuaré Napi, coinciden en que la ampliación de la planta docente es la condición para que el territorio, en palabras de Garcés, “pueda apalancar su propio desarrollo”.
Lo que sostiene la escuela
Aunque el SIMES concentra buena parte de sus energías en la planta docente, esta apuesta no se agota en el programa. Solo en 2024, el Ministerio de Educación destinó 743 mil millones de pesos para su ampliación en todo el país. Una parte de ese monto financió los primeros 303 cargos SIMES.
Paralelamente, el Ministerio firmó en 2023 el fondo “Estrategias de Tránsito a la Educación Posmedia y Superior”, un convenio con el Icetex para que tres operadores —la Fundación Ceipa-Asegest, la Corporación Uniminuto y la Universidad de La Salle— acompañen 107 municipios.
El resultado son 104.185 estudiantes de noveno, décimo y once que han participado en Proyectos Pedagógicos Productivos —líneas de transformación agroindustrial, emprendimientos verdes y procesos que conectan lo que se enseña en el aula con lo que se puede hacer, y vivir, en el territorio—, además de 7.426 visitas de acompañamiento a maestros y directivos.
Es la respuesta institucional al mismo problema que Alberto Fernández Fernández describe desde su sede en Galania, Cauca, desde donde sueña con un “centro piloto”: que la escuela no sea solo un lugar donde se pasa el tiempo hasta cumplir la edad de irse, sino uno que enseñe a quedarse, o a irse con un oficio.
En dotación e infraestructura, el balance del SIMES para todo el periodo 2022-2026 suma 343 entregas de mobiliario escolar en 206 sedes, equivalentes a 9.148 millones de pesos, y 209 proyectos de infraestructura educativa financiados o cofinanciados, por 57.535 millones de pesos. Dos de cada tres pesos de esa inversión en mobiliario se movieron en 2024 y 2026, los años de mayor expansión territorial de la estrategia.
Ricardo Patiño, docente de Argelia, reconoce avances concretos de la política sin dejar de señalar sus límites. Asegura que el 90% de la planta docente completa en su institución demuestra que “ahí hay una voluntad” del Ministerio. Al tiempo, resalta las aulas remodeladas, los pisos nuevos, las ventanas. “Vale la pena”, admite, aunque haya tocado apretar los horarios entre la mañana y la tarde. Patiño lleva dos años viendo llegar, uno por uno, a los profesores que antes no existían.
Ese es, quizás, el único punto en el cual coinciden todas las voces de Guainía, Cauca, Catatumbo y La Guajira: no describen al SIMES como una solución completa, sino como un curso que faltaba, un profesor que llegó, una residencia que sostiene, una promoción que por fin se gradúa y, casi siempre, un cargo de orientador o de rector que todavía nadie ocupa.
Pocas frases explican tan bien lo que significa ampliar el horizonte educativo. Y quizás, por eso mismo, muestran el tamaño exacto de lo que cambia una trayectoria educativa cuando ya no se corta abruptamente en quinto o en noveno, sino que empieza a proyectarse hacia algo más.
Dariana ya no raspa yuca todos los días. Aunque sigue viviendo cerca del Atabapo y ayudando a su mamá cuando puede, regresar a clase, dice, significa esperanza ahora: “es volver a ver mi futuro”. No dice nada más. No hace falta.
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