Hoy 21 de febrero de 2023 se cumple un año de la aprobación de la sentencia C-055 de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Con este análisis, revista RAYA recuerda algunos de los desafíos del trámite de aprobación en la Corte Constitucional y hace un recuento de los retos que aun persisten como las múltiples demandas de nulidad que deberán decidirse esta semana y las barreras que aun existen para garantizar el acceso de las mujeres al aborto seguro en Colombia.

Redacción Revista Raya

Un año después de la histórica sentencia de despenalización del aborto hasta la semana 24 por la Corte Constitucional, el debate social y jurídico sigue vivo. También se mantienen muchas de las trabas para que las mujeres puedan acceder de manera libre a la interrupción voluntaria del embarazo. Muchos profesionales e instituciones de salud siguen desacatando las órdenes judiciales y otros ponen barreras a través de objeciones de conciencia, limitaciones en el acceso al sistema de salud, exigencias para justificar la decisión de abortar, entre otras. Una serie de obstáculos que parecen ser una historia sin fin y hablan de lo difícil que sigue siendo acceder al aborto seguro para las mujeres, sobre todo para las más vulnerables y decidir sobre sus cuerpos.

La discusión jurídica tampoco se ha cerrado. Esta semana la Corte Constitucional agendó, en el orden del día, resolver sobre las decenas de nulidades presentadas contra la sentencia C-055 de 2022 y nuevamente la última palabra está en manos de los magistrados y magistradas de esta corporación.

La pregunta sobre qué pasará sigue latente. Aunque viendo la historia de la decisión y las razones para que saliera a la luz la sentencia, podría decirse que existen hoy los votos suficientes para que la nulidad no sea viable y para que, por lo menos en términos jurídicos, no sea posible reversarla.

Y si esto es así es porque, además de la participación decisiva de los movimientos de mujeres en el debate, y que este logró darse en un momento propicio, también se contó con dos aliados estratégicos, los ponentes Lizarazo y Rojas, que sumaron fuerzas para conseguir la votación mayoritaria. Ambos habían tramitado dos demandas de inconstitucionalidad, la primera que recibió la Corte y que planteaba la despenalización total, fue radicada en el despacho de Alberto Rojas y la segunda se radicó en el despacho de Antonio Lizarazo. Según fuentes consultadas para esté artículo que pueden ser corroboradas en la página de Secretaría de la Corte Constitucional, detrás de las ponencias para ambas demandas estuvieron dos magistradas auxiliares, Karena Caselles estuvo encargada de la elaboración de la primera y Paula Robledo de la segunda.

El tiempo corría en contra para alcanzar un dictamen, pues el periodo de uno de de los magistrados estaba próximo a vencerse y la estrategia legal de los opositores a la despenalización buscaba dilatar los tiempos para dejarlo por fuera del debate. La recusación del conjuez Juan Carlos Henao Cortés, detuvo una de las decisiones y por ello hubo que solucionarlo con una ponencia conjunta, que implicó destrabar los distintos puntos de vista y construir conjuntamente una salida para presentar a la Sala que les permitiera conciliar distintos puntos de vista: el del conjuez Ossa Santamaría que estimaba que no era viable la despenalización total, sino que debía ser gradual; el del magistrado Reyes que estimaba que esa gradualidad no podía ser tan corta que impidiera el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, y el de la magistrada Fajardo, única mujer que apoyó la decisión, que planteaba la necesidad de proteger de manera amplia la interrupción voluntaria, como puede advertirse de sus aclaraciones de voto.

Hoy, un año después, los magistrados Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel tienen la voz en la nulidad pues no están dos de los que en su momento firmaron la sentencia.  Pero aun, en el caso de que prosperara la nulidad, la magistrada Ángel, según la información pública de la Corte Constitucional, mantiene uno de los expedientes sobre la despenalización total del aborto que aún está sin decidir. Un pendiente que quizá muestra que cuando la historia no quiere retroceder, se empeña en volver sobre sí misma, para recordarnos que las causas justas son de toda la sociedad.