La Revista RAYA revela documentos secretos de la Armada Nacional, que muestran cómo ha sido la guerra fría en alta mar entre los dos países. Luego de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia le entregó espacio marítimo colombiano a Nicaragua, en alta mar se han desarrollado operaciones de espionaje sobre armas, capturas de buques, seguimientos a un embajador de Estados Unidos y varias estrategias de Nicaragua para controlar el mar ganado, pero el pie de fuerza de Colombia no cede.

Por: Edinson Arley Bolaños
Director Revista RAYA

Las tensiones por aguas internacionales entre Bogotá y Managua siguen vigentes. El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sólo evitó que le entregaran más espacio marítimo de Colombia a Nicaragua. Los tratados limítrofes entre los dos países quedaron modificados desde noviembre de 2012 cuando Nicaragua logró 75.000 kilómetros cuadrados de mar, mientras que Colombia solo logró conservar soberanía sobre las islas Alburquerque, Bajo Nuevo, cayos Este-Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla. Desde entonces, las operaciones estratégicas de Nicaragua para ejercer autoridad sobre el mar ganado han desatado una guerra fría en alta mar con la Armada de Colombia, de la que poco se conoce.

Operaciones de espionaje para establecer el armamento marítimo que tiene Nicaragua, un operativo de espionaje por parte de autoridades nicaragüenses contra el embajador de Estados Unidos en ese país, capturas de pescadores de Nicaragua que estaban en el mar en disputa ejerciendo esa labor, lanchas y buques merodeando cerca a las fragatas colombianas, buques pesqueros perseguidos. Todo un ambiente con escaramuzas de guerra, principalmente, en los años 2018 y 2019, durante el gobierno de Iván Duque, cuando las relaciones diplomáticas con ese país han tenido su punto de tensión más fuerte en los últimos tiempos. Sin embargo, la puja continúa en la disputa por la explotación del mar profundo en esa zona del mar Caribe.

Luego de conocerse el fallo del 19 de noviembre de 2012, el gobierno de Nicaragua, en cabeza del presidente Daniel Ortega, puso en marcha un plan para poder ejercer soberanía sobre el mar cedido por la Corte: la “Estrategia de Soberanía y Paz Augusto C. Sandino”, por medio de la cual Ortega ordenó la incursión al oriente del meridiano 082° de dos unidades pertenecientes a la Fuerza Naval (1 patrullera clase Dabur y 1 patrullera clase Rodman). Según el documento de inteligencia de la Armada Nacional, ese plan tenía el objetivo de medir la reacción del gobierno colombiano a través de las unidades navales ubicadas en el sector denominado Luna Verde.

Posteriormente, con el ánimo de demostrar autoridad y control sobre sus nuevas aguas jurisdiccionales, el gobierno de Ortega emitió permisos de pesca y ordenó incursionar con una flota pesquera en la que ahora denomina su Zona Económica Exclusiva. Igualmente, le otorgó permiso al buque de investigaciones científicas de México, “Dr. Jorge Carranza”, para que efectuara levantamientos hidrográficos sobre la línea de demarcación emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en noviembre de 2012. Esto, a raíz de que Nicaragua sigue demandando ante ese tribunal que Colombia desconoce e incumple el fallo.

El 10 de diciembre de 2018, una motonave pesquera con bandera hondureña denominada “Observer”, la cual contaba con permiso de pesca colombiano, fue capturada y remolcada de las aguas en disputa, del sector conocido como Luna Verde, por el buque nicaraguense BA-405 “Tayacán”. Esto, según el análisis de la inteligencia de la Armada colombiana, “le permite a Ortega demostrar su capacidad para ocupar el espacio marítimo cedido por la CIJ y pone en entredicho ante la comunidad internacional la validez que tendrían los permisos de pesca emitidos por Colombia para efectuar faenas en dichos espacios; además de demostrar la supuesta incapacidad del Estado colombiano para garantizar la seguridad de las embarcaciones bajo su amparo legal, situación que conllevaría a que terceros estados reconozcan de manera tácita la soberanía nicaragüense sobre los espacios marítimos mencionados, al solicitar los permisos de pesca ante las autoridades marítimas nicaragüenses”.

El 19 de abril de 2019 el buque pesquero “Capitán Alejandro” de bandera nicaragüense y de propiedad del señor Silvio José Chamorro Martínez, realizó faena de pesca en Zona Económica Exclusiva de Colombia, según la inteligencia colombiana. Durante la ejecución de esta actividad, el capitán de la embarcación se percató de la presencia del Patrullero Oceánico PO-45 “San Andrés”, por lo cual procedió a abandonar el área dejando a la deriva en aguas jurisdiccionales colombianas a un grupo de 28 pescadores que hacían parte de su tripulación, siendo estos socorridos por la Armada de Colombia.

En esa puja, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua emitió una nota diplomática, la 00366 del 2 de agosto de 2019, la cual habla de los hechos ocurridos con la embarcación “Capitán Alejandro”. Según el documento, dicha embarcación salió desde la capitanía de Puerto Cabezas (Nicaragua) y cumplía con los requisitos exigidos por la “legislación nicaragüense” y los instrumentos internacionales relativos a la seguridad de la navegación y actividades de pesca; según lo indicado en la nota, “el permiso emitido por las autoridades nicaragüenses autorizaba a la embarcación “Capitán Alejandro” a pescar dentro de la “Zona Económica Exclusiva de Nicaragua”.

Incluso, en la misma nota diplomática Nicaragua protestó ante lo que denominó una falsa afirmación de Colombia en su contra, de que existía “tolerancia de las autoridades nicaragüenses y un incentivo de las mismas para la pesca ilegal predatoria por parte de buques con bandera de Nicaragua. En ninguna zona marítima ni bajo jurisdicción nacional ni más allá de dicha jurisdicción”, resalta el documento.  

Cuatro meses más tarde, el 19 de agosto de 2019, el buque pesquero “Capitán Alex”, perteneciente a la empresa Coopescharlie de Puerto Cabezas, fue ubicado por la Fragata colombiana ARC “Independiente” a 19 millas náuticas de Isla Serranilla, sobre espacio marítimo internacional por delimitar entre Nicaragua y Honduras. Esta había dejado en el mar territorial colombiano una embarcación artesanal tipo Panga y dos buzos artesanales que fueron rescatados por la Armada de Colombia y entregados al buque pesquero hondureño con permiso de pesca colombiano.

Operaciones de espionaje

La inteligencia de la Armada Nacional también accedió a una comunicación sostenida entre el Jefe de la Fuerza Naval de Nicaragua, el contralmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire, en la que le da indicaciones al capitán de Fragata, Fabricio Antonio Torres González, jefe sección de inteligencia y contrainteligencia militar de la Fuerza Naval, con el fin de que realice vigilancia al señor embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, quien se desplazaba a la Isla Ometepe en dos vehículos en compañía de personal diplomático.

Según los documentos de la inteligencia colombiana, en ese noviembre de 2019 en el municipio de Altagracia se desarrollaban las fiestas patronales por lo que sospechaban que el embajador Sullivan se reuniría con sacerdotes y opositores en la isla para concertar planes contra el gobierno de Ortega. El capitán Juárez contactó fuentes humanas para realizar la respectiva vigilancia para determinar con quién se reuniría el embajador. Así lo registraron los documentos: “Adicionalmente, es posible que el gobierno de Nicaragua se encuentre en estado de alerta ante posibles acciones de sectores de oposición apoyadas por actores internacionales que puedan desestabilizar el gobierno o generar acciones que obliguen al Presidente a entregar el poder como sucedió recientemente en Bolivia”.

En la carrera por ejercer soberanía sobre el mar cedido por la CIJ, el gobierno de Nicaragua ha adquirido material de defensa propio para una eventual confrontación en alta mar con Colombia. Por ejemplo, adquirió dos patrulleras de aguas interiores clase Damen Satand Patrol 4207, las cuales fueron artilladas con un cañón ZU-23 y 2 ametralladoras calibre .50 milímetros. De igual forma, con la intención de mejorar las capacidades de sus unidades logísticas y contar con elementos que permitan superar apremios operacionales de mayor impacto, instalaron sobre la proa del Buque “Tayacán” un Lanzacohetes Multi-Barrel Rocket Launcher (MBRL) Tipo 63, con capacidad para lanzar 12 cohetes de 107 milímetros.

El ZU-23 es un cañón automático de doble cañón antiaéreo de 23 milímetros, el cual está diseñado para atacar objetivos de bajo vuelo a una distancia de 2.5 kilómetros, así como vehículos blindados a una distancia de 2 kilómetros. Funciona, también, para la defensa directa de las tropas. En cambio, la subametralladora KPVT es de fabricación rusa, calibre 14.5 milímetros, la cual posee un disparador eléctrico y contador de disparos. Tiene una cadencia de fuego de 600 disparos por minuto y un alcance de 2 kilómetros en tierra y 1.5 kilómetros para objetivos aéreos.

Con todo esto, Nicaragua mantiene relaciones diplomáticas con Rusia, China (Taiwán) y Estados Unidos; así mismo con otros países con los que mantienen relaciones de cooperación como lo son Venezuela, México, Honduras, Costa Rica, Cuba, El Salvador y Guatemala. No obstante, para nadie es un secreto que su eje principal gira en torno a Rusia, Venezuela, Cuba, Irán, Bolivia y Taiwán, quienes, según la inteligencia colombiana, serían los primeros en sumarse a auxiliarlos en una confrontación internacional.

Cuba, por ejemplo, ha sido el principal aliado desde 1979, ayudando material y militarmente, a tal punto que su doctrina de seguridad y defensa depende de este país. Venezuela, por su parte, se ha convertido en un importante aliado estratégico de Nicaragua para ayudar en sus desastres naturales, al punto de recibir ayuda militar para evacuaciones, suministros y emergencias dentro del territorio nacional. Sin embargo, dice el informe de inteligencia de la Armada Nacional, estas ayudas han disminuido sustancialmente ante la crisis económica que ha afrontado Venezuela en los últimos años. Situación que ha puesto en riesgo los apoyos con petróleo y las exportaciones de cárnicos desde Nicaragua.

Y, sin duda, Rusia es su principal aliado. De hecho, según la inteligencia colombiana, los principales acuerdos firmados en los últimos años tienen que ver con la preparación de miembros del Ejército y Policía de Nicaragua en el marco del control de tráfico de estupefacientes; la puesta en funcionamiento del sistema ruso de navegación por satélite Glonass, en abril de 2017; la autorización del arribo de buques, aeronaves y personal ruso a Nicaragua para entrenamiento; acuerdos para la tecnificación de la pesca industrial y la ejecución de ejercicios navales y operaciones entre 2014 y 2016 en las aguas que fueron cedidas por la CIJ de la Haya al país centroamericano.

Ante este panorama, los analistas internacionales y las comunidades raizales insisten en que es el momento de la sensatez y el diálogo. Tras el fallo a favor de Colombia de la semana que termina, hacen un llamado a los presidentes Daniel Ortega y Gustavo Petro para instalar una mesa de negociación en la que puedan discutir temas esenciales que tras el fallo de 2012 cambiaron la realidad de las comunidades que habitan estos territorios alrededor del mar Caribe. Por ejemplo, la continuidad de la pesca, en estas aguas en disputa, por los habitantes San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes históricamente viven de lo que produce esa zona del mar Caribe que Colombia perdió hace más de una década.