Revista RAYA conversó con el líder Aucan Huilcaman,  creador de la bandera mapuche, y quien hoy tiene demandado al Estado chileno por la detención de 144 indígenas que en 1992 decidieron recuperar tierras expropiadas durante la dictadura de Pinochet. Esta conversación abre un espacio para entender mejor el origen del conflicto, el negacionismo y el racismo que después de 534 años sigue tan presente, las expectativas ante el veredicto de la Corte Interamericana y las próximas acciones que realizarán para que Wallmapu vuelva a sus manos. 

Por: Tatiana Portela 
Editora Internacional

- Actualización | Noviembre 21 de 2024 - 
Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al estado de Chile por violar derechos humanos del pueblo mapuche en procesos penales.

Comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en PDF

El pueblo mapuche es uno de los pueblos originarios que habitan el sur de Chile. Su territorio comprende la región del Bío Bío, La Araucanía, los Ríos y Los Lagos. Su nombre significa Mapu: tierra y Che: gente. Actualmente es el pueblo indígena más grande de Chile con cerca de 1.800.000 personas, según la organización The International Work Group for Indigenous Affairsn.

Desde antes de la llegada de los españoles, los mapuches han ocupado Wallmapu, o sea su territorio. Es el único pueblo originario que por su continua resistencia logró hace tres siglos establecer cerca de 30 parlamentos y acuerdos  para delimitar su territorio desde el Bio Bio hasta el sur de Chile. Este acuerdo fue reconocido por el mismo libertador Bernardo O'Higgins, declarando al mapuche como una nación independiente del Estado chileno, tanto así , que en 1825 se firmó el acuerdo de Tapihue en el que se ratificó que 31 millones de hectáreas pertenecían a esta nación independiente. Sin embargo, desde 1860 a 1881, el Estado chileno en conjunto con su parlamento, decidió desconocer los acuerdos para invadir y anexar el territorio Wallmapu al territorio nacional chileno, todo esto  a través de la fuerza militar, un hecho que hasta hoy se conoce como la pacificación de la Araucanía, acción que buscó confiscar tierras y desaparecer a este  pueblo ancestral. 

Han pasado 163 años desde la pacificación de la Araucanía y la lucha del pueblo mapuche hoy sigue siendo la misma: obligar al Estado Chileno a reconocer los tratados y parlamentos que se firmaron y ratificaron en 1825, recuperar sus tierras, su autonomía y autodeterminación; una petición que ningún gobierno postdictadura ha atendido y por la cual el consejero de todas las tierras, Aucan Huilcaman, hoy tiene demandado al Estado Chileno  ante la Corte Interamericana por la constante vulneración a los derechos humanos de este pueblo originario. 

El pueblo mapuche ha protagonizado una histórica resistencia que se extiende a lo largo de más de cinco siglos, enfrentando el sistema colonial hispano, el racismo y la negación de sus derechos fundamentales. Su lucha ha dejado una huella imborrable en la historia, forjada a través de innumerables desafíos. A lo largo de los años, esta  resistencia logró que el sistema colonial se viera obligado a celebrar 30 parlamentos y tratados que reconocieron la soberanía territorial del pueblo mapuche. 

Sin embargo, después de la pacificación de la Araucanía y, mucho tiempo después, con la llegada de la dictadura pinochetista los obstáculos persistieron. En 1979 se promulgó el decreto ley 2568, que otorgó tierras a personas que no pertenecían al pueblo mapuche y arrendatarios, desafiando la ley indígena 17.729 que Salvador Allende había impulsado con el objetivo de devolver tierras a las comunidades. Este decreto otorgó títulos y permitió contratos de arrendamiento de tierras ancestrales por un período de 90 años. 

Estos últimos acontecimientos y una vez que la dictadura de Pinochet llegó a su fin, el pueblo mapuche optó, de 1990 a 1992,  por establecer una organización basada en su propia institucionalidad para intentar restaurar el sistema de gobierno que habían acordado en parlamentos y tratados con el sistema colonial hispano y el Estado de Chile.

El 20 de octubre de 1990, durante la visita del rey Juan Carlos de España a Valdivia, los pueblos originarios solicitaron una audiencia para ratificar los parlamentos y reivindicar las tierras que habían sido otorgadas ilegalmente bajo el título de merced. Un año después, el 2 de abril de 1991, el pueblo mapuche estableció su primer tribunal basado en su concepción de justicia y derecho. Esta acción fue acompañada por la creación de la bandera mapuche. No obstante, estas no fueron las únicas acciones que emprendieron, ya que aproximadamente 30 comunidades decidieron  asentarse en tierras que habían sido  usurpadas durante la dictadura bajo el decreto ley 2568 del 22 de marzo de 1979.

Estas acciones se llevaron a cabo en el contexto de tres fechas de gran relevancia: los 500 años de la llegada de los españoles al continente, los 109 años desde la invasión militar en el territorio ancestral del pueblo mapuche y, por último, el fin de una dictadura que había durado 17 años.

El gobierno de Patricio Aylwin respondió a estas acciones con seis querellas presentadas en distintos tribunales de la región, alegando usurpación de tierras y asociación ilícita. Al mismo tiempo, solicitó un ministro en visita para investigar las reivindicaciones de tierras realizadas por los mapuche el 16 y 20 de julio de 1992. Cinco días después, el ministro en visita Antonio Castro asumió su cargo en el tercer juzgado de Temuco, con la tarea de investigar, señalar y condenar a los 144 indígenas que participaron en estas acciones bajo cargos de asociación ilícita y usurpación de tierras.

Hoy, 31 años después de estas acciones, el conflicto entre el Estado Chileno y el pueblo mapuche está bajo escrutinio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró el caso admisible en junio de 2022. Como resultado, el 9 y 10 de octubre de 2023, en Bogotá, Colombia, el Estado Chileno y el Consejero de todas las tierras, Aucan Huilcaman asistieron a los alegatos finales ante los magistrados de la Corte Interamericana, quienes decidirán si se cometieron o no violaciones a los derechos humanos contra estos 144 mapuches. 

¿En qué momento comienza este conflicto o más bien esta disputa por las tierras?

El pueblo mapuche es el único pueblo de América Latina y el Caribe que celebró parlamentos y tratados con el sistema colonial hispano desde 1641, y fue ratificado posteriormente a la formación del Estado chileno en 1825, eso le hace tener una historia singular que no tiene ningún otro pueblo desde México al sur.  A pesar de que los mapuches tenían acuerdos celebrados con el Estado de Chile, desde 1860 a 1881 éste último tomó la decisión de invadir militarmente el territorio mapuche.

¿Qué acuerdos tenían ustedes? 

Dentro de los acuerdos se contemplaba que desde el Biobío hasta el Sur el territorio era de soberanía mapuche y cualquier persona que transitara por allí tenía que contar con el consentimiento de las autoridades indígenas. Hicimos treinta acuerdos con  el sistema colonial hispano, y con el  Estado chileno hay uno de 1825 que, de hecho, es conocido como acuerdo de Tapihue y fue ratificado por el Estado de Chile, en él se decía que la soberanía territorial seguía de igual manera y por eso en 1818 Bernardo O’Higgins reconoce la independencia del pueblo mapuche frente al Estado de Chile.  

El derecho internacional, la  Declaración de Naciones Unidas, que se  discutió por 25 años y se adoptó el 13 de septiembre de 2007, reconoce que los tratados del pueblo mapuche están vigentes.  El  sistema interamericano comenzó a desarrollar también una norma jurídica para la región y se adoptó la última semana de junio del 2016, en ella se reconoce que los tratados están vigentes. También se precisó que cuando las partes tengan controversia, pueden recurrir a los tribunales internacionales, entonces es importante que todas las personas tengan en cuenta ese contexto histórico para que comprendan la insistencia del pueblo mapuche para reclamar ese territorio como nuestro y no de los chilenos. 

Desde 1860 hasta 1881 el Estado de Chile decidió anexar el territorio mapuche por la fuerza utilizando la violencia militar.  De allí se desprenden dos hechos: se da la confiscación y ocupación del territorio mapuche y se comete un  genocidio que está en completa impunidad. Desde que el Estado Chileno  toma posesión militar se ha negado a tratar todos los temas con los mapuches y hasta el día de hoy, la gran contradicción para ellos, es que el derecho internacional lo reconoce y ese es nuestro punto a favor. 

¿Por qué se da en 1990  el levantamiento mapuche? cuénteme, por favor,  ¿cómo se llevó a cabo esto y qué buscaban?

Veníamos de una dictadura militar por un lado,  por otro se cumplían 109 años de la invasión del Estado chileno en el territorio mapuche y a la vez 500 años de la llegada de España al continente, y nosotros nos preguntamos ¿qué vamos a hacer? Entonces yo propuse la idea de adoptar una bandera mapuche,  esa bandera que flameó en el estallido social, esa bandera la diseñe  yo,  fue una idea mía y por eso me echaron seis meses a la cárcel.

En segundo lugar,  acordamos hacer un tribunal de conciencia para decir que no aceptabamos que el Estado chileno estuviera aquí; y en tercer lugar, empezamos a involucrarnos en el proceso normativo en Naciones Unidas y también el sistema interamericano de Derechos Humanos para tener un  paraguas jurídico internacional para acciones futuras. En el fondo veíamos que el Estado chileno no iba a querer reconocer a los mapuches  y, después de 30 años, La historia nos da la razón: somos el único pueblo indígena desde México hasta la Patagonia que no está reconocido constitucionalmente,  en América Latina y el Caribe hay solo dos países que no tienen ese reconocimiento,  Uruguay porque no tiene pueblos indígenas y los mapuche que estamos en esta situación.

A raíz de eso, entonces surge la gran motivación en 1992, en donde más o menos 30 comunidades acordamos llegar a las tierras que son de nosotros con carteles para alzar la voz y decir: ´aquí estamos y esta tierra es nuestra’ . Ante eso el Estado Chileno tomó medidas, recurriendo a los órganos  legales, y con un ministro en visita que podía investigar, juzgar y condenar. Ahí nos encarcelaron masivamente, fueron 144 compañeros, incluyéndome, que fueron encarcelados.  

Termina la dictadura y la clase política chilena, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, ofrece dos cosas: que la democracia resolviera el tema indígena, a lo que le dijimos: no. Y en  segundo lugar propone una Ley Indígena que iba a resolver este conflicto, sin embargo a 30 años de dicha ley no se ha resuelto nada y es ineficaz en todo sentido. 

¿Qué pasó en la dictadura con sus tierras?

Después de que se impuso la dictadura militar, aquí en Temuco los militares crearon una unidad técnica el día 11 de septiembre. El día 13 de septiembre el coronel Iturriaga creó un comité  con el que se revocaron inmediatamente 19 asentamientos. En noviembre de 1973 hizo una nueva sesión en donde revocó 40 asentamientos con desalojo. Después de noviembre los militares no participaron más en la revocación porque Pinochet nombró a su yerno, Julio Ponce, que estuvo un año viviendo en la Araucanía  y que terminó revocando los demás  asentamientos, pero él buscó una manera administrativa, y creó la figura del interventor para cada asentamiento, es decir que le nombró un  interventor a cada predio. 

¿Cómo comenzó ese despojo luego de que se posesionó Julio Ponce?

El Estado le volvió a restituir las tierras a los  antiguos dueños, a pesar de que esos predios ya habían sido pagados. Luego, prácticamente, Julio Ponce hizo un remate de las tierras en Santiago a puerta cerrada, ahí aparecieron las forestales y empezaron a poseerlas de manera masiva, entonces los asentamientos fueron completamente desarticulados. 

Aquí en la Araucanía hubo 157 asentamientos y más de 100 eran mapuches, entonces toda esa tierra fue pagada con el erario nacional y por eso están en una discusión.

¿Quienes aparte de las forestales comenzaron a ocupar las tierras?

La familia vinculada a la derecha política, los familiares de los militares, por ejemplo, en la comuna Lautaro, Julio Ponce Nerú nombró de interventor a un militar que se llamaba  Pablo Herne, él entregó tierras a su familias, y en la actualidad la misma familia sigue teniendo prácticamente la misma tierra. Por otro lado, los colonizadores, en 1881 cuando el Estado de Chile toma  posesión  del territorio mapuche,  le ofrece la tierra a los europeos y trajeron  la Confederación Helvética de suiza, quien puso como condición que sus conciudadanos debían tener seguridad, algo a lo que accedió el Estado Chileno. Es así como se crearon unidades militares y en menos de 30 kilómetros había cuatros consulados. Hoy en día usted puede ver que en Victoria, Traiguén y Collipulli están los chilenos de origen suizo 

¿Cuál fue la otra figura para quitarle las pocas tierras que les quedaban?

En la dictadura civil militar se adoptó  el decreto de ley  17.729, que se llamó “Normas sobre indígenas y tierras de indígenas”  que tiene dos características contrarias a la ley, primero que cualquier persona que vivía en una comunidad mapuche que no fuera mapuche y que estuviera en arriendo podía pedir la división de la tierra  y quedarse como amo y dueño.  

Lo segundo es que se permitió el arriendo por 99 años. Incluso dos veces por 99, o sea, la tierra mapuche en la época de Pinochet  se  podía arrendar por 198 años, una locura jurídica en cualquier parte.  Esa es una de las causas por las que reaccionamos los mapuches, y por eso hubo un movimiento en la época de la  dictadura militar y  ese decreto de ley 17.729 tuvo vigencia hasta el 05 de octubre de 1993 cuando se adopta la Ley Indígena actual. Esa es una de las razones por las que se queman iglesias, porque la Iglesia, que estaba como arrendataria, ahora tiene título. Por ejemplo, la Dirección General de Deportes (DIGEDER), que es un organismo del Ministerio de Deporte, tiene propiedades al interior de la comunidad mapuche, ¿cómo se entiende que un organismo del Estado tenga propiedad al  interior de un territorio que era exclusivamente para nosotros? 

Hoy ¿qué ha pasado con esas tierras?

Siguen ocupadas por  las mismas personas, es decir por latifundistas y forestales, no ha cambiado nada excepto algunas familias que le han comprado tierra a CONADI (Corporación Nacional De Desarrollo Indígena), y es por eso que la petición en la Corte Interamericana es que se restituyan las tierras  que reivindicamos en 1992, ese fue uno de los puntos . 

¿Qué ha pasado con la autodeterminación y lo que llaman el conflicto mapuche?

Hoy continúa la negación del mapuche,  continúa la ocupación del territorio,  la militarización continúa, el racismo ahora es más exacerbado, la domesticación y colonialismo chileno sigue porque si no te adaptas a las normas chilenas, no existes.   

Eso pasa porque todos los gobiernos postdictadura se han negado a resolver este conflicto, todo lo han maquillado y eso hace que el conflicto vaya tomando más tensión. Por eso hay reacción de mapuches radicalizados y yo creo que vamos en camino a una confrontación racial, esa es la gran preocupación mía,  por eso es que yo invito a los gobiernos a que dialoguemos de verdad, sin distractores políticos, sin maquillaje. 

¿La Comisión de Paz y entendimiento que creó recientemente el presidente Boric no es un espacio de diálogo para ustedes?

Esa es una comisión que está conformada con un grupo de dos características;  todos son  anti mapuche y el que no lo es, que es mapuche,   mantiene una  práctica colonizadora. 

Yo no puedo participar de una comisión que elabora un texto para el cementerio. Y por eso no nos interesa esa comisión,  además es una comisión sin destino, porque no tiene mandato. 

¿Qué asunto debería tratar esa comisión para que ustedes se sienten a dialogar?

El crimen del genocidio que se cometió, la toma, ocupación y cosificación de nuestra tierra, esa es la única manera de construir una paz firme y duradera, pero se necesita un mandato presidencial. Debería ser una comisión constituida legalmente. 

¿Cómo llegan ustedes a la Corte Interamericana?

Los argumentos que usó el ministro en visita de ese entonces para encarcelar a 144 mapuches, fueron los que nos permitieron que la Comisión decidiera declarar admisible. Allí se litigó y tratamos de llegar a un acuerdo amistoso bilateral con el Estado Chileno,  pero el gobierno nunca cumplió, incluso pidió 14 prórrogas, entonces ahí la Comisión entregó este caso a la Corte Interamericana,  pues se agotaron todos los recursos. 

¿Cuáles fueron los acuerdos que no cumplió el Estado Chileno?

La Comisión Interamericana hizo varias recomendaciones: que se reparara material, económica y moralmente a los 144 mapuches por los daños causados, que se desplegaran todos los esfuerzos administrativos y legales para aplicar la restitución de tierras, que se aplicaran todas las medidas judiciales y administrativas para anular la sentencia y que se eliminaran los antecedentes penales, y hoy, 33 años después, todavía hay personas con antecedentes por asociación ilícita y usurpación de tierras. 

En el gobierno  de Sebastián Piñera, la cancillería ofreció como reparación económica  50 dólares a cada uno de los mapuches que fueron encarcelados, una cosa ridícula.  

¿Cuál es el próximo paso que ustedes van a tomar?

Vamos a comunicarle al mundo que en  la Araucanía formaremos  un gobierno mapuche bajo el amparo del derecho internacional, y al formarlo entramos al ámbito multilateral, vamos a demandar al Estado de Chile como gobierno para resolver esto. 

Porque, como dice la Declaración de Naciones Unidas y la Declaración Americana,  “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de esos derechos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.