En 1982, mientras el F2 desaparecía a estudiantes universitarios, varios medios replicaron versiones falsas fabricadas por la inteligencia policial. Una investigación judicial revela cómo periodistas difundieron datos filtrados, estigmatizaron a las víctimas y legitimaron un plan de eliminación física contra estudiantes de dos universidades públicas del país que lideraban protestas.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La noticia ocupó seis columnas completas de una de las páginas principales de El Tiempo, el diario de mayor circulación e influencia en el país. Era la edición del miércoles 22 de septiembre de 1982. El periódico informaba sobre el proceso judicial por el secuestro de los hijos del narcotraficante José Jáder Álvarez, alias “Muñeco”, raptados en octubre de 1981 y asesinados cinco meses después por sus captores en un páramo despoblado entre Gachalá y Medina (Cundinamarca). El propio Álvarez y la Dirección de Inteligencia de la Policía -conocida como F2- señalaron como responsables del crimen a varios estudiantes universitarios que luego fueron desaparecidos por la Policía, entre marzo y septiembre de 1982.
Algunos juristas aseguran que estas desapariciones, conocidas como el “Caso del Colectivo 82”, dan origen al proceso judicial activo más antiguo del país puesto que los crímenes no han prescrito y la Fiscalía aún lo investigaba a finales del año pasado. RAYA reveló que el proceso está a punto de entrar a juicio luego de que la Fiscalía acusara, 43 años después, a varios oficiales retirados de la Policía como responsables por quince desapariciones. Entre los incriminados se encuentra el general retirado Nacín Yanine Díaz, padre de la relacionista pública Soraya Yanine.
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“Primer capturado por el crimen de los niños Álvarez”, tituló El Tiempo el 22 de septiembre de 1982. El artículo fue acompañado por retratos hablados de cuatro hombres presuntamente vinculados al caso. Entre ellos aparecían los hermanos Samuel Humberto y Alfredo Rafael Sanjuán Arévalo, quienes para la fecha cumplían siete meses desaparecidos.
El Tiempo señaló falsamente a los hermanos Sanjuán de haber participado en un secuestro. Para la fecha los Sanjuán cumplían siete meses desaparecidos a manos del F2 de la Policía. Semanas después el mismo Jáder Álvarez declaró que los Sanjuán no tenían relación con el crimen de sus hijos.
Cuando se publicó esa noticia, todos los estudiantes ya habían sido víctimas de desaparición forzada durante operativos ilegales perpetrados por unidades del F2 de la Policía, bajo las órdenes del entonces coronel Nacín Yanine Díaz, recientemente capturado por esos crímenes. El paradero de todos ellos sigue siendo desconocido, con excepción de Bernardo Helí Acosta, cuyo cadáver apareció en octubre de 1982 al occidente de Bogotá, asesinado en extrañas circunstancias por los mismos uniformados que lo habían capturado tres semanas atrás.
La mayoría de los jóvenes fueron absueltos por un juzgado de Bogotá por el secuestro y asesinato de los hijos de Jáder Álvarez, en un proceso sin garantías para ellos, puesto que se los juzgó como reos ausentes ya que se encontraban desaparecidos. Pero desde el comienzo la prensa los señaló como culpables del crimen, siguiendo una narrativa de los oficiales del F2 que estuvieron detrás del plan criminal para desaparecer a los estudiantes. Por eso, como advirtió Jesús Martín-Barbero, experto en teorías de la comunicación, la violencia no se ejerce únicamente mediante las armas, sino también, a través de dispositivos simbólicos como la palabra, la imagen y los titulares. Es decir, los medios funcionaron como instrumentos para legitimar una operación de eliminación física encubierta bajo el discurso de la legalidad.
Incluso, el propio narcotraficante Jáder Álvarez declaró a la Procuraduría que los periodistas habían tergiversado sus palabras y que él nunca había acusado a algunos de quienes fueron presentados como supuestos secuestradores de sus hijos, entre ellos, los hermanos Sanjuán: “En cuanto a estos tipos, en ningún momento he dado declaraciones a la prensa, salvo en el caso que yo les hablé de un Yobani San Juan Duplat, no se si de pronto éste tenga algún parentesco con los anteriores”, aseguró en 1982, y agregó: “pudo ser alguna mala interpretación de los reporteros, dado el caso del estado síquico en que me encontraba el día lunes 20 del presente, cuando fui asediado por los reportes de El Tiempo [...] vuelvo y rectifico que en ningún momento hablé de estos dos hermanos”.
En la resolución de acusación contra el general retirado Nacín Yanine Díaz y una docena de subordinados suyos, la Fiscalía detalló estos hechos como parte del plan criminal desplegado por los uniformados para desprestigiar a los jóvenes desaparecidos. En un caso puntual, el ente acusador tiene pruebas de que información reservada fue filtrada a la prensa con datos falsos: las fotos de Edilbrando Joya y Gustavo Campos Guevara fueron publicadas en varios medios de comunicación de la época acusándolos de pertenecer a una facción subversiva llamada Organización Revolucionaria del Pueblo, supuesta responsable del secuestro de Gloria Lara.
“Tras la desaparición, sus familiares tratando de dar con su paradero, entre otras instituciones de seguridad, haciendo presencia en el F-2 donde abordaron a quien se trataría del mayor [Jorge Alipio] Vanegas, quien en desarrollo del encuentro solicitó una fotografía y los principales datos civiles y personales que fueron publicados el 16 de diciembre por el diario El Caleño, en donde apareció [Edilbrando Joya] al igual que Gustavo Campos Guevara, señalados de pertenecer al movimiento ORP y coautor del secuestro y asesinato contra Gloria Lara, hechos ocurridos en junio de 1982”, puntualizó la Fiscalía en su documento de acusación refiriendose al diario El Caleño.
La noticia falsa fue replicada por medios con alcance nacional como Radio Sucesos de RCN, El Espectador, El Siglo y El Espacio. En este caso, como lo ha advertido otro experto en las teorías de la comunicación, Ignacio Ramonet, los medios de comunicación dejaron de actuar como un contrapeso del poder para convertirse en actores centrales que imponen su propia agenda, alineados con los intereses de sus propietarios. En este caso, esos intereses apuntaban a silenciar a las víctimas y a construir enemigos internos.
De hecho, la Fiscalía estableció que las fotografías llegaron a los periódicos por filtraciones de la Dirección de Inteligencia de la Policía F2. En el caso de Gustavo Campos, la foto de carné publicada en la prensa era la misma que su padre Siervo Campos le había entregado a los agentes del F2 con el propósito de obtener algún dato sobre el paradero de su hijo desaparecido. Sobre Edilbrando Joya, el mismo mayor Jorge Alipio Vanegas, jefe de contrainteligencia del F2, reconoció que los familiares le habían proporcionado una fotografía que terminó en un poligrama distribuido por todo el país:
“Un señor Joya, recuerdo por la característica de su apellido, recuerdo que al parecer su mamá estuvo en mis oficinas solicitando colaboración para procurar su ubicación”, indicó Vanegas en sus descargos ante la justicia durante una indagatoria: “no recuerdo fecha, en colaboración para tal efecto le solicite que me indicara los datos y descripción general de la persona y fotografía, con estos datos se emitió un poligrama a nivel nacional y una poliscircular a todos los departamentos, distritos, estaciones y puestos de policía en todo el país, con instrucciones de tratar (de) obtener información sobre su paradero”.
El mayor Jorge Alipio Vanegas, hoy acusado de varias desapariciones, reconoció a la Fiscalía que distribuyó fotografías de las víctimas, luego presentadas falsamente como integrantes de organizaciones ilegales
Pero la versión del mayor Vanegas contradice la del reportero gráfico Álvaro Hernando Bonilla, del diario El Caleño. Según la Fiscalía, Bonilla afirmó: “las fotografías habían sido subidas a una cartelera colgada junto a la oficina de Información y prensa de una instalación policial, que se trataba de xeroxcopias y que su compañero de labores Carlos Gamboa, horas después, habría obtenido detalles complementarios que fueron los revelados [en el periódico] infiriendo el despacho, que la información confidencial fue oficial y que como la policía local no contaba en sus bases de datos con pormenores del secuestro contra Gloria Lara, lo publicado, se trató de una componenda de propagada desde el nivel central: desde la Dirección de Inteligencia Policial”.
Una filtración similar ocurrió tras la desaparición y posterior asesinato de Bernardo Helí Acosta, a quien el F2 señaló de haber liderado el secuestro de los hijos del narcotraficante Jáder Álvarez. Acosta fue capturado por unidades del F2 el 15 de septiembre de 1982 en la plaza central de Gachalá (Cundinamarca), después fue torturado y se sabe que pasó por los calabozos de la F2 en el centro de Bogotá, antes de aparecer asesinado en el occidente de Bogotá el 6 de octubre de 1982, supuestamente durante un intercambio de disparos con la Policía en medio del hurto de un vehículo. Durante ese lapso de tres semanas su familia nunca tuvo contacto con él, ni supo en dónde se encontraba.
De nuevo, la prensa reprodujo la información falsa proporcionada por la Policía sin que se note que hayan realizado alguna labor de contrastación y verificación. El titular del boletín oficial iba acompañado por una fotografía de Bernardo Acosta muerto dentro de un Renault 18 y apelaba a la jerga castrense: “Baja antisocial y recuperación vehículo”. Y complementa la información: “En la Autopista a Medellín, barrio Santa Rosita, en enfrentamiento con el Grupo de Operaciones Especiales fue dado de baja el antisocial Bernardo Helí Acosta Rojas, sindicado del secuestro y muerte de los menores Álvarez Murillo. Hechos acaecidos el 061081. Fue recuperado el automóvil Renault 18 de placas FT9330, robado en atraco el día anterior en Bogotá”.
Está claro quiénes le filtraron dicha pieza procesal a los medios de comunicación. En sus declaraciones ante la justicia Yolanda Acosta, hermana de Bernardo, aseguró que un fotógrafo del diario El Bogotano “la enteró que los agentes estatales sólo permitieron el acceso de la prensa, a la que llamaron para difundir la noticia una vez contaban con la parafernalia que se ve impostada en las impresiones o imágenes de quien fue abatido, ofrecida a la opinión pública como una muestra del virtuosismo, de la eficacia de los agentes del orden”.
Paradójicamente, la fotografía que la Policía difundió del cadáver de Bernardo Acosta para justificar su asesinato, con el propósito de sembrar la información falsa de un supuesto enfrentamiento, fue la prueba que le permitió a la Fiscalía esclarecer 43 años más tarde que tal enfrentamiento nunca existió y que en realidad su muerte obedeció a una ejecución extrajudicial encubierta con un montaje.
De acuerdo con el ente acusador, en la foto se aprecia que Bernardo Acosta había recibido varios impactos de bala de frente y además permanecía con el cinturón abrochado dentro del vehículo, hecho que fue confirmado con el acta de levantamiento del cadáver. Esta evidencia riñe por completo con la versión de los policías que lo asesinaron, quienes aseguraron que Acosta conducía tratando de escapar y al mismo tiempo les disparó asomándose por la ventanilla del vehículo, perseguido desde atrás por la patrulla policial, algo que resultaba imposible con el cinturón de seguridad abrochado.
El video perdido
Yolanda Acosta Rojas, una hermana de Bernardo Acosta que emprendió su búsqueda en las semanas siguientes a su desaparición, encontró en la redacción del diario El Bogotano un video en poder de los periodistas en el que presuntamente aparecían algunos de los jóvenes desaparecidos cuando estaban en poder del F2. La grabación quedó en un videocassette filmado por hombres del narcotraficante Jáder Álvarez durante un operativo de rescate del F2 que Álvarez financió. Esta pieza procesal al parecer hizo parte del expediente, pero luego desapareció, aunque circuló por la redacción de varios diarios capitalinos, al parecer filtrada por personas de la Policía.
En la redacción del periódico El Bogotano fue donde Yolanda Acosta pudo ver el video, enseñado por el periodista Germán Rodríguez y por Antonio Torres, director del diario, quien le dijo que “él tenía un video donde estaba Bernardo en las montañas de Gachalá [...] me puso cita para el otro día y fui, vi el video, allí se observaba gente, eran más o menos siete personas, estaban vestidos de civil, estaban de espalda, don Antonio me decía que la persona que estaba agachada en ese video, escarbando, era Bernardo, yo de una le dije que no, que él no era”.
Las escenas del video corresponden al momento en que hombres del F2 mantuvieron retenidos a varios de los jóvenes desaparecidos en las montañas de Gachalá, se presume que en las imágenes aparecieron Édgar Helmut García Villamizar y Rafael Prado Useche, quienes previamente habían sido torturados por la Policía.
El general retirado Nacín Yanine Díaz, quien fue condecorado por Andrés Pastrana, habría sido el determinador de las desapariciones de estudiantes del Colectivo 82
Inculpar falsamente al M-19: la estrategia de la Policía
La campaña para difundir falsa información en los medios tenía además otro propósito: la Policía intentó que la responsabilidad por el secuestro y asesinato de los hijos de Jáder Álvarez se relacionara con el grupo subversivo M-19. En términos de Boaventura de Sousa Santos, operó aquí una “epistemología de la ausencia”, que invisibiliza y criminaliza el disenso: “Lo que no existe para el conocimiento dominante no existe en absoluto, y puede ser exterminado”. Para ello desde la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPEC), conocida como F2, se ofrecieron a la prensa de manera reiterativa versiones indicando que los jóvenes estudiantes desaparecidos, a los que la Policía señalaba como responsables del secuestro de los niños, eran militantes activos del M-19, algo que no era cierto.
La Fiscalía estableció que “los señalamientos de pertenencia a la guerrilla M-19 provendrían de la DIPEC, que intervino con ahínco en el seguimiento contra los componentes del grupo al que se atribuyó la comisión de los atentados”, anotando que el comandante de contrainteligencia de la DIPEC, Jorge Alipio Vanegas Torres aseguró que varios de los desaparecidos “entre sus antecedentes tienen anotaciones como activistas del grupo subversivo M-19”.
Lo que no contó el oficial Jorge Alipio Vanegas es que estas anotaciones de inteligencia las hizo el F2 casi un año después de haber cometido las desapariciones de los jóvenes estudiantes. Este fue el caso del joven Édgar Helmut García Villamizar, retenido y desaparecido forzosamente por el F2 desde el 18 de agosto de 1982 cuando caminaba por el centro de Bogotá. Anotaciones similares se hicieron para otros estudiantes desaparecidos: Pedro Pablo Silva Bejarano y Orlando García Villamizar, quien fue declarado inocente por un juzgado de los delitos que el F2 le imputó.
La anotación de inteligencia que sindica a Édgar Helmut García Villamizar como supuesto integrante del M-19 tiene fecha de marzo de 1983, lo que a juicio de la Fiscalía es una coartada para justificar su desaparición y la de los demás estudiantes: “la sección de Inteligencia amplió las anotaciones de cada ficha, perfilándolos como guerrilleros del M-19 [...] sin perder la oportunidad de difamar su buen nombre acudiendo al periodismo cuando [los jóvenes] no podían defenderse”.
Pese a que está probado que el M-19 no tuvo ninguna relación con estos hechos, cada cierto tiempo circula por redes sociales una imagen de los hijos de Jáder Álvarez asegurando que esa organización fue la responsable del crimen y señalando falsamente al presidente Gustavo Petro de haber asesinado a los menores.
Hasta el día de hoy las familias de los desaparecidos del Colectivo 82 claman justicia y buscan a sus seres queridos
Han tenido que pasar 43 años para que se haga justicia con la memoria de los estudiantes víctimas de desaparición forzada y con sus parientes, que conformaron la primera organización de familiares de desaparecidos del país.
Esta narrativa falsa que la Fiscalía descubrió en su investigación fue posible gracias a lo que la Comisión de Verdad denomina como un “apego a la fuente oficial”, que persiste hasta nuestros días y que ha sido uno de los ejes del poder en Colombia. En un extenso anexo de su informe final, dicha Comisión profundizó en el rol de la prensa en relación con el conflicto armado: “buena parte del periodismo ha otorgado una credibilidad ciega” a las fuentes oficiales, agregando que “las Fuerzas Armadas, los órganos de justicia y el gobierno fueron consolidándose cada vez más como fuentes prácticamente únicas. La manipulación era posible gracias al servilismo, a la ideologización y a la comodidad de los propios medios, con muy contadas excepciones en las que los periodistas resistieron e insistieron en ejercer su oficio con independencia y tuvieron que pagar el precio. Muchas de esas historias siguen sin conocerse, precisamente, como consecuencia de la imposición oficial del silenciamiento generalizado y del propósito de aniquilar cualquier forma de oposición”.
