Estos son los principales puntos del acuerdo de cese al fuego firmado en La Habana entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Las disidencias infiltradas por militares y el sostenimiento de las tropas del ELN en estos seis meses, son los principales retos que afronta este pacto orientado a reducir la violencia contra la población civil.
Por: Helberth Choachi
Vocero de Ciudadanías para la Paz
El pacto de cese al fuego entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN ha significado la reacción positiva de presidentes como el de Brasil, Luiz Inacio Lula, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes abogan y han expresado su respaldo al fin de la guerra en Colombia. “Un paso fundamental en la construcción de la paz para los pueblos latinoamericanos”, dijo Lula.
No es un paso menor, pues la presencia del máximo comandante del ELN en La Habana, Antonio García, indica la unidad de la guerrilla, tan cuestionada por los detractores del proceso de paz. La mano estrechada entre el presidente Petro y García son un gesto revelador para el próspero camino que le espera a este proceso, si las dos partes, más allá del pacto en el papel, logran desactivar todas los torpedos y bombas que va a sufrir el cese al fuego en los territorios.
Por eso, el corazón de este pacto es la sociedad civil que será parte activa en la veeduría territorial de ese Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT), como fue titulado el acuerdo, el cual caminará paralelo a una agenda de transformaciones en los territorios encaminada a un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado.
Sin duda, es un acuerdo urgente para llevar alivios humanitarios a los territorios, pues el ELN sigue siendo la guerrilla más grande del país tras el acuerdo de paz que provocó la dejación de armas de las FARC en 2016. Según información de la organización Indepaz, al menos 33 frentes hacen presencia en 91 municipios del país, de los cuales, en 73 se encuentran en proceso de expansión y en disputa con las fuerzas estatales y con grupos armados ilegales. En otros 152 hacen presencia ocasional, pero en 27 de ellos aparecieron por primera vez en 2021.
¿Qué se acordó en el cese al fuego?
El acuerdo de La Habana estableció que dicho cese al fuego inicia su fase de alistamiento del 9 de junio al 5 de julio de 2023, con el fin de que las órdenes del cese de operaciones ofensivas se inicien a partir del 6 de julio por 180 días con “vocación de continuidad”.
Este tiene como propósito mejorar la situación humanitaria de las poblaciones, los territorios y bajar la intensidad del conflicto; además de propiciar la participación de la sociedad en el proceso de paz. Son 13 puntos los que garantizan que este objetivo sea una realidad, pues en ellos se menciona la ruta y los actores, nacionales e internacionales, que verificarán el cumplimiento del Gobierno y de la guerrilla.
- Cumplimiento irrestricto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los acuerdos suscritos en la Mesa de Negociación.
- Suspensión de las operaciones de guerra y de inteligencia entre las partes y sus actuaciones tendrán un carácter de defensivas.
- Evitar y evadir contacto armado, prevenir y dar soluciones a posibles incidentes.
- Conformación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) y la creación de una Veeduría Social que será en coordinación con organizaciones sociales.
- No estigmatización, ni obstaculizar los mecanismos de protección humanitaria y facilitar la seguridad de los integrantes.
- Creación o ampliación de nuevos protocolos para el (CFBNT) de ser necesario.
- Desarrollo de procesos pedagógicos para el estudio y conocimiento de los protocolos y acuerdos a cumplir.
- El no uso de “…lenguajes irrespetuosos, estigmatizantes y la generación de noticias falsas”.
¿Cuáles son los riesgos que vivirá el cese al fuego?
En el primer punto de los acuerdos específicos aparece que las partes se obligan a no infringir las normas del DIH. Algunos medios de comunicación, reproduciendo el discurso bélico de un sector político como lo es la extrema derecha, han señalado que el cese al fuego no incluye para nada medidas de protección especiales para la población civil. Sin embargo, es evidente que el cumplimiento estricto del DIH por ambas partes implica con absoluta claridad que no habrá ataques, ni afectaciones a la población civil, ni a sus bienes.
Por otra parte, existe un riesgo estructural que está relacionado con la doctrina militar de las Fuerzas Militares, quienes tendrán que modificar su comportamiento bélico y desvertebrar relaciones con estructuras narcoparamilitares con el fin de garantizar, por su lado, el cumplimiento de lo pactado y así proteger a la población civil.
En las declaraciones del jefe de la delegación de paz del ELN, Pablo Beltrán, cuando respondió a un periodista acerca del protocolo específico frente a temas como el cobro de impuestos a empresarios, ganaderos y narcos, dijo que era un tema que estaba en discusión. Hecho que sirvió a la prensa amarillista para buscar golpear el proceso de negociación argumentando que existía vía libre para que el ELN siguiera extorsionando.
Asunto que implica pensar y pactar cuáles serán los mecanismos institucionales, financieros y de cooperación internacional para que más de seis mil hombres y mujeres en armas puedan sobrevivir durante este periodo, pues la guerrilla es una realidad y sus jefes máximos buscarán garantizar la sobrevivencia de sus tropas en medio de un cese al fuego que impondrá otras realidades en los territorios.
El punto 12 del Protocolo de Acciones Específicas del cese al fuego es un punto problemático porque sugiere que las partes podrán seguir haciendo privaciones de la libertad. Es decir, el ELN podrá continuar ejecutando lo que denomina retenciones (conocidas en la opinión pública como secuestros) como mecanismos políticos de presión y en algunos casos para la financiación; y para el caso del Estado, a través de la Fiscalía, la Policía o el Ejército podrán seguir realizando capturas a combatientes del ELN. Situaciones que pueden poner en amenaza el cese del fuego y ser aprovechado por los enemigos de este proceso de paz, que lo hay.
En el punto 2 del Protocolo se hace mención a la “suspensión de acciones ofensivas entre las Fuerzas Militares, de policía y de seguridad y todas las estructuras del ELN”. En este sentido ¿Cuál será el rol de la Fiscalía General de la Nación? ¿Cuál es el de las altas Cortes? ¿Hacen parte del acuerdo? O ¿el alcance del acuerdo solo compromete al ejecutivo?
Un gran riesgo y problema de fondo al cumplimiento del cese al fuego nacional, bilateral y transitorio es la existencia de enfrentamientos del ELN con otras estructuras ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias como el Estado Mayor Central (EMC), esta última vinculada, al parecer, con el Ejército como sucede con el Frente 10 de las FARC en Arauca. En este último caso, ese doble brazalete puede ser un problema de marca mayor para quienes pretenden sabotear el cese al fuego, pues sino se remueve a los comandantes de las Fuerzas Militares que vienen prestando esta cooperación, donde se confirme que eso es así, la guerra sucia hará de las suyas y el cese podría ser saboteado y manchado con sangre.
Sumado a lo anterior, el Gobierno debe retomar con prontitud el cese al fuego con las distintas facciones de las disidencias, distintas al Frente 10 en Arauca, con el fin de evitar que sean ellos quienes propicien una especie de guerra contra el cese del fuego que ha pactado el Gobierno y el ELN. Esto, en aras de evitar que la población civil sea afectada bajo el pretexto de que con ellos no hay cese y de que el ELN es su enemigo, situación que pone en alto riesgo a las comunidades tal como sucede en el Macizo colombiano y el norte del Cauca.
Por eso, es urgente y necesario atender los llamados de las comunidades para desescalar la confrontación mediante acciones unilaterales de los grupos armados que ponen en peligro el acuerdo del cese. Una confrontación como la que hay en el norte del Cauca o en el Macizo fácilmente podrá derivar en afectaciones a la población civil, pues el cese no implica que la guerrilla se quede con los brazos cruzados en caso de ser atacada por sus fuerzas enemigas. Frente a este panorama, ¿se podría considerar violación al acuerdo del cese al fuego?
El camino de la implementación del cese al fuego tendrá muchos enemigos y será un reto histórico su completo cumplimiento, ello depende de la participación de la sociedad civil y de que la comunidad internacional sea realmente garante y pueda reconocer el cumplimiento o incumplimiento de las partes a la luz de la realidad de cada territorio del país diverso en sus culturas así como en las dinámicas de la guerra.
