Investigación

SUBRAYA

Aunque el Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó a la multinacional inglesa suspender sus trabajos de exploración y explotación de petróleo en Putumayo, por derramar y contaminar con crudo varios ríos de esta región, la empresa sigue su curso. La investigación por desacato poco avanza en la Fiscalía, mientras los líderes ambientales siguen amenazados por grupos ilegales, acusados de recibir dineros de Amerisur.

Por: Enrique Gamboa
Investigador Revista RAYA

“Camino a la Cumbre Amazónica”, así se denominó el encuentro de los ocho Ministros de Ambiente de los países que conforman la gran región de la Amazonía. Este sábado 8 de julio terminó la cita en Leticia, rumbo a lo que será la Cumbre en Belém do Pará, Brasil, en agosto próximo, donde se tratarán los temas que quedaron en la agenda de esta semana. Uno de ellos: los crímenes ambientales transnacionales que hoy tienen al denominado último pulmón del mundo ad portas de un no retorno frente a la regeneración de sus bosques. Uno de esos casos, reciente y emblemático, es el de la multinacional británica Amerisur, el cual abordaremos en este reportaje.

En los archivos de la Fiscalía del Putumayo reposa una noticia criminal contra la multinacional petrolera Amerisur Resources, la cual se ha negado a cumplir con un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitido el 22 de agosto de 2019, que le ordenó a la empresa inglesa y a su contratista, Vector Geophysical, suspender los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio indígena del pueblo Murui, ubicado en el municipio de Puerto Asís. La razón: las denuncias documentadas de los pobladores por el derrame de petróleo y la contaminación de diversos ríos que desembocan en la Amazonía colombiana.

Por estos hechos, y por el incumplimiento al fallo, la Fiscalía ha intentado recolectar pruebas, pero no hay avances. El 8 de febrero de 2019, por ejemplo, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tenía la orden de adelantar una inspección judicial en el lugar de los hechos y entrevistar al gobernador del Resguardo Indígena Siona Buenavista; sin embargo, los investigadores no cumplieron. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2020 la Fiscalía solicitó la misma diligencia, pero ante la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional (SIJIN). Dos días después, el 10 de noviembre, el informe del investigador de campo dijo que “no fue posible cumplir las diligencias ordenadas toda vez que no se logró la comparecencia de la autoridad indígena”.

Tres años después de estos hechos, el proceso por no cumplir con el fallo del Tribunal sigue abierto, pero está lejos de obtener una sentencia. Entretanto, los líderes continúan amenazados por grupos armados al margen de la Ley, los mismos a los que se acusa de recibir dineros de Amerisur que sigue explorando y explotando petróleo por encima de la orden de reparar los daños ambientales evidenciados por estas comunidades del sur de Colombia. En contraste, la empresa cambió de nombre y de dueños, a pesar de que sus activos siguen congelados en Inglaterra a raíz de un proceso judicial que las comunidades de la Amazonía llevaron hasta Europa para hacer que la empresa repare los daños causados.

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En la Fiscalía se encuentra una noticia criminal en contra de Amerisur por el delito de fraude a resolución judicial. T
res años después de emitir esas órdenes, el proceso sigue abierto.

La colonización de la Amazonía

La empresa inglesa tiene su asiento en la Amazonía desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe. En 2006 llegó a Colombia con un portafolio de trece bloques de exploración de hidrocarburos en las cuencas de la Amazonía y los Llanos Orientales. Doce de los trece bloques petroleros se encuentran en el departamento de Putumayo, la puerta de entrada a la Amazonía colombiana donde conviven tres comunidades étnicas: indígenas, campesinos y afrodescendientes. Desde entonces, líderes ambientales como Jani Silva, nominada al Nobel de Paz 2023, han denunciado la contaminación del agua dulce que tomaban sus comunidades a raíz de los vertimientos ilegales de la empresa británica.

Desde hace 12 años Silva es la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), organización desde la que ha hecho denuncias contra la empresa y las cuales le han provocado amenazas de muerte en los últimos años. Un caso concreto sucedió el 2 de julio de 2020, el cual fue registrado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el cual narra cómo fue el derrame de 3.000 litros de ACPM afectando el caño de la finca llamada La Caucana, que desemboca cien metros aguas abajo sobre el río Mansoya que finalmente llega al río Putumayo. La contaminación afectó fuentes de agua y otros ecosistemas de la biodiversidad amazónica entre especies vivas y vegetales de las que dependen las familias de las comunidades de la Reserva Campesina. Según la información de la Comisión Intereclesial, los funcionarios de Amerisur minimizaron el problema concluyendo que el derrame se produjo en una zona de empozamiento como parte de la fase de explotación de petróleo.

“Desde hace mucho tiempo venimos denunciando sobre el tema de los derrames y de la contaminación en caños, humedales y hasta en el propio río Putumayo, donde se hacían directamente los vertimientos. Estamos hablando que las afectaciones por el desarrollo de las actividades petroleras no solo hacen daño en la Amazonía. Todas las comunidades se verán afectadas por la contaminación de los ríos y humedales", dijo Jani Silva, quien, precisamente, en julio de 2020, cuando extendió sus denuncias al exterior del país, recibió una amenaza de muerte que dio a conocer públicamente la Comisión Intereclesial.

Según la denuncia, radicada en la Fiscalía, el grupo armado ilegal conocido como Comandos de la Frontera ha estado inconforme con el liderazgo que adelanta Jani en contra de las actividades contaminantes de la petrolera Amerisur. Al respecto la líder ambiental le dijo a la Revista RAYA que, tiempo después de aquella denuncia, un hombre iba a las comunidades, se hacía pasar como vocero del grupo armado y hacía reuniones para advertir que Silva no era bien recibida en esos territorios por ser opositora al proyecto minero energético. “Después hicieron una campaña de difamación contra mí, dejando mi nombre por el suelo. Luego sacaron un panfleto donde abiertamente decían que nuestra organización era un objetivo militar”, agregó la líder.

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Documento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz enviado al expresidente Iván Duque relacionado con el riesgo que sufre Jani Silva por sus denuncias ante las operaciones extractivas de Amerisur, que afectan social y ambientalmente a las comunidades de Putumayo.

Respecto al hombre que se presentó como integrante de los Comandos de la Frontera, Jani Silva dijo que era reconocido como uno de los encargados del grupo ilegal en la zona y que también era famoso por su gusto al trago. Por esa razón, afirmó, era común verlo en las galleras de los pueblos “soltando la lengua”. Fue así que se enteró que el hombre, algunas veces pasado de alcohol, confesó que “ellos (el grupo armado ilegal) habían recibido plata de la empresa y que tenían una tarea que era quitarnos a la organización ADISPA y a mí del medio. Después de todas las denuncias que se hicieron al respecto, los Comandos de la Frontera cambiaron sus prácticas y nunca más volvimos a ver al sujeto”, concluyó. Sin embargo, en la entrevista con RAYA, Silva aclaró que sería irresponsable de su parte señalar directamente a Amerisur de tener relación directa con el grupo armado. “No tengo hechos concretos que los vinculen”.

Amnistía Internacional también le ha alertado al Estado colombiano sobre los riesgos que corre Jani Silva por su rechazo a los negocios extractivistas que perjudican a los pueblos y ecosistemas de la Amazonía colombiana. Esto sucedió el 31 de marzo de 2022 cuando le enviaron una carta al entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en la que le manifestaron su preocupación por la situación de seguridad que vive la líder ambiental. “Desde España sostenemos la labor que Jani Silva realiza a favor de las comunidades campesinas, mostrando los daños que causan las empresas extractivas, tanto legales como ilegales, la deforestación y los abusos de los poderosos. Por su generosidad y dedicación le damos continuamente gracias y seguiremos interviniendo como miembros de Amnistía Internacional para que su lucha no sea olvidada,” dice la carta de la organización internacional. Semanas más tarde, el Ministerio de Justicia solicitó medidas de seguridad necesarias para protegerla.

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El Ministerio de Justicia trasladó la denuncia enviada por Amnistía Internacional a la Fiscalía de Francisco Barbosa, respecto a las amenazas en contra de Jani Silva, por considerarlo competencia del ente investigador.

La Revista RAYA se intentó comunicar con la petrolera, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, en una nota de prensa del pasado 2 abril Amerisur señaló que en febrero de 2021 le solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la cancelación del contrato de exploración y producción de hidrocarburos del bloque PUT-12, “solicitud que fue aceptada por esa entidad en diciembre de 2022”, según dijo la empresa. A pesar de eso, en la página web de la petrolera, todavía aparece el proyecto de exploración que ocupa un total de 60 hectáreas y del que tiene una participación del 60% del negocio extractivista.

La ciencia y el conocimiento indígena

Uno de los errores garrafales que cometió Amerisur al llegar a territorio amazónico en busca de petróleo fue, justamente, no escuchar claramente a las comunidades que rechazaron el proyecto en defensa de los ecosistemas. El informe “Sangre en la Tierra: Extracción de hidrocarburos en territorios indígenas”, realizado por el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, describe este caso como emblemático para la discusión en la Cumbre de Brasil, pues la petrolera inglesa no tuvo en cuenta el resultado de la consulta previa que realizó con el pueblo indígena Murui para el desarrollo del proyecto PUT-12, que tiene como objetivo determinar la posible existencia de yacimientos de hidrocarburos en la cabecera municipal de Puerto Asís, Putumayo, en el corregimiento de Piñuña Blanco.

El proceso de consulta previa de la multinacional petrolera a la comunidad indígena Murui inició en 2015 y duró 15 meses. Tiempo en el que las comunidades afectadas decidieron no apoyar el proyecto de exploración de hidrocarburos y consideraron que los procesos de exploración y explotación atentan contra sus principios culturales y de los recursos para su buen vivir y el de sus vecinos. Así lo dijo la comunidad en el informe señalado: “Se les pudo sustentar bajo nuestra ley de origen qué es lo que representa para nosotros el territorio, lo que es tangible e intangible, y protocolizamos que no. Ellos hablaban en el marco de la confianza y de la buena fe, pero iniciando ellos dijeron que no podemos pasar más de tres meses. Cuando se terminó el protocolo, ellos dijeron: ‘Nosotros no renunciamos a esta actividad’. Y nosotros dijimos: "Nosotros no renunciamos a nuestro territorio, al derecho a la vida”.

Las diferencias entre el pueblo Murui y Amerisur se basaron en las peticiones del resguardo para suspender la remoción del explosivo conocido como Sismigel, instalado en el Bloque PUT-12, que tiene la finalidad de realizar la prospección sísmica 2D. La compañía, por su parte, insistió en que era una detonación controlada para evitar que el material cayera en manos de grupos ilegales. Las conversaciones entre ambas partes nunca llegaron a buen puerto.

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En 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una sentencia en la que le ordenó a Amerisur Exploración Colombia y a su contratista,
Vector Geophysical, suspender sus trabajos en PUT-12.

Según los testimonios de los indígenas Murui, al tiempo que gozaban del amparo legal de las medidas cautelares a su favor hubo un desacato de la empresa y el contratista que iniciaron los procesos exploratorios en el bloque PUT-12. “Quince días antes de llegar la sísmica, nuevamente hicimos un acercamiento con los tres sectores que convergen: trece comunidades campesinas y el consejo comunitario afro. Volvimos a tocar ese acuerdo, lo hicimos a través de una dinámica de la tierra, el agua; cada uno debía escoger uno de esos elementos y decir cuál era el más importante. De esas trece comunidades, solo una dijo que no estaba de acuerdo con nosotros, pero que se acogía a las mayorías. Pese a eso, llegó la empresa, a través de su operador, y llevó la sísmica. Entonces, llegaron, pero no a socializar el proyecto, sino a montar una oferta de trabajo; entraron y dijeron que ya habían hecho la consulta con nosotros”, dijo un comunero Monaide en el informe.

En enero de 2020 la empresa chilena GeoPark Limited anunció la compra total de la petrolera británica, incluyendo los bloques en Putumayo y Meta. De acuerdo con el portal Crudo Transparente, el negocio se cerró en 314 millones de dólares. Desde ese momento la empresa pasó a llamarse La Nueva Amerisur Exploración Colombia y anunció “elevar los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos a los más altos estándares operacionales, ambientales y sociales”.

Paralelamente al cambio de nombre, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ordenó congelar los activos de Amerisur Colombia mientras resuelve una demanda interpuesta por los campesinos de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, debido a un derrame de crudo en 2015 que provocó daños ambientales y sociales dolorosos en sus territorios. Mismos derrames que se fueron repitiendo con el correr de los años. Hoy, el proceso en el Reino Unido sigue abierto, pero la venta de la compañía es vista por las comunidades de la puerta de la Amazonía como una jugada para lavarse las manos ante las responsabilidades penales y ambientales por las que debe responder la empresa y sus dueños y socios en Colombia.

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