El proyecto que reunió más de trece iniciativas sobre inteligencia artificial en Colombia se archivó el 19 de junio pasado sin llegar a votación. Un mes después, el Congreso ya tenía al menos tres nuevas propuestas generales tramitándose por separado. Mientras vuelve a discutir qué reglas aplicar, los usos avanzan: una investigación publicada la semana anterior documentó una página de Facebook con 1.146 videos hechos con inteligencia artificial, pero que fingen la voz y la imagen de personas reales; otros casos muestran impactos sobre elecciones, derechos laborales, datos personales y vigilancia estatal.
Por: Juan Sebastián Lozano
La inteligencia artificial no funciona en el aire: necesita datos, servidores, capacidad de cómputo y trabajo humano. Por eso discutir sus reglas implica preguntas concretas: quién controla esa infraestructura, quién capta el valor que produce, y hasta dónde llegan empresas y Estados al usar algoritmos para decidir, vigilar o clasificar personas. ONU Comercio y Desarrollo calcula que este mercado podría mover 4,8 billones de dólares en 2033, con infraestructura, inversión y conocimiento concentrados en pocas economías y empresas; la Organización Internacional del Trabajo recuerda que buena parte del trabajo de etiquetar y validar datos se hace desde el Sur Global.
"Hay una desconexión": el problema que ya está ocurriendo
Camilo Andrés García, periodista e investigador digital conocido como "Hyperconectado", habló con RAYA: a su juicio, el problema no es solo cuánto tarda el Congreso, sino que buena parte del debate regulatorio colombiano "desconoce la realidad de uso de la IA que ya existe en Colombia", y por eso debería partir de lo que ya está ocurriendo antes de decidir a quién y cómo regular.
Ese diagnóstico llega después de que el Congreso archivara, sin votarlo, el proyecto que buscaba fijar reglas generales para la IA en el país —ya hay nuevas propuestas en trámite—. Antes del detalle de ese archivo, vale la pena ver uno de los usos que la motivan.
El 4 de septiembre, días antes de este cierre, García publicó una investigación sobre NeuroCurioso —nombre público de la página, cuyo identificador real en Facebook es @TeamCritico—: desde septiembre de 2025 había difundido 1.146 videos con personas generadas por inteligencia artificial y acumulado 384,5 millones de vistas. De los 50 que mencionaban a Abelardo de la Espriella, todos eran favorables a su gobierno, con reporteros, entrevistados y testigos que no existen. Facebook marca las piezas como "Contenido de IA", pero García halló comentarios de usuarios que las tomaban por hechos reales. La investigación no identificó quién opera la página ni la vinculó con la campaña o el Gobierno.
Ese desfase ayuda a entender qué estaba en juego en el proyecto archivado tres meses antes.
El 19 de junio, un día antes de que se cerrara la legislatura, se apagó sin ruido el Proyecto de Ley 043 de 2025 del Senado (324 en Cámara), que buscaba establecer un marco general para la IA. No hubo una votación que lo derrotara: la Ley 5 de 1992 obliga a archivar los proyectos que no completan su trámite en dos legislaturas, y eso fue lo que ocurrió, pues vencieron los términos antes de que pudiera votarse.
Era la segunda iniciativa de alcance general archivada en cerca de un año: casi doce meses antes había ocurrido lo mismo con el PL 442 de 2025, inspirado en el Reglamento europeo.
Lo que se cayó, explicado
La idea central del PL 043/2025 era simple: no trataba a toda la inteligencia artificial por igual, sino que la clasificaba según qué tanto daño le puede hacer a una persona, como un semáforo. Es la misma lógica que ya usa la Unión Europea.
En rojo —prohibido, salvo contadas excepciones— quedaban los sistemas que manipulan a alguien sin que se dé cuenta, los que le ponen una calificación de comportamiento a los ciudadanos al estilo del "crédito social" chino, y el reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos, que solo un juez podía autorizar, y solo en casos urgentes como buscar a un desaparecido. En amarillo —permitido, pero bajo vigilancia estricta— quedaban los sistemas de "alto riesgo": selección de personal, subsidios del Estado, evaluación de reincidencia delictiva, o investigaciones de la Policía y la Fiscalía. Y en verde —con reglas livianas, básicamente informar que se está usando IA— quedaba todo lo demás: un chatbot de atención al cliente, un traductor, un programa que recomienda qué serie ver.
Sobre ese semáforo, el proyecto montaba una institucionalidad: una autoridad nueva, liderada por el Ministerio de Ciencia, para vigilar que las reglas se cumplieran; un Consejo Asesor Nacional de Expertos, consultivo y multisectorial, cuyos miembros trabajarían ad honorem; y "zonas de prueba" para que empresas y entidades públicas ensayaran sistemas antes de lanzarlos al mercado. También definía responsabilidad civil y penal por el uso indebido de sistemas de IA, aunque ese capítulo no alcanzó a discutirse a fondo.
Urgencia presidencial, agonía lenta
El Ministerio de Ciencia radicó el proyecto en 2025 con respaldo de los ministerios TIC y de Educación, como fusión de más de trece iniciativas. El presidente Gustavo Petro le puso mensaje de urgencia en septiembre, un mecanismo constitucional que acelera su trámite legislativo.
No sirvió de mucho. Un grupo de trabajo conjunto entre Senado y Cámara sesionó al menos tres veces y organizó mesas técnicas con los sectores interesados. En diciembre, la senadora Sonia Bernal, del Pacto Histórico, decía con optimismo que ya había "consensos alrededor del proyecto", y la ponencia para primer debate quedó lista el 3 de diciembre de 2025, antes de su propio plazo. Pero el debate en comisión se siguió postergando, y gremios y organizaciones interesadas siguieron enviando observaciones: la de la CCIT está fechada el 25 de mayo de 2026.
La carta que pidió el entierro
El 25 de mayo de 2026, pese al consenso anunciado en diciembre, el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT, un gremio del sector tecnológico), Alberto Samuel Yohai, les escribió a los dos ponentes en la Comisión Sexta. El pedido, sin rodeos: archivarlo, y reemplazarlo por "instrumentos graduales, flexibles y proporcionales" —lineamientos técnicos, autorregulación—. El argumento de fondo: las pymes representan el 91,8% del tejido empresarial colombiano y solo el 2,4% adopta tecnologías de IA; según la CCIT, un esquema inspirado en el europeo les impondría cargas difíciles.
La oposición del gremio no explica por sí sola el archivo. Un análisis de la plataforma jurídica Juztina.ai, publicado en abril, anticipaba el desenlace: hablaba de una mezcla de "falencias en la técnica legislativa" y "falta de voluntad política", agravadas por "la parálisis propia del año preelectoral". El proyecto llegó a su fecha límite en plena campaña, con la segunda vuelta apenas dos días después del archivo. Y hay una tercera lectura, incómoda para quienes querían una ley más fuerte: Fundación Karisma valoró el enfoque de riesgo del proyecto, pero advirtió que la ponencia final volvió opcionales obligaciones del Estado que antes eran obligatorias, y que las sanciones recaían sobre el sector privado mientras el público —el que más usa sistemas de alto riesgo— quedaba con controles más laxos.
El archivo no cerró la discusión: apenas un mes después, entre el 21 y el 29 de julio, llegaron al Congreso al menos tres nuevas propuestas generales: el Proyecto 025 de 2026 en la Cámara, el 065 de 2026 en el Senado —presentado por el senador John Edikson Amaya— y el 138 de 2026, en el Senado.
Hoy las reglas siguen repartidas en instrumentos distintos: el CONPES 4144, un documento de planeación del Gobierno que traza una hoja de ruta hasta 2030 pero no tiene rango de ley; una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre datos personales en sistemas de IA; la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional —sobre un juez de Cartagena que usó ChatGPT para redactar una tutela—, que puso límites puntuales al uso de IA en la justicia; y, desde septiembre de 2025, una directiva conjunta de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría que exige a las entidades públicas explicar para qué usan sus sistemas algorítmicos, evaluar antes si pueden afectar derechos como la igualdad, la intimidad, el debido proceso, la libertad de expresión o el acceso a la información, y hacer análisis de impacto cuando el riesgo es mayor. En la Defensoría, esas auditorías algorítmicas y el uso ético de estas tecnologías en el sector público están entre las líneas de trabajo de Santiago Pardo Rodríguez, delegado para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión.
García también critica lo que los modelos importados pueden dejar fuera, y lo ilustra con el palenquero. "Hoy no sabemos cómo nuestro acervo cultural colombiano está siendo utilizado en las diferentes LLM [los grandes modelos de lenguaje que entrenan a chatbots como ChatGPT] para su propio beneficio", afirma. "Si usted pone en cualquier LLM que le traduzca palenquero, cualquier LLM hoy lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Qué información y de dónde la tomó? ¿La comunidad palenquera está dispuesta a entregar su idioma a una LLM?". Esa pregunta, sostiene, quedó por fuera del debate y muestra por qué la regulación necesita un enfoque local, no limitarse a mirar a Europa.
La IA en las elecciones
García ilustra el costo de esa desconexión con la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia. "El uso que se le dio a la inteligencia artificial en las pasadas elecciones es la muestra de cómo usar la tecnología para hacer el mal", dice. "Lo que vimos fueron estrategias de engaño y desinformación para captar votos. Y de ahí para adelante no sabemos qué más cosas pasaron".
Deja ahí una pregunta abierta, incómoda: "no sabemos qué pasó con una base de datos que tenía la campaña de Abelardo de un millón y medio de personas, cuyas personas no se sabe por qué aparecieron ahí, no se sabe si eso se utilizó para entrenamiento, no se sabe si esa información pasó por un LLM". Añade que no es el único: "fue muy grave, y no lo digo yo solamente, lo dijo la MOE. Los fact-checkers en Colombia tienen toda una cantidad de historias acerca de cómo se pretendió engañar con imágenes falsas, con audios falsos, con videos falsos". Y concluye: "Colombia claramente tiene un problema muy grave para salvaguardar su democracia" frente a la IA generativa, un problema que, aclara, es transversal a "todos los aspectos políticos".
La duda de García tiene un dato detrás. Una alianza periodística integrada por CLIP, Vorágine, Cuestión Pública, Rutas del Conflicto y El Veinte documentó que, al 27 de mayo, la base de datos de la campaña tenía más de 1,4 millones de registros. Esa investigación no pudo establecer si esa información fue usada para entrenar modelos de inteligencia artificial. Sí hay otros usos políticos documentados: el 24 de febrero, la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la difusión, desde canales de la campaña de De la Espriella, de videos manipulados con IA para desacreditar a Daniel Coronell, y advirtió que podían inducir a error y erosionar la confianza en el periodismo. La Misión de Observación Electoral también alertó durante la campaña sobre deepfakes, audios sintéticos e imágenes falsas.
Entre la eficiencia y el call center sin nadie del otro lado
García también reconoce posibles beneficios: "puede existir muchísimos ejemplos en los cuales la eficiencia de una empresa haya aumentado", sobre todo en contabilidad o recursos humanos. Pero advierte de un costo que el debate legislativo apenas rozó: "¿Qué va a pasar con los diseñadores gráficos en Colombia? ¿Qué va a pasar con una cantidad de profesiones que básicamente ya están siendo reemplazadas por modelos de lenguaje?". El ejemplo más cotidiano: "el tema de los call centers, absolutamente automatizados, donde uno no puede hablar con un ser humano porque ya no existe ese ser humano, y uno va a sacar una cita médica y no puede porque el bot de WhatsApp no le funciona". Un estudio de la Universidad del Rosario calculó en abril que 5,9 millones de trabajadores colombianos —el 25,8% de los ocupados— están en empleos con alta exposición a la inteligencia artificial, en los que la IA puede complementar buena parte de sus tareas.
La preocupación más grande: vigilancia, seguridad y el fantasma de Palantir
Su mayor preocupación está en la vigilancia y el control estatal. Sostiene que en Colombia "ya se usa" IA en seguridad —dice estar investigándolo— y enumera lo que hay en juego: "biometría, identificación a través de biometría, análisis de delitos basados en sesgos, acceso a bases de datos que se entrelazan para controlar, para vigilar".
En Bogotá ya hay un ejemplo concreto: el centro desde el que el Distrito coordina cámaras y emergencias de seguridad usa herramientas automatizadas para revisar video, identificar patrones y apoyar investigaciones de la Policía y la Fiscalía.
Cita como antecedente que Colombia "sí tuvo un contrato con Palantir en el Covid, en la era Duque" —aunque el documento oficial revisado por RAYA lo registra como el Acuerdo de Tecnología 011 de 2020 entre el DAPRE y Palantir—. Le inquieta que ya haya voces pidiendo traer a Palantir de vuelta "sin hacer un debate serio al respecto". Lo conecta con la campaña presidencial: "las bases de datos que no se sabe de dónde salieron, nadie tiene responsables, el llamado de solucionistas tecnológicos para traer tecnología a Colombia, me parecen absolutamente preocupantes". Hasta el 5 de septiembre no se conocía públicamente un nuevo contrato del Gobierno con Palantir.
Una de esas voces tiene nombre: Víctor Muñoz, alto exfuncionario del gobierno Duque, propuso en agosto al presidente De la Espriella integrar Palantir a bases de datos de inteligencia, Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, Migración y la Unidad de Información y Análisis Financiero, como ya documentó RAYA.
Su argumento no es contra la tecnología, sino un recordatorio sobre un derecho constitucional: "todas las personas en Colombia deberían entender que la privacidad es un derecho constitucional y es una ganancia que nosotros tenemos como sociedad [...] El Estado no tiene por qué saber todo lo que somos, el Estado no tiene por qué tener control sobre nuestra biometría".
Un gobierno nuevo hereda una pregunta vieja
El archivo coincidió con el desenlace de la campaña presidencial. Después, en el nuevo gabinete quedaron Alexandra Falla en el Ministerio TIC y Claudia Benavides en Ciencia, Tecnología e Innovación, la misma cartera que impulsó el proyecto archivado. El 2 de septiembre, Falla presentó el Plan TIC Colombia 2026–2030, que incluye una hoja de ruta nacional de inteligencia artificial aplicada. Hasta ahora, el Gobierno no ha dicho si retomará el texto anterior, respaldará los nuevos proyectos o presentará uno propio.
Para García, esa indefinición pesa más porque la IA ya se usa en información, trabajo, seguridad y datos personales. Con "un gobierno con esta visión política, con este antecedente de la campaña", dice, la pregunta de qué va a hacer el Estado con la IA en seguridad y datos "preocupa mucho más".
