En 2020, en plena pandemia, el Gobierno de Iván Duque entregó a Palantir Technologies, la empresa del multimillonario Peter Thiel, los datos biomédicos de al menos 14 millones de colombianos. Seis años después, Víctor Muñoz, alto exfuncionario de ese gobierno, propone al gobierno de Abelardo de la Espriella integrar la tecnología de esa empresa a las bases de datos de inteligencia estatal, Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, Migración y UIAF. El antecedente vuelve a poner sobre la mesa quién controla los datos públicos y qué pierde el Estado cuando depende de infraestructuras tecnológicas privadas y extranjeras, y plantea una pregunta: ¿qué tan dispuesta está Colombia a ceder su soberanía a una corporación cuyo fundador rechaza abiertamente las instituciones democráticas?
Por: David González M.
En abril de 2020, en medio de la pandemia de la covid-19, bajo la administración de Iván Duque, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) suscribió el Acuerdo de Tecnología con la controvertida multinacional de Silicon Valley Palantir Technologies Inc. Según denunció la plataforma de investigación OCX Project, este convenio, firmado sin licitación pública y bajo la figura de “costo cero”, entregó a Palantir el acceso y la administración de los datos provenientes de la aplicación Coronapp. El silencioso acuerdo entre el Gobierno de Iván Duque y la empresa Palantir alza preguntas sobre la opacidad de los riesgos de la operación, que van desde la gestión de datos sensibles por parte de una cerrada corporación extranjera que ha hecho explícitos sus objetivos políticos globales, hasta la vulnerabilidad de la privacidad y, sobre todo, alertas sobre la soberanía nacional.
Según OCX Project, por lo menos 14 millones de colombianos registraron datos biomédicos en una plataforma que entregó la información a Palantir Technologies, una empresa sobre la que pesan denuncias de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. Según Amnistía, tecnologías de Palantir son utilizadas por autoridades de Estados Unidos para rastrear migrantes y apoyar procesos de deportación; la organización también advierte que, junto con otras herramientas de IA, pueden contribuir a la vigilancia de manifestantes y estudiantes.
Si bien no es claro que la información de los colombianos haya sido utilizada para objetivos similares, tampoco hay claridad sobre qué pasó con la data de millones de usuarios entregada a la corporación. Según las denuncias de los expertos, tras 10 meses de operación Colombia cedió los datos, pero no adquirió capacidades propias para el análisis de estos, lo que de nuevo plantea las preocupaciones sobre la arquitectura de dependencia digital hacia corporaciones que tienen objetivos políticos claros y explícitos.
La investigación de OCX Project basó la primera parte de la cadena en alertas de la organización de tecnología, poder y derechos humanos Fundación Karisma. Raya habló con uno de sus directores, Juan Diego Castañeda, quien, si bien desconocía la segunda parte de la investigación de OCX Project, conoce de cerca lo que es Palantir, los riesgos, y trabajó en las advertencias que en su momento se hicieron sobre el manejo de datos de Coronapp.
“Lo que hace Palantir es conectar información; en ese sentido ofrece servicios a los Estados para que conecten bases de datos que tienen distribuidas o dispersas. También están involucrados, o han estado involucrados, en formas de adquisición de información reservada, de inteligencia”. Y explica que la corporación trabaja en encontrar información que no quiere que se conozca.
El nombre de la empresa proviene de los libros del escritor británico Tolkien, autor de El señor de los anillos, en cuya mitología había una piedra élfica, palantír, con el poder de ver escenas que sucedían en lugares o incluso en tiempos lejanos. Pero el origen de la empresa es más opaco, según reportes periodísticos la corporación tuvo el respaldo financiero inicial de In-Q-Tel, que es el brazo de inversión de capital de riesgo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.
Según cuenta Castañeda, la empresa básicamente hace lo mismo que hacen otras empresas, pero con menos escrúpulos. “Le oí a una activista estadounidense que Palantir hace lo mismo que hacen otras empresas, pero con menos moral. (...) Desde ese punto de vista, lo que están sugiriendo estos activistas en Estados Unidos es que Palantir acepta más fácilmente cosas que otras empresas no aceptan por razones éticas”.
Peter Thiel, cofundador de Palantir, y su cruzada contra las democracias
Víctor Muñoz, quien fue secretario general del Gobierno de Iván Duque y tuvo a cargo el plan de vacunación de los colombianos durante la covid-19, tuiteó en su cuenta personal dirigiéndose al presidente Abelardo de la Espriella, al que le pidió más capacidad de tecnología de inteligencia y seguridad. Entre esas peticiones, integrar Palantir a los servicios del Estado para fusionar y manejar los datos de inteligencia, fuerzas militares, policía, Fiscalía, Migración, UIAF y otras entidades del Estado.
Lo cual también prende las alarmas, no por lo que pueda hacer la empresa en sí, sino por el discurso político que ha repetido una y otra vez el cofundador de la corporación: Peter Thiel. El estadounidense es mentor político del hoy vicepresidente JD Vance y es figura central de la llamada «Mafia de PayPal», que también contó con el fundador de X, Elon Musk. Thiel ha expresado en numerosas oportunidades su escepticismo hacia las formas democráticas y defiende la eficiencia tecnológica y la gobernanza vertical de las corporaciones.
En abril de 2026, Palantir publicó en X un manifiesto de 22 puntos que resume las ideas de The Technological Republic, libro publicado en 2025 por su director ejecutivo y cofundador, Alexander Karp, y Nicholas Zamiska, jefe de asuntos corporativos. El documento ha sido calificado por críticos y académicos como una visión de «tecnofascismo»: cuestiona lo que denomina un pluralismo «vacío» y defiende una alianza estrecha entre la industria tecnológica, la defensa y el aparato estatal. Además, documentos divulgados en Estados Unidos muestran vínculos financieros entre Epstein y firmas de Thiel: Epstein invirtió US$40 millones en Valar Ventures. En 2014 también sugirió al ex primer ministro israelí Ehud Barak que hablara con Thiel sobre un posible papel de asesor en Palantir. La empresa ha afirmado que nunca tuvo una relación comercial con Epstein ni con Barak.
Sin embargo, Castañeda explica que ningún Estado puede alcanzar un alto nivel tecnológico en aislamiento. “Muchas de las cosas que tienen que ver con tecnología se basan en ciencia y la ciencia es muy colaborativa”. Sin embargo, también cree que la pregunta es “hasta qué punto dependemos única y exclusivamente de una empresa privada para las funciones más importantes y esenciales del Estado”.
Y más aún si se trata de una dependencia hacia una corporación cuyo cofundador sostiene peligrosos discursos políticos. Thiel, como ya lo ha reportado Revista RAYA, ha hecho esfuerzos abiertos por acercarse al Gobierno del libertario Javier Milei en encuentros cuyas intenciones no han sido explicadas públicamente.
Y, por eso mismo, el riesgo no es menor. Tal como lo documenta OCX Project, la plataforma que usó la información entregada por la Coronapp en plena pandemia es Palantir Foundry, dicen en su reportaje: “Su función técnica consiste en integrar bases de datos incompatibles entre sí (como historiales de geolocalización, registros clínicos y censos de población) y organizarlas bajo una misma ontología técnica. Esto crea un modelo interactivo que permite aplicar algoritmos de aprendizaje automático para realizar análisis predictivos sobre la población”.
Estas tecnologías suelen utilizar una estrategia comercial conocida en la industria como land and expand («aterrizar y expandirse»). OCX Project plantea que ese modelo ayuda a explicar por qué Palantir ofreció gratuitamente sus servicios al Gobierno de Iván Duque. El riesgo descrito es el siguiente: la empresa despliega su software para resolver una necesidad o emergencia del Estado; luego se calibra y se entrena con los datos públicos administrados y, cuando se vuelve imprescindible para la toma de decisiones, el Estado puede enfrentar un bloqueo del proveedor (vendor lock-in). Migrar a otro proveedor puede entonces resultar financiera y técnicamente prohibitivo.
Un ejemplo de esto le ocurrió a la propia policía de Nueva York. En 2017, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) intentó cancelar su contrato con la empresa para migrar sus datos y operaciones a un sistema propio. Pero Palantir se negó a entregar los análisis en un formato estandarizado que pudiera transferirse al nuevo sistema, alegando riesgos para su propiedad intelectual. Esto dificultó que la policía pudiera realizar una transición efectiva hacia su propia infraestructura tecnológica.
Ese riesgo de dependencia podría ser aún mayor para un Estado como el colombiano, con limitada capacidad tecnológica propia y desafíos de gobernanza digital. Incluso, hoy Colombia tiene ya una dependencia de las tecnologías estadounidenses e israelíes. “No hay, hasta donde yo veo, empresas colombianas que produzcan ese tipo de software”, agrega Castañeda.
Incluso hay precedentes de momentos en que gobiernos colombianos han entregado información sensible de los ciudadanos sin explicación suficiente sobre la justificación de esas transacciones. Bajo la anterior Cancillería de Laura Sarabia, en el Gobierno de Gustavo Petro, en marzo de 2025 se firmó un acuerdo con Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. El núcleo del pacto consistió en el intercambio de información biométrica, incluyendo huellas dactilares y otros datos de migrantes irregulares y miembros de redes criminales transnacionales, pero con muy poca transparencia, debido a que la Cancillería ha declarado el contenido del documento como reservado.
Aun así, según el experto de Karisma, Colombia tampoco es un libre mercado sin regulaciones para las corporaciones de la información. “Acá hay ley de protección de datos”, explica. Y normas para los datos financieros, los datos de seguridad e incluso los que no están relacionados con ninguno de estos dos temas. “Hay reglas, hay unas sanciones y hay una autoridad”, agrega.
Pero esas normas, por sí solas, no necesariamente impiden que corporaciones como Palantir generen dependencias tecnológicas que podrían convertirse en cajas negras difíciles de fiscalizar localmente. Si esas dependencias terminan sustituyendo capacidades propias del Estado, podrían erosionar la soberanía nacional y reducir el margen de decisión de los actores públicos. Ese escenario, hasta ahora hipotetico, podría hacerse realidad y coincide con la visión de gobernanza tecnológica autoritaria que Thiel ha defendido públicamente.
