El Cauca enfrenta un exterminio sistemático. Municipios como Toribío, Corinto y Caloto concentran gran parte de los asesinatos de líderes sociales, el reclutamiento forzado de menores y la fractura del tejido social. La violencia ejercida por los grupos armados que controlan el narcotráfico busca eliminar la resistencia indígena a los cultivos ilícitos, al reclutamiento de menores y la desarticulación de este territorio comunitario.
Por Juan Carlos Granados
El 10 de febrero de este año fue asesinado Alberto Quitumbo Yatacue, reconocido miembro de la Guardia Indígena del Resguardo de Toribío, en el norte del Cauca. A pesar del clamor de las comunidades, las balas siguen arrebatando vidas. Juan*, líder indígena del CRIC, comenta que a lo largo del conflicto armado en el departamento, la violencia de los asesinatos, atentados y amenazas, más que buscar el aniquilamiento físico de los pueblos indígenas, ha sido ejecutada para desestructurar los planes de vida y la defensa de la tierra y el territorio.
Comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca tras el homicidio de Alberto. Fuente: https://x.com/CRIC_Cauca/status/1888966774453899670
“Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos, también. Entonces, ¡hablamos!”. Estas fueron las palabras de la neeh we’sx Cristina Bautista, autoridad indígena Nasa del resguardo Tacueyó, dos meses antes de ser asesinada por la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC el 29 de octubre de 2019. Esta frase, recordada constantemente por los líderes indígenas, es un símbolo de lucha ante el exterminio político, social y cultural que sufren las comunidades indígenas, situación que también ha denunciado la Corte Constitucional. Según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 2016 y 2024 fueron asesinados 337 líderes sociales en el Cauca, de los cuales 133 eran indígenas, siendo el departamento con más víctimas de este tipo de violencia.
La situación es aún más crítica en el norte del Cauca, donde Corinto, Caloto, Buenos Aires y Santander de Quilichao, cuatro de los 42 municipios del departamento, concentran el 32% de los líderes asesinados, con 110 víctimas entre 2016 y 2024. Esta violencia sigue vigente. En este 2025, a la fecha de esta publicación, cinco líderes sociales han sido víctimas de homicidio.
Las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, grupo dominador del territorio, llevan años ejecutando este plan de aniquilamiento al movimiento social e indígena, que se fractura cada vez más y es debilitado desde su raíz a través del reclutamiento de menores. Esta es una radiografía de las denuncias, reclamos y agobios que viven las comunidades y líderes indígenas del Cauca.
El reclutamiento de menores, una herida abierta
El 12 de febrero, día internacional contra el uso de menores en los conflictos armados, el CRIC denunció que entre 2022 y 2024, por lo menos 606 niños, niñas y adolescentes indígenas fueron reclutados en el Cauca. A pesar de toda la violencia e intimidación, las comunidades siguen luchando para que los armados devuelvan a los menores reclutados. Además, los cálculos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) indican que la Columna Dagoberto Ramos es responsable de más de 800 reclutamientos forzados de menores en la región desde el 2019 hasta la fecha, un crímen que según las autoridades indígenas, se disparó después de la ruptura de la mesa de diálogos.
Pablo*, líder indígena, señala que el reclutamiento de menores es una amenaza para la propia supervivencia de las comunidades. “El exterminio físico, en este caso despojando a los niños y niñas de su entorno, pone en riesgo la transmisión de nuestra cultura, de nuestras formas de vida, lo que es una consecuencia directa de esta guerra contra el movimiento indígena”. En diciembre del año pasado, se encontró que en Buenos Aires, Cauca, había una fosa común con los restos de varios jóvenes que fueron reclutados y ejecutados al intentar escapar, según el Ejército.
A pesar de los riesgos, las autoridades indígenas hacen todo lo posible por recuperar a los menores. El 16 de marzo del 2024, Carmelina Yule Paví, líder indígena y defensora de derechos humanos, fue asesinada junto con otros dos comuneros mientras intentaban rescatar a un menor víctima de reclutamiento forzoso en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío. Estos actos fueron atribuidos a la Columna Dagoberto Ramos.
El 16 de febrero de este año, culminó el plazo que las comunidades de Suárez, Cauca, dieron a los grupos ilegales para que entregaran a los niños que habían sido reclutados. Ante el incumplimiento, las organizaciones han anunciado que van a continuar sus reclamos a través de las vías de hecho. Esta nueva manifestación, en denuncia de la situación humanitaria, es un acto que se ha visto disminuido con la llegada del Gobierno Petro. Al respecto, Juan comenta lo siguiente: “Nuestra participación en los ejercicios de acción directa, al menos en este Gobierno Nacional, se ha debilitado junto a la movilización social. Hemos perdido capacidad de presión debido a la paradoja en la que nos encontramos. Al haber apoyado este mandato, hemos disminuido la movilización que siempre ha sido un factor de unidad en el territorio”.
Comunicado del Resguardo Indígena Nasa de Cerro Tijeras del 17 de febrero del presente año.
Fuente: https://x.com/CapazMauricio1/status/1891466008696615377/photo/1
Las fracturas que ha sufrido el movimiento indígena
“Lo que nos permite resistir es la línea orientadora en la que nos hemos formado desde niños. Todas las estructuras las tienen, desde los movimientos juveniles hasta las organizaciones de artesanos y mujeres”, señala Juan. Precisamente por la unidad y fortaleza de los movimientos indígenas, los grupos armados, en especial el frente Carlos Patiño y la Columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, buscan a través de la violencia cooptar y romper esa asociación intrínseca de las comunidades. “Ante los fracasos por desestructurar, deciden asesinar, como eso tampoco les ha funcionado, amenazan, desplazan y reclutan menores para debilitar el movimiento, buscan resquebrajar desde el interior”, agrega el líder.
Juan dice que este operativo militar en contra de las comunidades indígenas, campesinas y afros ha tenido consecuencias no solo humanitarias, sino también culturales que están modificando la cosmovisión de los pueblos. “Hay transformaciones en ciertas zonas donde los planes de la gente están siendo plegados por los actores armados y sus formas de vida están girando alrededor de ellos. Eso nos ha complicado mucho”, expresa el líder indígena.
Desde el CRIC ha habido pronunciamientos semana tras semana denunciando el exterminio al que están siendo sometidos, mientras las autoridades estatales solo observan. El 15 de diciembre del 2024, esta organización hizo uno de los comunicados más contundentes. Denunció directamente al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC de “romper, manipular y someter a la población en función de intereses mafiosos y asesinos”. Además, manifestaron que hoy las dinámicas armadas en el territorio tienen como objetivo el “exterminio, destrucción y desintegración del tejido social” para obtener y controlar negocios ilegales.
Camilo*, líder indígena, explica que desde los pueblos del Cauca no hablan únicamente de que los liderazgos están en riesgo, sino que la población en general lo está. “El movimiento social se ha vuelto un obstáculo para los grupos armados porque tras la firma del Acuerdo de Paz hubo un lineamiento en la región y es que no se iban a permitir más asociaciones ilegales. Los líderes que más han tratado de fortalecer el control territorial de las guardias indígenas se han convertido en objetivo militar”, expone Camilo.
En el informe “Entonces, ¡hablamos!”, del CRIC, se amplía lo expuesto por el líder. En el documento se explica que tras la desmovilización de las antiguas FARC, se estableció que era necesario volver permanente el control ejercido por las comunidades en los puntos estratégicos donde antes la guerrilla tenía el mando. “De esta decisión se desprendió la mayor parte de agresiones directas en contra de guardias y autoridades, como sucedió con Edwin Dagua y Cristina Bautista”, dice el archivo.
Sin embargo, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 surgen dos grandes preguntas entre las comunidades. En el Cauca había una enorme economía ligada al narcotráfico, varias zonas del departamento eran importantes enclaves de cultivos de uso ilícito, ¿quién se iba a quedar con todo eso?, ¿el Estado iba a ser capaz de lograr la sustitución?. Efectivamente, la salida de las FARC generó nuevas dinámicas armadas por parte de grupos que querían aprovechar el vacío de poder para hacerse con las economías ilícitas. Por otra parte, el Estado fracasó estrepitosamente en la transformación del territorio, principalmente en la Reforma Rural Integral y en la sustitución de cultivos, lo que puso en mayor riesgo a los líderes que intentaron estar al frente de estos proyectos.
Reorganización armada en el Cauca
Tras el Acuerdo de Paz, las comunidades indígenas se organizaron para proteger su territorio y ejercer con plenitud su autonomía. Juan explica que, al principio, comenzaron a aparecer algunos grupos de personas armadas reivindicando antiguas guerrillas como lo fue el EPL. En 2017, las guardias indígenas tuvieron la capacidad de capturar, desarmar y destruir las armas de varios ilegales que intentaron tener control del territorio. Sin embargo, la entrada de estructuras armadas no cesó.
Juan comenta que en algún momento llegaron hombres con armamento afirmando que eran parte de cárteles narcotraficantes de México, hasta que se armaron y se presentaron en el territorio las “nuevas” FARC. “Hubo una disputa entre los que fueron entrando al territorio, hasta que al parecer se organizaron y dijeron que eran el proyecto político y militar de las FARC. Aun así, con ellos todo ha sido distinto respecto a la antigua guerrilla”, explica el líder.
Las comunidades indígenas, que por décadas tuvieron que tratar con ideólogos de las FARC, con una organización político - militar y con línea de mando clara, pasaron a lidiar con comandantes muy jóvenes, sin formación, con los que no es posible establecer unos mínimos humanitarios. “Están totalmente centrados en sus economías ilícitas, ven al movimiento indígena como un botín de guerra, lo que afecta en especial a zonas como el norte del Cauca que es una región estratégica por su ubicación”, comenta Juan.
En el norte del Cauca se encuentra casi la mitad de miembros vinculados al CRIC, lo que implica que es una zona donde la organización territorial indígena es muy fuerte, por lo que los grupos ilegales tratan de romper esa unidad y cooptar el movimiento social. En 2024, de los 29 líderes sociales asesinados en el Cauca según Indepaz, seis municipios del norte del departamento concentraron 15 de las 29 víctimas.
Además, históricamente el Cauca ha sido uno de los departamentos con más cultivos de coca. En 2023, de acuerdo con la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, se registraron 31.844 hectáreas sembradas de coca, y en el norte del Cauca se localizó uno de los cuatro enclaves productivos que tiene el departamento. Sin embargo, las guerras en el norte del Cauca no han sido únicamente por la coca, sino también por la marihuana, tema que suele pasar desapercibido en los debates nacionales respecto a las drogas. Los líderes sociales que se oponen a las economías ilícitas son de los más atacados por las disidencias.
La intimidación cada vez fue más fuerte con el paso de los años hasta la actualidad. Camilo comenta que uno de los temas en los que las disidencias han amordazado a la población fue en las negociaciones de paz con el Gobierno Petro, que en el caso de los hombres de Iván Mordisco duró hasta abril del año pasado. Las comunidades del Cauca no podían participar activamente en estos diálogos ni pronunciarse sobre las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En la actualidad, este asunto produce miedo en los líderes, tanto así que piden el favor de cambiar su nombre para poder citarlos.
*Los nombres de las fuentes fueron alterados para salvaguardar su integridad.
