Las redes de propaganda digital que acompañaron la campaña de Abelardo de la Espriella se proyectan sobre su Gobierno: de la fabricación de enemigos al “Libro de la Verdad”, el silenciamiento de voces territoriales y la conversión de decisiones públicas y tragedias nacionales en contenido de espectáculo. En este análisis, veremos cómo ese entramado es una forma contemporánea de tecnofascismo y cómo recorre distintos países de América Latina hoy bajo el dominio de las extremas derechas.
Análisis especial para RAYA por Karen J. Tafur Pérez
Abogada especialista en Jurisdicción Agraria y Derecho de Tierras. Integrante de CONPAZCOL y analista de asuntos territoriales, justicia agraria y poder institucional.
Nota de la autora:
Este artículo no es una investigación judicial ni pretende reemplazar a los organismos que deben investigar y sancionar. Es un análisis de autor construido a partir de hechos publicados, fuentes identificadas y de la opinión crítica que se debe garantizar a una sociedad democrática, porque la realidad política no comienza a existir cuando se activa oficialmente el aparato jurisdiccional; también se revela en los patrones, las alianzas, los silencios, las contradicciones y los beneficiarios que aparecen al leer conjuntamente la información disponible. Los hechos se documentan en las notas; la relación entre ellos y la conclusión política que producen son responsabilidad de quien escribe.
El fascismo del siglo pasado necesitaba plazas llenas, uniformes y cadenas de radio; el de este tiempo cabe en un teléfono y puede disfrazar una operación política de conversación espontánea, convertir una consigna en tendencia y presentar como voluntad popular lo que comenzó en una oficina de mercadeo. No renunció al culto al jefe, a la invención del enemigo ni a la obediencia; cambió la escenografía y aprendió a fabricar la multitud que después exhibe como prueba de legitimidad.
Una granja de bots no es una rareza informática, sino una máquina para falsificar sociedad, porque un bot no deposita un voto, pero puede decidir qué miedo encuentra primero una persona al abrir su pantalla, repetir una mentira hasta volverla familiar y sepultar una denuncia bajo una avalancha de mensajes. En Brasil, investigadores hallaron trabajadores convertidos en “bots humanos” que administran múltiples cuentas, producen interacciones artificiales y esquivan controles para vender seguidores que parecen reales.
La tecnología no es fascista por naturaleza. El problema aparece cuando su capacidad de vigilar, clasificar y amplificar se integra a un proyecto que exalta a un salvador, reduce la política a una guerra entre patriotas y traidores y convierte a ciertos grupos en peligros que deben ser controlados. Los estudios sobre gubernamentalidad algorítmica en América Latina advierten que la automatización, en sociedades atravesadas por la desigualdad y la impunidad, puede reforzar el autoritarismo y presentar a migrantes, jóvenes, mujeres y poblaciones empobrecidas como amenazas calculables.
Ese cruce es el tecnofascismo. No consiste únicamente en gobernar por internet, sino en usar la infraestructura digital para sustituir la deliberación por adhesión emocional, fabricar enemigos y vaciar las instituciones mientras se conserva la apariencia electoral. La democracia sigue teniendo urnas, Congreso y tribunales, pero la conversación pública queda sometida a una maquinaria que premia la rabia, hace rentable la mentira y entrega al gobernante el poder de aparecer como intérprete exclusivo de la nación.
La industria transnacional de la adhesión
América Latina ya conoce a los operadores de ese modelo. Fernando Cerimedo pasó por las campañas o los entornos de Jair Bolsonaro, Javier Milei y Rodrigo Paz; Reuters lo identificó como estratega digital de Milei y lo vinculó con Bolsonaro, mientras otras investigaciones documentaron su participación en La Derecha Diario y su admisión sobre el uso de decenas de miles de cuentas falsas. Más que un consultor aislado, Cerimedo representa una industria que aprendió a transportar métodos, narrativas y audiencias de un país a otro, interviniendo en democracias nacionales mediante una infraestructura que opera por encima de sus fronteras.
La Derecha Diario forma parte de esa infraestructura. Javier Negre ha descrito el portal como una herramienta decisiva para la llegada de Milei al poder y extendió su modelo por América Latina mediante ediciones nacionales que mezclan militancia, provocación, apariencia periodística y distribución masiva. En Colombia, el vínculo dejó de ser abstracto cuando el propio medio informó que Negre asistió al cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla junto con Dan Newlin, uno de los grandes donantes de Donald Trump, y el empresario Andrés DePew.
Reducir el vínculo con Cerimedo a la existencia de un contrato sería aceptar la coartada más cómoda de la política digital, pues estas redes no necesitan aparecer en la contabilidad de una campaña para poner a su servicio medios, operadores, audiencias y narrativas previamente coordinadas. El proyecto de De la Espriella fue acompañado por una infraestructura transnacional especializada en convertir la ultraderecha en producto digital y, en ese mismo ecosistema, surgió la denuncia de más de trescientos perfiles operados desde Brasil capaces de publicar hasta dos mil clips diarios y de movilizar recursos que, según esa denuncia, no aparecían reportados. El Consejo Nacional Electoral conserva la obligación de establecer responsabilidades, pero su demora no borra el fenómeno político ni vuelve orgánica una popularidad empujada industrialmente.
La denuncia sobre los perfiles brasileños no es la única base del análisis, porque la propia campaña dejó señales visibles de su método. La inteligencia artificial permitió multiplicar escenas inexistentes, los influenciadores acercaron al candidato a audiencias que ya no consumen debates y los videos breves reemplazaron el argumento por una sucesión de emociones; todo quedó unido por banderas, saludos militares, referencias religiosas y el mandato de permanecer “firmes por la patria”. El autodenominado Tigre no se ofrecía solamente como candidato, sino como protector, guerrero y destino de salvación nacional.
La violencia del lenguaje tampoco fue una exageración atribuida por sus críticos. De la Espriella dijo que la izquierda era una “plaga” que debía ser erradicada y anunció que haría todo lo posible por “destriparla”; más tarde explicó que hablaba de destruir un relato dentro de la Constitución y la ley, como si una precisión posterior pudiera borrar la imagen corporal con la que convirtió a millones de ciudadanos en algo enfermo y eliminable. El fascismo comienza precisamente allí, cuando el adversario deja de ser una persona con derechos y se vuelve una contaminación que el jefe promete extirpar.
Gobernar es administrar la verdad
Esa lógica no terminó con la campaña: pasó también al ejercicio del poder. Por eso la negativa al empalme no puede presentarse como una simple pelea de temperamentos. Antes de asumir, De la Espriella dijo que no habría transición con quienes llamó “bandidos” y sugirió que destruirían documentos; después, su gobierno presentó un volumen de ciento treinta y cinco páginas llamado “El Libro de la Verdad”, elaborado con fuentes abiertas, derechos de petición, información periodística y aportes voluntarios porque el intercambio institucional que debía ordenar la entrega no se realizó. Primero se rechazó el procedimiento que permite conocer el Estado y luego se convirtió esa carencia en combustible para acusar al gobierno anterior.
El título del documento revela tanto como su contenido. De ochenta y dos asuntos anunciados como un gran inventario de corrupción, veintitrés correspondían a posibles casos de esa naturaleza y cincuenta y nueve eran balances sectoriales, problemas de gestión o diferencias sobre políticas públicas, varios apoyados en auditorías ya conocidas. Presentar todo bajo la autoridad de “la verdad” prepara la materia prima que después empujan las cuentas coordinadas, los medios militantes y los influenciadores, hasta que una versión gubernamental repetida miles de veces deja de parecer discutible y se instala como revelación moral frente a la cual disentir equivale a encubrir.
Mientras el Gobierno producía su libro oficial de la verdad, ordenó suspender la programación de las veinte emisoras creadas en cumplimiento del Acuerdo de Paz y también afectó estaciones descentralizadas de Radio Nacional. La instrucción llegó por un mensaje de WhatsApp y dejó frecuencias emitiendo música, aunque cerca del noventa por ciento de su programación respondía a las realidades locales, la vida campesina, el ambiente, la cultura y la implementación del Acuerdo. La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la medida y advirtió sobre sus efectos para el derecho a la información, que fácilmente se podría tergiversar con bots.
La coincidencia es políticamente elocuente. Un gobierno que se atribuye la capacidad de nombrar la verdad interrumpe las voces producidas desde municipios golpeados por la guerra, justamente aquellas que podrían narrar el país sin pasar por el filtro de Bogotá, la sede política construida en Barranquilla ni por la estética del autodenominado Tigre. Después, la maquinaria digital ocupa el vacío y hace circular una explicación favorable de la suspensión, porque no es necesario clausurar definitivamente una emisora para ejercer control; basta silenciar su lenguaje propio y reemplazarlo por contenidos nacionales que los algoritmos pueden repetir sin contradicción territorial.
La relación con la prensa privada completa el mecanismo. La Fundación para la Libertad de Prensa documentó que De la Espriella figuró como denunciante por injuria y calumnia en ciento nueve casos entre 2008 y 2019, muchos de los cuales terminaron archivados después de imponer a periodistas el costo de responder escritos extensos. Durante la campaña, quienes investigaban su relación con Álex Saab afrontaron una nueva ofensiva judicial y digital. El tecnofascismo no necesita quemar periódicos cuando puede desgastar a sus autores, desacreditarlos en red y enseñar al resto que investigar tiene un precio.
Por eso hablar del silencio de la prensa exige precisión. Algunos medios sí han revelado estos hechos, y gracias a esas investigaciones pueden reconstruirse la verdad; el silencio opera de otra forma, mediante la fragmentación que convierte cada episodio en una noticia pasajera y evita nombrar el patrón que las conecta. Se informa sobre una frase, una fundación o una frecuencia apagada, pero rara vez se pregunta qué clase de régimen aparece cuando todo sucede al mismo tiempo.
La tragedia convertida en contenido
Ese control del relato también alcanzó la acción del Gobierno. El terremoto del 10 de agosto mostró con crudeza esa transformación de la tragedia en escenario político. Mientras las comunidades buscaban desaparecidos, el pueblo se unía y la ventana crítica de rescate se agotaba, el Gobierno solo formalizó la llegada de equipos de búsqueda de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, todos gobiernos cercanos a su nueva orientación, y según los reportes citados, puso obstáculos o no aceptó brigadas ofrecidas por otros países. La administración alegó criterios técnicos y de certificación, y la red digital hizo el resto al convertir una selección política discutible en relato de eficiencia, disciplina y amistad internacional.
La presencia israelí adquirió un valor adicional cuando De la Espriella agradeció públicamente a Benjamin Netanyahu y presentó la ayuda como parte de un “nuevo momento” bilateral, mientras integrantes de la misión concedían entrevistas, circulaban en vehículos lujosos y eran convertidos en protagonistas comunicativos de una tragedia que debía tener como centro a las víctimas. La asistencia dejó de operar solamente como respuesta humanitaria y se volvió una campaña de legitimación recíproca, útil para lavar la imagen de un ejército cuestionado por su actuación en Gaza y para presentar como solidaridad una alianza política que el Gobierno había decidido antes del terremoto.
El Gobierno también convirtió la asistencia interna en marca. El presidente fue criticado por repartir balones con los colores y el emblema de su movimiento entre víctimas que habían perdido familiares y viviendas en Buenaventura, una escena que resume la sustitución del derecho por el regalo y del ciudadano por el beneficiario agradecido. Cuando la calamidad se vuelve contenido, la cámara importa tanto como la ayuda y el gobernante puede presentar su propia imagen como prueba de eficacia.
En ese escenario apareció Colombia Luz y Sonrisas, fundación vinculada con Ana Lucía Pineda, constituida formalmente el 7 de julio de 2026, después de la elección, con un capital inicial de diez millones de pesos. Una organización recién creada y ligada al círculo presidencial fue colocada junto a entidades de larga trayectoria para recibir donaciones destinadas a las víctimas, mientras Pineda asumía funciones visibles en la coordinación de ayudas. El problema político está completo aun antes de cualquier calificación penal, porque el poder público abrió a una iniciativa privada familiar la confianza, la visibilidad y los recursos solidarios producidos por una emergencia nacional, sin que la ciudadanía conociera controles equivalentes al privilegio concedido.
La pregunta sobre transparencia alcanza al propio presidente. Su primera declaración conocida registró 10.272 millones de pesos en el rubro general de “otros ingresos y rentas”, sin bienes patrimoniales, vehículos ni actividades económicas privadas en el formulario de Función Pública; la declaración de conflictos quedó vacía y otro reporte señaló que tampoco consignó cónyuge, pese a que Ana Lucía Pineda ha sido presentada como primera dama. Esa declaración no despeja su patrimonio, sino que profundiza la opacidad, porque el hombre que exhibe riqueza, empresas, familia y superioridad moral ante las cámaras entrega al Estado una versión administrativa en la que casi nada de esa vida pública puede verse.
El pasado profesional de De la Espriella es también una biografía política. Su representación de Álex Saab, David Murcia Guzmán, Jorge Pretelt y figuras relacionadas con el paramilitarismo y el narcotráfico muestra una carrera construida en proximidad con protagonistas de los expedientes más oscuros y con los circuitos de riqueza y poder que los rodearon. La garantía de defensa no obliga a la sociedad a fingir que esa trayectoria carece de significado cuando el mismo abogado se presenta después como juez moral de la nación, divide el país entre limpios y corruptos y evita explicar con igual vehemencia las relaciones, los honorarios y los intereses que hicieron posible su fortuna.
Cuando la propaganda entra al Estado
Mauricio Gómez Amín importa en este análisis no como protagonista aislado, sino como ejemplo de la conversión del funcionario en nodo de propaganda. Dejó el Senado para dirigir el debate de De la Espriella y pasó al Ministerio de Comercio después de una carrera en el liberalismo y en estructuras políticas tradicionales del Caribe. Su llegada al gabinete fue narrada con los mismos videos, consignas y códigos emocionales de la campaña. El problema no es que un ministro use redes, sino que la obligación de explicar decisiones públicas con documentos sea sustituida por la reacción instantánea, la provocación y la lealtad escénica. Así actúa el ecosistema tecnofascista: funcionarios, influenciadores y periodistas militantes repiten papeles distintos dentro de una misma cadena de validación.
Esa lógica también alcanzó las decisiones de política exterior. Ese Ministerio anunció la reanudación de exportaciones de carbón a Israel mientras el Gobierno reconocía la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967 cuya anexión no acepta la comunidad internacional. La decisión colocó a Colombia junto a la excepción abierta por Donald Trump y demostró que la alianza no era retórica de campaña, sino una reorganización económica y geopolítica que subordina el derecho internacional a la seguridad definida por sus aliados.
El juramento prestado por De la Espriella al naturalizarse estadounidense adquiere significado político cuando se lee junto con su actuación presidencial, aunque la doble nacionalidad haya sido considerada jurídicamente compatible con el cargo. Su alineamiento con Washington, el reconocimiento del Golán, la exportación de carbón a Israel y la búsqueda de una relación “inmejorable” con Trump convierten la coincidencia en orientación de gobierno. La patria funciona entonces como consigna doméstica, mientras la soberanía real se acomoda a la agenda de poderes extranjeros.
A la fabricación del enemigo interno se sumó muy pronto el migrante. El presidente ordenó operativos para ubicar y deportar personas en situación irregular y utilizó una fórmula de “los colombianos primero” que aproxima migración y criminalidad, aunque cientos de miles de venezolanos sin regularización incluyen niños y familias asentadas desde hace años. El autoritarismo necesita cuerpos sobre los cuales demostrar fuerza; cuando no basta la izquierda, encuentra al extranjero pobre.
Conclusión: La fábrica de la realidad
Vista por separado, cada pieza puede parecer una polémica más. Juntas revelan una arquitectura: las redes fabrican mayoría; el líder se presenta como salvador; la izquierda se vuelve plaga; el empalme se reemplaza por un libro autoproclamado verdadero; las emisoras territoriales pierden su voz; la emergencia selecciona aliados, imágenes y canales de donación; y la política exterior funciona como certificado de pertenencia a una internacional reaccionaria. Gómez Amín, los influenciadores y los periodistas militantes no son el centro de esta historia. Son engranajes visibles de un sistema que convierte la comunicación gubernamental en obediencia distribuida.
El hallazgo central no es que existan bots ni que un gobierno contrate buenos publicistas. Es que la infraestructura digital permite unir propaganda, administración y castigo social en una sola operación. La misma red que instala una consigna puede desacreditar a quien investiga, volver sospechosa una voz territorial, presentar una decisión geopolítica como gesto moral y transformar la crítica en traición. El algoritmo no reemplaza al poder; le permite entrar en la vida cotidiana sin anunciarse como poder.
Por eso el tecnofascismo no se mide únicamente por la cantidad de cuentas falsas que logren probarse. Se reconoce por el efecto político que produce: una ciudadanía obligada a discutir dentro del lenguaje del gobernante, instituciones que reaccionan a la tendencia antes que a la evidencia y una realidad pública en la que la repetición pesa más que la verdad verificable. Su mayor triunfo ocurre cuando la sociedad deja de preguntar quién fabricó la multitud y empieza a obedecerla.
La disputa democrática decisiva ya no consiste solo en proteger las urnas. Consiste en impedir que alguien llegue a ellas después de haber privatizado la conversación, colonizado la atención y decidido de antemano qué puede ser visto, recordado o creído. Cuando un gobierno puede fabricar al pueblo que luego invoca como fuente de legitimidad, la democracia conserva sus formas, pero empieza a perder su sujeto. Ese es el peligro que este artículo nombra y que el ruido digital intenta volver invisible.
