Once días antes de la primera vuelta presidencial, la multinacional Meta bloqueó sin explicaciones la página de Facebook y la publicidad del presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva. Fue otro episodio de su disputa con las multinacionales tecnológicas, a las que ha intentado regular desde 2023. Brasil vuelve a las urnas el 25 de octubre. Dos investigadoras brasileñas, consultadas por RAYA, explican qué está en juego.
Por Juan Sebastián Lozano
Meta —la multinacional tecnológica dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, que ha recibido múltiples condenas judiciales— desactivó el 23 de septiembre pasado la página de Facebook del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, también candidato a la reelección, a once días de la primera vuelta presidencial en Brasil. Incluso, restringió su cuenta publicitaria en las plataformas: sin anuncios nuevos, sin publicaciones impulsadas y sin el microtargeting —la segmentación milimétrica de votantes— que hoy es fundamental en cualquier campaña. La única explicación que recibió el equipo del mandatario fue un aviso genérico: "algunas de sus actividades no siguen nuestras reglas". No decía cuáles. El PT (Partido de los Trabajadores) presentó un recurso el 24 y, poco después, todo volvió a la normalidad, como si nada, sin que la empresa aclarara nada en público.
Voceros del partido de Lula se expresaron con contundencia: "Las evidencias de interferencia están todas ahí, se siguen repitiendo y ya lo denunciamos públicamente", dijo Éden Valadares, secretario de Comunicación del PT, según recogió la Revista Movimento. No hay pruebas de que el bloqueo haya sido deliberado, pero surgen las preguntas. ¿Por qué una sanción de ese calibre contra un presidente en ejercicio, en la recta final de una elección que se definía por pocos puntos frente a Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro? ¿Por qué justo un día después de que Lula acusara, en la Asamblea General de la ONU, a los "tecno-oligarcas" de querer recuperar un "neoliberalismo digital" sin reglas ni transparencia? ¿Y por qué tanta severidad con la campaña oficialista y tanta laxitud con otros anunciantes?
La prueba que Amnistía Internacional publicó el 25 de agosto es reveladora. La organización actuó como un anunciante cualquiera: creó 14 anuncios con desinformación electoral dirigidos a votantes brasileños y los envió a Meta para ver si sus filtros los detenían, programados para que nunca salieran a la luz. Meta aprobó ocho. Los que rechazó no cayeron por mentir, sino por un trámite de verificación de la cuenta, y tres de los cuatro que pedían una intervención militar pasaron el filtro. "Que el sistema de moderación de Meta no haya detectado más de la mitad de los anuncios de desinformación electoral enviados por Amnistía Internacional es profundamente alarmante", dijo Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.
Las preguntas, sin embargo, no admiten una respuesta partidista fácil. Según reveló UOL, un estudio de la organización Ekō halló que, entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre, 26 perfiles pagaron más de 1,1 millones de reales por anuncios electorales en Meta que violaban la ley brasileña —muchos, videos hechos con IA sin identificar—, con piezas contra Lula y contra Flávio Bolsonaro. Folha documentó 33 reclamos por remociones en Instagram, bajo una regla del TSE contra el contenido alterado con IA, que alcanzaron a ministros, militantes de ambos bandos, comentaristas y periodistas. Y según Agência Lupa, la propia campaña de Lula destinó cerca del 10 % de lo que invirtió en Meta a anuncios negativos o con afirmaciones desmentidas, que el TSE no permite impulsar. Nada de esto prueba un favorecimiento; sí retrata una moderación tan opaca como errática.
"Hoy una parte importante del debate público ocurre dentro de plataformas privadas", dice Cynthia Picolo, presidenta del Laboratorio de Políticas Públicas e Internet (Lapin), consultada por RAYA. "Cuando una empresa puede interrumpir la comunicación de una campaña electoral sin presentar una justificación clara, eso muestra el tamaño del poder que estas plataformas tienen sobre el debate democrático. (…) Si esto le pasa a un candidato presidencial, imagina la dificultad de un ciudadano común ante un bloqueo semejante".
El episodio está conectado con la posición del gobierno de Brasil frente a las plataformas tecnológicas: la apuesta del Estado por regularlas, ponerles límites y sancionarlas si no cumplen las normas del país. Lula, como un David que defiende la soberanía de su territorio, ha dado la batalla contra los Goliat de Silicon Valley. Esa apuesta ya le ha costado caro: le ha valido aranceles y sanciones del injerencista gobierno de Donald Trump. Pero el pequeño gigante, con su discurso pausado, y su gobierno siguen firmes en su empeño.
Regular por partes
¿Por qué regular a estas empresas? Porque en internet, y sobre todo en sus plataformas, ocurre buena parte de lo peor de la vida social, y eso también les deja ganancias. En 2025, SaferNet, la principal central de denuncias de delitos en internet de Brasil, recibió 87.689 denuncias, un 28 % más que el año anterior; 63.214 fueron por imágenes de abuso y explotación sexual infantil. Ese mismo año, documentos internos de Meta revelados por Reuters mostraron que la empresa calculaba que cerca del 10 % de sus ingresos mundiales de 2024 —unos 16.000 millones de dólares— provendría de anuncios de estafas y productos prohibidos. Regular es, en el fondo, exigirles responsabilidad por lo que hacen circular y por lo que cobran.
El primer intento llegó en 2023, tras el asalto bolsonarista del 8 de enero a las sedes de los tres poderes, convocado por redes sociales. El gobierno apostó por el Proyecto de Ley 2630, que buscaba imponer a las plataformas un "deber de cuidado" frente a la desinformación y los contenidos ilegales. Las empresas respondieron con su propia infraestructura: Google puso en su buscador un enlace contra el proyecto y gastó más de 470.000 reales en anuncios para frenarlo, y Telegram envió a todos sus usuarios en Brasil un mensaje que advertía que la ley "acabaría con la libertad de expresión". El medio se volvió militante. Bautizado por sus detractores como el "PL de la censura", el proyecto terminó engavetado en 2024.
Fracasado ese intento, el Estado cambió de estrategia: en lugar de una gran ley, muchas reglas más pequeñas. "Brasil avanzó significativamente en los últimos años en la regulación de la actuación de las plataformas digitales, aunque quizás no del modo esperado", explica Nina Santos, investigadora del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital y coordinadora del portal desinformante, consultada por RAYA. Santos identifica tres frentes.
El primero protege a los menores. El ECA Digital, vigente desde marzo de este año, obliga a verificar la edad de los usuarios y a vincular las cuentas de los menores de 16 años con las de sus padres o responsables, y prohíbe perfilar a niños y adolescentes o analizar sus emociones para dirigirles publicidad.
El segundo cambió las reglas sobre lo que publican los usuarios. Hasta 2025, por regla general, una red social solo respondía ante la justicia por un contenido ajeno si un juez le ordenaba borrarlo y no lo hacía. En junio de ese año, el Supremo Tribunal Federal (STF) cambió esa regla: si alguien denuncia un contenido delictivo —salvo las ofensas al honor— y la plataforma no lo retira, puede ser condenada sin que medie un juez. Frente a los contenidos más graves —ataques a la democracia, terrorismo, discurso de odio, pornografía infantil— debe además prevenirlos activamente, y responde por los anuncios pagos aunque nadie los denuncie. En mayo de 2026, Lula llevó esa decisión a dos decretos que, además, obligan a las empresas a tener un representante legal en Brasil y a registrar quién paga cada anuncio.
El tercero es electoral: para estas elecciones, el Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió que los chatbots de inteligencia artificial recomienden o clasifiquen candidatos, incluso si el usuario lo pide, y vetó los nuevos contenidos fabricados con IA desde 72 horas antes hasta 24 horas después de la votación. Las big techs no siempre cumplen: en una prueba del Instituto de Tecnología y Sociedad de Río, seis de siete chatbots —entre ellos ChatGPT, Gemini, Meta AI y Grok— priorizaron o clasificaron candidatos. No hay, pues, una gran ley, sino un rompecabezas armado a la vez por el Congreso, los jueces y el Ejecutivo.
La libertad como escudo
Silicon Valley ha respondido con un discurso que la ultraderecha global ha hecho suyo: toda regla es "censura". En 2024, X estuvo bloqueada 39 días en Brasil porque Elon Musk se negó a cumplir órdenes judiciales. En enero de 2025, dos semanas antes de ocupar un lugar de honor en la posesión de Trump, Zuckerberg anunció el fin de la verificación de datos en Meta —por ahora, solo en Estados Unidos—, relajó sus reglas contra el discurso de odio —eso sí, también en Brasil— y habló de "tribunales secretos" en América Latina, una frase que en Brasilia se leyó como una pulla al STF. Meses después, en la ONU, Lula fijó su posición: "Regular no es restringir la libertad de expresión. Es garantizar que lo que ya es ilegal en el mundo real sea tratado así en el ambiente virtual".
Pero no toda objeción viene de ese lado. Organizaciones de derechos digitales que exigen regular a las big techs, como Intervozes, la Coalizão Direitos na Rede o el propio InternetLab, también han advertido sobre el riesgo opuesto: que, para protegerse de los riesgos judiciales, las plataformas terminen borrando por su cuenta lo que circula. Intervozes defendió el artículo 19 del Marco Civil para evitar esa "censura privada", y tras el fallo del STF, InternetLab alertó que el nuevo régimen puede crear "fuertes incentivos" para retirar contenidos en exceso, con mayor impacto sobre "voces que ya enfrentan barreras de visibilidad y protección". El dilema no es regular o no, sino cómo hacerlo sin que una empresa privada termine decidiendo, sola, qué discurso existe.
"En los pasillos de Brasilia vemos a diversos ejecutivos de big techs relacionándose de manera recurrente con senadores, diputados y asesores", cuenta Picolo, que señala además una contradicción del gobierno: el 15 de septiembre, Lula sancionó el Redata, una política de exenciones tributarias para atraer centros de datos, mientras Brasil sigue sin una ley de inteligencia artificial ni de plataformas. La soberanía se defiende en el discurso, pero los servidores de las grandes tecnológicas se reciben con incentivos tributarios.
Trump, abogado de Silicon Valley
La disputa dejó de ser doméstica en julio de 2025, cuando Trump impuso aranceles de hasta el 50 % a Brasil, justificados en parte por la supuesta "censura" a las plataformas estadounidenses, y sancionó a Moraes con la Ley Magnitsky, diseñada para castigar a violadores de derechos humanos y corruptos. En julio de 2026 llegó otro arancel del 25 %: según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Brasil "castiga a empresas tecnológicas estadounidenses por negarse a censurar el discurso político". Regular a una empresa de California se trata ya como una agresión comercial, y Washington actúa como su departamento jurídico. Flávio Bolsonaro, por su parte, promete derogar en masa las medidas que hoy obligan a las plataformas a rendir cuentas.
El casino en el bolsillo
El paso más reciente llegó a finales de septiembre. El 25, Lula firmó la Medida Provisional 1.394, que prohíbe las apuestas en línea —las bets— en todo Brasil, un giro total frente a la ley con la que su propio gobierno las reguló en 2023. "Este país metió el casino dentro de la casa. El casino está en la cocina, está en la sala", dijo en el acto en que la anunció. Dos días después, en una entrevista con la cadena Band, fue más directo: "Desde que llegamos al gobierno, intentamos regular. Pero, si no funcionaba, íbamos a cerrar. No funcionó". El Ministerio de Salud calcula su costo social en 38.800 millones de reales al año. La medida toca de lleno a las big techs: el 29 de septiembre, el gobierno les dio diez días a Google, Meta, TikTok, X y otras plataformas para retirar toda la publicidad de apuestas, un negocio que se promocionaba masivamente con anuncios e influenciadores en esas mismas redes.
¿Favorecimiento o caja negra?
La pregunta de si las plataformas favorecen a Flávio Bolsonaro divide a las expertas. Picolo no duda: "Desde Lapin creemos que hay un favorecimiento a la candidatura de Flávio Bolsonaro, sobre todo si partimos de la idea de que las big techs son hoy herramientas geopolíticas de Estados Unidos. Sus líderes, como Mark Zuckerberg, Elon Musk o Satya Nadella, han mostrado un alineamiento político casi explícito, si no explícito, con Donald Trump y con las posiciones de extrema derecha". Como prueba cita otro caso del mismo 23 de septiembre: Meta tumbó el perfil de Instagram de Revelando, la serie del actor Fábio Porchat, que difundía un reportaje sobre los vínculos entre el Banco Master —envuelto en un escándalo de fraude bilionario—, la iglesia Lagoinha y políticos como Flávio Bolsonaro, con millones de visualizaciones en YouTube. El aviso fue el de siempre: el contenido "no sigue los estándares" de la plataforma. Horas después, Meta restableció la cuenta y pidió disculpas, sin explicar qué había pasado, y el Ministerio de Justicia le exigió explicaciones.
Santos es más cauta, y su cautela resulta, quizá, más inquietante: "No me parece necesariamente que haya un favorecimiento político hacia un lado u otro. Lo que me parece es que ni siquiera somos capaces de evaluar si lo hay o no, porque no tenemos información suficiente: estas plataformas son extremadamente poderosas y extremadamente opacas". Entre la sospecha de una y la caja negra que denuncia la otra queda un hecho: nadie fuera de Meta sabe por qué la página y la publicidad del presidente de Brasil desaparecieron a once días de las elecciones.
Una lección para Colombia
Para Santos, Brasil deja dos lecciones: abordar lo digital desde temas que unan a todo el espectro político —"el tema de los niños y adolescentes generó apoyo en todo el espectro político, y eso redujo mucho las resistencias"— y avanzar con varias instituciones en paralelo. Colombia está lejos de ese punto: no tiene una ley general que obligue a las plataformas a rendir cuentas, y el último proyecto en ese sentido se archivó en junio sin haber sido votado siquiera en primer debate. Lo que le pasó a Lula podría pasarle mañana a cualquier candidato colombiano. Un país que no define las reglas de su plaza pública no deja de tenerlas: simplemente acepta las que otros escriben por él.
