La Agencia Nacional de Minería renovó por 30 años el contrato de explotación de la mina El Roble, en Carmen de Atrato (Chocó), pese a una millonaria deuda de la empresa Miner S.A. con el Estado. Aunque se anunciaron millonarias contraprestaciones para la comunidad, líderes sociales denunciaron que la consulta fue una simulación orquestada por autoridades y la compañía.
Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
“Lo que vemos es que la Agencia Nacional de Minería se basó en lo económico y no tuvo en cuenta a la comunidad y al territorio”. Con esas palabras, desde el Carmen de Atrato (Chocó), se refirieron a la renovación del contrato de explotación de la Mina el Roble, operada por la sociedad Miner S.A., cuya participación corresponde en un 90% a Atico Mining (compañía canadiense), el 5,1% a la sociedad Las Vegas S.A, propiedad de la familia de Ánibal Gavira, y el 4,9% restante a accionistas minoritarios.
En el nuevo pacto que firmaron la Agencia Nacional de Minería (ANM) y Miner S.A., se acordó que, durante 30 años, la sociedad podrá explotar al municipio chocoano en búsqueda de oro y cobre. La noticia de la renovación del título minero se conoció el pasado 23 de mayo cuando la ANM emitió un comunicado en el que aseguró que el contrato “tiene unas regalías a favor de la Nación y de la comunidad por $7.000 millones anuales”.
Hay que destacar que, el 7 marzo de 2025, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá le ordenó a Miner S.A pagarle al Estado colombiano 119.000 millones de peso —aproximadamente 29 millones de dólares— por regalías no liquidadas desde 1994 y por exceder los topes de explotación de cobre. A pesar de la deuda que tiene con el Estado, la ANM dio vía libre para seguir explotando la cuenca del río Atrato.
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Según anunció la entidad, esta renovación “marca un hito” en la contratación minera del país, pues, además de pactarse el pago de regalías, se acordaron dos contraprestaciones económicas adicionales que irán destinadas a las comunidades del Carmen de Atrato. Una de esas contraprestaciones es por 5.300 millones de pesos anuales y se debe a la alta concentración de minerales extraídos.
La otra contraprestación se denomina “derecho económico social para las comunidades” y corresponde a la destinación de 1.671 millones de pesos para la inversión social en el municipio de Carmen de Atrato donde se ubica la mina. Según la entidad, este monto deberá ser actualizado anualmente en relación con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) durante los 30 años de vigencia del contrato.
La ANM destacó que el 67% de las contraprestaciones por el “derecho social de las comunidades” irá destinado a inversión en proyectos de alto impacto social, “en los cuales debe decidir la comunidad con el acompañamiento de las autoridades locales”, mientras que el 33% restante será invertido autónomamente por la empresa en sus propios programas de gestión social.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, calificó como una gran noticia la inversión consensuada con la empresa en el municipio. En un video publicado en su perfil de Instagram, en el que la acompaña Álvaro Pardo, presidente de la ANM, la gobernadora se refirió a los acuerdos pactados: “Con nuestra mina El Roble, que está en nuestro territorio, se ha logrado una concertación en torno a responder las expectativas que tiene el Chocó”.
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba y Álvaro Pardo, presidente de la ANM, anuncian los acuerdos con Miner S.A.
En cambio, una lideresa social y ambiental que vive en el Carmen de Atrato le dijo a la Revista RAYA que no son optimistas con los recursos anunciados por la ANM y la gobernadora. “Ellos nos dicen que las contraprestaciones no van a ir al Sistema Nacional de Regalías, sino que van a ser manejadas por asambleas comunitarias y va a ser una plata participativa, pero desde la alcaldía ya están anunciando unos proyectos que no han sido socializados con nosotros. Entonces, en la comunidad seguimos en las mismas porque no nos han tenido en cuenta en el proceso”.
Otro punto de diferencia entre la ANM y las comunidades del Carmen de Atrato respecto a la renovación del título minero se basa en la participación ciudadana. Un ejemplo de esta discrepancia fue el diálogo social realizado el pasado 29 de marzo en un evento llamado “Mina El Roble: Acuerdos para la firma de una nueva concesión minera”. La ANM destacó que en ese escenario fueron socializados los términos preliminares de la renovación del contrato y recogidas las observaciones de la comunidad, las cuales se incluyeron en el documento final del acuerdo.
Para la lideresa social que habló con RAYA —y quien pidió que se protegiera su identidad—, lo que sucedió en el coliseo del Carmen de Atrato no fue un diálogo social, sino un espacio cooptado por la empresa. “Fue un espacio de unas tres horas, con amplia participación de la Gobernación y la Alcaldía, que apoyan el proyecto, y a nosotros nos dieron tres minutos a cada persona y no dejaron participar a representantes de organizaciones en el diálogo”.
También destacó que organizaciones sociales como la Plataforma del Campesinado y la Mesa Social y Ambiental del Carmen de Atrato se sintieron insatisfechas con la respuesta que dio la gobernadora del Chocó respecto a la renovación del título minero. “En su discurso decía que iba a proteger la biodiversidad del Chocó, pero en el diálogo social dijo que estaba muy contenta con que las grandes empresas estuvieran en el departamento”, afirmó la lideresa.
A pesar de que la ANM ya anunció la renovación del título minero, también señaló que Miner S.A. aún no tiene licenciamiento ambiental aprobado y que tiene “un mes para iniciar el proceso de acuerdo con las normas vigentes”. Asimismo, manifestó que la empresa debe actualizar su Programa de Trabajos y Obras (PTO) para continuar con sus operaciones.
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) será la responsable de aprobar el título minero y el programa de trabajos que presente la empresa en los próximos 30 días. Para las organizaciones sociales, es importante que sea la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la que otorgue la licencia ambiental y no Codechocó, “porque ellos han sido muy laxos con la empresa”.
Antes de terminar la entrevista con RAYA, la lideresa comunitaria destacó que, con licencia ambiental o sin ella, los trabajos extractivistas en el municipio han generado un daño ambiental y social irreparable. “En el sector donde está la mina hay pérdida total de agua y los cultivos se han ido perdiendo. La gente ha tenido que desplazarse por culpa de la minería porque realmente sufren por la falta de comida y por la escasez de agua”.
La mina El Roble empezó a operar en 1987 y es la única del país que extrae cobre. Antes de la llegada de Miner S.A. al territorio, el Carmen de Atrato era conocido como la despensa agrícola del Chocó, por tener un suelo ideal para el cultivo de cebolla, hortalizas, frutas, arroz, yuca, maíz, entre otros. Es decir, que la mina, que actualmente opera con un título minero vencido, ha contribuido al desarraigo del campesinado y al cambio de la vocación productiva del municipio.
