El Gobierno exhibe bombardeos, bajas y despliegues militares como resultados de su ofensiva contra los grupos armados. Pero los casos de Guaviare y la Sierra Nevada ponen en cuestión los costos de esa estrategia: tres menores reclutados murieron en un bombardeo, otras operaciones están bajo denuncia de posibles ejecuciones extrajudiciales y las Autodefensas de la Sierra impusieron un paro armado que paralizó zonas de Magdalena y La Guajira y afectó la economía y el turismo regional.
Análisis especial para RAYA por Ramón Campos Iriarte
Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia explotando la narrativa de la inseguridad desbordada que se instaló en una gran parte de la población durante el Gobierno Petro. Pese a haber hecho carrera y fortuna como abogado defensor de criminales y testaferros, Abelardo prometió mano dura contra el narcotráfico, el hampa y los grupos armados ilegales, y su lectura maniquea y simplista de la guerra y la seguridad convenció a sus votantes.
Así, desde el inicio de su mandato, el nuevo presidente ha anunciado grandes ofensivas contra algunos grupos armados y ha festejado resultados bélicos mediante polémicos videos en los que él y sus hombres caminan entre los cadáveres embolsados de presuntos delincuentes que son ofrecidos como trofeos ante las cámaras.
Sin embargo, al terminar el despliegue mediático, el país ha conocido que las circunstancias de la muerte de algunas de estas personas no han sido exactamente como Abelardo las ha presentado. En el caso del bombardeo del 27 de agosto en Guaviare, por ejemplo, tres de los diez “embolsados” eran niños reclutados recientemente por el grupo Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Defensa sostuvo que los diez muertos eran combatientes y que el ataque cumplió los estándares legales. De los siete muertos en la operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) del 21 de septiembre, al menos uno, Ricardo Andrés Martínez, habría sido víctima de una ejecución extrajudicial, según los testimonios que su madre y varios testigos entregaron a esta revista. Sobre Martínez, Defensa señaló que Fiscalía y Medicina Legal deben esclarecer los hechos.
El Estado colombiano arrastra una larga y arraigada tradición de violaciones a los derechos humanos fruto de una doctrina violenta y permisiva al interior de la fuerza pública, y de incentivos perversos introducidos en las políticas de seguridad de distintos gobiernos. La JEP en su Caso 03 ha documentado los mecanismos de presión que desembocaron en —según su registro provisional— al menos 6.402 personas presentadas falsamente como bajas en combate por el Ministerio de Defensa entre 2002 y 2008. Al trazar una política que busca activamente “dar de baja” a los delincuentes, Abelardo está reactivando los alicientes que, una y otra vez, han resultado en hechos atroces que no deberían repetirse jamás.
No hay que ser un experto para comprender la importancia de calcular las posibles externalidades negativas a la hora de trazar una política de seguridad, sea cual fuere su carácter. El conflicto en Colombia hoy es altamente dinámico, y ha mutado a un ritmo vertiginoso en los 10 años que han pasado desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Los grupos armados ya no se concentran en grandes bloques, operan cada vez más en contextos urbanos y semiurbanos, y extraen recursos de la extorsión, el microtráfico o el control de negocios legales (como el turismo) de manera muy eficiente y, a menudo, en connivencia con las autoridades. Centros de estudios como la FIP han registrado también cómo algunas redes criminales recurren a la cooptación o corrupción de instituciones estatales.
La ofensiva contra las ACSN —un grupo con un largo prontuario criminal y también un innegable arraigo en sus territorios de influencia— expuso la improvisación y la torpeza del populismo militarista de Abelardo, de cara a la realidad compleja de una región altamente sensible a las alteraciones del orden público por su dependencia de los ingresos del turismo. A la muerte de uno de sus mandos, los Conquistadores respondieron con un contundente paro armado que bloqueó dos departamentos durante tres días y cuyo efecto en la economía local se sentirá por meses. La Cámara de Comercio de Santa Marta estimó pérdidas de $39.590 millones diarios durante el paro solamente en esa ciudad.
¿Para qué sirve enviar aviones de combate a sobrevolar una ciudad como Santa Marta? Para absolutamente nada, excepto, quizás, para atemorizar a los samarios y a los turistas con el estruendoso eco de sus turbinas supersónicas. La Fuerza Aeroespacial dijo que los sobrevuelos cumplían tareas de vigilancia y control aéreo. Los habitantes del Magdalena y La Guajira merecían una política de seguridad con más razón y menos fuerza bruta; los asesores del presidente, por lo menos, tenían que saber que el sometimiento de un grupo criminal como las ACSN requiere de una estrategia regional mixta, con presión y diálogo, que reduzca al mínimo los riesgos de escalamiento de la violencia.
La soberbia de Abelardo y la excitación de los grandes medios también ocultaron el hecho de que ese grupo viene, por lo menos desde 2023, pidiendo pista para un desarme concertado con el Estado que no implicaría reconocerle ningún estatus diferente al delincuencial. Los acercamientos comenzaron en 2022 y lograron medidas de desescalamiento en el marco del DIH, pero el nuevo Gobierno los cerró el 30 de agosto de 2026 alegando falta de una voluntad real y verificable de paz.
Ignorar de plano los aciertos y desaciertos de los diálogos de paz que adelantó el gobierno anterior con esta organización criminal es otro acto de arrogancia e inmediatez política que va en contravía de los reclamos de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas que habitan la Sierra y los territorios aledaños.
La manera en que el Clan del Golfo —la organización criminal más grande del país, que hace años tiene los ojos bien puestos en la Sierra Nevada— se beneficiaría del debilitamiento de las ACSN es otra pieza del rompecabezas del conflicto regional que fue omitido de la conversación. Esta disputa territorial también está bien documentada por observadores como la FIP.
“Empresarios confirman que las extorsiones ‘han acabado en Santa Marta’ tras despliegue de seguridad del gobierno De la Espriella”, tituló el 28 de septiembre el medio NTN24, que dirige Claudia Gurisatti. Pero fuentes consultadas por esta revista afirman que en Santa Marta y a lo largo de la Troncal del Caribe la gente siguió obligada a pagar la “vacuna”. El día a día no cambió con la muerte del “Bendito Menor”, ni con la baja de “Cholo”, ni mucho menos con el titular de Gurisatti.
Y la realidad, como siempre, terminó imponiéndose. La pistola al cinto, los videos necrofílicos y los gritos amenazantes del presidente dieron paso a las alertas de seguridad emitidas por varias embajadas extranjeras, incluida la de Estados Unidos: negocios vacíos, cancelaciones masivas y transporte detenido. Anato Caribe anunció que el navío Freewinds, que debía inaugurar la temporada de cruceros, canceló su parada en Santa Marta por la situación de orden público y, por lo pronto, no hay confirmación de llegadas de otros cruceros a ese puerto. La entidad añadió que lanzará una campaña publicitaria para intentar recuperar la imagen de la región como destino turístico, dadas las circunstancias.
El presidente se fue en su helicóptero y dejó atrás una estela de violencia, pérdidas millonarias, incertidumbre y miedo, victorias tempranas de la seguridad bruta de Abelardo.
