El Consejo de Mujeres Indígenas de los pueblos Awajún y Wampis en el norte del amazonas peruano denuncia más de 500 casos de abuso sexual contra niñas de sus comunidades. El Gobierno de Perú solo ha dado respuestas estigmatizantes mientras los agresores siguen en la impunidad.
Por David González M.
Más de 524 niñas han sido violadas en comunidades indígenas del Amazonas peruano en los últimos 14 años. Los responsables son profesores y funcionarios relacionados con el sistema educativo de ese país, pero la respuesta del Ministerio de Educación ha sido señalar que estas prácticas son propias de la cultura de la comunidad. Además, la falta de avances en la justicia mantiene a los agresores en total impunidad.
La situación se ha hecho pública gracias al Consejo de Mujeres Indígenas pertenecientes a los pueblos Awajún y Wampis, descendientes del pueblo Jíbaro de las comunidades más remotas del norte del Amazonas peruano, en los departamentos de Cajamarca, San Martín, Loreto y Amazonas. Las mujeres indígenas empezaron a recibir denuncias de sus hijas y estudiantes y se articularon para tomar acción sobre estos hechos. Hoy estiman que los casos pueden estar por encima de 900 y que hay decenas de víctimas contagiadas del Virus de Inmunodeficiencia Humana-VIH.
“Hay jóvenes estudiantes, niñas, que están falleciendo a causa del contagio. Entonces, nosotras hemos levantado la voz a través del Consejo de Mujeres”, dijo a RAYA, Rosemary Pioc Tenazoa, vocera del Consejo de Mujeres que a la fecha cuenta con 120 socias de varias comunidades del Amazonas peruano.
Por sus denuncias, las mujeres del Consejo han recibido amenazas de muerte anónimas y directas contra sus familias.
Impunidad y negligencia: factores que agravan las violaciones sistemáticas
“Cuando pasaba por la casa del profesor Eksam Luis Chigkim Katip, me llamó y agarrándome de mi brazo me metió en su cuarto, tapándome la boca con una colcha para no gritar, me condujo a su cama” relató una de las niñas víctima de violaciones a una organización no gubernamental defensora de derechos humanos. Fue violada en varias ocasiones desde que tenía 11 años en la comunidad indígena de Tutino al norte del Amazonas peruano.
Las representantes del Consejo de Mujeres manifiestan que desde el año 2017, la Defensoría Nacional ha emitido alertas sobre 300 casos de violencia sexual contra estas niñas, sin embargo, estos crímenes han quedado impunes.
Los maestros involucrados en estos abusos no sólo no son procesados, sino que son simplemente reubicados en otras instituciones, donde continúan cometiendo sus crímenes. Este sistema de traslados permite que los agresores continúen victimizando a niñas inocentes en diferentes comunidades del país.
La impunidad que rodea estos casos se agrava por el hecho de que algunos de los agresores también trabajan como promotores en residencias estudiantiles o albergues. Esta posición de confianza les facilita el acceso a las niñas y les permite cometer sus abusos. Sin embargo, “no sólo son hombres de la comunidad”, aclara Rosemary. También hay hombres hispanohablantes que vienen de otras ciudades como Trujillo, Chiclayo y otros departamentos. “Son ellos quienes, en realidad, cometen estos crímenes en las comunidades indígenas”, explica.
Rosemary, quien además de vocera del Consejo de Mujeres es maestra, describe: "He atendido a niñas violentadas, desgarradas, las he recibido ensangrentadas. Todo esto me dio la fuerza y la determinación para decirles a mis niñas: esto no quedará impune. Haré justicia por ustedes."
Un sistema que vulnera a las menores
Entre los factores que han permitido las violaciones sistemáticas contra las niñas indígenas, está la impunidad, la falta de un enfoque étnico y el abandono estatal.
El siguiente fragmento es parte de una de las denuncias. Al profesor agresor lo condena la comunidad a pagar una importante suma de dinero al padre de la niña violada, que además terminó embarazada.
La denuncia es del 27 de septiembre de 2017, en reunión de comuneros y comuneras de la comunidad de Pujupat
El profesor no sólo no pagó, sino que simplemente fue trasladado a otro lugar. Y esa es la constante.
Rosemary explica que las denuncias las hacen frente a sus autoridades indígenas y frente al sistema judicial ordinario del Estado peruano. Pero la respuesta estatal es más que insuficiente “Es increíble. Una semana atrás, habíamos hecho una denuncia contra un profesor que seguía trabajando campante y había violado a tres niñas, a la fecha no hay ningún capturado ni condenado por todo esto, nada.”
Fragmento de denuncia hecha contra dos profesores (poner en difuminado los nombres)
La situación se agrava además por la respuesta institucional del gobierno peruano. A mediados de junio, Gustavo Adrianzen, actual presidente del Consejo de Ministros de Perú y quien también fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Ollanta Humala, anunció el comienzo de investigaciones. Pero esto sólo lo hizo luego de que el escándalo tuviera mayor eco, tras las controvertidas declaraciones de otros funcionarios de gobierno.
Morgan Quero, Ministro de Educación de Perú, dijo que las violaciones eran una “práctica cultural que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos”. Por su parte, la ministra de la Mujer del gobierno de Dina Boluarte, Ángela Teresa Hernández añadió: “debemos informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido”.
Las declaraciones y las acciones del gobierno no han sido bien recibidas por las comunidades indígenas, que a los crímenes contra sus niñas ahora suman la denuncia por estigma y discriminación. “Toda la Amazonía repudia estos mensajes. Nosotros le hemos respondido (al Ministro de Educación) que no son prácticas culturales, son delitos gravísimos. Él no conoce el territorio y tampoco le interesa ir a visitar in situ la problemática que está pasando, él solamente habla desde su escritorio”, explicó Rosemary a RAYA.
Además denuncia que uno de los que está sentado en la mesa de negociación con el Ministerio para buscar justicia, es un maestro que está siendo procesado por una de estas violencias. Rosemary agregó: “Rechazamos todo tipo de discriminación y estigmatización de nuestra cultura que normaliza la violencia sexual como excusa para perpetuar la impunidad e invisibilizar la gravedad de estos crímenes, en agravio de nuestras niñas que son altamente vulnerables”.
“No nos vamos a callar”
En este momento el Consejo de Mujeres trabaja en dos ejes principales: la visibilización y el empoderamiento de las iniciativas de mujeres en la comunidad, muchas de las cuales se dedican a la artesanía, cerámica, reforestación, piscicultura y crianza de aves. Estas iniciativas están siendo fortalecidas para que las mujeres puedan tomar decisiones autónomas y manejar la economía indígena. Además, el Consejo se enfoca en la defensa de los derechos humanos, reuniendo a mujeres emprendedoras dispersas en los territorios para fortalecerlas y brindarles apoyo.
Desde el Consejo piden con urgencia la creación de un equipo multidisciplinario especializado en violencia de género y abusos infantiles. Con 524 casos reportados y más sumándose, creen que es crucial desarrollar planes de acción culturalmente adecuados para cada víctima, con la participación activa de sus familiares. "No se ha hecho justicia, y como Consejo de Mujeres, vamos a llegar hasta el final para que realmente se haga justicia, no nos vamos a callar", dijo Rosemary a RAYA.
Según el Ministerio de Educación, serían 519 docentes los implicados en estos casos y solo 112 han sido destituidos.
