En medio de la crisis humanitaria del Catatumbo, Revista RAYA recorrió este territorio y conversó con campesinos, líderes sociales y comunitarios. El cambio de discurso del presidente y la militarización auguran una escalada que podría terminar en múltiples crímenes contra civiles y organizaciones sociales. Revelamos detalles sobre la alianza rota entre el ELN y la disidencia.
Por: Redacción Revista RAYA - Fotos: Camilo Gómez
Ana* aún estaba en Vegas del Oriente cuando la Junta de Acción Comunal subió a recoger los 13 muertos desperdigados por la montaña, en la última semana de enero, tras combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las extintas Farc.
“Por seguridad no estamos durmiendo en las casas sino en un albergue en la vereda, hay muchos tiros en la montaña”, contó a RAYA esta mujer campesina, integrante de una organización social de la zona. Ella asegura que los señalamientos son de todos los lados y no se detienen, mientras circulan panfletos y amenazas en internet acusando a los líderes de ser afines a un bando u otro.
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El pueblo catatumbero rechaza la militarización ordenada por el presidente Gustavo Petro - Foto: Camilo Gómez @Loues_blues
Ana conversó con RAYA en Ocaña el 3 de febrero, después de abandonar la vereda por la gravedad de la situación: “El miedo y la zozobra hay que echarlos a la espalda y seguir adelante por nuestro territorio”, dijo.
Las amenazas comenzaron cuando aparecieron varias cuentas falsas de Facebook, la mayoría recién creadas, que replican comunicados de las disidencias. Estas cuentas están vinculadas a otra cuenta que firma sus escritos a nombre de Richar Suárez, segundo al mando de la disidencia, desde donde se difunde, hace un año, contenido sobre los proyectos y actividades sociales que el Frente 33 realiza en el Catatumbo, algunos con respaldo oficial, pues se desarrollan en el marco de la mesa de diálogos que sostienen con el Gobierno Nacional.
Desde estas cuentas se ha señalado falsamente como colaboradores del ELN, con fotografía, datos de ubicación y nombre propio, a por lo menos una veintena de líderes comunitarios y campesinos de la región. Entre ellos hay exalcaldes, concejales, incluso un diputado del departamento, aunque la mayoría son líderes afiliados a las Juntas de Acción Comunal y a organizaciones campesinas de la zona.
Las amenazas circulan también por grupos de WhatsApp, de las veredas y de las Juntas, en forma de piezas gráficas diseñadas para vincular a los líderes con grupos armados ilegales. Estos perfilamientos muestran un profundo conocimiento de la región, pues contienen un alto nivel de detalle en sus comentarios.
Además, en un comunicado del 25 de enero, la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo, conocida como ASUNCAT, denunció agresiones en su contra. Esta es una organización creada después del Acuerdo de La Habana tras una división interna de la vieja Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), asociación con más de dos décadas de trayectoria que acoge a firmantes de paz y familias cercanas a ellos.
Según ASUNCAT, dos de sus integrantes fueron asesinados por el ELN en la primera semana de la confrontación. Otros dos dirigentes, Roger Quintero y Freiman Velásquez, estuvieron secuestrados por esa guerrilla y aparecieron con vida varios días después. Freiman declaró ante la prensa que el “objetivo de toda esta cacería de brujas” no era otro sino el movimiento social.
Un rechazo contundente a la militarización
La respuesta del presidente Gustavo Petro a la crisis ha sido cambiante. En un primer momento Petro aseguró que el tema era de soberanía y seguridad nacional, insinuando que fuerzas extranjeras con asiento en Venezuela habían contribuido a la ofensiva del ELN.
Pero menos de una semana después, el 25 de enero, el ministro de la defensa Iván Velásquez se reunió en San Cristóbal con el general Vladimir Padrino, su homólogo venezolano, y acordaron un operativo conjunto de tres meses en la frontera para “ayudar a Colombia a construir y consolidar su paz”, según el Ministerio de Defensa de Venezuela.
Días después, el presidente atribuyó la escalada de violencia a un desplazamiento guerrillero desde Arauca hasta el Catatumbo, vía Venezuela, atribuyendo la ofensiva a Pablo Marín, conocido como “Pablito”, miembro del Comando Central del ELN y principal jefe del Frente Oriental. Dos de los comandantes que han estado al frente de la confrontación son Silvana Guerrero, antigua negociadora de paz, quien apareció en un video leyendo un comunicado, y Ricardo, ambos originarios de la región.
En condiciones insalubres cocinan cientos de desplazados por el conflicto en los alrededores del coliseo de Ocaña, Norte de Santander - Foto: Camilo Gómez @Loues_blues
El presidente suspendió los diálogos con el ELN, sin avances desde hace un año, comparándolos con los Nazis y luego con mafiosos al servicio del Cártel de Sinaloa. Posteriormente anunció la figura de conmoción interior.
Sin embargo, la aplicación de esta medida tuvo un impacto directo en el Pacto de Transformación Social por el Catatumbo, una iniciativa del Gobierno Petro construida durante dos años con la participación de todas las organizaciones sociales y campesinas de la región. A pesar de este trabajo, el presidente Petro aún no ha firmado el pacto, lo que ha generado críticas de distintos sectores.
El alcalde de Teorama, Uber Conde, reprochó la falta de acción del Gobierno, señalando que el presidente ha visitado el Catatumbo en cuatro ocasiones durante la crisis, pero no ha concretado la ejecución de los paquetes de inversión social. “Presidente, es el momento de pasar del discurso a los hechos”, declaró.
Las organizaciones sociales expresan su preocupación de que el Pacto por el Catatumbo, que contempla más de 120 iniciativas, incluida la creación de una universidad pública y diversos proyectos comunitarios, quede bajo el control de los caciques políticos tradicionales del departamento. Esta inquietud surge porque los decretos de conmoción interior incluyeron a Cúcuta y su área metropolitana, bastión electoral de William Villamizar, gobernador de Norte de Santander en tres ocasiones, incluyendo el periodo actual, quién ha sido mencionado en múltiples escándalos de corrupción.
Los decretos expedidos en el marco de la Conmoción Interior buscan recaudar 3 billones de pesos para financiar el paquete de inversión social en la región, mientras tanto, el Pacto por el Catatumbo sigue sin firmarse.
Lo que sí llegó fueron más de nueve mil efectivos militares que han ido copando las montañas en tanto sostienen combates con el ELN, los últimos entre el 10 y 11 de febrero, con sobrevuelos y bombardeos, por más de doce horas, en la vereda Orú Siete, al sur de Tibú, junto a otros choques en un punto conocido como el Kilómetro 25, también en Tibú, dos días más tarde.
El 4 de febrero, en El Tarra, se llevó a cabo una audiencia pública con la Comisión de Paz del Senado, a la que asistieron campesinos de varios municipios, senadores y delegados del Gobierno. La Revista RAYA estuvo presente en el evento tras participar en la caravana humanitaria con apoyo de la Asociación Minga. Sin embargo, la audiencia no contó con la participación de Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz, ni con ninguno de los funcionarios de su oficina.
Durante la audiencia, el exsenador Alberto Castilla, miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), una de las organizaciones campesinas más grandes y antiguas de la región, expresó su preocupación sobre la estrategia del Gobierno en el Catatumbo y recordó los llamados de las organizaciones sociales para evitar la confrontación armada.
“Las organizaciones sí hicimos los llamados para que los grupos armados evitaran la confrontación. El 12 de diciembre, las cuatro organizaciones campesinas del Catatumbo [CISCA, ASCAMCAT, ASUNCAT y MCP], junto a la diócesis de Ocaña y monseñor Olave, hicimos público un pronunciamiento”, afirmó Castilla.
Además, señaló: “Petro nos dijo: propongo hacer del Catatumbo la capital de la paz, ahora usa el Catatumbo como piloto para abandonar el camino de la solución política”.
Las comunidades reclaman que se retome la solución política al conflicto armado y hacer realidad el Pacto por el Catatumbo - Foto: Camilo Gómez @Loues_blues
El 4 de enero se congregaron centenares de campesinos y activistas en una audiencia por la paz en El Tarra - Fotos: Camilo Gómez @Loues_blues
Holmer Pérez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), ratificó la postura de las organizaciones sociales asegurando que se trata de “una guerra impuesta, le hablamos a los actores armados en muchas ocasiones para que esto no sucediera, pero tuvieron los oídos sordos. Condenan a una generación más a la guerra, han vuelto enemigos a los vecinos”, pero puntualizó que el origen de toda la crisis radica en “un Estado que no cumple los acuerdos”.
“Este dolor que está viviendo el Catatumbo no tiene propietario individual”, insistió el líder campesino Alberto Castilla: “Es un dolor colectivo. No preguntemos por quién están doblando las campanas, están doblando por cada uno de nosotros”.
Con fusiles y el “permiso” del ELN: así nació la disidencia
La historia era de dominio público entre los campesinos de los caseríos más remotos en El Tarra, Convención y Teorama. Un equipo de la Revista RAYA la conoció de primera mano durante un recorrido por el Catatumbo en octubre del 2024. En esos días se observaba con preocupación la maltrecha alianza entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las extintas Farc, a punto de romperse del todo tras desacuerdos y escaramuzas que derivaron en la crisis actual.
En una investigación anterior advertimos el temor que despertaba un disidente conocido como “Nando Estévez”, quien a nombre de las Farc montó laboratorios y cristalizaderos de cocaína en los alrededores de Ocaña. También revelamos que habría reclutado jóvenes desertores de distintos grupos armados y mantenido relaciones con organizaciones del narcotráfico y paramilitares del Clan del Golfo, facilitando su llegada a la región.
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En las veredas y caseríos se conocía que el Frente 33 de las disidencias surgió entre 2017 y 2018 bajo el liderazgo de “Jhon Mechas”, un antiguo miliciano de las Farc que nunca se acogió al proceso de paz de La Habana. “Jhon Mechas” tuvo, desde el comienzo, el respaldo del ELN, que le proporcionó varios fusiles para montar la primera de sus estructuras armadas.
“Mechas” fue mentor de Andrei Avendaño, el joven vocero del autodenominado Estado Mayor de Bloques de la disidencia, quien participa en la mesa de paz con el Gobierno Nacional. En la región recuerdan que “Mechas” lo acogió desde niño y se encargó de su crianza. Recientemente, “Mechas” reapareció en un video donde aseguraba que su grupo no atacaría a la población civil en la disputa con el ELN, disputa que la disidencia califica como una “traición”.
Entre el 2 y el 4 de febrero una caravana humanitaria acompañada por la Asociación Minga y plataformas de derechos humanos recorrió el Catatumbo para participar en la audiencia de paz del Congreso realizada en El Tarra - Foto: Camilo Gómez @Loues_blues
La información sobre los fusiles y el respaldo temprano del ELN a la disidencia fue confirmada por ambas partes. Antonio García, máximo jefe del ELN, publicó en su canal de Telegram un mensaje donde reconoció que su grupo ayudó a la creación del Frente 33, a solicitud de “John Mechas”, lo que podría considerarse un saboteo a los Acuerdos de Paz de La Habana,
Al preguntar a una fuente que se mueve con solvencia en la región sobre las razones del ELN para apoyar con armas y protección a quienes hoy son sus enemigos, explicó que en su momento se interpretó como un acto de “solidaridad revolucionaria”.
En su mensaje de Telegram, García pretendió justificar los cerca de cien asesinatos que el ELN ha cometido desde mediados de enero, algunos en combates y otros mediante ejecuciones, argumentando que eran parte de la confrontación con los disidentes por el incumplimiento de acuerdos.
“Las tensiones en el Catatumbo siguieron creciendo producto de los incumplimientos de acuerdos e imposiciones a la población [por parte de la disidencia]”, aseguró García: “El detonante fue el vil asesinato de Miguel Ángel López, junto a su esposa, Zulay Durán Pacheco y su pequeño hijo, para de manera ruin endilgárselo al ELN”. Días más tarde mencionó como motivo para la ruptura los vínculos de estas estructuras con el narcotráfico, en una entrevista publicada por la revista Semana el 9 de enero.
“Jhon Mechas”, por su parte, reapareció en videos difundidos en páginas de Facebook asociadas a las disidencias. En uno de ellos, comparó la situación del Catatumbo con la incursión paramilitar de los años noventa, afirmando que ahora enfrentaban “una realidad similar, ya no con los paramilitares, sino con quienes eran nuestros amigos: los guerrilleros del ELN”.
El control de los grupos armados es notable en toda la región - Foto: Camilo Gómez @Loues_blues
En las declaraciones de “Mechas” y de su subordinado Andrei Avendaño se percibe aún un tono menos agresivo, mientras que Richar Suárez, segundo al mando del grupo, desde el comienzo endureció su discurso prometiendo venganza por la arremetida del ELN. Richar, a diferencia de ellos, no es oriundo del Catatumbo sino que proviene del suroriente del país y tiene constantes roces con los elenos, según lo narró el propio Antonio García.
Mientras ambos bandos se acusan mutuamente de ser “traquetos” y “paramilitares”, el mercado del narcotráfico se ha reactivado por completo en el Catatumbo, donde un raspachín puede ganar más de 700 mil pesos por una semana de trabajo, luego de un descenso en los precios de las pasta base que duró tres años.
*Algunos nombres fueron cambiados u omitidos por seguridad de las fuentes.
