Hace nueve años, la comunidad de El Tandil, en Tumaco (Nariño), salió a exigir la sustitución voluntaria de coca y alternativas para vivir del campo, pero la Fuerza Pública respondió con una intervención que dejó siete campesinos e indígenas muertos. Hoy, el caso sigue en audiencias preparatorias y sin condenas pese al regreso del expediente a la justicia ordinaria como lo ordenó la Corte Constitucional en 2022. Entretanto, el capitán de la Policía Javier Enrique Soto García ascendió a mayor el mismo año en que fue imputado por la masacre.
Por: Alexandra Gómez
Especial de la Fundación Chasquis para la revista RAYA
A Melington Cortés se le quiebra la voz cuando recuerda a su hermano Janier Usperto. “Nos saludamos, él andaba con una camiseta de la Selección, ese día jugaba Colombia contra Paraguay”. Era la mañana del 5 de octubre de 2017. Fue la última vez que lo vio. Janier fue una de las siete víctimas de la masacre de El Tandil, una vereda del corregimiento de Llorente, en la zona rural de Tumaco, Nariño. Allí, cerca de la frontera con Ecuador, campesinos e indígenas se habían reunido para impedir la erradicación forzada de los cultivos de coca de los que dependía su sustento.
El 5 de octubre de 2026 se cumplen nueve años de aquellos hechos. En su boletín de aniversario, la Corporación Jurídica Yira Castro, que representa a la familia de Janier, denuncia que el proceso sigue en audiencias preparatorias y sin sentencia condenatoria. En 2019, un juez había enviado el caso de la justicia ordinaria a la penal militar, a petición de una procuradora judicial y con el respaldo de las defensas. Las víctimas no fueron convocadas a esa audiencia. Sus abogados impugnaron la decisión y reclamaron el regreso del expediente.
La promesa y el campamento
Menos de un año antes de la masacre, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC habían firmado el Acuerdo de Paz. Su cuarto punto incluía la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. En El Tandil, esa promesa ofrecía una salida para seguir viviendo del campo sin depender de la coca.
“A comienzos de febrero empezó a llegar en la zona de carretera Pasto-Tumaco la erradicación forzosa (…) en marzo ya había comunidades saliendo a manifestarse”, recuerda Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Tandil. Habla de los primeros meses de 2017, cuando familias de Nariño firmaban acuerdos colectivos de sustitución voluntaria. “Y lo que hicieron fue correr los erradicadores hacia el territorio del Alto Mira”, afirma. Desde allí comenzaron a organizarse para exigir lo pactado.
La Policía Antinarcóticos del Núcleo Delta estableció una base en la vereda. Civiles contratados y custodiados por integrantes de la Fuerza Pública adelantaban la erradicación manual. Los campesinos decidieron rodear el campamento para impedir que se acercaran a los cultivos. Elier recuerda tres días de tensión, helicópteros que llevaban integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y conversaciones con los mandos de la base.
Según Elier, los oficiales les decían “que era una orden directa de Santos hacer la erradicación y si no eran ellos iban a mandar a otros (…) sí o sí al otro día se hacía la erradicación”. Ese anuncio llevó a más campesinos a salir a la mañana siguiente.
Montaña arriba y abajo se desplegaron miembros de Policía Antinarcóticos, Ejército y ESMAD, alrededor de la base. La minuta de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación (CASEG-14) dejó escrita aquella jornada desde la perspectiva de los uniformados.
A las 6:02 de la mañana del 5 de octubre anotaron una aglomeración de civiles inconformes con las labores de erradicación. A las 9:40 registraron la intervención del ESMAD en tres puntos, durante aproximadamente dos horas y cuarenta minutos. A las 11:45 escribieron: “Se restablece el orden en el sector de manera parcial”.
Tras la intervención del ESMAD, la minuta registró el ingreso del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y un saldo de dos civiles muertos y doce heridos. Ese balance resultó insuficiente para dimensionar la masacre: los antecedentes que reunió después la Corte Constitucional dan cuenta de siete personas muertas y al menos veinte lesionadas. El orden que los uniformados dieron por restablecido dejó familias en duelo y sobrevivientes heridos.
Janier Usperto Cortés Mairongo, el hermano de Melington, y Aldemar Gil Guachetá perdieron la vida aquel día. Entre las víctimas también estaban Diego Escobar Dorado, líder campesino, y Jaime Gunga Pai, del Resguardo Gran Rosario. La violencia alcanzó a Nelson Chacuendo Calambas, indígena Nasa, y a Alfonso Taicus Taicus, indígena Awá. Iván Darío Muñoz Echevarría murió semanas después a causa de las heridas. El comunicado conjunto de Movice, la Corporación Jurídica Yira Castro y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) recoge sus nombres.
La protesta por el sustento terminó convertida en uno de los casos de estigmatización y represión del campesinado cocalero que recogió la Comisión de la Verdad. Su Informe Final atribuyó la masacre a miembros de la Fuerza Pública.
Los uniformados sostuvieron que habían respondido a disparos de grupos armados ilegales y han negado su responsabilidad. Los testimonios de campesinos y el análisis de la Fiscalía apuntaban, en cambio, a un uso indiscriminado de la fuerza contra la población civil. La investigación debía establecer quién disparó y qué responsabilidad tuvieron quienes estaban al mando.
Una audiencia sin las víctimas
En enero de 2019, la Fiscalía imputó cargos por la masacre. En abril presentó un escrito de acusación contra el mayor del Ejército Luis Fernando González Ramírez, comandante de la V División Delta 2, y el capitán de la Policía Javier Enrique Soto García, comandante del Núcleo Delta 2. Los acusó de homicidio agravado y tentativa de ese delito.
El 22 de agosto de ese año, en una audiencia ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tumaco, la procuradora judicial que representaba al Ministerio Público pidió trasladar el caso de la justicia ordinaria a la penal militar. Argumentó que los hechos ocurrieron durante labores de erradicación propias de la función de los uniformados. Las defensas de los dos oficiales respaldaron la solicitud y el juez la aceptó. Las víctimas y sus representantes no habían sido convocados: así lo dejó consignado la Corte Constitucional.
En octubre de 2020, la abogada Diana Lucía Aldana Giraldo explicó a El Espectador cómo la Corporación Jurídica Yira Castro había impugnado esa decisión: solicitó anular la audiencia por la ausencia de las víctimas y, al no recibir respuesta, presentó una tutela que fue negada en dos instancias. CAJAR también recurrió el traslado a la justicia penal militar.
En la justicia penal militar, las actuaciones quedaron en dos despachos de Pasto. El Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar se ocupó de los policías, mientras el Juzgado 91 tenía a su cargo a los integrantes del Ejército, sobre quienes llevaba una indagación desde octubre de 2017. En 2020, Aldana pidió que la Fiscalía especializada en derechos humanos asumiera ambos expedientes. Ese mismo año, familiares y sobrevivientes se movilizaron frente a la Fiscalía en Bogotá para exigir el regreso a la justicia ordinaria.
Al estudiar esa petición, la Fiscalía advirtió, en un concepto reseñado por la Corte, que después de tres años de actuaciones en el Juzgado 91 ningún militar involucrado en el operativo había sido escuchado en descargos. El Juzgado 182, por su parte, había vinculado formalmente a 36 policías por homicidio y lesiones personales.
La disputa llegó a la Corte Constitucional. El 14 de julio de 2022, mediante el Auto 989, ordenó que la justicia ordinaria retomara el proceso contra Soto García y otros policías, que estaba en el Juzgado 182. Habían transcurrido casi tres años desde la audiencia que lo envió a la justicia penal militar.
La Corte recordó que el fuero penal militar es excepcional. Ante dudas sobre el vínculo de los hechos con el servicio y la posibilidad de graves violaciones de derechos humanos, correspondía a la justicia ordinaria garantizar una investigación imparcial y proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
La orden de la Corte no se tradujo en una entrega inmediata de los expedientes. En octubre de 2022, familiares y sobrevivientes denunciaron que la Fiscalía aún no los había recibido de los juzgados de instrucción militar y policial. El abogado de CAJAR Sebastián Escobar explicó que habían entregado una copia de la decisión a la Fiscalía y logrado el compromiso de solicitar los expedientes y evitar nuevas audiencias sin convocatoria a las víctimas.
La Fiscalía retomó luego la competencia, según el informe de gestión de 2024 de CAJAR, que reportó la acusación contra un mayor del Ejército y un capitán de la Policía. El expediente está hoy en la justicia ordinaria: la consulta del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) del 29 de septiembre de 2026 lo registra en la Fiscalía 94 Especializada en Derechos Humanos de Cali, a la que está asignado desde septiembre de 2025.
El paso al juicio oral sigue pendiente. La Corporación Jurídica Yira Castro señala que el caso continúa en audiencias preparatorias, en las que se decide qué pruebas se practicarán. Sus representantes atribuyen la demora a las suspensiones de esas diligencias:
“Nos hemos encontrado con bastantes suspensiones (...); son estrategias dilatorias que, si bien se dan en el marco del debido proceso y la defensa, afectan los estándares internacionales de derechos humanos. Hay una población a la espera de respuestas y, por el material probatorio existente, el caso debería haber avanzado mucho más”, señaló un representante de las víctimas de la Corporación Jurídica Yira Castro.
Mientras las familias esperan
Para Melington, mirar hacia el pasado lleva mucho dolor. “Nosotros hemos entregado declaraciones, videos, pruebas que demuestran la responsabilidad de la Fuerza Pública en los hechos y no pasa nada ante la justicia, por el contrario, lo que sabemos es que los mandos responsables suben de cargo”, señala.
En el caso de Soto García, esa denuncia tiene un antecedente documentado. Vorágine consultó su hoja de vida y reportó en 2022 que la Policía lo había ascendido de capitán a mayor en 2019, el mismo año de su imputación. También documentó condecoraciones y felicitaciones posteriores a la masacre. La institución confirmó que, en 2022, era subcomandante de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca.
A las investigaciones penales se sumó la vía disciplinaria. En abril de 2023, la Procuraduría informó de cargos contra policías por su presunta participación en las muertes. Según su boletín, la mayoría de las víctimas recibió disparos por la espalda cuando intentaba salir del lugar. Al oficial al mando le reprochó que habría podido evitar la extralimitación en el uso de las armas. En su rendición de cuentas de 2024 registró, además, cargos formulados en noviembre de 2023 contra uniformados de la Brigada Móvil 35 del Ejército. Esos cargos no equivalen a condenas penales.
La demora tiene un costo desigual: mientras la institución mantuvo la carrera de un oficial acusado, las familias debieron dedicar años a reclamar una respuesta del Estado. Esa desigualdad de poder atraviesa una exigencia más amplia. Quienes salieron a protestar en 2017 buscaban transformar las condiciones que hacían de la coca su medio de subsistencia.
“Más que sustitución, necesitamos transformación”
“Ha sido imposible que entiendan que el campesino no es narcotraficante, sino cultivador, y que siembra hoja de coca porque es lo único que hay”, afirma un vocero de la comunidad.
Los habitantes entrevistados denuncian trabas burocráticas en los programas de sustitución, retrasos en los pagos prometidos y ofertas productivas desconectadas de las condiciones del suelo. Insisten en que no basta con reemplazar un cultivo por otro. Para vivir de lo que siembran necesitan acompañamiento técnico, infraestructura de transporte y garantías de comercialización.
Estas exigencias anteceden a la masacre. Al documentar las marchas cocaleras de 1996, el Centro Nacional de Memoria Histórica describe demandas de sustitución concertada, vías, crédito, salud, educación y reconocimiento de las organizaciones campesinas.
La Comisión de la Verdad examinó cómo la guerra contra las drogas criminalizó al campesinado cocalero y concentró la violencia en los eslabones más débiles de la cadena. En sus recomendaciones propuso una política de drogas centrada en los derechos humanos y el desarrollo, que persiguiera a los eslabones más grandes del narcotráfico y articulara la sustitución con la Reforma Rural Integral y la participación comunitaria.
Esa desigualdad de clase se hizo visible cuando quienes trabajaban la tierra y dependían de la cosecha para subsistir quedaron expuestos a la fuerza estatal al reclamar alternativas.
La Corporación Jurídica Yira Castro reconstruyó lo ocurrido en una miniserie animada de seis capítulos.
En El Tandil, se enraizan en el bosque siete cruces con los nombres de las víctimas. “En medio del tire y afloje entre la justicia penal y militar las familias sienten que la justicia no avanza”, sostiene un vocero de la comunidad.
La guerra contra la coca ha sido su propia tragedia. Melington recuerda todavía la camiseta de su hermano. Nueve años después, la comunidad sigue exigiendo que el Estado responda por esas muertes y garantice las condiciones para vivir del campo.
