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La “Paz Total” propuesta por el gobierno Petro pretende ser un modelo de lo que debe ser la paz en Colombia. Sin embargo, este modelo presenta desafíos desde una perspectiva de derechos humanos y de acción política para las ciudadanías que trabajan por el derecho a la paz.

Por: Helberth Choachí*

El 10 de octubre de 2022, las Comisiones Primera del Senado y la Cámara, aprobaron el proyecto de Ley 181 del Senado y 160 de la Cámara donde se habla de la “Paz Total”. En términos técnico-jurídicos es una modificación parcial a la ley 418 de 1997 creada bajo el gobierno del expresidente Ernesto Samper (1994-1998) en un contexto de auge y control del narcotráfico con el relevo de los carteles colombianos por los mexicanos y los escándalos del proceso 8.000 que comprometían al entonces presidente Samper con dineros del narcotráfico en su campaña presidencial. Ambos marcaron la figura del narcoestado y el crecimiento del paramilitarismo en cerca de “279 municipios” controlando y disputando militarmente el país para garantizar zonas vitales para el negocio de la droga a escala transnacional. ¿Nada distinto al contexto actual?

La reforma normativa, como algunos congresistas han mencionado, se concentró especialmente en: i.) gestionar la guerra a través de la creación del gabinete de la paz; ii.) precisar los tipos de acercamiento, diálogos, negociaciones y sometimientos con actores armados: los procesos insurgentes y narcotraficantes-paramilitares, y sus filiales en las ciudades y regiones; iii.) facilitar la entrega de armas de particulares; y iv.) crear nuevas modalidades para prestar el servicio militar obligatorio, entre otros.   

Lo llamativo de la reforma actual, es que, a pesar de que solamente se modifican algunos artículos, se le ha denominado “paz total” y se le han asignado un carácter prescriptivo, totalizante y de “verdad” de lo que debe ser la paz en Colombia. Asuntos que pueden ser problemáticos desde una perspectiva de derechos humanos y de acción política para las ciudadanías que trabajan por el derecho a la paz.

¿De qué paz se está hablando?

De entrada, se debe decir que en el escenario internacional el derecho a la paz no existe, no es reconocido entre Estados y por lo tanto no es de exigibilidad entre los mismos, como sí sucede con el derecho a hacer la guerra y las obligaciones contraídas entre Estados para acatar el Derecho Internacional Humanitario-DIH.

En sintonía con lo anterior, si se revisa el discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas su eje central debió ser la “paz total” y, en consecuencia, debió proponer a los presidentes asistentes a la Asamblea, el reconocimiento y la adopción del Derecho a la paz en la Carta de Naciones Unidas, con la finalidad, no solo de acabar la guerra y el narcotráfico, sino de incorporar también un mandato mínimo para el derecho a la paz, en su discurso “No hay paz total, sin justicia social, económica y ambiental”. Pero no fue así, hecho que en la perspectiva del derecho internacional podría ser una grieta para enfrentar la crisis civilizatoria del “antropoceno”.

Entonces, la “paz total” de la que habla el gobierno y sectores del Congreso tiene un enfoque de lo que algunos teóricos han denominado “paz negativa” o la “tregua de la guerra” que fue promovida por el premio Nobel de Paz, que se ubica en una comprensión liberal de los derechos humanos bastante problemática para horizontes emancipatorios, porque no problematiza el capitalismo, ni el colonialismo y si establece, según lo contemplado en el artículo 3 del Proyecto de Ley 181 del Senado y 160 de la Cámara,  la “interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de seguridad humanaacuñada por Naciones Unidas.

La paz de la que habla el gobierno, cuya eficacia radicaría en los logros que se obtengan con los actores de la guerra en Colombia, es un avance. Sin embargo, no está claro ¿Qué sucede con los actores transnacionales (Estados y carteles) que dirigen y financian la guerra? Y ¿Con el rol de las fuerzas militares en su relación con estructuras criminales? ¿Ellos también van a ser llamados a negociar? ¿éstos son los mínimos, son los máximos? ¿esto sería la paz? ¿se lograría la pacificación? ¿lograríamos justicia social, económica y ambiental? ¿qué le faltaría?

El enfoque de la “tregua de la guerra” en la “paz total” puede, por un lado, concentrar la atención de las ciudadanías y del movimiento en la participación en los diálogos y negociaciones con actores armados y, por otro, opacar las demandas materiales y espirituales de una vida digna-vivir sabroso-ser felices, que son parte de los repertorios de lucha de las organizaciones y movimientos sociales en la historia de Colombia.

Entonces, ¿de qué paz deberíamos estar hablando?

Deberíamos hablar y trabajar por el derecho a la paz desde una perspectiva integral, interrelacional, indivisible, contextual y situada en los derechos humanos.

Donde se asuma que el derecho a la paz no es posible sin el desarrollo y garantía de todos los demás derechos, sin jerarquías. Inclusive generando la apertura de nuevos derechos humanos que robustezcan el derecho a la paz, resultantes de las luchas por bienes para vivir dignamente.

Hablar de la “paz total” amplia, integradora, al menos debería definirse, en línea con la Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz, como la superación del conflicto armado relacionado con las perspectivas del decrecimiento, el biocentrismo y la interculturalidad “…como condición para la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, la eliminación de todo tipo de violencia, así como al respeto efectivo de todos los derechos humanos” y los de la naturaleza.

El debate queda abierto… El asunto de fondo es que aquí y ahora en Colombia con una determinada comprensión y enfoque sobre la paz nos estamos jugando un modelo de sociedad donde la pacificación desarrolle el capitalismo (como ocurrió con el expresidente Santos y el proceso de paz) o que, en una perspectiva de proceso amplia se construyan horizontes de emancipación de múltiples colores con justicia social, ambiental, económica y cultural. ¿Cuál es el camino? ¿cuál escogeremos?

* Profesor Universidad Pedagógica Nacional-CPAZ y de Ciudadanías para la PAZ

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