Óscar Andrés Pérez, el exalcalde del Centro Democrático en Bello que logró posesionarse con brazalete de privado de libertad, hoy preso y condenado por corrupción, dejó como heredera a una subalterna que protege sus obras sin terminar. Fuentes de la zona y una denuncia ante la Presidencia de la República señalan que Pérez sigue manejando la alcaldía desde la cárcel. Varios de sus exfuncionarios fueron nombrados en altos cargos por Andrés Julián Rendón, el nuevo gobernador de Antioquia.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Las obras de la Plaza de Mercado de Bello son un cascarón en obra negra en pleno centro de ese municipio antioqueño. Columnas y varillas oxidadas, paredes a medias, estopas colgando, ladrillos apilados y residuos de escombros permanecen inmóviles desde hace más de dos años, desde que la vieja plaza fue demolida por fallas estructurales y sus comerciantes desalojados con la promesa de construcción de una moderna infraestructura que, además, recibió 5.000 millones de pesos de un programa de la gobernación de Aníbal Gaviria para modernizar una decena de plazas de mercado en varios municipios antioqueños.
RAYA constató el estado en que se encuentran las obras inconclusas de la Plaza de Mercado. Debían entregarse a finales de 2023. Las fotos son del 20 de marzo de 2024.
Detrás de este elefante blanco se oculta un nombre: Óscar Andrés Pérez Muñoz, un exalcalde uribista que está condenado a diez años de prisión desde el 13 de junio de 2023, por un viejo caso de corrupción ocurrido durante su primera alcaldía, entre 2008 y 2011, cuando firmó un contrato sin los requisitos legales, el cual tenía como objetivo coordinar y ejecutar el proceso electoral del Consejo Municipal de Juventud de Bello, pero la Contraloría encontró que “el objeto de la entidad contratista es la de un grupo de oración, por tanto no podía ejecutar el objeto contractual”, dice el documento de auditoria de noviembre de 2011. Pérez fue acusado y condenado por peculado por apropiación.
A pesar de ello, Pérez volvió a ganar las elecciones de Bello en 2019 con el aval del Centro Democrático, partido en el que milita desde hace más de una década atrás. En el momento de su posesión en 2020 tenía un brazalete electrónico del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), pues debía ser monitoreado en el proceso que se adelantaba en su contra por los hechos de corrupción antes señalados. La jueza Liliana María Arias Uribe, que asumió su caso, recibió amenazas anónimas previo a esta decisión. Al final, la justicia lo declaró culpable en junio del año pasado y su segundo periodo se vio interrumpido a tres meses de que se surtiera otro proceso electoral para elegir a su sucesor o sucesora.
El corrupto y condenado exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez (centro), en un evento oficial de la alcaldía de Rionegro en 2017, con el hoy gobernador Andrés Julián Rendón (izquierda), de quien es amigo hace una década, cuando Rendón era alcalde de Rionegro.
Desde entonces está recluido en la cárcel de Yarumito, en Itagüí, mismo lugar desde donde, según fuentes de la región, coordinó la campaña de su sucesora y heredera en el poder. Se trata de Lorena González, quien ocupó varios cargos y secretarías siendo su subalterna durante la alcaldía de 2020 - 2023. En octubre pasado, González arrasó en las elecciones con más de 63.000 votos superando a Néstor David Restrepo, del Partido Liberal, en más de ocho mil votos. Tras esta elección, el exalcalde Pérez le conservó la alcaldía de Bello al Centro Democrático en una alianza con Creemos, el partido de Federico Gutiérrez, hoy alcalde de Medellín. Lorena González no está libre de acusaciones, pues en campaña se conocieron las movidas de Sebastián Tobón, un contratista amigo y socio de Pérez, quien la apoyó con publicidad, como lo reveló el diario El Espectador en agosto del año pasado.
La trama actual, sobre la que no ha actuado la Contraloría Municipal, hoy revelada por RAYA, también compromete a Óscar Andrés Pérez en otro escándalo donde están en juego más 158.000 millones de pesos del erario público, repartidos en varios contratos interadministrativos con una empresa estatal que el mismo Pérez creó e impulsó como alcalde en el año 2021. Su objetivo fue direccionar millonarios recursos saltándose las normas de contratación vigentes que obligan a hacer licitaciones públicas con varios proponentes, advirtió la Procuraduría.
Se trata de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Bello (EDUNORTE), descentralizada del Estado, pero que funciona con recursos públicos gestionados desde la alcaldía. Para ello, durante su último mandato Pérez endeudó al municipio con un préstamo del FINDETER por 181.000 millones de pesos a pagarse en un plazo de diez años. Esta decisión, además, dejó comprometida la sostenibilidad fiscal del segundo municipio más importante de Antioquia. En febrero de 2023, la Procuraduría alertó sobre la contratación interadministrativa con EDUNORTE y otras empresas similares, cuyo modelo de contratación fue calificado como un “contratadero”. Además, el ente de control aseguró que Pérez habría incurrido en maniobras irregulares para otorgar contratos a dedo por más de 96.000 millones de pesos hasta esa fecha.
Un informe incompleto y la cooptación de la Contraloría
A pesar de estas alertas, EDUNORTE suscribió tres gigantescos contratos de obras públicas con la alcaldía de Bello: la construcción de la Plaza de Mercado por más de 25.000 millones de pesos; la construcción del Parque de Artes y Oficios, un ambicioso proyecto para restaurar y recuperar los antiguos talleres del Ferrocarril de Antioquia por más de 82.000 millones de pesos, los cuales incluyen recursos de la alcaldía y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pérez también le adjudicó a EDUNORTE un contrato por más de 5.000 mil millones de pesos para adecuar un centro del adulto mayor que sigue en obra negra.
Un informe de la Contraloría Municipal de Bello, suscrito por el subcontralor Diego Díaz Cadavid, da cuenta de que en octubre de 2023, poco antes de que se vencieron los plazos para la terminación de esos contratos, dos de las obras no superanban siquiera la mitad de lo prometido. La más avanzada era el centro del adulto mayor con el 80% de la ejecución, el cual aún sigue sin terminarse.
El informe advierte que las obras tienen retrasos, pero se abstiene de tomar esta evidencia como parte de los hallazgos que puedan derivar en sanciones contra los responsables.
Extrañamente, el informe elaborado por el subcontralor Diego Díaz, que evidencia los retrasos (por demás obvios y constatables a simple vista por cualquier ciudadano que se acerque a esos lugares), se abstiene de formular hallazgos administrativos que puedan derivar en acciones preventivas y sanciones contra los responsables de que las obras no se concluyan en los plazos establecidos.
Textualmente se lee en el informe: “se realizó una visita de reconocimiento a las obras que sirvió de contexto para el análisis de los contratos mediante los cuales se ejecutan estas construcciones; sin embargo, es menester aclarar que dichas visitas no constituyen parte formal de la auditoría pues no se realizaron con fines técnicos - ingenieriles, toda vez que, por tratarse de recursos aún en ejecución, podría vulnerarse el principio de posteridad propio del control fiscal territorial. Los datos conocidos en el marco de estas intervenciones in situ no comprometen en ningún momento los resultados de este proceso, pues simplemente brindaron un contexto material de los objetos contractuales a auditar”.
Así se encontraba el 20 de marzo de 2024 el centro del adulto mayor en Bello, que debió entregarse a finales de 2023.
Una versión similar a la del informe le entregó a RAYA el contralor municipal William Vélez, quien dijo que las contralorías municipales, como la que él dirige, no pueden ejercer control preventivo sobre obras con presuntas irregularidades, pues la ley no se lo permite. Diego Díaz Cadavid, el subcontralor que firmó el documento, defendió su gestión con el mismo argumento. Agregó que el informe tiene un hallazgo fiscal y otro sancionatorio, por hechos relacionados con inconsistencias y fallas en los documentos de algunos contratos suscritos por EDUNORTE.
No obstante, ambos funcionarios, encargados del control y vigilancia de los recursos públicos, tienen parientes que se han beneficiado de puestos y contratos gracias a las cuotas del Centro Democrático. Esto podría significar un conflicto de intereses sobre su labor como funcionarios que ejercen control de los recursos públicos, pues hasta ahora se ha omitido abrir algún tipo de investigación sobre las irregularidades aquí denunciadas y las cuales se materializaron en la última administración de Óscar Andrés Pérez del partido Centro Democrático.
Uribe en campaña con Nataly Vélez, la concejal más votada del CD en Medellín, que terminó enemistada con él. Nataly Vélez es hija del contralor de Bello, William Vélez, ahora fue nombrada en la UTL de la congresista uribista Yulieth Sánchez, muy cercana a Óscar Andrés Pérez. Nataly Vélez ha sido amiga del hoy gobernador Andrés Julián Rendón.
William Vélez es padre de Nataly Vélez Lopera, la famosa concejal rebelde del CD en Medellín, que arrasó en las elecciones de 2019 pero terminó peleando con el expresidente Uribe cuando aceptó puestos y cuotas burocráticas de la alcaldía de Daniel Quintero. A pesar de que Nataly le endosó la votación a su esposo, recién electo concejal del partido Cambio Radical, y a pesar de la conocida animadversión del expresidente Álvaro Uribe hacia ella, desde febrero pasado fue nombrada asesora número cinco, con un sueldo superior a los quince millones de pesos, en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante a la Cámara Yulieth Andrea Sánchez, del Centro Democrático, quien ha sido simpatizante y subalterna de Óscar Andrés Pérez, pues fue Secretaria de Deportes y Gerente del INDER durante su administración.
A su vez, Diego Díaz Cadavid, el subcontralor, es padre de Sebastián Díaz, un joven que a pesar de su corta edad ha tenido contratos directos con la alcaldía de Bello, justamente durante la administración de Óscar Andrés Pérez. Tanto Vélez como Díaz le afirmaron a RAYA que aquello no configura un tráfico de influencias ni tampoco se constituye, según ellos, en un conflicto de intereses al momento de ejercer el control fiscal sobre las obras y contratos que se adelantaron durante la administración de Pérez.
Cinco meses después: las obras paralizadas
Los tres proyectos mencionados debían ser entregados a finales del año pasado. Según la minuta de los contratos, las obras siguen inconclusas como pudo verificarlo esta revista. Esto lo confirmó Yennia Rivas, actual gerente de Edunorte y exfuncionaria de la alcaldía de Pérez; y Estefan Valencia Palacios, el gerente anterior, ahora con un cargo en la administración de la heredera Lorena González. Los dos coinciden que en el Parque de Artes y Oficios las obras llevan el 69% del avance mientras que en la Plaza de Mercado van sobre el 73%, según sus declaraciones.
El Parque de Artes y Oficios es un viejo sueño de los bellanitas; el proyecto viene de una década cuando el Ministerio de Transporte cedió al municipio las ocho hectáreas de terrenos de los antiguos talleres del Ferrocarril de Antioquia para que fueran restaurados y allí se instalara la nueva sede de la alcaldía, así como salones para clases de arte, teatro y música, espacios culturales, auditorios y zonas verdes.
Este es el estado del lugar donde se debe construir el Parque de Artes y Oficios. En algunos edificios ni siquiera han empezado las intervenciones y restauraciones. Fotografías del 20 de marzo de 2024.
Estefan Valencia negó que las obras estuvieran desfinanciadas y aseguró que hay recursos para que se terminen en un plazo de seis meses, es decir, en septiembre de 2024 casi un año después de lo presupuestado. Una vez esta revista le solicitó copia de los soportes de la Secretaría de Hacienda que demostraran sus afirmaciones, Valencia dejó de contestar los mensajes de WhatsApp.
En diciembre de 2023 un reportaje de Cable Noticias, desde el Parque de Artes y Oficios acompañando a una comisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que el avance de la obra estaba en el 60% y que sería entregada en el primer trimestre de este año, lo que hasta la fecha no ha ocurrido. Si la afirmación que hizo la gerencia de EDUNORTE no es mentira, en el sentido de que el avance actual de ejecución esté sobre el 69%, eso significa que en los últimos cuatro meses las obras avanzaron un 9%. A ese ritmo los trabajos podrían no concluir en 2024, como lo han prometido.
La actual alcaldesa Lorena González, quien además fue Secretaria del Adulto Mayor en la alcaldía del condenado alcalde Óscar Andrés Pérez, no respondió a nuestras preguntas en el sentido de aclarar en qué se gastaron los recursos con los que debían ejecutarse estas obras, tampoco adjuntó soportes de que la alcaldía haya destinado adiciones presupuestales o más desembolsos para que EDUNORTE pueda concluir las obras.
Carrusel de favores y nombramientos
Una denuncia en poder de RAYA, la cual llegó a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República el pasado 20 de marzo, revela que el artífice de toda esta trama es el condenado exalcalde Óscar Andrés Pérez, quien desde la cárcel de Yarumito estaría manejando los hilos de la administración municipal. Así lo resalta la denuncia: “en la pasada campaña electoral se utilizó la cárcel de Yarumito como directorio político al servicio de la actual alcaldesa de Bello, Lorena González; la misma se utilizó para la campaña del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendon, al punto que se rumora que el alcalde condenado [Pérez] financió parte de la campaña del entonces candidato a la Gobernación”.
Óscar Andrés Pérez ha sido cercano al hoy gobernador Andrés Julián Rendón y también a su mentor Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia condenado por parapolítica.
La cárcel de Yarumito es un centro de reclusión de mínima seguridad administrado por la Gobernación de Antioquia, que es quien designa sus directores y se encarga de pagar y nombrar los guardianes. El INPEC no tiene ninguna competencia sobre ese establecimiento carcelario.
Aunque RAYA no pudo establecer contacto con el exalcalde Óscar Andrés Pérez, hay dos elementos que sugieren que aquel seguiría utilizando su celular desde la cárcel. El primero es que el pasado martes 19 de marzo le llegaron los mensajes que enviamos al mismo número privado con el que uno de nuestros reporteros se había comunicado con él antes de que entrara a la prisión. Un segundo indicio es que desde su cuenta personal de X (antes Twitter) Pérez le dio me gusta a una publicación del gobernador Andrés Julián Rendón y a otra de la alcaldía de Bello, en cabeza de Lorena González, su subalterna y heredera. Ambas publicaciones corresponden a fechas posteriores al ingreso de Pérez a la cárcel, por ello sólo caben dos posibilidades: o el exalcalde tiene celular en la prisión, o un tercero administra su cuenta de X y su número de WhatsApp personal.
Las cuentas de WhatsApp y X de Óscar Andrés Pérez han estado activas después de su ingreso a la cárcel, lo que sugiere que Pérez maneja un celular en la prisión.
El denunciante anónimo, además agregó, que “Oscar Andrés Pérez no puede estar purgando su condena en la cárcel de Yarumito, pues allí solo pueden haber personas detenidas de forma preventiva; y mucho menos utilizarla como directorio político en el departamento, utilizando las instalaciones para reuniones, fiestas, agasajos, comelonas con el beneplácito de la anterior directora de la cárcel (esto se puede corroborar con el sistema de cámaras de seguridad de la institución) la señora Catalina Álvarez Valencia, quien permitía todo eso, incluso, salidas constantes del señor Oscar Andrés”.
El relato de la fuente coincide con el nombramiento de la anterior directora de la cárcel de Yarumito en Itagüí, que está administrada por la Gobernación de Antioquia, Catalina Álvarez Valencia. Ella pasó de dirigir ese centro de reclusión, donde fue internado Pérez a mediados del año pasado, a ser funcionaria pública desde febrero de este año en la alcaldía de Bello, en donde Pérez aún mantendría el control de los presupuestos públicos y cuotas burocráticas.
RAYA se comunicó con Álvarez, quien declinó pronunciarse sobre los señalamientos que acusan a su antiguo convicto de realizar fiestas y reuniones políticas. Argumentó que ya no es la directora del penal y que no conoce las denuncias puntuales que llegaron a la Presidencia sobre estas afirmaciones. Frente a la pregunta: ¿Pérez tuvo que ver con su llegada a la alcaldía de Bello? No respondió.
A su vez, el gobernador uribista Andrés Julián Rendón ha nombrado en la Gobernación de Antioquia a tres exfuncionarios del condenado Óscar Andrés Pérez. La primera de ellas: su propia esposa y exprimera dama de Bello, Diana Marcela Uribe Tobón, quien aterrizó como asesora del despacho de Planeación Departamental.
Rendón también nombró a Julián Mauricio Montoya Cuartas como director de las TIC (Tecnología de la Información y las Comunicaciones) en la Gobernación. Montoya fue director de las TIC y de Soporte Tecnológico en la alcaldía de Bello durante la última administración de Pérez, incluso, fue el supervisor de otro dudoso contrato para alquilar equipos de cómputo.
Finalmente, Luis Giovany Arias, quien fue mano derecha y Secretario General del condenado Pérez, después alcalde interino cuando éste fue enviado a la cárcel; a finales del año pasado, también fue nombrado en la Gobernación como Secretario de Inclusión Social. Fue uno de los primeros cargos que anunció Rendón, quien promueve una campaña de donación de los paisas “para construir obras por Antioquia”.
