El presidente Daniel Noboa impulsa una asamblea constituyente en medio de un país bajo estado de excepción y con protestas reprimidas por las fuerzas militares. La muerte del manifestante indígena kichwa, Efraín Fueres, y los bloqueos en varias provincias marcan el paro convocado por la CONAIE. Mientras tanto, Noboa avanza con una consulta ya convocada para noviembre que podría ampliar su poder, blindar a las fuerzas armadas y permitir la instalación de bases estadounidenses.
Por: David González M.
Ecuador vive un cóctel de crisis permanente. El anuncio del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel desató una nueva ola de protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que convocó un paro nacional. La movilización coincide con una propuesta del mismo presidente para crear una nueva constitución. El país se encuentra fracturado y golpeado por una espiral de violencia asociada al narcotráfico.
El paro, convocado el pasado 30 de septiembre, derivó en cierres de vías y dejó al menos una persona muerta, el indígena kichwa Efraín Fueres, tras ser golpeado por militares, según videos verificados por medios locales e internacionales. El gobierno mantiene su postura de no negociar y, al mismo tiempo, acelera su proyecto de asamblea constituyente, una iniciativa que ha despertado más inquietudes que respaldo. Tras sortear los controles de los altos tribunales, la propuesta será sometida a consulta popular el próximo 16 de noviembre, en la que también se incluirá una pregunta para reducir el número de asambleístas, según confirmó el decreto presidencial firmado esta semana.
Para Noboa, la constituyente es una necesidad, ya que considera que la actual constitución es “correísta” y funciona como una camisa de fuerza para la productividad y la libertad en un país asfixiado por la violencia y el poder de las mafias.
Sin embargo, existen muchas incógnitas sobre los verdaderos motivos de Noboa para impulsar una nueva constitución y sobre los cambios que pretende incluir en la carta magna. Uno de los temas que más ha salido a relucir es la posible autorización para instalar bases militares de Estados Unidos en suelo ecuatoriano, algo que hoy prohíbe expresamente la Constitución. Esta posibilidad ya inquieta a sectores que alertan sobre su impacto en la soberanía y la seguridad nacional.
Expertos constitucionalistas, como Rafael Oyarte, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador y exasesor del Tribunal Constitucional entre 2000 y 2005, consideran que la decisión del presidente responde a la tensión acumulada entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que pasó de ser “un órgano que controlaba la constitucionalidad de los proyectos y de las reformas parciales a convertirse en un órgano obstruccionista”, según sus palabras.
Para Oyarte, el marco legal vigente impide modificar los elementos constitutivos del Estado o alterar la estructura de la Constitución cuando exista riesgo de disminuir derechos fundamentales. Esta restricción ha llevado a la Corte Constitucional a negar varias propuestas del Ejecutivo, entre ellas reformas sobre seguridad interna y control del crimen organizado que ahora el gobierno intenta reincorporar mediante la nueva constitución. “En algún momento la Corte comenzó a exagerar este tema, no por algo jurisdiccional, sino que comenzó a juzgar el contenido de los proyectos”, explica. En paralelo, la Asamblea Nacional —con mayoría afín al presidente— aprobó en junio de 2025 un paquete de reformas para endurecer la lucha contra las bandas criminales, lo que para analistas forma parte del mismo proceso de concentración de poder impulsado por Noboa. Las reformas aumentaron las facultades militares en tareas de orden interno y fueron cuestionadas por organismos de derechos humanos.
Los vacíos y la preocupación de las organizaciones humanitarias frente a la Constituyente
Billy Navarrete, uno de los principales defensores de derechos humanos en Ecuador y secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, considera que, ante una crisis de violencia sin precedentes, la Constituyente surge como una posibilidad para discutir “lo que somos y hacia dónde vamos. ¿Cómo salimos de este atolladero en el que nos encontramos? Un momento muy duro y muy doloroso. Tal vez el peor en las últimas décadas”.
Para Navarrete, no existen hoy las condiciones mínimas para entablar los diálogos necesarios que permitan construir una propuesta constitucional legítima. En el primer semestre de 2024, se registraron 4.619 homicidios, un aumento del 47% frente al mismo periodo de 2023. La tasa de homicidios ronda los 52 por cada 100.000 habitantes, la más alta en la historia del país y de toda América Latina. En lo que va de 2025, la cifra ya supera los 6.800 asesinatos, según datos oficiales divulgados en septiembre, lo que confirma una escalada sostenida de violencia.
Las calles continúan militarizadas bajo el estado de excepción, decretado por Noboa en diez provincias desde el 2 de octubre. Esta medida, que el gobierno justifica como “necesaria para mantener el orden”, ha provocado nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, especialmente en Quito e Imbabura. Las cárceles del país, además, siguen siendo escenarios de disputa entre bandas del crimen organizado.
“Poco o nada sirven ahora las instituciones para tratar de desmontar esta crisis, que tiene a la violencia como una de sus expresiones más graves. (...) Solo pensemos en que ese diálogo tendría que darse en comunidades que están especialmente excluidas, atemorizadas y golpeadas por la violencia. En un contexto donde trasladarse de una comunidad a otra implica poner en riesgo la vida”, explica.
La segunda razón que preocupa a Navarrete es la fragilidad de los partidos políticos a los que describe como “juguetes dañados”. Esto hace que la convocatoria a constituyente dependa exclusivamente del presidente Noboa, quien lidera la iniciativa “¿Pero quién es este gobierno? ¿Cómo se ha constituido este gobierno?”, cuestiona.
El gobierno de Noboa ha enfrentado duras críticas por su ineficiencia para controlar la violencia y por la represión ejercida a través de sus medidas de seguridad, reflejada en casos como el de "Malvinas" y en denuncias contra el propio mandatario y su empresa familiar por supuestos vínculos con la mafia. Este mismo ejecutivo impulsa paquetes de medidas que preocupan a las organizaciones de derechos humanos.
“Blinda al gobierno, y particularmente a la fuerza pública —concretamente a los militares—, de todo tipo de crítica; oculta información (...) y lo que ha provocado es una reducción del espacio cívico que nos tiene a todos intimidados”, describe Navarrete.
Y recuerde que hace apenas unos días, uno de los voceros del gobierno afirmó que lo que más perjudica al Ecuador es el perfil "garantista" de la actual Constitución. "Esa es una aberración; justamente esa es su mayor virtud, su nivel de exigencia. No es que los derechos humanos o las libertades sean perjudiciales para la gobernanza, todo lo contrario. El problema es que hay una percepción errónea, o más bien malintencionada, de lo que significa gobernar. Gobernar a partir de la imposición y el sometimiento", agrega el defensor de DDHH.
La nueva Constitución como instrumento de despojo
Una de las principales preocupaciones, tanto para sectores de la oposición como para quienes no lo son, son los mecanismos de representación de quienes redactarían la nueva Constitución.
Oyarte explica que, en principio, la propuesta de participación para la asamblea constituyente presentada por Noboa contenía falencias. Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera sorpresiva, aprobó la consulta popular y solo solicitó subsanar los mecanismos de representación. “Eso no lo había hecho nunca con nadie. Y el presidente, en la madrugada, envía una rectificación: elabora un método de cálculo que le ajusta los 52 representantes constituyentes. Propone uno por provincia y uno más por cada 471.000 habitantes para alcanzar la suma total. Y la Corte acepta eso”.
El experto explica que esa fórmula reducirá la representación territorial, pues 14 de las 24 provincias tendrán un solo asambleísta, al convertirse en distritos uninominales, pese a que la constitución establece que en esos casos debe garantizarse la representación proporcional de las minorías.
Para Navarrete, además de esos vacíos de representación, existe el riesgo de que la nueva Constitución facilite el despojo. “El despojo de los recursos, el despojo de la paz, el despojo de la convivencia, el despojo de la palabra... Sin duda, esta relación de conflicto entre la Corte y el gobierno es un tema que debe seguirse estudiando, porque da cuenta del nivel de intimidación del que este gobierno es capaz. No tiene límites para intimidar.”
Previo a la decisión de la Corte Constitucional de dar vía libre al proceso, ya se habían registrado tensiones abiertas entre las dos ramas del poder. A mediados de agosto. En Quito, y previo a una marcha que encabezó Noboa contra el tribunal, simpatizantes instalaron seis vallas publicitarias con los rostros de los magistrados. En ellas los acusaban de “robar la paz” a los ciudadanos, luego de que el alto tribunal suspendiera varios artículos de polémicas leyes impulsadas por el presidente, entre ellas, las que otorgaban poderes para conceder “indultos anticipados” a policías y militares.
Los ataques a la Corte fueron rechazados por organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Navarrete advierte, además, que la asamblea constituyente podría ir más allá y revocar las garantías que hoy protegen los recursos naturales del Ecuador. “Nos observa desde afuera este gran poder económico transnacional, que siempre ha estado interesado en las riquezas naturales del Ecuador por encima del daño ambiental”, concluye.
En las últimas semanas, analistas ecuatorianos y medios como El Universo han identificado que los ejes de la nueva constitución se centrarían en seguridad, justicia y orden público, con propuestas que permitirían ampliar las competencias militares y reducir la autonomía judicial.
El presidente Noboa mantiene una estrecha relación con sectores políticos ligados a las grandes transnacionales y al trumpismo estadounidense. Una de las altas funcionarias de Donald Trump, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, viajará a Ecuador en las próximas semanas para definir la ubicación de bases de “homeland security” que su gobierno plantea instalar en el país.
Actualmente no está claro qué objetivos tendrían las bases de Estados Unidos en territorio ecuatoriano, ni si contarán con efectivos militares. Lo cierto es que la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador solo sería posible tras un referéndum constitucional.
El Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) es la entidad responsable en Estados Unidos de los servicios de inmigración y aduanas. Entre sus organismos, uno que ha sido blanco de críticas de organizaciones de derechos humanos es el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), una agencia federal con más de 20.000 efectivos que ha sido la punta de lanza del gobierno de Trump para la expulsión de migrantes.
