“Firmes por la Patria” no propone solo un cambio de gobierno: plantea desmontar entidades públicas, privatizar empresas estatales, debilitar la JEP, construir megacárceles, fumigar cultivos, impulsar el fracking y alinearse con Trump e Israel. Detrás de la promesa de orden aparece un proyecto de ajuste, impunidad, extractivismo y guerra.
Por: Daniel Libreros
El programa de Abelardo de la Espriella no habla solo de eficiencia ni de orden. Lo que propone es una reestructuración del Estado para reducir lo público, abrir más espacio al capital privado, militarizar la seguridad, debilitar la justicia transicional y profundizar el modelo extractivista.
La plataforma de “Firmes por la Patria” articula ajuste fiscal, privatizaciones, megacárceles, fumigación aérea, fracking y alineamiento con Trump, Israel y las derechas regionales. En el fondo, la promesa de patria funciona como envoltura política de un proyecto que puede ampliar la impunidad, preservar el mapa del despojo y cerrar las deudas históricas con las víctimas.
Antes de revisar las propuestas, el análisis parte de sus liderazgos: De la Espriella como figura que articula defensa judicial de actores de la economía subterránea, discurso antipolítico y tecnocracia neoliberal; y José Manuel Restrepo como expresión del vínculo entre sector privado, regla fiscal y poder financiero.
a) Los liderazgos
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella es un reconocido abogado del “mundo paralelo” de los negocios ilícitos —paramilitarismo, narcotráfico, contrabando— integrado a redes internacionales. Expresa la personificación de lo que ha sido caracterizado como “crimino legalidad”: la fusión entre la industria del crimen y el poder político con el propósito de instrumentalizar decisiones estatales bajo cobertura legal. Esta categoría ha sido trabajada, entre otros, por Eugenio Raúl Zaffaroni en “Crimen de Estado: el orden de los criminales”, incluido en Criminalidad y globalización. Análisis y estrategias ante grupos y organizaciones al margen de la ley, del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado–UNED, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2011.
El avance político de esta “industria del crimen” debe ubicarse en la desregulación de capitales, la cual posibilitó la consolidación de los “paraísos fiscales”, por donde circula “más de la mitad del comercio internacional… más de la mitad de todos los activos bancarios, y un tercio de las inversiones extranjeras directas que realizan las corporaciones multinacionales”, como lo plantea Nicolás Shaxson en Las islas del tesoro, Fondo de Cultura Económica, edición de 2014.
En el caso colombiano, la participación de esta “economía subterránea” en el poder político está asociada, desde mediados de la década del ochenta, a la guerra interna. El hecho de que las élites regionales cedieran el “orden público local” a los paramilitares, apoyados en el narcotráfico, precipitó un copamiento de las instituciones locales —asambleas, concejos— por parte del paramilitarismo, el cual luego pudo coordinarse de “abajo hacia arriba” hasta llegar a los centros nacionales del poder. El caso de los notarios, como expresión de la crimino legalidad local, es un ejemplo a resaltar. La revista Análisis Político, en el artículo “Entre la legalidad y la crimilegalidad: el papel de los notarios en el sistema legal colombiano”, publicado en enero-junio de 2022, señala: “En otras palabras, dada la regulación sobre transferencia de la propiedad de bienes inmuebles en Colombia, el despojo vía instrumentos legales no es posible sin el recurso de los notarios”.
La concentración de la tierra, que actualmente cuenta con un indicador Gini de 0,89, el más alto en Latinoamérica, debe explicarse, además del peso tradicional del latifundio y su política de despojo, por la “contrarreforma agraria” que realizaron los “señores de la droga” adquiriendo tierra abandonada o de campesinos desplazados con dinero del narcotráfico, a la manera de “lavado de activos”, en los momentos más álgidos de la guerra. Alejandro Reyes Posada, en Guerreros y campesinos, Editorial Ariel, 2016, recuerda: “En 1995, una encuesta realizada por el autor, con la colaboración de Ana Lucía Gómez Mejía, con expertos en el mercado de tierras en todo el país, que cubrió el período entre 1980 y 1995, encontró que había compras significativas de predios rurales por narcotraficantes en 409 municipios, que representan el 42 % de los municipios del país”.
Las negociaciones que durante las últimas décadas realizaron varios gobiernos, en tiempos desiguales, con paramilitares y guerrillas, y el fracasado intento de la “paz total”, no resolvieron el problema del control territorial de grupos armados asociados a la “economía subterránea”. En este último intento negociador de la “paz total”, los diálogos diferenciados con actores armados, planteados cuando comenzaba el gobierno Petro, abortaron en los inicios de 2024 por una concepción fragmentada de la territorialización de la paz. El diálogo con el ELN y con la Segunda Marquetalia, sumado a las divisiones internas en el Estado Mayor Central con manifestaciones violentas, atizadas por sectores de la fuerza pública, fue abandonado a pesar de que ya habían ganado puntos a desarrollar sobre la economía de guerra y sobre las economías locales en las agendas pacificadoras. Las negociaciones con el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, que lograron concitar expectativas y contaban con un marco jurídico viable, tampoco llegaron a buen puerto.
A ello debemos sumarle el peso de esta misma economía en las ciudades. En un país en donde la informalidad laboral llega al 55,3 %, la subsistencia de amplias capas de la población queda confinada a la órbita del “mercado paralelo”: contrabando, préstamos gota a gota, apuestas, etc.
Abelardo de la Espriella ha obtenido sus ingresos en los estrados judiciales defendiendo a personajes que provienen de esa “economía subterránea”, justificándolo con el argumento de que “el ejercicio del derecho no consulta la ética”, e integrándose a esos negocios. Públicamente se presenta como un personaje distante de los partidos y del sistema político en general, a los que asimila con corrupción. Es partidario de la empresa y la iniciativa privada, de la reducción del Estado para convertirlo en una “empresa eficaz”, el discurso típico de la “tecnocracia neoliberal”. A ello le suma la defensa de valores tradicionales: la religión, la familia, la patria; una apología a la política contrainsurgente que implementó Álvaro Uribe —propone un Plan Colombia II— y un alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel.
José Manuel Restrepo, candidato a la Vicepresidencia, ha sido un reconocido asesor en el sector y las universidades privadas. Desde el inicio del anterior gobierno de Duque fue ministro de Comercio y, cuando el “estallido social” derrotó la reforma tributaria anunciada por Alberto Carrasquilla, fue posesionado como ministro de Hacienda. Fue el promotor de la modificación de la regla fiscal, Ley 2155 de 2021, que modificó la Ley 1473 de 2011, favoreciendo a los grupos financieros involucrados en las inversiones en deuda pública, al cambiar la exigencia del balance fiscal estructural por la del balance primario neto y al fijar el ancla de la deuda neta en el 55 % del PIB.
b) Las propuestas
- El ajuste fiscal
El programa de “Firmes por la Patria” comienza planteando una transición rápida mediante lo que han denominado “El arca de Noé”, consistente “en un plan de empalme y gobernanza” que contiene tres elementos y que permitirían $20 billones aproximados de “ahorro”. Estos tres elementos son:
- Una matriz de decretos y proyectos de ley listos para firmar desde el primer día para evitar curvas de aprendizaje.
- Un mapa completo de la estructura del Estado para suprimir o reorganizar cargos innecesarios.
- Un banco de talento que ya cuenta con cientos de hojas de vida para seleccionar los perfiles técnicos más idóneos.
Para implementar “la matriz de decretos y proyectos de ley” acudirían inicialmente a los “estados de excepción”. Sobre el mapa de la “estructura del Estado a suprimir o reorganizar” ya ha circulado un borrador de documento que incluye la privatización de 39 empresas del Estado, entre las que se destacan:
- El Banco Agrario.
- El Fondo Nacional del Ahorro.
- La aerolínea Satena.
- Cenit, filial de Ecopetrol encargada del transporte y distribución de hidrocarburos.
- El catastro, o transferir las funciones del Instituto Colombiano Agustín Codazzi.
La eliminación de 23 entidades públicas y la reestructuración de otras en las siguientes áreas:
- Seguridad y Justicia: se eliminaría el INPEC. Las funciones de la Unidad Nacional de Protección, UNP, pasarían a la Policía Nacional. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dejaría de existir en 2030, sufriendo previamente una reducción presupuestal del 90 %.
- Tierras y Medio Ambiente: se eliminarían la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y la Agencia Nacional de Tierras. Las funciones de la Unidad de Restitución de Tierras pasarían a una nueva entidad.
- Control y Regulación: se eliminaría la Superintendencia de Transporte. Las funciones de la Superintendencia de Salud pasarían al Ministerio de Salud y las de la UIAF, Unidad de Análisis Financiero, se transferirían a la DIAN.
- Gestión del Riesgo y Reincorporación: tanto la UNGRD como la Agencia para la Reincorporación se eliminarían, delegando sus funciones al Ministerio del Interior.
- Cultura y Otros: desaparecerían la Imprenta Nacional, reemplazada por una digitalización total, y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica. Además, se propone transferir por completo el Hospital San Juan de Dios de Bogotá al Distrito Capital.
Esta información fue publicada por Noticias Uno en su edición del 7 de junio, bajo el título “De la Espriella privatizaría 39 negocios de la Nación y eliminaría 29 entidades”: https://www.youtube.com/watch?v=7QVCbI714Ao&t=145.
Un plan muy similar al que ejecutó Milei en el inicio de su gobierno y que significaría el despido de 700.000 trabajadores estatales, condenando a la desesperanza a miles de familias y agravando el escenario macroeconómico del país con una abrupta y repentina contracción de la demanda.
El triunfo electoral de De la Espriella el pasado 31 de mayo fue saludado en los mercados de capitales y por la “tecnocracia neoliberal”, caso Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, quienes vienen exigiendo una reducción del actual déficit fiscal en grandes proporciones. El Tiempo, en “Mercados entre la euforia electoral y las dudas sobre el urgente ajuste fiscal”, edición del 7 de junio de 2026, señaló: “Desde el momento en que se conocieron los resultados de la primera vuelta presidencial, el dólar cayó cerca de 90 pesos, las acciones colombianas recuperaron terreno, la deuda pública registró una fuerte valorización y el riesgo país descendió con rapidez”.
Pero más allá de que la propuesta cumple con las exigencias del ajuste fiscal, el proyecto político aquí esbozado pretende la generalización de la impunidad y una mayor desregulación del Estado en beneficio de los grandes capitales.
- Una nueva política de seguridad y el intento de cerrar el período de “justicia transicional”
En lo referente al tema de seguridad, proponen la eliminación del INPEC y la entrega de la construcción de siete megacárceles a inversionistas privados, siguiendo el ejemplo de Bukele, dicho por los propios autores.
En lo territorial proponen un plan de choque que intente recuperar el “control total del territorio nacional” en 90 días y el rescate de zonas controladas por estructuras armadas en ese mismo lapso. La pieza central para conseguir este propósito sería el lanzamiento del Plan Colombia II con la cooperación estratégica de Estados Unidos e Israel. Plantean adicionalmente la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, alineándose con la ya fracasada política de represión norteamericana que tanto daño ha causado a colonos y campesinos.
Sobre el tema del reconocimiento a las víctimas del conflicto armado, abierto institucionalmente con la expedición de la Ley 1448 de 2011, y de la “justicia transicional” reconocida en la negociación con las FARC, quienes redactaron el programa de “Firmes por la Patria” intentan terminarla, oficializando la impunidad mediante el aniquilamiento de la JEP, asfixiando su funcionamiento con la reducción inmediata de los recursos en un 90 %, esperando que desaparezca en 2030.
Llama la atención la obsesión por acabar con la JEP, un espacio de “justicia transicional” que ha cumplido medianamente con las expectativas de obtención de verdad y derecho restaurador para las víctimas. El propósito es el de encubrir las responsabilidades de los mandos militares involucrados en el conflicto, cerrando al mismo tiempo la posibilidad de que sus declaraciones lleguen hasta los financiadores de la guerra.
Esta estrategia basada en la impunidad tiene igualmente efectos retroactivos. Los resultados que en materia de verdad profirieron los Tribunales de Justicia y Paz, sin los cuales no sabríamos del entramado paraestatal y de sectores del establecimiento en la conformación del paramilitarismo entre los años ochenta y 2005, quedan de lado. Esta omisión tiene consecuencias sobre las víctimas y sobre el papel de los victimarios, pues se trata nada menos que de 21 años de existencia del tribunal sin que exista un cierre de las comparecencias y sin que la información haya sido suficientemente procesada, lo que tendría consecuencias negativas en eventuales y futuras negociaciones con el paramilitarismo.
Lo acompañan con una propuesta en política de tierras que apunta al desconocimiento de las responsabilidades de los victimarios en el conflicto interno y de los reclamos de los desplazados. Plantean, además de la liquidación de la Agencia Nacional de Tierras y de la Unidad de Restitución de Tierras, “posicionar a Colombia como hub latinoamericano”.
Los hubs digitales territoriales son definidos por la CEPAL, en el documento Hubs digitales territoriales: herramientas de innovación en las cadenas agroalimentarias, como centros o aglomeraciones digitales que surgen en territorios urbano-rurales y cadenas agroindustriales, facilitando la colaboración entre actores económicos, sociales e institucionales. El documento señala:
“Frente a una nueva reestructuración del mundo rural, los hubs digitales empiezan a jugar un rol importante. ¿Qué entendemos por hub digital en el contexto del desarrollo agrícola y rural? Los hubs digitales pueden ser comprendidos como centros o aglomeraciones digitales que surgen en territorios urbano-rurales y en cadenas agroindustriales, que polarizan una compleja trama de conversaciones entre los actores económicos, sociales e institucionales que conforman los tejidos productivos locales, facilitando la colaboración entre ellos. Se genera así una red interconectada, un super-medio, un macro fenómeno que tiene una organización interna que crea propiedades emergentes, que agrega valor y mejora la productividad de las empresas”.
Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/publicacion_hubs_digitales_territoriales.pdf
Resumiendo, de lo que se trata es de preservar el mapa del despojo, abriendo la posibilidad al latifundio de asociarse con el gran capital, incluyendo el de la economía digital (Big Tech), en las cadenas de valor de la agroindustria y la agroexportación, para condenar al olvido “la memoria de las víctimas”.
- Fortalecer el extractivismo, alineándose con el negacionismo climático
El aparte del programa relacionado con extractivismo comienza con esta afirmación: “Reactivación de hidrocarburos. Apoyo al fracking con responsabilidad. Generación de +15-20 billones en regalías para inversión social”.
Más adelante, y sobre el mismo tema, argumentan que “convertiremos el subsuelo en el motor de la transformación nacional”, para lo cual se requiere “seguridad total para los inversores nacionales y extranjeros” y la ampliación de “zonas económicas especiales”; es decir, el cumplimiento de las exigencias de los Tratados de Libre Comercio en beneficio de la gran inversión.
El plantear compromisos explícitos en el futuro inmediato con el fortalecimiento del extractivismo constituye un reconocimiento público de la coordinación en esta materia con el gobierno Trump y los gobiernos de derecha que operan en la región. Efectivamente, el gobierno Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, propicia el retiro de los fondos destinados a la Convención Marco del Cambio Climático y de los fondos de cooperación de Naciones Unidas por pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático.
En el plano interno viene desmantelando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency), responsable de las regulaciones ambientales, del fomento de la protección ambiental y de la investigación científica sobre el tema.
Al negacionismo climático de Trump se ha sumado la decisión de los grandes grupos financieros, liderados por BlackRock, de ralentizar la inversión en energías renovables dado el impulso a gran escala de la inversión en inteligencia artificial.
En Bloomberg Línea, en el artículo “Microsoft evalúa retrasar su meta climática clave por presión energética de la IA”, Alexia Kelly, gerente de la iniciativa de política y mercados de carbono de la Fundación High Tide, afirmó:
“En la carrera por poner en marcha los centros de datos lo antes posible, los objetivos de energía limpia están fuera de juego (...) el gas parece ser el combustible preferido entre los hiperescaladores”.
Disponible en: https://www.bloomberglinea.com/negocios/microsoft-evalua-retrasar-su-meta-climatica-clave-por-presion-energetica-de-la-ia/
En ese mismo artículo se informa sobre la reducción en inversiones de Microsoft, empresa que se había comprometido a eliminar de la atmósfera una cantidad mayor de dióxido de carbono del que emite en el mediano plazo.
Larry Fink, gerente de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, ha afirmado sobre el mismo tema:
“Debemos ser más pragmáticos en cuanto a las diferentes fuentes de energía. Antes hablábamos del aumento de la desigualdad, y uno de los factores que contribuye a la desigualdad es el encarecimiento de la energía para la parte de la población con menos recursos. Nos hemos centrado demasiado en las energías verdes y eso conlleva una prima verde que la tecnología aún no ha sido capaz de solucionar. La descarbonización ha supuesto un impuesto para todos por igual. Hace falta más pragmatismo energético, no depender solo de un tipo de energía, sobre todo en un momento en el que la IA va a disparar la demanda”.
La declaración fue publicada por El País de Madrid: https://elpais.com/economia/negocios/2026-03-28/larry-fink-presidente-de-blackrock-y-el-hombre-mas-poderoso-del-mercado-si-la-guerra-en-iran-se-alarga-mas-de-un-ano-la-economia-mundial-entrara-en-recesion.html
Expresa la lógica de funcionamiento del capital globalizado. No importa la destrucción del planeta, que ya llega a niveles preocupantes, destrucción en la que la emisión de energía fósil ha sido determinante. Lo importante es la obtención de una suma considerable de ganancias.
- Una política internacional coordinada con Trump y los gobiernos de derecha en Latinoamérica
El programa en cuestión plantea “la revisión de la membresía en ONU, OEA y CIDH. Eliminar gasto inútil en organismos sin resultados”, a lo que agrega la “cooperación estratégica con Estados Unidos e Israel”, planteamiento que acompaña el desconocimiento de los gobiernos de Trump y Netanyahu a cualquier norma internacional y el apoyo al genocidio público e impune que realizaron en Gaza, que llegó a contabilizar 72.980 palestinos fallecidos, de los cuales 21.300 eran niños, según datos validados por la ONU; del genocidio que vienen implementando en el Líbano y de los ataques militares a Venezuela e Irán.
En la región, Trump ha logrado una coordinación político-militar con los gobiernos afines denominada “Escudo de las Américas”, bajo las pautas de una militarización a ultranza requerida para imponer planes de ajuste severos. De la Espriella ya ha anunciado la intención de pertenecer a ese “club de reaccionarios”.
Ese militarismo también ha sido incluido en el programa reseñado: “Tecnología de punta e inteligencia para la fuerza pública”. Un llamamiento a la reingeniería militar basada en la economía digital, con la que vienen operando los ejércitos invasores.
Aquí la declaratoria de alineamiento con Estados Unidos e Israel encuentra otro componente. No se trata tan solo de aceptar la injerencia de la CIA y el Mossad en el plano interno; se trata de propiciar nuevas asesorías internacionales para adecuarse a las transformaciones militares incorporadas en el “complejo empresarial militar estadounidense”, en las que los grupos inversores en inteligencia artificial —Musk, Thiel— juegan un papel decisivo.
Sobre este punto resulta pertinente la reflexión de Claude Serfati en el artículo “Los sistemas militar-industriales, núcleo totalitario del capitalismo contemporáneo”, publicado en Viento Sur:
“Los recientes avances de los Sistemas Militar Industriales no solo reflejan el avance de las grandes potencias hacia regímenes autoritarios, sino que también lo estimulan poderosamente. En este contexto, la llegada al poder de Trump no es fruto de una aventura individual, contrariamente a lo que cuentan los medios de comunicación dominantes. El camino bonapartista que ha emprendido es el resultado de la necesidad de cambiar radicalmente la política de Estados Unidos para frenar el ascenso económico y geopolítico de China. Trump ha construido una amplia base electoral (la MAGA o Make America Great Again) para hacer hegemónico este proyecto. Sin embargo, los éxitos del programa trumpista se basan fundamentalmente en las tecnologías militares y de seguridad desarrolladas por los grupos tecnológicos…”.
Disponible en: https://vientosur.info/los-sistemas-militar-industriales-nucleo-totalitario-del-capitalismo-contemporaneo/
