A través de medios de comunicación, redes sociales, discursos religiosos, miedo y dinero, la derecha vuelve a construir al adversario progresista como un monstruo o un enemigo interno. El plebiscito de 2016, el genocidio contra la Unión Patriótica y la campaña de Abelardo de la Espriella muestran una misma cara: fabricar culturalmente al enemigo para legitimar su exclusión política y social por medio de la fuerza o las mentiras camufladas de verdad.
Análisis especial para RAYA por Patricia Ariza
Dramaturga, activista por la paz, directora del Teatro La Candelaria
Con el nuevo viejo gobierno de la derecha se revive y se recrudece la guerra cultural en Colombia por el relato de nación, y se resignifica la política del enemigo interno, que no es otra cosa que mantener a los pueblos en estado permanente de conflicto y de zozobra, esperando a los salvadores de la patria.
Se cree que la guerra es la eliminación física de un enemigo, pero poco se habla de la previa construcción cultural de ese “enemigo” —léase enemigo interno— al que se le acusa, de manera sesgada, de todos los males de la sociedad. Y, luego de sembrar con mentiras el desprestigio de un líder, de un grupo o de un partido, se procede muchas veces a su exterminio físico o político.
En Colombia tenemos tres ejemplos paradigmáticos de guerras culturales. Uno de ellos fue el plebiscito por la paz, realizado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Fue tal la campaña que se lanzó desde los púlpitos de sectores de iglesias cristianas contra los Acuerdos de Paz que, paradójicamente, este país, que ha vivido como ningún otro de América Latina una guerra interna de sesenta años, votó, frente al asombro del mundo entero, “No” a la paz.
Y ese voto fue una minuciosa y diseñada construcción cultural. Se persuadió a los votantes de que, con los Acuerdos de Paz, las mujeres iban a ser obligadas a abortar y los hijos podían volverse homosexuales. Se hizo una campaña patriarcal y homofóbica, tan absurda como brutal, pero eficaz, que usó la etiqueta de la llamada “ideología de género” para atacar el enfoque de género del Acuerdo de Paz.
El segundo ejemplo es el del genocidio contra la Unión Patriótica. Durante años se acusó a este partido y movimiento de que sus militantes y simpatizantes combinaban todas las formas de lucha. Y no era verdad. Ese fue un movimiento que se organizó en el gobierno de Belisario Betancur para facilitar la paz. Se suscribió un acuerdo para comprometer a la insurgencia en los diálogos de paz. Inclusive algunos insurgentes fueron indultados temporalmente para que trabajaran en este propósito. En las elecciones de 1986, la UP logró posicionarse en el escenario electoral nacional: eligió congresistas, diputados, concejales y alcaldes, y en los años siguientes consolidó una presencia territorial que mostró la posibilidad de una salida política y civil al conflicto armado. Entre 1986 y 2002, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 1.229 personas de la Unión Patriótica fueron elegidas por voto popular para cargos públicos. Y ahí comenzó la matanza. Uno a uno fueron asesinando a los líderes sociales y comunitarios, a los estudiantes, a los concejales, campesinos y parlamentarios. Y, simultáneamente, se fortalecía el relato en su contra.
Ese acuerdo con el presidente Belisario Betancur fue un intento frustrado de participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, que es o debería ser parte fundamental del relato de nación. El acuerdo se convirtió en una trampa mortal para los militantes. Cayeron miles, entre ellos dos candidatos a la Presidencia y varios alcaldes. Unos cuantos tuvieron que exiliarse y muchos otros y otras sobrevivimos en medio de la persecución y las amenazas.
La campaña cultural de desprestigio contra los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica formó parte de la guerra contrainsurgente contra “el enemigo interno” y se sostuvo en una alianza entre sectores del Estado y estructuras paramilitares, principalmente durante gobiernos elegidos democráticamente como los de Virgilio Barco y Álvaro Uribe. Mientras sucedía la matanza y el desprestigio, una parte de la sociedad miró para otro lado. Y eso posibilitó el exterminio, reconocido por la memoria histórica, por decisiones judiciales internas y por las víctimas como un genocidio político.
Afortunadamente, la Corporación Reiniciar, en cabeza de Jahel Quiroga, logró, después de esperar 25 años, que prosperara la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no solo dictó sentencia, sino que declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica. No fue solo un genocidio contra la UP; fue contra un país, así como la matanza de los jóvenes de los llamados falsos positivos fue contra nuestros jóvenes.
El tercer caso, muy peligroso, está sucediendo ahora, a partir de la contienda electoral reciente. Se construyó de antemano un relato y se diseñó una campaña por parte del candidato de la derecha Abelardo de la Espriella, abogado de narcos, mafiosos y jefes paramilitares, como lo han documentado investigaciones periodísticas. Según algunos analistas y medios, esa campaña contaba con una “franquicia” de la doctrina Donroe, como ha sido llamada la actualización trumpista de la vieja doctrina Monroe para América Latina.
Este señor construyó un discurso no frente a un adversario, sino, de entrada, frente a un enemigo. Nuestro candidato Iván Cepeda y los doce millones setecientos mil electores fuimos tratados, dentro de esa narrativa, como enemigos. Y una de las amenazas del candidato, con sus propias palabras, fue la de “destripar” a la izquierda.
El candidato de la izquierda y del progresismo, Iván Cepeda, quien tenía la campaña por la Defensa de la Vida, fue acusado, por parte del propio candidato de la derecha, de guerrillero de las extintas FARC. Y los electores han sido, en distintos discursos y redes afines, señalados como subversivos, guerrilleros y narcotraficantes. Esas acusaciones se extienden al gobierno saliente, desde acusar de narcotraficante al propio presidente Gustavo Petro hasta poner bajo sospecha a funcionarios de las instituciones con las que se realiza el empalme, generando de antemano sobre ellos dudas de corrupción.
A partir de ahí, con ayuda de muchos y poderosos medios, se ha ido trabajando culturalmente un relato del odio y del miedo. Han sido denunciados casos de amenazas y ataques violentos a campesinos beneficiados con la Reforma Agraria; ataques a jóvenes revolucionarios por sus discursos; e inclusive la detención en Estados Unidos de Beto Coral, activista y periodista colombiano reconocido por sus críticas al candidato elegido Abelardo de la Espriella. Según reportes de prensa, su caso fue precedido por una orden firmada por el secretario de Estado Marco Rubio. Por Beto Coral pedimos libertad y garantías.
El poder mediático alineado a la derecha defiende estas elecciones como un ejemplo de la “democracia”, donde, según ellos, el pueblo se expresó “libremente”. Y no es así. No es libre una persona que recibe cientos de mensajes al día en contra de una persona, de un partido o de un grupo. No es democrática una campaña sobre la que pesan denuncias de posible financiación irregular, pagos millonarios opacos y apoyos extranjeros. Cambio reveló que la campaña de De la Espriella registró pagos por 1.299 millones de pesos a Nova Soporte Integral, una empresa que, según ese medio, no tenía historial reciente, empleados, oficina ni ingresos. También el presidente Gustavo Petro denunció un presunto apoyo extranjero de 1,8 millones de dólares en plataformas de Meta, señalamiento que fue negado por el empresario estadounidense Dan Newlin. Tampoco es democrática una campaña sobre la que existen denuncias ciudadanas de posible compra de votos que deben ser investigadas por las autoridades competentes.
No es libre ni democrática una campaña con los medios más poderosos de comunicación a su favor, frente a otra que tiene muy pocos medios. Pero vale la pena destacar que Iván Cepeda, a pesar de la desventaja, tuvo, tuvimos, doce millones setecientos mil votos. Hay serias quejas y denuncias sobre los votos del señor De la Espriella. Estas quejas deben ser investigadas, así como las demandas, tutelas y cuestionamientos jurídicos que han puesto en disputa su legitimidad para asumir la Presidencia debido a su nacionalidad estadounidense, al juramento de lealtad a los Estados Unidos y al posible conflicto de lealtades que han advertido juristas y exmagistrados. No solo por los votos y la nacionalidad, sino, además, por las acusaciones y demandas en su contra acerca de los supuestos nexos de este personaje con el paramilitarismo.
Sabemos el poder de los medios y de las redes, sobre todo cuando se usan de manera deliberada y masiva para incidir en el imaginario social. Hoy ese poder está multiplicado con el uso de los medios digitales. Sabemos que lo que sucede en Colombia no es un caso aislado. Los candidatos de la derecha en América Latina forman parte de un programa minuciosamente preparado y financiado en los escritorios de las derechas del mundo, lideradas por Estados Unidos e Israel, y articuladas con redes transnacionales de extremas derechas, sectores trumpistas, el Foro de Madrid, Vox y otros poderes conservadores globales. En todos los casos se repite el mismo formato del relato previo mediante el cual se agigantan los peligros, se desprestigia a los candidatos progresistas y se muestran los elegidos de la derecha como los salvadores de la patria.
Tenemos que reconocer que las izquierdas y el progresismo de América Latina no han —no hemos— comprendido de manera suficiente las guerras culturales. Se cree que todo se resuelve desde la política. Es necesario dimensionar estas guerras y preparar las batallas culturales para la defensa. Las batallas culturales tienen que ver con la capacidad que desarrollemos de llegar al alma de la gente. No basta la razón, que la tenemos. Son necesarios los sentimientos, las emociones y los afectos.
Estamos en el corazón de una nueva guerra cultural mediática, que hace campañas con mucho dinero, utilizando mensajes seductores, símbolos y metáforas, y, a la vez, discursos autoritarios llenos de amenazas contra el enemigo construido por ellos. También hace promesas con un lenguaje mesiánico y religioso.
Es demasiado evidente en el caso colombiano. Los textos que han sacado dicen textualmente que promoverán la “reconstrucción de las narrativas y agendas de la patria”, que vienen a “recuperar el relato de la izquierda y a subvertirlo”. Y que de lo que se trata es de una verdadera “contrarrevolución cultural”. No deja de ser paradójico que el primer documento que sacaron se refiera a la cultura y que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes quiera ser fundido con el del Deporte y pasaría a llamarse Ministerio de Industrias Creativas.
Nosotros, con el gobierno del presidente Petro y con las movilizaciones de los movimientos culturales y artísticos, nombramos al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y estamos reconstruyendo, en medio de muchas dificultades, el relato de nación. Por ahora es un relato fragmentado por tantos años de guerra y de violencia, por las matanzas y el desplazamiento. Con el gobierno del Cambio, empezábamos a comprender y a dimensionar el lugar que habitamos, su belleza, su singularidad y las epopeyas vividas.
Estábamos entendiendo, como lo dijo el propio presidente Petro, que somos el corazón del mundo y el país de la belleza. Y estábamos sintiéndonos muy orgullosos y orgullosas de ser de aquí. Este relato de nación está en construcción. Tiene que ver mucho con el reconocimiento de la verdad de los hechos como resultado de los Acuerdos de Paz, gracias a los cuales se desmovilizaron 11.000 hombres y mujeres armados. Este relato, o mejor, estas batallas culturales, han venido teniendo históricamente testimonio en las culturas, las artes y los saberes: desde el movimiento teatral con obras como Guadalupe años sin cuenta, del Teatro La Candelaria; la película La estrategia del caracol; la novela La casa grande, de Álvaro Cepeda Samudio; y los centenares de obras y fiestas populares. Ese relato lo estamos escribiendo con el testimonio de las víctimas, con Edson Velandia y los cientos de canciones del Estallido Social, y con el relato de las mujeres contra el patriarcado.
El relato de nación, si logramos salir de esta pesadilla, será la posibilidad para que Macondo pueda, por fin, salir de los cien años de soledad a los que hemos estado condenados.
