Colombia enfrenta desigualdades en acceso al agua potable y energía, especialmente en zonas rurales. La transición hacia energías limpias es lenta por la dependencia de combustibles fósiles y el cambio climático. Iniciativas como la generación de energía a partir de residuos y acueductos comunitarios ofrecen soluciones, pero requieren apoyo legislativo y políticas públicas claras para garantizar su sostenibilidad.

Por: David Guarín

El acceso a servicios básicos domiciliarios y la transición energética en América Latina, especialmente en Colombia, presentan desafíos para las áreas urbanas y rurales. A nivel global, la demanda de agua potable y energía sigue en aumento, mientras que muchas comunidades permanecen sin acceso. Según Roi Chiti, Coordinador Regional de Países Andinos de ONU Habitat, la demanda mundial de agua municipal crecerá un 42% entre 2012 y 2025. Sin embargo, millones de personas aún carecen de agua potable y saneamiento seguro, una realidad que se refleja en Colombia.

En el país, las disparidades en el acceso al agua potable son marcadas. Mientras que las zonas urbanas logran niveles de cobertura cercanos al 90%, en las zonas rurales y entre comunidades étnicas, como en Chocó y La Guajira, esta cifra es mucho menor, según cifras del Ministerio de la Igualdad. Este desbalance es en parte resultado de la falta de una gestión coordinada del recurso hídrico, un problema que Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos, ha señalado como uno de los principales obstáculos a superar mediante la creación de una autoridad centralizada para la administración del agua.

En el ámbito energético, Colombia enfrenta una situación complicada. A pesar de ser un país rico en recursos naturales, la transición hacia energías más limpias se ha visto obstaculizada por la dependencia de combustibles fósiles. Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, subraya que la narrativa de un inminente desabastecimiento de gas no es nueva, y que ya en 2014 se experimentó una caída significativa en las reservas sin que se manifestara una crisis inmediata. Aun así, sectores de la industria expresan preocupaciones sobre el futuro abastecimiento y el impacto económico de nuevos contratos energéticos.

Actualmente, alrededor de 36 millones de colombianos dependen del gas natural, lo que complica una transición rápida hacia energías renovables. Jaime Concha, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), señala que la sustitución del petróleo y el carbón requeriría un crecimiento en sectores como el agropecuario y el turismo, algo que en el corto plazo parece poco probable.

El cambio climático ha añadido otra capa de complejidad a la situación. Las sequías afectan la generación hidroeléctrica, que es una de las principales fuentes de electricidad en Colombia. La caída en los niveles de los embalses podría obligar al país a depender más de las termoeléctricas que usan diésel, carbón o gas, lo que profundiza la dependencia a los combustibles fósiles, además de ser las fuentes de energía más contaminantes.

En respuesta a estos desafíos, se han propuesto iniciativas como las comunidades energéticas, que buscan utilizar gases renovables provenientes de rellenos sanitarios y la agroindustria, brindando una solución para la gestión de residuos y la generación de energía en áreas rurales. Esta propuesta, defendida por Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, sugiere que una transición energética más limpia es posible sin sacrificar la seguridad energética.

El manejo de residuos es otro de los retos en Colombia. Cerca del 50% de los residuos generados en América Latina son depositados en botaderos a cielo abierto o mal gestionados. En el país, solo el 20% de los residuos se reutiliza, mientras que el resto termina en rellenos sanitarios. Ruth Maritza Quevedo, directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, ha hecho un llamado a reconocer el papel de los recicladores de oficio y a implementar incentivos para que los hogares separen correctamente sus residuos.

La problemática del acceso a la red eléctrica en zonas rurales también es relevante. Según Alexandra Hernández Saravia, presidenta de Ser Colombia, más de 1,5 millones de personas no están conectadas a la red eléctrica y es poco probable que lo estén en el futuro cercano. La generación de energía a partir de residuos orgánicos podría ser una solución viable, que no solo resolvería el problema de la energía, sino también contribuiría a la gestión de los residuos.

La capacidad de las comunidades para gestionar sus propios servicios públicos es otro aspecto en este debate. En Colombia, existen 12.000 acueductos comunitarios construidos y gestionados por sus habitantes. Sin embargo, Jorge Eduardo Londoño, director del SENA, advierte que la legislación actual favorece a las empresas privadas en la prestación de servicios, y no da suficiente espacio a las comunidades organizadas para autogestionarse. Si estas tuvieran mayor apoyo y reconocimiento, podrían desempeñar un rol más destacado en la provisión de servicios.

El reto es, como señala Alexandra Hernández, garantizar que estos proyectos comunitarios sean sostenibles. Para ello, se necesita una política pública clara que resuelva cuestiones sobre la gestión de tarifas, la recaudación y la continuidad en la prestación de los servicios. Solo así se podrá garantizar que los modelos comunitarios sean viables y eficientes.

La transición energética y el acceso a servicios básicos en Colombia requiere de un enfoque que combine innovación, gestión de recursos y políticas públicas que empoderen a las comunidades. Estas intervenciones se dieron en el marco del Foro Internacional de Servicios Públicos Domiciliarios.