Este jueves 15 de abril Néstor Humberto Martínez declara en el juicio que se adelanta en contra de Álvaro Uribe. Su participación en la audiencia, solicitada por la defensa del expresidente, está relacionada con una reunión que sostuvo con el expresidente en agosto de 2017 donde hablaron de Santiago, su hermano. La contraparte considera que la citación de Martínez es una estrategia para dilatar el proceso, que podría precluir en octubre de este año.
Por: Redacción Revista RAYA
El 15 de agosto de 2017, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acudió al búnker de la Fiscalía en compañía de su abogado, Diego Cadena, para reunirse con el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. La visita estuvo relacionada con dos asuntos concretos. El primero, entregar unas cartas a favor de su hermano Santiago Uribe, firmadas por narcotraficantes y paramilitares que buscaban desvirtuar la acusación en su contra por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.
El otro punto que la defensa de Uribe busca esclarecer con el testimonio de Néstor Humberto Martínez es si tuvo conocimiento de los ofrecimientos realizados, por iniciativa de Álvaro Uribe Vélez, en relación con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Por esa reunión, Néstor Humberto Martínez fue citado a declarar este jueves 15 de mayo, a solicitud de la defensa de Uribe, en el juicio que se adelanta contra el expresidente por fraude procesal, soborno y manipulación de testigos.
Su citación ha sido cuestionada por considerarse irrelevante para el caso. Según la contraparte, podría representar un desgaste para la justicia, desviar el enfoque del proceso y repetir pruebas ya conocidas. Además, sostienen que los casos de Santiago Uribe, el grupo Los Doce Apóstoles y el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado no guardan relación directa con el juicio actual. Para algunos, esta maniobra busca dilatar el proceso con el objetivo de que prescriba en octubre de este año.
Al menos cuatro escándalos y una constante: el rol de Néstor Humberto Martínez en proteger a los poderosos y entorpecer la justicia.
Antes de ser fiscal general, Martínez fue abogado del Grupo Aval y de su filial Corficolombiana, socia de Odebrecht en el proyecto vial Ruta del Sol II. En 2015, como asesor legal, participó en la redacción de un contrato de transacción entre Aval y Odebrecht que incluía cláusulas de confidencialidad, comprometiendo a ambas partes a no emprender acciones legales entre sí, lo que ha sido interpretado como un intento de blindar a los involucrados frente a futuras investigaciones.
En marzo de 2023, la Revista RAYA reveló una declaración de Otto Bula, lobbista de la empresa brasileña y testigo del proceso. Durante la audiencia que se realizó ante la Fiscalía General, Bula afirmó que Martínez conocía los contratos ficticios para el pago de sobornos, y que su llegada a la Fiscalía era vista como una “garantía” para los corruptos.
Durante la diligencia Bula explicó que los contratos contaban con el visto bueno de Néstor Humberto Martínez Neira en su rol de abogado, en hechos ocurridos dos meses antes de posesionarse como fiscal general. “Yo me entero de que el abogado apoderado de la firma de Odebrecht era Néstor Humberto Martínez en junio del año pasado [2016], cuando me convencieron de firmar cuatro contratos de lobby donde estaban: uno de estabilidad jurídica, otro contrato que no recuerdo, el contrato de lo de Ocaña-Gamarra y el contrato que sí era real, que era el de Navelena, para conseguirle un socio estratégico que era Afavías”, relató Bula ante la Fiscalía en 2017.
Esta declaración es relevante para determinar el papel que jugó Martínez Neira en el entramado corrupto y en la impunidad en el caso Odebrecht en Colombia. La diligencia fue adelantada por el fiscal Álvaro Enrique Betancurt, actualmente investigado por las autoridades norteamericanas, debido a que supuestamente, junto con su homólogo, Daniel Hernández, presionaron a Otto Bula para que no declarara en contra de Martínez Neira.
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Las sombras sobre Martínez también alcanzan el caso de Jorge Enrique Pizano, auditor del proyecto Ruta del Sol II entre 2010 y 2014, en el que participaban consorcios colombianos y la empresa constructora brasileña Odebrecht, cliente de Martínez cuando era abogado. Desde 2013, Pizano reportó irregularidades en contratos que identificó como posibles sobornos.
En noviembre de 2018, Pizano murió en circunstancias no esclarecidas. Días después, su hijo Alejandro también falleció por envenenamiento con cianuro, luego de beber de una botella hallada en la casa familiar que tenía en Subachoque, municipio de Cundinamarca.
En febrero de 2025, la viuda de Pizano, Inés Elvira Ponce de León, y sus hijas presentaron una denuncia penal contra Néstor Humberto Martínez por la presunta comisión del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La denuncia se basa en la desaparición de datos clave contenidos en un iPad de Pizano, que había sido entregado a Martínez tras su muerte. Según un peritaje, la información almacenada entre 2016 y 2018 fue borrada, con excepción de una grabación. La familia sostiene que esto compromete seriamente la cadena de custodia y la integridad de pruebas relevantes para el caso Odebrecht.
Sin embargo, la actuación de Néstor Humberto Martínez no se limita a los casos relacionados con Odebrecht. Su gestión como fiscal general también ha sido señalada por obstaculizar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente en el caso de la extradición de Jesús Santrich, excomandante de las FARC.
Según expedientes y artículos de prensa, cuando Martínez era fiscal general, no le entregó a la JEP todas las pruebas disponibles relacionadas con este proceso, a pesar de que era su obligación legal. Esta omisión impidió que el tribunal pudiera valorar de forma completa la solicitud de extradición de Santrich a Estados Unidos, país que lo acusaba de conspirar para enviar diez toneladas de cocaína en coordinación con el Cártel de Sinaloa, una vez firmó el Acuerdo de Paz.
El caso se remonta a abril de 2018, cuando Santrich fue capturado con gran despliegue mediático, en una operación promovida por la Fiscalía bajo la dirección de Martínez. Tras la detención, se difundieron videos sin audio y grabaciones sin contexto, que Martínez presentó como evidencia de la supuesta negociación. Sin embargo, con el tiempo surgieron cuestionamientos sobre la legalidad de las pruebas y si se trataba de un caso de entrampamiento —una operación inducida por agentes estatales y extranjeros para incriminar a un firmante del Acuerdo de Paz—.
La JEP finalmente determinó que no había pruebas suficientes para autorizar la extradición, lo que generó tensiones entre el sistema de justicia transicional y la Fiscalía. Este episodio se considera un precedente de intento de debilitamiento institucional del proceso de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC.
Finalmente, en noviembre de 2020, por medio de investigación periodística de Edinson Bolaños, director de la Revista RAYA para El Espectador, se conoció de la existencia de al menos 24.000 audios que reposaban en la fiscalía, que no fueron entregados a la JEP, y que daban cuenta de una compleja y fraudulenta operación de entrampamiento, que se había realizado contra los antiguos negociadores del Acuerdo de Paz.
Sobre estos hechos quedó un registro en la Comisión de la Verdad además de ser documentado por una experta de la ONU, que revisó el caso. En 2023, la JEP presentó una denuncia penal solicitando que se investiguen las conductas de antiguos funcionarios de la Fiscalía en el proceso mediante el cual se otorgó garantía de no extradición a Santrich. En el mismo año la ONU presentó un informe en el que señala que la Fiscalía obstaculizó a la JEP en dicho caso.
Este entramado institucional se refleja de forma aún más cruda en el denominado caso Bermeo. En marzo de 2019, el exfiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo fue capturado mientras recibía 50 mil dólares en un hotel de Bogotá. Según la Fiscalía, Bermeo hacía parte de un plan para impedir la extradición de Jesús Santrich. No obstante, la defensa denunció que se trató de un entrampamiento: un agente encubierto, presuntamente vinculado a la DEA, indujo el delito haciéndose pasar por un narco mexicano. Este entramado, según las evidencias, tendría como objetivo principal a los propios magistrados de la JEP.
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La operación habría sido coordinada entre la DEA y la Fiscalía liderada por Martínez, sin autorización judicial previa ni supervisión legal. Aunque Bermeo fue condenado en 2022 a ocho años de prisión por el delito de cohecho, fue absuelto de concierto para delinquir y tráfico de influencias por falta de pruebas.
A estos episodios se suma otra actuación cuestionada. El 18 de septiembre de 2017, el noticiero Noticias UNO reveló una investigación que expuso una presunta actuación irregular de Martínez en un millonario fraude. En 1982, el empresario Alejandro González Beltrán abrió tres CDTs en Corfivalle, hoy Corficolombiana, entidad financiera de la que Martinez Neira era abogado , cada uno por 58 millones de pesos. Años más tarde, cuando quiso cobrarlos, Corficolombiana alegó que eran falsos. Tras años de litigio, la Corte Suprema determinó la autenticidad de los títulos de valor y ordenó su pago.
Sin embargo, al momento del cobro, Corficolombiana, a través de su abogado, Martinez Neira, presentó tres mujeres como supuestas propietarias de los DCTs en reclamación. González se dió a la tarea de ubicarlas y, al lograrlo, descubrió que las supuestas titulares negaban haber abierto cuentas bancarias y nunca haber poseído CDTs, y que sus firmas habían sido falsificadas. Una de ellas incluso ya había fallecido. Las irregularidades apuntaban a un posible fraude, que tendría como protagonista a Martínez. Las víctimas también señalaban el poder del entonces Fiscal General de las adversidades jurídicas que se presentaron con posterioridad al fallo de la Corte Suprema.
Ver reporte de Noticias UNO: https://www.youtube.com/watch?v=yVqGX7TDFUY
Con estos antecedentes Néstor Humberto Martínez tomará protagonismo en el caso que tiene cerca de una sentencia en su contra a Álvaro Uribe Vélez. En el documento donde el Juzgado 44 de Bogotá aceptó a Martínez Neira como testigo se plasmó las inconformidades que tuvo la Fiscalía al respecto. Para el ente acusador, la defensa del expresidente “incurre en implorar una prueba que a nada conduce en relación con los hechos aquí investigados”.
Auto del juzgado 44 de Bogotá en donde acepta que Néstor Humberto Martínez sea testigo en el caso de Álvaro Uribe Velez para hablar de la creación de los Doce Apostoles y el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
La audiencia esperará entonces una declaración de Néstor Humberto sin relevancia para el juicio por fraude procesal, soborno y manipulación de testigos en contra de Uribe Velez, pues la reunión del 15 de agosto de 2017 ni siquiera se realizó en la época en la que ocurrieron los hechos que son investigados en el juicio.
Junto a Martínez Neira también declararán, entre jueves y viernes, el exministro y condenado por Angro Ingreso Seguro Andrés Felipe Arias, así como los senadores del Centro Democrático Honorio Henriquez, Ruby Chagui y 15 personas más. Todo ellos con la misma misión: desviar la atención central del caso, hacer una reconstrucción histórica que no interesa y un juicio farragoso y poco concentrado.
Seguramente la juez del caso tendrá que valorar, además de su testimonio en el juicio, el contexto histórico del abogado, ex ministro y exfiscal general de la nación, para determinar la credibilidad de su declaración.
