39 familias del Catatumbo fueron reubicadas en un predio de Puerto Boyacá en abril de este año. Allí fueron hostigadas por varios pobladores del municipio y amenazadas por un antiguo miembro de las AUC, por lo que tuvieron que desplazarse por tercera vez en este 2025.
Por: Redacción Revista RAYA
Cuando Dairo Abril dejó las armas lo hizo con un propósito en mente: construir un país más justo y soberano para el campesinado del Catatumbo. Su ilusión con el Acuerdo de Paz fue enorme. “Si tú lees página por página el tratado es hermoso”, comenta. Sin embargo, como dice el viejo refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora se encuentra en Bogotá, lejos de su tierra, velando por las 39 familias de las que es vocero y líder, en las que hay niños, mujeres embarazadas y firmantes de paz, mientras lidia con el drama del desplazamiento.
El conflicto que estalló este año en el Catatumbo, que inició el 16 de enero y que ha dejado más de 60 mil desplazados y un número indeterminado de muertos, lo vetó del territorio. “La única forma de regresar es con un fusil en mano, algo impensable. Yo no quiero más guerra”, dice Abril. Con serenidad y tristeza, asume el destierro al que fue condenado por el ELN. Este grupo armado lo declaró objetivo militar, al igual que a su padre José del Carmen Abril, uno de los fundadores de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien tuvo que esconderse los primeros días de la arremetida elena y fue rescatado por las autoridades después de la denuncia hecha por Dairo, entre lágrimas, que fue viral en redes sociales.
Al igual que muchos catatumberos, Abril ha sufrido el desplazamiento forzado en varias ocasiones. En 2002, cuando tenía 11 años, tuvo que huir de su hogar en Convención a causa de la violencia paramilitar. En 2009 ingresó a las filas de las FARC y fungió como guerrillero en la misma región que lo vio nacer. En 2016 empezó su proceso de reincoporación a la vida civil, enfocado en trabajar en la reforma agraria y la sustitución de cultivos ilícitos, tema por el que recibió amenazas y no pudo salir del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en Tibú, durante todo el Gobierno Duque, porque como él mismo dice, meterse con la coca es convertirse en enemigo de muchos intereses.
Este año ha tenido que sobrellevar no solo el desplazamiento desde el Catatumbo a Cúcuta, capital de Norte de Santander, donde vivió durante dos meses en albergues junto a miles de familias, sino también el que sufrió en el mes de abril junto a las 39 familias que lidera en Puerto Boyacá, municipio de alrededor de 50 mil habitantes del departamento de Boyacá que hace parte del Magdalena Medio y fue la cuna del paramilitarismo. Allí fueron hostigados por pobladores que los señalaron de guerrilleros y amenazados directamente por un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Con sus pertenencias en la mano, los desplazados del Catatumbo fueron a Puerto Boyacá creyendo que habría paz y encontraron un nuevo conflicto, esta vez con la comunidad, que los obligó a salir del territorio rumbo a Bogotá. Ahora están a la espera de ser reubicados por segunda vez, con el anhelo de poder asentarse en un territorio al que puedan volver a llamar hogar.
Llegada, asedio y salida
Teniendo claro que él y las familias que lo acompañaban no podían regresar al Catatumbo, Abril se acercó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para iniciar un proceso de reubicación y adjudicación de terrenos. La ANT les ofreció tres opciones, Rionegro (Santander), Maní (Casanare) y Puerto Boyacá. Los predios de Rionegro y Maní no cumplían con las aspiraciones de las familias desplazadas, por lo que decidieron ir a Puerto Boyacá. “Otro de los factores por los que elegimos trasladarnos a este municipio fue por la paz y tranquilidad que se dice que tiene”, cuenta Abril.
Se fueron en bus desde Cúcuta el 3 de abril, un viaje que por carretera tiene una duración de alrededor de 10 horas, porque se les asignó el predio conocido como Las Palmas en la vereda Las Pavitas de Puerto Boyacá. El 4 de abril, en una reunión del Concejo Municipal de Puerto Boyacá, el representante Juan David Rodríguez anunciaba la llegada de las familias procedentes del Catatumbo, resaltando que no fueron consultados y que mientras las más de cinco mil víctimas del municipio no han sido reparadas el Gobierno Nacional le estaba dando tierras a extraños que no estaban caracterizados, lo que causaba malestar y zozobra.
Recién llegaron las familias al predio, se les acercaron voceros de la comunidad a manifestarles que estaban preocupados por su presencia. Uno de los líderes, que se le presentó a Abril con el nombre de Diego, fue el que expresó esto. Acordaron realizar una reunión entre las familias desplazadas del Catatumbo con las de la vereda para articular la convivencia. Sin embargo, Abril comenta que notaron que desde ese momento se estaba gestando una protesta en su contra, lo que efectivamente pasó.
La entrada bloqueada, personas insultando y gritando “el pueblo de Puerto Boyacá le ordena a Gustavo Petro que se lleve su bancada guerrillera para Bogotá”, la imposibilidad de salir e ingresar víveres fue lo que encontraron las familias del Catatumbo el 5 de abril en los alrededores de la finca. Incluso, comenta Abril, hubo instituciones que intentaron calmar la tensión y la gente los devolvió. Con intermediación del alcalde del municipio, Jhon Feiber Urrea, dejaron entrar alimentos.
Bloqueo en la entrada del predio Las Palmas donde se encontraban las familias desplazadas del Catatumbo
A pesar de que la gente suele decir que en Puerto Boyacá hay paz, eso no significa que esté libre de grupos armados. Al día siguiente, el 6 de abril, apareció en la finca una canasta con arroz, nueve panelas y dos kilos de lentejas con un mensaje que decía: “aquí les mandan los paramilitares y les mandan a decir que no se preocupen, que ellos los apoyan”. Ante el desconcierto, los líderes de la comunidad del Catatumbo decidieron no recibir el mercado y dejarlo donde lo encontraron.
El 7 de abril hubo dos pronunciamientos, uno del Concejo Municipal y otro del alcalde. En el primero, realizado en horas de la mañana, el concejal del Partido Verde Juan Fernando Delgado, quien fue el presidente del Concejo en 2024 y recibió felicitaciones y respaldo por parte del gobernador de Boyacá Carlos Amaya al lograr esto, señaló que en los años 80 las guerrillas que se enfrentan en el Catatumbo estuvieron por Puerto Boyacá y enfatizó en que los desplazados venían de allá. Dijo que no los estaba señalando de guerrilleros, pero luego afirmó lo siguiente: “Hoy vivimos en un pueblo libre de estos grupos subversivos y no queremos que la historia se repita, por eso la preocupación de los puerto boyacenses, por eso la preocupación de los concejales”.
Por su parte, el alcalde Urrea expresó en su comunicado transmitido por Facebook en la noche del 7 de abril que la ANT le había manifestado la intención de comprar un predio para los desplazados del Catatumbo, pero que no había nada adelantado. El mandatario afirmó que la molestia se produjo porque desde las instituciones nacionales hicieron caso omiso a la sugerencia hecha por él de hacer un proceso de concertación entre las autoridades del municipio y comunidades, incluyendo a los desmovilizados de las AUC. Además, lo más impresentable, según el alcalde, fue pasar por encima de las 5.300 víctimas que tiene registradas Puerto Boyacá que no han sido reparadas y que tras años de espera vieron como personas de otros territorios recibieron tierras en su municipio y ellos no.
En el comunicado, el alcalde de Puerto Boyacá mencionó que él también estaba siendo amenazado por redes sociales en donde lo señalaban de ser partidario de la guerrilla y que por eso les estaba entregando tierras. Urrea agregó que las acciones arbitrarias del Gobierno Nacional estaban reviviendo la historia del conflicto armado en Puerto Boyacá.
El 8 de abril se hizo una reunión en la vereda Las Pavitas para discutir la situación. Había presencia de militares, policías, funcionarios de la ANT y de la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones. También estuvieron los representantes de las comunidades del Catatumbo, de la Mesa de Víctimas de Puerto Boyacá y desmovilizados de las AUC. Uno de los antiguos integrantes de las AUC tomó la palabra y amenazó directamente a las familias y a los firmantes de paz. Dijo que él pagó ocho años de cárcel y que no tendría problema de pagar otros 20 con tal de sacar a los desplazados del Catatumbo de Puerto Boyacá. Ante esta declaración, ni el alcalde, ni los miembros de la fuerza pública, ni los funcionarios de la Defensoría del Pueblo dijeron nada.
Yesid Mahecha, desmovilizado de las AUC que hizo parte de la primera generación de autodefensas a inicios de los 80, dijo que ellos bautizaron a Puerto Boyacá, con mucho orgullo, como la capital antisubversiva de Colombia, teniendo en cuenta que este municipio fue la génesis del paramilitarismo. Afirmó que no querían a la comunidad del Catatumbo en el pueblo porque “más bien lo que se va a recrudecer algún día es nuevamente la violencia en esta región” y que cuando llegara gente de otras partes los desplazados serían ellos.
Esta pancarta estuvo por muchos años en la entrada de Puerto Boyacá, símbolo del dominio paramilitar en la región.
Mahecha es cercano a Arnubio Triana alias “Botalón”, excomandante de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y señalado de ser uno de los antiguos jefes de las AUC que lidera el rearme paramilitar en el Magdalena Medio. Los campesinos con los que habló Abril le dijeron que “Botalón” estaba muy preocupado por la situación y que quería una solución para que las familias del Catatumbo no se fueran del municipio. Además, los pobladores le dijeron que en la zona operaban paramilitares.
Al día siguiente de la reunión, Abril leyó un comunicado expresando que la adjudicación de predios que lidera la ANT fue frustrada por una campaña de estigmatización y amenazas de muerte en Puerto Boyacá. Señaló que el proceso de salida no lo hacen voluntariamente sino por la revictimización que sufrieron.
El 14 de abril las familias del Catatumbo se desplazaron de Puerto Boyacá a Bogotá. Ese mismo día la Alcaldía de la capital comunicó que junto a la Unidad de Víctimas iban a recibir a estas personas que “enfrentan nuevamente escenarios de amenaza, revictimización y riesgo” por lo ocurrido en Puerto Boyacá. Ahora, Abril está pendiente no solo de la calidad de las tierras que esperan recibir, sino de la seguridad de la zona y de la acogida que pueda darles el sitio que la ANT les ofrezca para reubicarlos.
El Clan del Golfo en Puerto Boyacá
Una fuente que conoce Puerto Boyacá comenta que hay mucho recelo en el municipio con la llegada de excombatientes de otros grupos armados por miedo a un nuevo conflicto, en parte por la muerte de Oliverio Isaza alias “Terror”, excomandante de las AUC, hijo de Ramón Isaza, que estaba al frente del Bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo, grupo ilegal dirigido por antiguos miembros de las AUC. “Terror” murió el pasado 22 de febrero en un operativo de la fuerza pública en Puerto Triunfo, Antioquia, que queda a 50 minutos de Puerto Boyacá en carro, en lo que más que un combate parece que fue una emboscada.
En Puerto Boyacá vive “Botalón”, el histórico comandante de las autodefensas del municipio que inició su carrera criminal al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias el “Mexicano”, capo del Cartel de Medellín. La fuente dice que hay temor de que lo mismo que ocurrió con “Terror” le suceda a “Botalón”. Agrega que como los ganaderos de Puerto Boyacá son familiares y amigos de los desmovilizados de las AUC no quieren que nadie altere el orden que han constituido.
“Botalón” se sometió al proceso de Justicia y Paz del Gobierno Uribe. Quedó libre en 2015, pero desde la cárcel creó un grupo llamado Los Botalones con injerencia en Cimitarra (Santander), Puerto Berrío y Puerto Boyacá. En noviembre del año pasado fue nombrado como gestor de paz por el Gobierno Petro junto a otros 17 exjefes de las AUC. Sin embargo, en enero de este año Justicia y Paz expulsó a “Botalón” de este proceso transicional por su reincidencia en el crimen. La Fiscalía argumentó que “Botalón” fue condenado el 29 de enero de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga por los delitos de extorsión, narcotráfico y financiación del terrorismo cometidos en Cimitarra en 2016, uno de los sitios donde operaron Los Botalones.
En los hallazgos revelados por RAYA sobre la agenda de alias “Zeus”, el exmilitar y paramilitar que estaba estructurando la expansión del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, se encuentra que “Botalón” ahora hace parte del Clan del Golfo con el alias de “Galeano”. Entre los objetivos de “Zeus” estaba que los hombres al mando de “Botalón” se activaran en 23 municipios. Además, el grupo de Los Botalones estuvo al servicio de narcos para recuperar tierras y bienes en manos de testaferros, como contó RAYA.
Organigrama de la Policía en el que vinculan a “Terror” y “Botalón” con el Clan del Golfo
Detrás de la paz que vive Puerto Boyacá la sombra del Clan del Golfo es cada vez más grande. En mayo del año pasado la Policía informó que alias “La Mona”, extorsionista del Clan del Golfo, fue detenida en el municipio. El 1 de noviembre del 2024 la fuerza pública capturó a 11 integrantes de este grupo armado en zona rural de Puerto Boyacá. El 3 de febrero de este año el Ejército comunicó que en el área rural del municipio atraparon en flagrancia a ocho hombres que harían parte de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo. En total, serían 19 miembros del Clan que fueron detenidos en Puerto Boyacá entre noviembre del 2024 y febrero de este año, lo que evidencia la presencia de esta organización criminal en el territorio.
