Revista RAYA conoció una serie de documentos, elaborados por la Inspección de la Policía, en los que queda en evidencia cómo descubrieron el “carrusel de contratos de los carros blindados y repuestos” en esa institución. Una red de coroneles, empresarios y funcionarios de ‘Colombia Compra Eficiente' aparecen mencionados en los documentos.
Por: Edinson Arley Bolaños
Este es el capítulo de la Policía Nacional en el “carrusel de contratos de carros blindados y repuestos”, en el que también está salpicada la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. Por eso, la propia Fiscalía está ad portas de solicitarle a un juez de garantías que envié a la cárcel a una de las empresarias más importantes del sector de las luces y las patrullas policiales en Colombia. Se trata de Marcela Montes Zuluaga, la gerente de KOBE Motors, quien aparece en un organigrama realizado por la Inspección de la Policía y cuyo contenido hoy revela la revista RAYA. La telaraña que se teje alrededor de Montes incluye a su esposo, Martín Ricardo Manjarres Cabezas, gerente de 7M Group, otra empresa intermediaria para la comercialización de vehículos a la Policía, y otro de los acusados de complotar con coroneles y funcionarios de ‘Colombia Compra Eficiente’ para ganar millonarios contratos en la institución policial durante 2017, 2018 y 2019.
Según el documento, en esos tres años el 76% de las adjudicaciones se las ganaron las empresas de Martín Manjarres por cerca de $34.000 millones. A finales de 2019, por ejemplo, 7M Group obtuvo un contrato para la venta de cinco tanquetas blindadas nivel III para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el cual fue cuestionado en ese momento por el destino impertinente de los recursos en plena pandemia. Incluso, 7M Group, semanas más tarde obtuvo otro contrato en el que le vendió a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía cuatro carros blindados por más de $4.000 millones.
Es más, en la investigación de la Policía, el organigrama muestra un reclamo del general Omar Rubiano, entonces director de la DIRAF (Dirección Administrativa y Financiera), la encargada de administrar todos los recursos logísticos y financieros de la institución, porque la empresa 7M Group no había realizado mantenimientos a los vehículos por cerca de $7.000 millones que le pagaron.
La contratación cuestionada abarca tres años consecutivos, los cuales fueron aprovechados por las dos empresas señaladas de recibir favorecimientos por parte de uniformados activos y retirados, estos últimos terminaron integrando la nómina de dichas empresas.
Este capítulo, el del papel de coroneles y tenientes, es el otro apartado que describe el documento revelado. El 17 de mayo de 2019, por ejemplo, llegó una denuncia a la Subdirección de la Policía en la que señalaron específicamente al coronel José Fernando Monsalve, jefe del área logística de la DIRAF, y al intendente Óscar Guzmán Guio, el encargado del seguimiento contractual en esa dirección, de realizar actividades irregulares en la elaboración de las fichas técnicas para favorecer en la contratación a la empresa 7M Group. Sin embargo, lo más grave es que estos uniformados activos ocupaban los cargos que recibieron de manos de sus excompañeros; quienes se convirtieron, tras su retiro, en empleados de estas empresas.
Uno de ellos es el coronel Humberto Alejandro Meza Restrepo, jefe de Movilidad de la DIRAF hasta el 14 de agosto de 2015 y quien pasó a ser el director Comercial de KOBE. Como aparece en el organigrama, habría tenido influencia a través del coronel Monsalve Meneses, quien lo había reemplazado en la jefatura logística. Lo mismo sucedió con el coronel Luis Eduardo Espinosa Sabogal, quien había sido el responsable del seguimiento contractual en la DIRAF hasta el 12 de noviembre de 2014, pero en el momento de la firma de los contratos ya era el director Comercial de 7M Group. Según el organigrama, su enlace en la Policía habría sido el intendente Guzmán Guio. Ambos uniformados, tanto Monsalve como Guzmán, fueron sometidos a una prueba en el polígrafo y sus reacciones, dice el resultado, fueron indicativas de engaño respecto a preguntas relacionadas con haber recibido beneficios económicos y comprometerse irregularmente para direccionar contratos en favor de las empresas de Manjarres.
“Se evidencia una posible influencia por parte de exfuncionarios, quienes en la actualidad son representantes de las empresas 7M Group y KOBE, en la venta de vehículos y motocicletas en las licitaciones realizadas por la Policía Nacional”, dice el organigrama de la Inspección de la Policía conocido por esta revista.
La fiscal Angélica Monsalve ha sido la encargada de desarrollar la investigación. En octubre de 2022 destapó sus cartas y les imputó cargos a Manjarres y a Yonn Jairo García Rivera, gerente de M&M Group y apoderado de Suzuki Motor Colombia. Según la fiscal Monsalve, los uniformados no solo recibieron dinero a cambio de información privilegiada para que estos empresarios se ganaran los contratos, sino que también, recibieron regalos específicos como cuadros, anchetas o entradas a conciertos de artistas reconocidos. Incluso, las coimas se extendieron hasta la UNP (Unidad Nacional de Protección), dijo la fiscal, en donde el entonces director Andrés Villamizar, el secretario general Julián Marulanda y el presidente del sindicato de escoltas más grande del país, Wilson Javier Devia, favorecieron con información a estos empresarios que luego se ganaron licitaciones.
De hecho, Devia es uno de los funcionarios de la UNP acusados de corrupción y de alquilar esquemas de protección ilegales, por lo que también aparece en el listado de imputados de la fiscal Monsalve. Esta edición también tiene un capítulo especial para este personaje, pues revelamos los videos de la fiesta de fin de año en 2022, que fue patrocinada por el narco-chofer que tenía una camioneta de la UNP en la que fue capturado transportando cocaína en el norte del Cauca.
(Leer reportaje de Julián Martínez: La fiesta que patrocinó un narco a funcionario de la UNP: política, espionaje y música popular)
La otra ficha del rompecabezas en el entramado de corrupción es la entidad estatal encargada del Sistema de Compra Pública, es decir, ‘Colombia Compra Eficiente’. Cuando estalló el escándalo de la compra de las cuatro tanquetas en mayo de 2020, el director de la época, José Andrés O’Meara, le dijo a El Tiempo, que él no tenía nada que ver en el asunto pues cuando llegó en 2019 al cargo por esos días también recibió una denuncia anónima en la que denunciaban a Martín Manjarres y sus nexos con exoficiales de la Policía. Incluso, aseguró que le compulsó copias a la Fiscalía.
A pesar de esta versión, en el organigrama de la Inspección de Policía aparecen dos funcionarios de ‘Colombia Compra Eficiente’ que habrían sido fichas importantes para que estos empresarios ganaran los contratos de venta de vehículos blindados, tanquetas, motocicletas, camionetas, automóviles, equipos de protección y mantenimiento vehicular.
No obstante, en el organigrama de la Inspección de Policía aparece el nombre de Lyda Johana Gómez González, quien trabajaba en la subdirección de negocios de ‘Colombia Compra Eficiente’ y quien, según el relato del documento oficial, en primer lugar, laboró en las empresas de Manjarres y luego como funcionaria pública “habría favorecido la acreditación de los vehículos promocionados por esas empresas en la página de ‘Colombia Compra Eficiente’”. El otro exfuncionario mencionado es Manuel Pinilla. En 2019, cuando se realizó este informe, era directivo de la empresa 7M Group, pero antes había sido jefe de Lyda Johana, quien tras la salida de Pinilla había quedado encargada de la plataforma de Colombia Compra Eficiente.
La medida de aseguramiento que pedirá la Fiscalía se extiende a otros funcionarios del propio ente acusador y empresarios de concesionarios, según lo reveló el Reporte Coronell: Daniel Eduardo Abello, del concesionario Toyonorte; Felipe Adolfo Arbeláez, de la empresa blindadora Blindex y Luis Wilson González, de GMW blindajes. Del caso de la Policía, del que hemos revelado detalles en este artículo, poco se sabe. En su momento, el inspector de la Policía, general William Salamanca, actual cónsul de Colombia en Miami (Estados Unidos), intentó remover los cimientos de ese entramado de corrupción, pero terminó despedido y amenazado por sus denuncias.
