RAYA conoció un documento que perfila sin pruebas a líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios en el Catatumbo, en un clima de creciente intimidación. El informe, que habría llegado al presidente Petro y al ex Ministro de Defensa, circuló en plena vigencia del estado de Conmoción Interior decretado para enfrentar la crisis en la región.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
El 2 de febrero de 2025, en plena ofensiva armada del ELN contra las disidencias de las extintas FARC y contra la población civil del Catatumbo —una crisis que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), ha dejado al menos 91.879 personas afectadas, más de 50.000 desplazadas y cerca de 27.000 con severas restricciones de movilidad—, el presidente Gustavo Petro publicó en la red social X un pantallazo de Google Maps señalando coordenadas de Puerto Barrancas, un caserío de Tibú (Norte de Santander), junto a las siglas ELN. El mensaje fue borrado horas después y desató especulaciones sobre una posible filtración de inteligencia en medio de la crisis.
RAYA confirmó que un documento que contiene estos y otros datos —coordenadas, referencias geográficas y nombres propios— fue entregado al presidente Gustavo Petro y al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el momento más crítico de la crisis humanitaria. La entrega no se realizó a través de los canales oficiales de seguridad, defensa o inteligencia, sino que fue hecha directamente por un alto funcionario del gobierno con responsabilidades en la región, tras un viaje a Cúcuta. Se desconoce quién lo elaboró.
Documento conocido por RAYA, que llegó a manos del presidente Gustavo Petro y del Ministerio de Defensa en pleno estado de Conmoción Interior.
El material conocido por RAYA, que circuló en pleno estado de Conmoción Interior, mezcla en su contenido supuestos movimientos del ELN con datos no verificados que vinculan a líderes sociales y funcionarios públicos con esa guerrilla. Entre los mencionados hay un exsenador, un personero municipal, exalcaldes, concejales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, un miembro de la iglesia católica y un funcionario de Naciones Unidas. No se presentan pruebas que respalden esas acusaciones.
El documento revela el uso de tecnología de georreferenciación de acceso público, diferente a la empleada por las agencias estatales. También denota conocimiento detallado del territorio, lo que sugiere un trabajo planificado con motivaciones aún desconocidas.
El 21 de abril, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió en su cuenta oficial de X al personero de Ocaña, Jorge Armando Celis —uno de los señalados en el documento—, diciendo: “Negar la efectividad del decreto de Conmoción Interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”.
https://x.com/AABenedetti/status/1914433780619645363
Tres días después, el 24 de abril, el gobierno levantó el estado de Conmoción Interior mediante el Decreto 0467, aunque prorrogó por 90 días la vigencia de once decretos legislativos dictados el 24 de enero. La medida se justifica en informes que hablan de una “estabilización progresiva” en la región.
En este contexto, RAYA consultó a varios de los mencionados en el informe, quienes expresaron su preocupación por las acusaciones infundadas y los riesgos que estas suponen. Entre ellos, se encuentran figuras con una trayectoria reconocida en la región, quienes han sido señalados sin pruebas y temen que la estigmatización los expongan a amenazas y persecuciones.
Así, el documento se inscribe en un entorno marcado por un creciente clima de intimidación en la región, lo que ha generado un profundo temor entre sus habitantes. Entre los señalados, se encuentra el exsenador Alberto Castilla, miembro del comité ejecutivo nacional del Polo Democrático Alternativo, perfilado con nombre propio y acusado de participar en una supuesta reunión en la frontera con Venezuela para planear la ofensiva del ELN en el Catatumbo. También figura el concejal del municipio de Teorama (Norte de Santander), Édgar Guerrero, quien es vinculado a los mismos hechos y acusado de recibir desplazados y entregarlos a la guerrilla. Ambos son reconocidos por su trayectoria política y comunitaria, y las acusaciones sin sustento los exponen a graves riesgos.
El informe además señala a exfuncionarios de la Gobernación de Norte de Santander, como Roger Castilla, exconsejero para la Acción Comunal y cercano al gobernador William Villamizar. A pesar de sus críticas a las organizaciones campesinas y populares, su inclusión en el informe sin pruebas compromete su seguridad y vulnera su derecho a la presunción de inocencia.
Además, se señala al Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), acusado de ser cómplices del ELN y de conocer la ubicación de campamentos guerrilleros. Estas afirmaciones, carentes de pruebas, exponen a cientos de líderes y comunidades campesinas organizadas en torno a esta estructura.
El documento también menciona a Octavio Londoño, funcionario de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Norte de Santander, a quien se acusa falsamente de colaborar con el ELN y de encubrir información. Voceros de Naciones Unidas en Colombia aseguraron a RAYA que no tienen conocimiento de este informe ni de los hechos allí relatados. El señalamiento infundado compromete la labor humanitaria y de protección en la región.
Asimismo, se atribuye información al Grupo de Derechos Humanos de la Policía de Norte de Santander, señalando que su jefa habría suministrado datos que acusan al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, de favorecer intereses del ELN y de desconocer a algunos líderes sociales. También se alude a un defensor del Pueblo en Ocaña, sin identificarlo por nombre, señalado de no recepcionar denuncias de víctimas del ELN. Ambos desempeñan labores clave para la protección de derechos humanos en la región y estos señalamientos infundados los exponen a riesgos injustificados. Fuentes de la Defensoría del Pueblo indicaron a RAYA que este tipo de documentos podría tratarse de un intento de fabricar falsos positivos.
Todos los mencionados comparten una trayectoria pública y legal en la región, vinculados a actividades de promoción social y comunitaria, como en el caso del Movimiento para la Constituyente Popular (MCP), al que pertenece Marli Acosta, otra lideresa afectada por la estigmatización. Acosta, quien fue víctima de un secuestro en enero del año pasado, expresó a RAYA: “Eso proviene de alguna persona que nos tiene rabia y por eso nos hace eso, o quieren que bajemos el perfil de liderazgos, nos hacen mucho daño con estos señalamientos. Uno se convierte en objetivo militar inmediatamente. Sabíamos que se estaba haciendo una inteligencia, pero pensábamos que era para corregir las amenazas contra los líderes, no para acusarnos”.
Por su parte, el exsenador Alberto Castilla aseguró que no conocía el informe, pero indicó que le parece muy grave que vuelvan los perfilamientos a líderes sociales en el contexto exacerbado de violencia que se vive en el Catatumbo. Sobre las amenazas por redes sociales de las cuales él mismo ha sido víctima, Castilla dijo: “probablemente estos señalamientos vienen de alguno de los aparatos que tiene la inteligencia del Estado, ¿quién podría estar interesado en difundir eso?”. Édgar Guerrero, concejal de Teorama por el Polo Democrático, confirmó que tampoco conoce dicho informe y que la Personería y la Defensoría tienen conocimiento de las amenazas y perfilamientos que están padeciendo por las redes sociales. “Lo que nos pone la lápida fueron los pronunciamientos que hizo después el Presidente Petro, cuando dijo en el consejo de ministros que los procesos sociales del Catatumbo estaban permeados por las armas”, aseguró el concejal.
Pantallazo publicado por el presidente Gustavo Petro con coordenadas de Puerto Barrancas, Norte de Santander, durante la crisis del ELN. El mensaje fue borrado horas después
El documento, conocido por RAYA, revela que este informe ha estado en permanente construcción, pues la versión en nuestro poder incluye una actualización posterior al trino del presidente Petro, en el que el mandatario reveló una parte del mismo. Así quedó consignado ese hecho en el documento: “Después del trino del presidente, [las fuerzas del ELN] se replegaron a dos kilómetros de Puerto Barrancas. Es la casa de una familia desplazada en Cúcuta; un vecino informa que no hay ningún civil cerca y que está ocupada por mandos del ELN, debido al nivel de la guardia que la resguarda, que hace desviar a cualquier civil que transite por el camino cercano. COORDENADAS 8°54’15.2’’N -72°59’36.7’’W”.
Ataques en redes sociales: las consecuencias del documento
A la par con la construcción de este documento, en la región se ha materializado una campaña mediática en redes sociales contra los mismos civiles que aparecen perfilados en el documento, acusados de colaborar con el ELN. Como lo había revelado RAYA en una investigación anterior, las amenazas empezaron a circular en varios perfiles de Facebook y TikTok que suelen reproducir información relacionada con las disidencias de las FARC. Se trata de piezas gráficas y videos bien diseñados que circularon en grupos de WhatsApp de las Juntas de Acción Comunal, con fotografías de exconcejales, líderes de Juntas y dirigentes campesinos, a quienes se graficó al lado de los logos del ELN. Uno de ellos recibió una llamada de un número desconocido y le hicieron amenazas de muerte.
Lo llamativo es que esta campaña de estigmatización y amenazas coincide en fechas con la información falsa que le estaban entregando al presidente Petro desde el Catatumbo: la mayoría de publicaciones ocurrieron entre el 2 y el 7 de febrero y algunas incluyen los mismos nombres de líderes y coordenadas que fueron referenciadas en el informe conocido por RAYA.
El líder campesino y exsenador Alberto Castilla, un viejo aliado del presidente Petro, ha sido el blanco principal de las amenazas y falsos señalamientos
Otro indicio que sugiere que los perfilamientos y amenazas provienen del documento conocido por RAYA es que el comandante de Policía de Norte de Santander, Néstor Arévalo, aseguró aseguró en una entrevista que “varias de esas fotografías son ciertas, coinciden con las indagaciones que llevan nuestros investigadores sobre algunas personas” a las que calificó como relacionadas con “grupos armados”. Luego, el oficial matizó su afirmación: “hay personas que no tienen nada que ver ni con el ELN ni con la disidencia y se están viendo envueltas en algo tan delicado. Muchos de ellos han tenido que abandonar el territorio”.
En contra de esta campaña de señalamientos y perfilamientos, la mayoría de líderes, funcionarios y organizaciones mencionadas en el documento han hecho múltiples llamados públicos desde el año pasado a los grupos armados, pidiendo que se evite la confrontación y la violencia.
El Cisca, la organización que más líderes señalados suma en el documento, se pronunció varias veces en contra de la violencia en la región, llamando públicamente en cuatro oportunidades a los grupos ilegales y también a la institucionalidad para que se busquen soluciones y concertaciones políticas que eviten el desangre. Incluso, existen constancias de estas peticiones mucho antes de que la confrontación escalara a los hechos violentos que ocurrieron en enero y febrero de este año. El primero de esos llamados fue el 12 de diciembre de 2024, en conjunto con la Diócesis de Ocaña y otras organizaciones campesinas de la región, respaldando una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo que no fue atendida por el Gobierno Nacional.
