Diecinueve congresistas demócratas pidieron a Marco Rubio no apoyar la fumigación aérea que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella y explicar si Washington alentó su reactivación. La carta cuestiona además el cierre de programas de desarrollo alternativo. RAYA entrevistó a Andrew Miller, de Amazon Watch, y a Yuri Quintero, defensora de derechos humanos de Putumayo, sobre los riesgos del glufosinato, la suspensión judicial del piloto y las propuestas de las comunidades.
Por: Redacción Raya
Un nuevo golpe a una política controvertida del gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien además tiene ciudadanía estadounidense. Diecinueve congresistas demócratas enviaron una carta pública al secretario de Estado, Marco Rubio, responsable de la política exterior estadounidense, para pedirle que Washington no destine fondos ni apoyo logístico a la reanudación de la fumigación aérea de cultivos de coca en Colombia, es decir, de rociar herbicidas desde aeronaves sobre esas plantaciones. Advierten sobre los riesgos para la salud de las comunidades y la preservación ambiental en Putumayo, y quieren saber si la administración Trump ha presionado al Gobierno colombiano para reactivar esta estrategia.
“Un retorno a la fumigación aérea sería solo un componente de una política militarizada preocupante.” Así lo dijo a RAYA Andrew Miller, director de Incidencia de Amazon Watch, organización que trabaja por la protección de la Amazonía y los derechos de sus pueblos. Su advertencia apunta también a la orientación de la cooperación estadounidense y al papel de Washington en la estrategia antidrogas colombiana.
La carta, fechada el 29 de octubre y encabezada por el representante Mark Pocan, exige una respuesta antes del 13 de noviembre. Los firmantes preguntan a Rubio qué respaldo ha brindado Washington a la iniciativa, si la Casa Blanca alentó su reanudación, qué apoyo financiero o logístico comprometió, qué posición tendrá sobre el uso del glufosinato de amonio en la Amazonía y cómo reemplazará los programas de desarrollo alternativo cancelados. También piden que Estados Unidos permita avanzar el proceso judicial colombiano sin presiones ni intervención.
Los congresistas cuestionan, además, la efectividad de la fumigación aérea como estrategia contra el narcotráfico. Su preocupación aumenta porque el Gobierno propone usar otro herbicida en Putumayo, departamento amazónico del sur de Colombia, y contempla una erradicación mucho más amplia que la prueba inicial. La carta describe las dimensiones de ambos planes:
“Ahora el proyecto piloto que se pretende desarrollar afectaría un área inicial de 1000 hectáreas en el departamento amazónico de Putumayo. Luego, el presidente De la Espriella se ha comprometido a erradicar 330 000 hectáreas de cultivos ilícitos, una cifra que excede los estimados de las NN. UU. sobre territorios bajo cultivo. Adicional a la vasta área como blanco de fumigación, el gobierno de Colombia está proponiendo el uso de glufosinato de amonio, lo que la Organización Mundial de Salud ha clasificado como un pesticida aún más peligroso que el glifosato. De hecho, la Unión Europea prohibió el uso de glufosinato de amonio en 2018.”
La carta está firmada por Mark Pocan, Jim McGovern, Alexandria Ocasio-Cortez, Delia Ramírez y otros 15 miembros de la Cámara de Representantes estadounidense. Los firmantes advierten: “Sugerimos que la Administración Trump aprenda lecturas del pasado y comprenda que solo se reduce la producción de coca por medio de alternativas verdaderas.”
El cuestionamiento apunta también al desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), encargada de financiar programas de cooperación. Según el documento, la administración Trump canceló programas que financiaban producción agroforestal, turismo sostenible y acciones contra los delitos ambientales como alternativas a las economías ilícitas en la Amazonía colombiana. Los congresistas denuncian además la cancelación de 25 millones de dólares previamente asignados a comunidades afrocolombianas e indígenas.
Se contempla respaldar una erradicación cuestionada mientras desaparece parte de la cooperación destinada a ofrecer medios de vida distintos a la coca. El documento también puede consultarse en su traducción al español.
El piloto con glufosinato en Putumayo: un retroceso en disputa
El programa piloto, hasta ahora suspendido por un juez, busca reactivar una política cuestionada por sus impactos sobre las comunidades y el ambiente. La propuesta pone en tensión años de decisiones judiciales que exigieron garantías de salud, ambientales y de participación. Allí está uno de los retrocesos que señalan quienes se oponen al plan.
En 2015 se suspendió en Colombia la aspersión aérea con glifosato. Después, la Corte Constitucional estableció condiciones para cualquier intento de reanudación. La carta de los congresistas recuerda que la aspersión debía considerarse un último recurso, tras explorar otras formas de sustitución y erradicación, y cumplir garantías para las comunidades. En 2021 protegió los derechos de consulta previa —que exige consultar a las comunidades étnicas afectadas por determinadas decisiones— y de participación frente al plan de manejo ambiental del gobierno de Iván Duque, y en 2022 rechazó un intento de revertir esa decisión.
Sin embargo, el gobierno de De la Espriella retomó la idea con otro químico. Mediante la Resolución 007 de agosto de 2026, el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó un piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio sobre 1.000 hectáreas del Putumayo.
La directriz presenta el plan como una acción limitada, temporal y evaluable, destinada a producir evidencia técnica antes de una posible ampliación. El argumento de De la Espriella es contener el crecimiento de los cultivos de hoja de coca. Colombia concentró aproximadamente dos tercios del área mundial cultivada con coca, según los reportes internacionales. Sin embargo, la cifra oficial de Naciones Unidas para Colombia, correspondiente a 2024 y publicada en junio de 2026, es de 261.000 hectáreas, y no las 330.000 planteadas por el presidente.
El 22 de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa ordenó que el piloto no se ejecutara por ahora porque todavía debían acreditarse requisitos ambientales, técnicos y de participación de las comunidades. El Gobierno impugnó esa sentencia, es decir, pidió que la decisión fuera revisada por un tribunal superior.
Su posición es que todavía no existen sobrevuelos ni aspersiones y que el plan depende del cumplimiento de requisitos previos. El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró ante el Congreso que, si esas condiciones no se acreditan, no habrá piloto. Es una defensa que contrasta con los temores de las comunidades sobre el propósito de extender la aspersión más allá de la fase experimental.
Y es que el nuevo químico tampoco elimina los riesgos. La Organización Mundial de la Salud ubica el glufosinato en una categoría de peligrosidad aguda más alta que el glifosato: se refiere a los daños que puede causar una exposición breve, no a todos sus posibles efectos. La autorización del glufosinato como sustancia activa en la Unión Europea expiró en 2018, y la autoridad europea de seguridad alimentaria señala que ya no está aprobado para esos usos. Una evaluación ecotoxicológica difundida por Indepaz también examina sus riesgos para la salud y los ecosistemas.
Miller explica a RAYA: “Es de destacar que el glufosinato de amonio está calificado científicamente como más peligroso que el glifosato, que se prohibió en Colombia por ‘probablemente causar cáncer’ en seres humanos”. También advierte sobre el riesgo de que la aspersión alcance fuentes hídricas: “Con el plan piloto, los químicos usados en las 1000 hectáreas filtrarían a los afluentes de los ríos Putumayo y San Miguel, luego podrían seguir contaminando río abajo.”
Miller advierte que la cooperación de los últimos gobiernos de Estados Unidos, más enfocada en programas para que las familias campesinas sustituyan los cultivos de coca por otras fuentes de ingreso, podría dar paso a un respaldo más militarizado. Así describe ese posible cambio: “es un apoyo militar en la lucha interminable contra el crimen organizado. Representa mano dura para golpes a corto plazo sin soluciones duraderas a las problemáticas sociales. La fumigación es una política zombi, la mataron hace más de una década, pero intentan resucitarla a pesar de sus fracasos históricos.”
Y agrega: “El mensaje que envía a la comunidad internacional es que De la Espriella se acoge a las exigencias de la llamada Doctrina Donroe por encima de una verdadera protección de la cuenca amazónica.” La expresión combina el nombre de Donald Trump con la histórica Doctrina Monroe y alude al intento de reforzar la influencia estadounidense sobre América Latina. Para Miller, ese poder sobre las decisiones antidrogas de Colombia está pesando más que la protección de la Amazonía.
Las comunidades: daños, participación y alternativas económicas
La controversia no se limita a Washington ni a los tribunales. En Putumayo, las organizaciones indígenas y comunitarias recuerdan los efectos de las fumigaciones anteriores sobre sus cuerpos, sus cultivos y el territorio, y temen su regreso. Yuri Quintero, secretaria general de la Red de Derechos Humanos del Departamento del Putumayo, participa en las mesas de diálogo con el Ministerio de Justicia. A RAYA le relató una tragedia familiar que atribuye a las fumigaciones de años anteriores:
“Como consecuencia de la fumigación, mi hermana, que estaba en ese momento en gestación, tuvo un bebé que nació mal. Nació con siete malformaciones y después de nacer, murió. Porque obviamente el nivel de malformaciones no le daba la fuerza suficiente para sobrevivir a ellas”, dice Quintero.
Y agrega: “Y esta realidad es la misma que vivieron muchas madres, muchas mujeres. Y además está conectado a otras situaciones de salud, es lo que hizo que en su momento la comunidad, viviendo en carne propia, tuviera más elementos para decir no a la fumigación. Y por ende hoy el glufosinato de amonio no se puede aplicar bajo este método.”
Quintero también denuncia incumplimientos de los tiempos y compromisos planteados en las mesas con el viceministro de Justicia. Cree que el Gobierno está dilatando los espacios para cumplir formalmente la sentencia que suspendió el piloto, sin atender las propuestas de las comunidades. Sobre un encuentro anunciado para el 6 de noviembre, dice: “Ellos, a través de escenarios como este que están convocando para el 6 de noviembre, lo que dejan ver es que van a decir: ‘Cumplimos con lo que dice el juez, pero igual avanzamos en la determinación del piloto que tiene este gobierno’.”
Las organizaciones sociales proponen una ruta distinta, aunque algunas de sus exigencias han sido incumplidas por gobiernos anteriores. Entregaron al Gobierno una propuesta con nueve ejes de acción para atender compromisos históricos incumplidos y transformar la economía de la región, de modo que las familias tengan alternativas reales a los cultivos de uso ilícito.
Quintero explica: “Particularmente, lo que busca es que se identifiquen líneas de inversión que contrarresten el modelo económico que hay actualmente en el territorio. Es decir, pasar de lo ilícito a lo lícito, pero con acciones reales. Y todo esto obviamente está conectado con lo que se ha discutido en otros años”. Aquí se cruzan la denuncia de los congresistas y el reclamo territorial: mientras Estados Unidos retiró recursos para alternativas económicas, las organizaciones del Putumayo piden inversiones que permitan sostenerlas.
Las entrevistas de RAYA coinciden en advertir que la aspersión no elimina las causas de los cultivos de coca: puede trasladarlos a regiones más apartadas, presionar nuevas áreas de bosque y provocar más fumigaciones. Una de las fuentes consultadas lo resume así: “Más allá del piloto, la amenaza latente es una fumigación masiva para erradicar 300 000 hectáreas de cultivos ilícitos. Mientras se fumiga una parte, los cultivos se trasladan a otras regiones aún más aisladas, generando deforestación y luego más fumigación posterior.”
La crítica de Miller también apunta a los países consumidores, cuya demanda sostiene el negocio del narcotráfico: “Al final, la solución tiene que venir desde los países consumidores. Mientras exista la demanda y haya tanta ganancia generada por la prohibición, siempre se buscará alimentarla a costa del medio ambiente y las comunidades”, concluye Miller.
Por su parte, Quintero llama a mirar con otros ojos a su departamento y las posibilidades que ofrece al país. “Putumayo no es un departamento minero, Putumayo es un departamento de producción agrícola. Es un departamento con capacidades turísticas y con toda una oferta pluricultural que le puede aportar económicamente al país, si el país financia ese aporte. Eso es parte de lo que se le ha entregado al gobierno nacional y lo triste es que una vez más el gobierno hace caso omiso a lo expuesto por las comunidades.”
