A 18 días del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General sostiene que detrás del crimen hay una estructura criminal que planificó y recibió cientos de millones de pesos para acabar con la vida del precandidato presidencial. Esta línea de investigación desvirtúa parcialmente que se trató de un crimen de odio alentado por el presidente Gustavo Petro, como lo denunció esta semana el abogado de la familia Uribe Turbay.
Por: Juan Carlos Granados Tuta
El pasado 7 de junio, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado con un arma de fuego en medio de un mitin político en el occidente de Bogotá. El precandidato presidencial de derecha recibió dos impactos de bala disparados por un adolescente, y hoy se debate entre la vida y la muerte. Desde entonces, medios masivos de comunicación y los políticos cercanos al precandidato, principalmente del Centro Democrático -su partido-, han impulsado la tesis de que se trató de un atentado motivado por odio, alentado por las publicaciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, los hallazgos de la Fiscalía y la Policía apuntan a que hubo fines políticos, pero en una operación orquestada en la que hubo una considerable suma de dinero de por medio.
¿De quiénes se trata? ¿Realmente alguien se despertó, leyó un trino de Petro en X y decidió asesinar a Miguel Uribe? Una hipótesis que se cae por su propio peso. Veamos los hechos.
Recién ocurrió el atentado, Noticias Caracol hizo una ronda de entrevistas con distintas figuras de la política nacional, en las que se hizo un llamado a desescalar el lenguaje y la polarización, pero siempre enmarcando al presidente Gustavo Petro como principal responsable. El 8 de junio, un día después del ataque, Noticias Caracol publicó hizo en X el siguiente mensaje: “Líderes e instituciones llaman a frenar la polarización tras el atentado a Miguel Uribe Turbay”. Desde el inicio, el cubrimiento se centró en enmarcar este crimen como una reacción individual, de un fanático motivado por odio político, que disparó contra el precandidato.
https://x.com/NoticiasCaracol/status/1931791125884395923?t=fY_pffSKYDTndRRDlE_dDg&s=08
Por su parte, Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial de derecha, hizo una publicación en su cuenta de X, en la madrugada del 8 de junio. Allí señaló como el responsable político del atentado al presidente Petro. No obstante, aún más grave fue la declaración, también en X, del presidente del Senado, Efraín Cepeda: “El presidente Petro ha conducido al país a un abismo que jamás imaginamos que volveríamos a enfrentar. Su manera de dividir y señalar ha sido interpretada por los grupos criminales como una señal que incentiva la violencia”. El presidente del Senado relacionó directamente la discusión política del país con el atentado a Uribe Turbay y responsabilizó al mandatario de alentar la violencia.
https://x.com/EfrainCepeda/status/1931497709417931167?t=BXf4teM7ucIToLTmdGdW_Q&s=08
En esa misma línea, el abogado de Miguel Uribe, Víctor Mosquera, anunció el pasado 24 de junio que radicó una denuncia contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por presunto hostigamiento al precandidato presidencial. Mosquera afirmó que, si bien no se podía asegurar que los comentarios de Petro fueron el motivo del atentado, sí pudieron haber generado un ambiente propicio. Como prueba, presentó un documento de 20 páginas con 42 tweets en los que señala que el presidente Petro instigó a Miguel Uribe. Sin embargo, ante esta afirmación cabe preguntarse: ¿quién pagaría mil millones de pesos para ejecutar un ataque sicarial motivado únicamente por unos trinos de Petro?
Lo cierto es que los hallazgos de la Fiscalía y la Policía van en contravía de la narrativa generada por los políticos y los grandes medios de comunicación. El joven que disparó contra Miguel Uribe no era un fanático. Le ofrecieron 20 millones de pesos por el crimen, y reconoció que no sabía quién era Miguel Uribe. Además, se ha revelado, con la información que ha salido a la luz, que el atentado fue coordinado por una red criminal que habría movilizado hasta mil millones de pesos, lo que descarta que se tratara de un simple arrebato de odio político y sugiere un plan meticulosamente estructurado.
“Podemos decir claramente que hay una intelectualidad y que, a través de un outsourcing criminal, contratan grupos criminales. En este caso, contrataron un grupo criminal dedicado no solamente al tráfico de estupefacientes, sino a generar estas afectaciones a la vida”, explicó el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, en entrevista con la revista Semana hace pocos días.
Aunque la Fiscalía aún no ha determinado un móvil definitivo ni autores intelectuales específicos, la principal hipótesis es que se trató de una agresión con motivaciones políticas, dado que Uribe Turbay era una figura pública, senador y precandidato presidencial. El 24 de junio, Luz Adriana Camargo, la fiscal general de la Nación, aseguró en una rueda de prensa que no existían pruebas que permitieran afirmar con certeza ese móvil político, pero tampoco existen indicios de otra motivación.
“Nosotros no tenemos evidencia alguna de un móvil distinto. El senador se encontraba en un acto de precampaña en una plaza pública, en un parque de una localidad de Bogotá, estaba evidentemente haciendo una manifestación política y, en paralelo, nosotros no tenemos referencias de amenazas en su contra, de problemas personales en su contra, de algún otro delito que hubiese podido motivar este atentado tan planeado y por eso es que hablamos de que este es el escenario en el cual se enmarca, jurídicamente hablando, esta conducta”, dijo la jefa del ente investigador.
Camargo y el general Triana, director de la Policía Nacional, dieron a conocer otros avances en la investigación, que hasta la fecha ha dejado cuatro personas capturadas, que estarían involucradas en el momento del acto violento. El primero es un adolescente de 15 años, arrestado el mismo día del atentado, señalado de disparar contra el senador.
También han sido judicializados Carlos Eduardo Mora González, quien habría transportado a los implicados y el arma, antes del crimen; Katerine Andrea Martínez Martínez, quien trasladó y entregó el arma, y vigiló la zona del atentado; y William Fernando González Cruz, quien participó en la planeación, selección del menor como sicario y la fuga de los demás implicados. Según la Fiscal Camargo, se les imputaron los delitos de tentativa de homicidio agravado, uso de menores en la comisión de delitos, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento o destrucción de material probatorio.
Según las autoridades, una figura clave en el entramado del atentado es Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “El Costeño”. Arteaga sería el principal dinamizador y planificador del ataque contra el senador, dado que fue el encargado de contactar a cada uno de los implicados y reunirse con ellos para coordinar los detalles del acto. Durante las declaraciones a la prensa, el general Triana aseguró que este sujeto tiene antecedentes por extorsión, desplazamiento forzado y lesiones personales, entre otros delitos. Arteaga es clave por ser el jefe de los autores materiales y porque podría esclarecer quién dio la orden.
Martínez también señaló que alias “Chipi” o ‘El Costeño’, quien presuntamente reclutó y coordinó el ataque al precandidato, tenía la intención de asesinar a los que conocían el plan criminal. Martínez le dijo a la Fiscalía que primero iban a matar al conductor del Spark gris porque, según él, era una persona muy habladora y podía delatar a los demás, y enseguida iban a acabar con la vida del joven que disparó contra Miguel Uribe. Lo que muestran los hallazgos de la Fiscalía y las confesiones de los partícipes del atentado contra Miguel Uribe es que hubo una organización detrás que estableció pasos a seguir antes, durante y después del ataque.
Además de las capturas, que han permitido reconstruir parte de la operación para asesinar al precandidato presidencial, durante las audiencias han salido a la luz detalles que refuerzan la hipótesis de un atentado planificado con tiempo y respaldado por grandes sumas de dinero, tanto para los implicados como para la logística.
El 9 de junio, dos días después del atentado, el director de la Policía, general Triana, detalló que el menor utilizó una pistola Glock, comprada en agosto de 2020 en el estado de Arizona, EE. UU. Aún no se sabe cómo llegó a Colombia ni cómo la obtuvo el menor que disparó contra Uribe Turbay. Según Katerine Andrea Martínez, “Elder empezó a hablar del arma, que venía del extranjero y que era una Glock, que había costado como 15 o 20 millones”.
Por su parte, el joven declaró, recién fue detenido, que lo habían contratado bajo la promesa de pagarle 20 millones de pesos después de que cometiera el crimen. Las declaraciones de Katerine Andrea Martínez demostrarían que, incluso, habría más dinero para el operativo. Según su testimonio, “El Costeño” le dijo a Katerine que para “esta vuelta estaban pagando más o menos 700 millones”. Asimismo, dijo que a ella le aseguraron un pago de 10 millones de pesos si el senador moría, pero como sobrevivió le dieron 600 mil pesos.
