Un terrateniente del sur del Cesar señalado por los campesinos como el autor intelectual del asesinato de dos de sus líderes, las AGC afirmando que hicieron pactos con la alcaldía de Barrancabermeja y el batallón Fuerza Marte del sur de Bolívar, señalado de permitir un campamento de este grupo paramilitar en el casco urbano del municipio de San Pablo. Estas son algunas de las denuncias que la revista RAYA recogió durante el paro campesino en el Magdalena Medio que hoy completó tres días de bloqueos en la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga.
Por: Edinson Arley Bolaños
Enviado especial Magdalena Medio
La avanzada paramilitar más reciente está utilizando un nuevo discurso al que algunos campesinos lo tildan de “gato por liebre”, simulando un relato político y no una estrategia de tierra arrasada como en el pasado. Pero se trata del mismo paramilitarismo que busca congraciarse con la población civil ofreciendo regalos de navidad para los niños o una vaca para una fiesta de año nuevo. Después de esa avanzada llega el señalamiento, la identificación y las amenazas contra los líderes que no se alían con ellos y los asesinatos contra quienes reclaman la titulación de la tierra despojada por terratenientes, hoy convertida en grandes empresas económicas de cultivos de palma, cría de búfalos y ganadería extensiva.
Esa aparente nueva generación es la que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que el lunes 24 pasado distribuyó panfletos y marcó con grafitis las paredes y puertas de distintas regiones del país, entre ellas, la del Magdalena Medio que abarca el Sur del Cesar, el Sur de Bolívar, al Sur del Magdalena, el Noroeste de Santander, algunos municipios del norte de Boyacá, Caldas y Cundinamarca y el Sureste antioqueño. Los panfletos y pintadas conmemoraban los 120 años del líder de izquierda más popular del siglo XX: Jorge Eliecer Gaitán. Incluso, usurpan sus consignas para hacer parecer que su ideario en realidad ha cambiado: “Yo no soy un hombre, soy un pueblo” o “El hombre es superior a sus dirigentes”, han escrito en sus panfletos.
Paralelamente, el pasado lunes también salieron a la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga miles de campesinos de la región del Magdalena Medio para declararse en paro indefinido por ese rearme paramilitar que los agobia en sus territorios. En el primer semestre del año pasado fueron asesinados tres de los líderes más importantes de esta región que lideraban los procesos de recuperación de 500 hectáreas, en uno de los complejos cenagosos más grandes de América Latina: la Zapatosa, en el sur del Cesar. Teófilo Acuña, Jorge Tafur y José Quiñonez venían siendo hostigados y amenazados por un terrateniente de la zona, Wilmer Díaz, por el comandante de la Policía Joner Alvis y por el alcalde de San Martín, Cesar, Leusman Guerra Rico, según denunció la Federación Agrominera del Sur de Bolívar.
Dicha organización, que lideró Acuña durante varios años, señaló que el 7 de enero de 2022 la esposa de acuña recibió la sentencia de muerte: “dígale que se esconda, que lo van a matar”, le dijeron los sicarios. El 9 de enero quisieron ingresar a su casa en Aguachica, Cesar y posteriormente le hicieron seguimiento en camionetas con vidrios polarizados. Por esta razón, el 12 de enero, Acuña solicitó medidas de protección urgentes al Estado.
Un mes más tarde, el 16 de febrero, los campesinos de Matecaña y Gallúa del complejo cenagoso del río Lebrija en San Martín, Cesar, fueron atacados con arma de fuego por el terrateniente Wilmer Díaz, que hirió gravemente con un disparo en la cabeza al campesino Rafael Centeno, según denunciaron nuevamente las organizaciones sociales de Coordinador Nacional Agrario (CNA) que hablaron con la revista RAYA.
El 18 de febrero, Díaz volvió a hostigar a los campesinos que estaban apostados en la ciénaga, esta vez acompañado de Leusman Guerra Rico, el alcalde de San Martín, quien tildó a los campesinos de “guerrilleros”; de Joner Alvis, el comandante de la Policía y de soldados de la Quinta Brigada del Ejército, que también acompañaron al terrateniente. Diez minutos antes de ser asesinado, Acuña denunció esta grave situación en el Tercer Canal.
Testimonios de líderes campesinos, recolectados por esta revista durante el paro que se desarrolla en el Magdalena Medio, mencionan que los perpetradores eran paramilitares de Juancho Prada y la familia Díaz. El primero, creador del frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra, responsable de una docena de masacres en San Martin, Aguachica, Gamarra, Tamalameque, La Gloria y Pelaya, todas en los albores de la titulación de tierras que el Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Rural) había prometido a los campesinos sin tierra durante la fallida reforma agraria.
El año pasado, en una audiencia pública en San Martín, Cesar los campesinos denunciaron estos asesinatos y volvieron a insistir en la titulación de esas tierras que aún están en litigio. Cinco días después el gobierno de Gustavo Petro autorizó al Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) para que desalojara a los campesinos que llevaban cuatro años posesionados en esas tierras de la ciénaga. La autorización se dio en el marco de la alocución que entregaron la vicepresidenta Francia Márquez, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuando se dijo que el gobierno se oponía a las invasiones de tierras. En simultanea los ganaderos de Plato, Magdalena desfilaron en camionetas blancas, con hombres armados (al parecer del Ejército) por carreteras destapadas para hacer eco al llamado del presidente de la agremiación de ganaderos Fedegan, José Felix Lafaurie, quien les hizo una invitación para que, ante lo que llamó la invasión de tierras, se activara la solidaridad de la seguridad privada de la región.
Este contexto de violencia da una pequeña visión de lo que están viviendo los campesinos en la región del Magdalena Medio. A finales del año pasado, el turno fue para Santa Rosa y San Pablo, Sur de Bolívar. Según los testimonios de los campesinos, apostados en el paro, el matrimonio entre terratenientes y paramilitares de las AGC es evidente en esa región. Con la complicidad de hombres del Ejército, pertenecientes al batallón Fuerza Marte, denunciaron un modus operandi para que el grupo ilegal ocupe el territorio.
“El Ejército llegó a la zona, aseguró los alrededores y dos días después entraron los paramilitares y se quedaron hasta la fecha. Incluso, el Ejército ha entrado a apoyarlos con helicópteros y los retenes de las AGC son una constante a pesar de que a unos 15 minutos después haya un retén militar”, dijo uno de los líderes de San Pablo.
Según otro de los líderes de ese municipio, “en un barrio, conocido como Pozo Azul, las AGC también hacen control con retenes porque tiene una base en el casco urbano y el Ejército no hace nada, se respetan la territorialidad”. Hasta diciembre de 2021 Pozo Azul era una zona turística que la gente utilizaba para hacer paseos de olla durante el fin de año. Sin embargo, a finales de 2022 la cosa fue diferente, las AGC prohibieron entrar y movilizarse en el sector mediante certificados que emitieron algunas juntas comunales, cooptadas por la organización criminal.
El martes pasado, las organizaciones campesinas citaron a una rueda de prensa para denunciar esta situación y con el fin de insistir en la necesidad de que el gobierno de Petro los escuche.
La revista RAYA profundizó en las denuncias y encontró otros casos muy cerca de donde se encuentran concentrados los manifestantes. Por ejemplo, a una hora de la zona del paro queda Barrancabermeja, la capital petrolera de Colombia, donde el año pasado las víctimas corrieron por cuenta del Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO), cuyos dirigentes fueron amenazados en medio de las elecciones sindicales. Muchos de ellos, actualmente, cuentan con escoltas armados y carros blindados.
De hecho, en octubre de 2022, circuló en Barrancabermeja un video de varios hombres encapuchados y camuflados, entregando un mensaje de sus supuestos nexos con las autoridades de ese municipio: “Nosotros sí estamos en la ciudad y estamos haciendo limpieza social. Nuestra lucha no es contra la Fuerza Pública, pero como los coroneles nos incumplieron los acuerdos regionales y nos atacan, después de llegar a acuerdos en Barranca con el alcalde, y en Yondó con el inspector, declaramos plan pistola contra los funcionarios que se nos torcieron”, decía uno de los voceros de quienes se identificaron como integrantes de las AGC.
A finales del año pasado, las autoridades capturaron en Medellín a Jhon Jairo Fernández, alias “Marihuano”, el paramilitar que se convirtió en jefe luego de pertenecer al Bloque Central de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hasta 2005, cuando se dio la desmovilización de este grupo ilegal. Posteriormente, en 2010 fue comandante de la banda ‘Los Rastrojos’ y, según las autoridades judiciales, desde 2016 estaba dedicado al tráfico y distribución de droga en Barrancabermeja. Estaba acusado de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado de campesinos y narcotráfico. Tras ser capturado, fue trasladado a Barrancabermeja y posteriormente a Bogotá. Sin embargo, la estructura de el “Marihuano” reapareció este lunes con grafitis alusivos a las AGC en ese municipio conocido como puerto petrolero.
El pasado 15 de enero, un nuevo panfleto de las AGC fue dirigido contra 21 líderes y lideresas del Magdalena Medio, acusándolos de crear zozobra y caos en la comunidad a raíz del paro realizado en el cruce de Oponcito, entrada a Yarima. Según el documento que circuló, los paramilitares se habrían reunido con miembros de empresas y transportadores en Barrancabermeja “quienes hemos decidido tomar acciones contra los manifestantes del paro…A estas personas se les declara acciones de muerte ya que no acataron la advertencia. No diremos nada, solo esperen que le llegue. AGC, las Convivir para un mejor vivir”, escribieron. En septiembre del año pasado, la dirigente sindical Sibaris Lamprea Vargas fue asesinada por sicarios.
La Serranía de San Lucas
En esta zona del Nordeste antioqueño y Sur de Bolivar la problemática es la minería. La serranía de San Lucas está cuadriculada con títulos mineros asignados que tienen que ver con la formalización minera. Los líderes de la región que asisten al paro señalan que los campesinos rechazan esta situación y denuncian que las multinacionales utilizan sus filiales como fachada. “Hombres armados de la tropa combinada Ejército – paramilitares hicieron presencia en Caño Horqueta, igualmente aparecen otros concentrados en la vía que conduce al municipio del Bagre (Antioquia) en el lugar llamado Diamante”, denunció a principios de 2022 la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle.
En ese recorrido los paramilitares dejaron ver su nuevo modus operandi. Según la denuncia, los paramilitares les exigieron a los habitantes que cada casa debía hospedar a una persona del grupo armado para que vivan en sus casas campesinas y mineras o que de lo contrario serían declarados objetivo militar.
Desde 2020, luego de que las Farc abandonaran estos territorios, a raíz del proceso de paz con el Estado, las AGC se han venido posicionando en la Serranía de San Lucas. Según denunció el líder Gerardo Amador, los campesinos han denunciado la complicidad velada de la Fuerza Pública con las AGC. La misma que les ha permitido su avance considerable hacia esa región estratégica para la minería y el narcotráfico. “Para las autodefensas es fácil moverse con 200 hombres armados por estos territorios y no pasa nada. Nosotros vemos cómo esta avanzada, por ejemplo, no ha incomodado a las grandes mineras y, por el contrario, en su avanzada siempre van rompiendo el tejido social en cada territorio”, puntualizó Amador.
“Ante la no trascendencia de esas denuncias es que nos estamos manifestando pacíficamente en esta vía porque no hay condiciones para permanecer en el territorio por la bota militar y paramilitar”, puntualizó el líder social.
Por ahora, la grave situación humanitaria no parece estar cerca de una solución. El gobierno ha planteado que la Paz Total sería la estrategia para combatir a los paramilitares, pero las denuncias de los campesinos mencionan que, mientras se muestran pacíficos, se siguen reorganizando y rearmando, y, por lo tanto, genera muchas dudas la voluntad de paz de esta organización paramilitar. Por lo pronto, las organizaciones sociales plantean un diálogo directo con el gobierno para terminar con el paro que completa tres días en la troncal que une a Barrancabermeja con Bucaramanga y así cesar con la zozobra de unos colombianos que viven en unas regiones periféricas y olvidadas.
La apuesta del movimiento campesino
Si bien lo coyuntural es superar la emergencia humanitaria que agobia a los campesinos, la apuesta del Magdalena Medio es construir un territorio con soberanía agroalimientaria en donde la vida sea en armonía con la madre tierra. Un propósito para lo que es necesario frenar el extractivismo a través de la ganadería y la minería a gran escala como una forma de sobrevivir que se agotó y que por el contrario está destruyendo el territorio. Según los líderes, ese plan de vida supone una apuesta que con la muerte va a ser muy difícil sacarlo adelante, pero no darán marcha atrás pues los años han pasado y lo construido hasta hoy ha sido mucho a pesar de la violencia. Lo fácil sería sumarse a las formas tradicionales de la economía, pero si se logra avanzar en este gobierno eso sería un triunfo, si no, estas comunidades han dicho que continuarán.
