Mientras el ELN y las disidencias de las Farc se disputan el control territorial, la violencia contra líderes sociales se ha intensificado en medio del abandono estatal. Arauca cerró 2024 con 17 líderes sociales asesinados y más de 6.000 desplazados. En lo que va de 2025, 51 personas han sido secuestradas y cinco líderes asesinados. El miedo, el confinamiento y la ausencia de protección estatal agravan una crisis humanitaria que se ensaña con quienes defienden la vida y el territorio.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
Arauca vuelve a ser epicentro de una violencia extrema. Hasta abril de 2025, 51 personas habían sido secuestradas, cinco asesinadas, 28 liberadas y 18 permanecían en cautiverio, según la Defensoría del Pueblo. El 22 de abril, el líder social Ernesto Roa, vocero del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, fue víctima de un atentado en Saravena. El miedo, la zozobra y el confinamiento de comunidades enteras muestran que la crisis humanitaria no solo persiste, sino que se agudiza.
La organización Somos Defensores, en su más reciente informe "Sin Protección", documentó un aumento dramático en los ataques contra líderes sociales en 2024: en Arauca se registraron 17 asesinatos, un incremento del 112% en comparación con 2023, y las agresiones subieron un 93%. Astrid Torres, coordinadora de la organización, advierte que la estigmatización ejercida por el ELN y las disidencias del Comando Conjunto de Oriente (CCO), combinada con el abandono estatal, ha potenciado la violencia contra quienes defienden a sus comunidades. La situación, advierte Torres, se ha venido intensificando desde el año 2022.
Los liderazgos comunales fueron los más afectados. Precisamente, son quienes alzan la voz por las necesidades de sus comunidades y defienden sus territorios. Manuel Salvador Sánchez y Ángel Miguel Sarmiento (Arauquita); Willis Guillermo Robinson (Puerto Rondón); Óscar Javier Bernal y José Ricardo Calderón (Tame), y Luis Obdulio Ramón (Saravena) figuran entre los líderes asesinados en 2024, varios de ellos previamente secuestrados o desaparecidos.
“Los actores están desconociendo los liderazgos, no están respetando las autonomías. Cuando se señala a un defensor o defensora de pertenecer a un actor armado, porque están en el mismo territorio o por otras razones, lo que están diciendo es que esa persona o su familia son un blanco de cualquier tipo de agresión. Es un enemigo”, explica Torres. “Detrás de los secuestros y la desaparición no hay otra cosa que querer acabar con la voz de los liderazgos en los territorios que hoy necesitan un mayor número de voces para hacer cambios territoriales”, agrega.
La Defensoría del Pueblo también ha alertado sobre los efectos territoriales de las confrontaciones armadas. A finales de 2024, la entidad registró afectaciones en 44 veredas y seis resguardos indígenas de los pueblos Sikuani-Makaguan, U'wa y Hitnü en Tame, Arauquita y Puerto Rondón. En total, se documentaron 143 personas asesinadas, incluyendo los 17 liderazgos sociales, 462 desplazados y más de 6.000 personas confinadas en sus territorios. La violencia también ha golpeado la vida cotidiana: escuelas cerradas, clases suspendidas, proyectos productivos paralizados y comunidades atrapadas en el miedo.
Una frontera en disputa
Arauca ha quedado fuera del mapa de Colombia o, por lo menos, esa es la sensación que ha resurgido entre sus habitantes desde 2022, cuando un atentado con carro bomba en Saravena evidenció el cruento enfrentamiento entre el ELN y las disidencias del CCO. Ese año terminó con 352 personas asesinadas —12 de ellas, líderes sociales—, 81 casos de secuestros y desapariciones forzadas, y más de 19.000 personas desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.
La violencia en Arauca no ha dado tregua, y las causas de este escenario siguen siendo complejas. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el Frente de Guerra Oriental del ELN consolidó su control sobre el departamento, extendiéndose hacia Vichada y Guainía. Por su parte, las disidencias de los Frentes 10 y 28 del CCO han intentado configurar un corredor estratégico desde Meta y Casanare hacia Tame y Puerto Rondón, extendiéndose hasta Venezuela. Tame y Arauquita son los municipios más afectados por esta disputa.
La confrontación se ha centrado en un triángulo entre Arauquita, Tame y Puerto Rondón, que configuran una de las rutas desde el centro del país hacia la frontera.
En conjunto, el ELN y el Comando Conjunto de Oriente reúnen a más de 900 combatientes en Arauca: unos 600 pertenecientes al ELN y aproximadamente 300 a las disidencias del CCO, según estimaciones oficiales. Ambos grupos permanecen al margen de los espacios de diálogo impulsados por la “Paz Total” tras el rompimiento de las negociaciones a comienzos de 2025.
Según Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “lo que está en juego en Arauca hoy es muy parecido a la situación del Catatumbo, donde el ELN ve a un competidor armado, y ese competidor tiene que desaparecer del territorio”. Desde 2022, los grupos armados no solo se enfrentan militarmente, también han implementado tácticas de control social, como la identificación y estigmatización de liderazgos sociales, generando amenazas y persecuciones.
Durante 2024, el ELN encabezó la lista de responsables de homicidios de líderes sociales, con diez muertes registradas en cinco municipios, siendo Arauquita el más afectado con cuatro asesinatos. Las disidencias afines a Iván Mordisco estuvieron implicadas en otros cuatro homicidios, principalmente en Tame, y tres asesinatos fueron atribuidos a autores desconocidos en Arauca, Arauquita y Tame, según cifras de Somos Defensores.
En contraste, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) alertó en su más reciente informe “Noche y Niebla” que en Arauca se registraron 19 asesinatos sin presunto responsable en 2024, lo que evidencia un patrón alarmante de impunidad que refuerza el control armado y la falta de garantías estatales en la región. Indepaz advierte que estos casos podrían responder a estrategias de “subcontratación” o “tercerización” de la violencia.
Los cultivos ilícitos y la economía de la guerra
Detrás de la disputa territorial también está en juego el control de las economías ilegales. Aunque en 2018 el gobierno nacional declaró a Arauca como un territorio libre de cultivos ilícitos, a partir de ese año las disidencias comenzaron a instalar laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína en zonas como Tame. La aparición de estos cultivos desplazó los proyectos agrícolas tradicionales, como el cacao y el plátano.
Aunque el gobierno impulsó la sustitución, las comunidades insisten en que el éxito fue gracias al trabajo colectivo, no a la acción estatal. Emiro Goyeneche, periodista de la región, relata: “Estaban obligando a los campesinos a sembrar nuevamente y entregaban cierta plata para hacerlo. Pero los campesinos dijeron que no, porque ya habían sembrado cacao, plátano y habían levantado sus ganaderías. El movimiento campesino rechazó que Arauca vuelva a tener cultivos de coca”.
Otra de las motivaciones, destaca Gerson Arias, radica en que el ELN busca mantener el proyecto armado y político que había consolidado tras la salida de las Farc, para controlar la frontera y las distintas economías que se mueven por esta. Además, busca demostrar su fuerza para negociar con el Gobierno.
El Gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado impulsó la sustitución, pero las comunidades campesinas insisten en que el proceso fue exitoso gracias al trabajo comunitario. Foto: Gobernación de Arauca
La ausencia de protección efectiva
A pesar de los anuncios oficiales, las comunidades no sienten una protección real. Astrid Torres considera que la respuesta estatal ha sido insuficiente y que se requiere una mejor articulación entre el Gobierno nacional, la Fuerza Pública y las entidades territoriales para proteger a los líderes sociales y sus comunidades. A su vez, Gerson Arias recalca que más allá del aumento del pie de fuerza, se necesita un acompañamiento judicial efectivo y el fortalecimiento de las organizaciones humanitarias presentes en el territorio.
Por su parte, el Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez, asegura que Arauca no está sola. Sin embargo, los habitantes consultados, bajo anonimato, advierten sobre la presunta relación entre algunos miembros de la Fuerza Pública y las disidencias, recordando casos como el asesinato del líder social Josué Castellanos en Tame, en marzo de 2024.
El futuro de Arauca: entre la paz prometida y la incertidumbre
Mientras el Gobierno insiste en que la paz con el ELN sigue siendo un objetivo, la situación en el terreno refleja una realidad distinta. Emiro Goyeneche considera que una paz viable depende de cambios sociales significativos que hoy se ven bloqueados en el Congreso. Para muchos en Arauca, el temor persiste: la violencia sigue marcando su cotidianidad y el anhelo de un futuro diferente parece cada vez más lejano.
