RAYA presenta los perfiles de los ocho senadores que la semana pasada propusieron hundir la reforma laboral sin que haya debate en el Congreso. Muchos de ellos tienen nexos con grupos paramilitares o sectores religiosos y también fueron los encargados de hundir la reforma a la salud hace un año. Además, uno de ellos tiene una investigación oculta por compra de votos.
Por: Señal Investigativa, alianza entre Revista RAYA y Señal Colombia
Ver en Youtube Señal Investigativa: ¿Quiénes son los senadores que quieren hundir la reforma laboral?
El pasado martes 11 de marzo, el país se sorprendió con una noticia que salió desde la Comisión Séptima del Senado: Ocho de los catorce congresistas que componen esta comisión decidieron presentar una ponencia negativa para hundir la reforma laboral. Aunque la reforma no está del todo muerta, pues el próximo martes, 18 de marzo, esa misma comisión tomará una decisión definitiva, lo cierto es que estos ocho senadores se anticiparon a lo que va a pasar: Archivar o hundir la reforma laboral.
Ante la movida de los congresistas, la reacción del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, fue convocar a movilizaciones sociales en todo el país para no permitir que la reforma laboral, que busca beneficiar a millones de vigilantes, aseadoras y diferentes trabajadores no formales, se hunda sin ser debatida.
Sobre los ocho congresistas que presentaron la ponencia negativa hay que decir que seis de ellos fueron los encargados de liderar el hundimiento de la reforma a la salud el año pasado. Ellos son: el liberal Miguel Ángel Pinto; los senadores del Centro Democrático Honorio Miguel Henríquez Pinedo y José Alirio Barrera; Nadia Blel Scaft del Partido Conservador; Beatriz Lorena Ríos Cuellar de Colombia Justa Libres y Ana Paola Agudelo del Mira. A estos seis senadores, esta vez, se le sumaron dos más para hundir la reforma laboral: Berenice Bedoya Pérez de Alianza Social Independiente (ASI) y Esperanza Andrade del Partido Conservador.
Los perfiles
Uno de los senadores encargados de hundir la reforma laboral fue el senador samario Honorio Miguel Henríquez Pinedo, del partido Centro Democrático. Aunque es de origen conservador, se identifica como un uribista de pura cepa. Esta semana, mientras radicaba la ponencia negativa, tuvo tiempo para trinar a favor de su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, en el juicio que se adelanta en su contra por falsos testigos, soborno y fraude procesal.
Precisamente, en 2003, durante el primer gobierno Uribe, Henríquez Pinedo tuvo varios cargos y encargos. Fue secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia. En ese entonces, era cercano al condenado exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega. El senador Henríquez, como lo reportaron algunos medios en su momento, fue uno de los asistentes a la boda de la hija de María Claudia Daza, la famosa “Cayita”, exasesora del exsenador Uribe Vélez e involucrada en una investigación de narcopolitica conocida como la “Ñeñe Política”.
Honorio Henríquez llegó por primera vez al Senado en 2014 con dos millones de votos y, aunque en febrero de 2018, al final de su periodo como senador, el Consejo de Estado anuló su elección debido a irregularidades en los escrutinios, ese mismo año volvió a reelegirse luego de alcanzar 33.432 votos, respaldado por el poderoso grupo Daabon de Magdalena, uno de los beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro, por el que fue condenado el exministro uribista Andrés Felipe Arias.
Desde su curul, Henríquez fue uno de los férreos opositores al Acuerdo de Paz con las FARC. De la mano de su colectividad de derecha promovió la campaña del no en el plebiscito. Irónicamente fue uno de los últimos uribistas en salir del gobierno Santos. En las últimas elecciones legislativas de 2022 Henríquez fue reelegido con 46.000 votos y ya ha permanecido en el Congreso durante tres períodos.
Este senador también tiene relaciones familiares con condenados políticos. Es sobrino del exsenador y exgobernador del Magdalena Miguel Pinedo Vidal, condenado en 2012 por parapolítica, caso que fue públicamente denunciado por el entonces congresista Gustavo Petro. Pinedo Vidal fue procesado por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.
Asimismo la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de prisión por sus nexos con los paramilitares del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El exparamilitar Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, dijo que Pinedo Vidal se alió con la AUC para lograr ser elegido congresista en 1998 y en el 2002.
El portal digital Cuestión Pública, en una amplia investigación sobre políticos cuestionados, señaló que en 2010, Honorio Henríquez le compró un apartamento en Santa Marta a Jacobo Noguera, investigado en 2018 por la Fiscalía, por presuntamente entregar sumas de dinero al condenado magistrado Jorge Pretelt, para que favoreciera con un fallo a favor de la empresa Recaudos & Tributos, que dirigía Noguera.
El año siguiente de la compraventa, es decir, 2011, Henríquez, en una inusual transacción vendió el apartamento por menos del valor por el que lo había comprado a Jacobo Noguera. Honorio Henríquez, dicen en el Congreso, es el que ejecuta las órdenes políticas del expresidente Uribe en la Comisión Séptima.
El otro senador del Centro Democrático encargado de dejar en “jaque mate” a la reforma laboral es Alirio Barrera, conocido como “El Caballista”. Otra ficha del uribismo. Incluso, fue precandidato presidencial por el Centro Democrático en las últimas elecciones presidenciales. Alirio Barrera se hizo famoso cuando ingresó uno de sus caballos al Congreso de la República. El animal falleció después de ese bochornoso episodio.
Sobre Josué Alirio Barrera Rodríguez se puede decir que es un empresario y ganadero de Casanare, que con el apoyo del Centro Democrático, llegó al Senado de la República con más de 103.000 votos. En 2022 Barrera, sorpresivamente, decidió ser precandidato presidencial, apoyado por su exjefe y amigo Óscar Iván Zuluaga, imputado junto con su hijo por el escándalo de corrupción de la multinacional Odebretch. Esa conexión política Zuluaga - Barrera viene desde el año 2014 cuando este último fue el coordinador de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en Casanare.
Ese apoyo de Zuluaga le permitió a Barrera ser gobernador de Casanare entre 2016 y 2019. Fue de público conocimiento que dicha campaña, por el partido Centro Democrático, también tuvo el apoyo de Jhon Jairo Torres, alias “Jhon Calzones”, quien se hizo aún más famoso cuando fue elegido como alcalde de Yopal mientras estaba en la cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Una década antes de llegar al Congreso, Barrera tuvo un fugaz paso por la política. En 2003 fue elegido como concejal de su municipio, Aguazul, Casanare, de la mano del cuestionado excongresista y patrón político del departamento José Rodolfo “El Negro” Pérez, cabeza del llamado Clan de la Casita.
Josué Alirio Barrera es famoso en su región por haber sido dos veces subcampeón mundial de coleo, práctica tradicional de los llanos orientales que es considerada por algunos sectores como maltrato animal, esto lo acercó a su actual jefe político Álvaro Uribe. Como maltrato animal también fue considerada su famosa aparición en el Congreso montando a uno de sus caballos. El equino falleció días después de esa aparición que fue fuertemente criticada, sobre todo en redes sociales.
El Partido Conservador también tuvo su cuota para hundir la reforma laboral. Ella es Nadia Blel, heredera del Clan Blel e hija del condenado patriarca Vicente Blel. Este hombre fue condenado en 2010 por sus vínculos con paramilitares, pues sostenía reuniones con reconocidos jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso.
La senadora conservadora Nadia Blel Scaff es quizá la más cuestionada del grupo de senadores que hundieron la reforma laboral. Es la heredera más visible de la estructura política de su padre, el excongresista Vicente Blel. Es hermana de Vicente Antonio Ble, “Vicentico”, exgobernador de Bolívar.
A inicios del 2010, su padre fue condenado a 7 años y 5 meses de cárcel por sus probados acuerdos políticos con grupos paramilitares de las AUC para llegar al Congreso. Hizo parte también del sonado caso de la parapolítica. Vicente Blel, el patriarca, se alió con el Bloque Bolívar para recibir apoyo político en el departamento. En la investigación que lo llevó a la cárcel se logró probar que sostuvo varias reuniones con los jefes paramilitares Ernesto Báez y Salvatore Mancuso.
El propio Salvatore Mancuso dijo en una declaración jurada que el padre de la congresista conservadora, “aceptó con su presencia la injerencia de las autodefensas en el proceso electoral de 2003 y convino trabajar con ellas en esas actividades, aceptando implícitamente el poder y el liderazgo de la agrupación ilícita”.
A pesar de los antecedentes de su padre, Nadia Blel llegó por primera vez al Congreso en 2014 a ocupar una curul con una votación 42.394, avalada por el Partido Conservador. Fue reelegida para el periodo 2018 con una votación de 69.840 votos. En 2022, logró nuevamente una curul en el senado con 165.754 votos.
Su casa política, el Partido Conservadro, logró poner varios congresistas en la más reciente elección. Entre ellos a Yamil Arana, que obtuvo 114.000 votos y quien renunció poco después para convertirse en el actual gobernador de Bolívar. Pero la senadora Nadia Blel no se quedó sola, mantiene la curul en la Cámara su hermana de crianza, Juliana Aray, que sin ninguna experiencia en política logró conseguir casi 70.000 votos.
En el grupo de senadoras mujeres que firmaron la ponencia negativa a la reforma laboral está Beatriz Lorena Ríos Cuellar, reconocida en el Senado por ser la presidenta de la Comisión de la Mujer, pero sobre todo, porque hace parte de la bancada cristiana cuyos integrantes dicen defender la diversidad y no discriminación, pero decidicieron cerrar el templo de adoración al diablo en Colombia.
Beatriz Lorena Ríos Cuellar es senadora del Partido Colombia Justa Libres y hace parte de la Comisión Séptima del Senado y del grupo de ocho senadores que firmó la ponencia negativa de la reforma laboral del gobierno Petro. Aunque Ríos hace parte de la bancada cristiana del Congreso, ella misma se denomina cristiano-evangélic, y ha concentrado su vida profesional en promover y asesorar a entidades públicas sobre asuntos religiosos.
Antes de lanzarse, en 2014, a la Cámara de Representantes Beatriz Ríos fue la abogada de la organización Asambleas de Dios, poderosa iglesia pentecostal de origen estadounidense. En ese momento Ríos intentó llegar al Congreso con el aval del Partido Liberal y como fórmula de la exsenadora cristiana Viviane Morales, pero no le dieron los votos y se quemó
Sin embargo, en septiembre de 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue nombrada asesora del Ministerio del Interior en materia religiosos. Cuatro años más tarde se convirtió en la cabeza de la Dirección Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio. En esa posición aprovechó para impulsar una iniciativa que le entregó 320 millones a decenas de iglesias, algunas cercanas a políticos y al movimiento Colombia Justa Libres, se dice que entre ellas está la iglesia cristiana, el Centro Cristiano, cuyo pastor ha sido fiel defensor de Colombia Justa Libres.
Una investigación del periódico El País dice que otro pastor que la ha recibido y le ha dado un impulso público a Beatriz Riós es Humberto Fajardo, presidente de las Asambleas de Dios en Colombia. La investigación dice que Mateo Fajardo Rodríguez, hijo de este jefe religioso, obtuvo dos contratos de asesorías de la Oficina de Asuntos Religiosos en 2019 y 2020, por un total de 36 millones de pesos, según muestra el portal de contratación pública Secop.
A pesar de que la senadora dice ser una defensora de la diversidad y la no discriminación, en 2017 fue elegida como gobernadora adhoc del departamento del Quindío para cerrar el templo lucifer en Colombia. Ríos renunció en 2021 al Ministerio del Interior, su afán era lanzarse nuevamente al Congreso. Esta vez aspiró al Senado con el respaldo del partido cristiano Colombia Justa Libres. Ríos obtuvo su curul con 61.000 votos. Fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Séptima para el periodo 2023-2024.
Aunque se dice que Ríos es una aliada de las reformas del gobierno Petro, porque fue una de las ponentes de la reforma pensional y votó a favor de esta reforma en 2023, al parecer esta vez se torció. Una de las razones podría ser porque la reforma laboral, aunque no menciona específicamente a las iglesias, tiene algunos puntos que podrían afectar a las organizaciones religiosas, pues tendría que hacer contratos a término indefinido, con protección de trabajadores, salud y seguridad en el trabajo
Una compañera de Beatriz Ríos en el hundimiento de la reforma laboral es Esperanza Andrade. Ella es la representación del Clan Andrade en el Senado, una familia muy poderosa del Huila. Esperanza Andrade tuvo el apoyo de Efraín Cepeda, acérrimo opositor del Gobierno Nacional, para llegar al Senado.
El nombre de esta senadora ha sonado mucho en los pasillos del Congreso porque aparece en la lista negra de los congresistas que no van a trabajar, el informe conocido como “trabajen vagos” la muestra como la segunda congresista que menos se presentó a sesiones presenciales en la legislatura 2020-2021, con 12 asistencias y 128 salidas a eventos fuera del Congreso.
Esperanza Andrade, del Partido Conservador, heredó la curul de su hermano, el exsenador Hernán Francisco Andrade en la legislación pasada, y hoy es la presencia del “Clan Andrade” en el Senado. Para ese entonces, en 2018, su hermano movió amigos y familiares para hacerle campaña a su hermana. Entre esos sus amigos están funcionarios y contratistas de la Electrificadora del Huila, que tiene una nómina de mil empleados entre funcionarios de planta y contratistas.
Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, Hernán, hermano de la congresista, es el líder del Clan Andrade, el más fuerte del conservatismo en el Huila y en el sur del país y ha tenido varias investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Entre ellas está una de supuestas irregularidades en los aportes a su campaña en 2006, otra es por el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes que se convirtió en un botín conservador durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe.
Otra de las investigaciones en contra de Hernán Andrade es por el mal denominado Cartel de la Toga, cuando lo señalaron de pagar $2.300 millones para ser absuelto en un caso que le llevaba la Corte, de las que fue exonerado.
En 2006, Esperanza Andrade y sus hermanos heredaron de su padre, Sebastián Andrade, dos baldíos en San José del Guaviare que había comprado en 1997, a los adjudicatarios originales del Incora. Una extensa investigación de Cuestión Pública, dice que el tercer miembro del clan Andrade es otro hermano, Jhon Jairo Andrade Serrano, un reconocido contratista de la región que ha celebrado procesos a nombre propio y como representante legal de empresas y consorcios por $37.170 millones.
En su nueva etapa como senadora este año, Esperanza tomó posesión ante el presidente del Congreso Efraín Cepeda Saravia, asumiendo el escaño que dejó vacante José Alfredo Marín. Cepeda es contradictor declarado del presidente Gustavo Petro y público enemigo de su gobierno, especialmente de la reforma a la salud.
La senadora Ana Paola Agudelo García también está en la lista de senadores que dejaron muerta la reforma laboral. Aunque esta senadora no ha resonado mucho en los medios de comunicación si es bien conocida en su congregación. Hace parte del movimiento cristiano político Mira, el cual ha estado en la mira de las autoridades de Estados Unidos porque su representante legal, la conocida pastora María Luisa Piraquive, fue investigada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La tolimense Ana Paola Agudelo Garcia hace parte del partido Mira y de la Comisión Séptima del Senado que votó negativamente a la reforma laboral. Agudelo en 2018 fue la cabeza de lista del Mira al Senado y obtuvo una curul gracias a los 71.000 votos que sacó. Cuatro años después, en las legislativas de 2022, fue reelegida.
María Luisa Piraquive, fundadora y líder mundial de la Iglesia de Dios de Jesucristo Internacional, y compañera de Agudelo García en el Partido Mira, fue investigada por la Fiscalía, en 2010, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero finalmente se descartaron los delitos.
El Partido Mira, del que hace parte Paola Agudelo, no solo ha resonado por el escándalo de Piraquive, también se suman los anuncios de investigaciones de las autoridades de Estados Unidos por la cantidad de propiedades a nombre de los miembros de ese grupo que aparecen en el país norteamericano.
En Colombia, la Fiscalía determinó que para septiembre de 2004 este partido registró en sus cuentas un acumulado por $1.349 millones, los cuales aparentemente no guardaban relación con los ingresos declarados a la DIAN en los años 2002 y 2003 que eran de $279 millones y $208 millones, respectivamente.
La senadora Ana Paola Agudelo es famosa en su región por apoyar a los jóvenes emprendedores, pero irónicamente votó negativo a la reforma que busca mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores beneficiando así a los jóvenes emprendedores que ella tanto dice apoyar.
Finalmente, Berenice Bedoya Pérez cierra la lista de senadores que hundió la reforma laboral. Sobre ella se puede decir que incursionó en las elecciones al Congreso de 2014 cuando aspiró a la Cámara de Representantes, pero no le alcanzaron los votos.
Finalmente llegó al Senado en esta legislatura, en donde, como sus colegas, gana más de 40 millones de pesos. De esta senadora no se ha hablado mucho, aunque es bien reconocida al interior de su partido, el Alianza Social Independiente (ASI), según una investigación de La Silla Vacía ella inició un proceso disciplinario al interior del partido en contra del congresista Jonatan Tamayo, conocido como Manguito, quien fue impulsado por el ASI en 2018, pero terminó apoyando la bancada del gobierno de Iván Duque cuando este partido se había declarado en independencia.
Miguel Ángel Pinto Hernández lleva cinco períodos consecutivos como congresista de Colombia con el aval del Partido Liberal. El pasado 11 de marzo, fue el encargado de leer el comunicado que anunciaba la muerte anticipada de la reforma laboral, pues él y otros siete senadores se aliaron para dar este golpe al Gobierno antes de que empiece el debate en el Congreso. “Estamos radicando hoy la ponencia de archivo a la reforma laboral que contiene los soportes de los ochos partidos”, dijo a la salida de la Comisión Séptima del Senado ante los micrófonos de la prensa.
Por este hecho, Pinto es señalado de ser el autor intelectual de la muerte anticipada de la reforma laboral para los trabajadores y trabajadoras colombianas, así como lo hizo hace un año con la reforma a la salud. Pinto es un político tradicional del Partido Liberal en Santander y es muy cercano al expresidente y jefe único de ese partido, César Gaviria Trujillo.
El 13 de marzo de 2022, Pinto fue elegido, por segunda vez, como senador de la República al obtener una votación de 110.000 votos. Sin embargo, esta elección estaría viciada por una compra de votos en Bucaramanga, capital de Santander, donde es un reconocido líder político del partido Liberal. Hoy, Señal Investigativa (una alianza entre la Revista RAYA y Señal Colombia), revelan documentos exclusivos que reposan en las gavetas de la Fiscalía en Bucaramanga y los cuales detallan una trama de corrupción para comprar votos a favor del senador Miguel Ángel Pinto.
De acuerdo con las investigaciones que alcanzó a practicar un fiscal que llevaba el caso, el 13 de marzo de 2022, día de las elecciones regionales, la Policía capturó a dos hombres a las afueras del puesto de votación denominado Sena Salud, ubicado en el parque García Rovira de Bucaramanga. Los detenidos fueron Ramón Nonato Pontón Molina y Ciro Alfonso Niño Torres, quienes actualmente enfrentan un juicio por compra de votos. Entonces, ese día quedaron registrados como victimarios, en los documentos de la Fiscalía, esos dos nombres y uno más: el del senador Miguel Ángel Pinto.
Al momento de su captura, a Ramón Nonato Pontón le encontraron un canguro con 20 sobres individuales que al interior traían dinero en efectivo, además, 903 stickers alusivos al entonces candidato liberal, Miguel Ángel Pinto.
Pero eso no fue lo único que le encontraron a Ramón Nonato el día del arresto. En su poder también fueron encontrados 36 recibos de caja menor enumerados y con el rótulo: ciudad de Bucaramanga y una fecha: “13 de marzo de 2022”, día de las elecciones. Además, en su bolsillo trasero del pantalón, tenía dos planillas tituladas: ”Evidencia para la entrega del dinero en efectivo”. Según el documento de la Fiscalía, que hoy revela RAYA, en esas planillas se advertía el siguiente mensaje: “Para la entrega de los 70.000 pesos debe presentar el certificado electoral sin excepción”. Incluso, las planillas contenían los nombres de las personas que habrían recibido el dinero a cambio de su voto.
Las capturas de Ramón Nonato Pontón Molina y Ciro Alfonso Niño Torres, de 32 y 22 años, respectivamente, se efectuaron en el puesto de votación denominado: Sena Sede Salud. El mismo lugar donde el senador Miguel Ángel Pinto obtuvo la mayoría de votos entre los candidatos de su partido: 123 en total. En Bucaramanga, Pinto fue el candidato del Partido Liberal más votado con 9.880 sufragios.
Con las planillas en su poder, la Fiscalía interrogó a varias de las personas que aparecen en el listado, quienes habrían recibido dinero a cambio de su voto por Miguel Ángel Pinto. Varias de las personas entrevistadas aseguraron que votaron por el Partido Liberal y que estaban direccionadas por una líder del barrio Alfonso López de Bucaramanga.
A pesar de que la investigación por el delito de compra de votos avanzó en contra de los autores materiales hasta llevarlos hoy a juicio, la misma Fiscalía no ha compulsado copias para que la Corte Suprema de Justicia investigue al senador liberal, Miguel Ángel Pinto. RAYA habló con varias fuentes de la rama judicial y pudo constatar que el proceso contra el senador Pinto estaba caminando. Incluso, en un documento del 30 de marzo de 2022 el fiscal del caso le pidió a la Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, que le informara si Pinto era un aforado en ese momento. El proceso contra Pinto por alguna razón quedó frenado, pero lo cierto es que el fiscal fue trasladado de ciudad y no pudo continuar con el caso.
Señal Investigativa habló con el actual fiscal quinto de Bucaramanga, que tiene el caso, Giovany Torres Villamizar, para indagar por qué no ha enviado el proceso a la Corte Suprema, cuando existen múltiples evidencias y testigos que podrían dar con el nombre del autor intelectual de la compra de votos o corrupción al sufragante. En una de sus respuestas, el funcionario aseguró no haber analizado las pruebas mencionadas y dijo no saber que le corresponde a la Fiscalía y que a la Corte Suprema. Y agregó. “A mi me entregaron el caso en agosto pasado y usted está hablando de hechos que se dieron en 2022. Tocaría hablar con el fiscal del momento para saber qué fue lo que pasó”.
Pinto, la familia Tavera, la mafia y los paras
Miguel Ángel Pinto es un abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Antes de lanzarse al Congreso se desempeñó como secretario general de la Personería de Bucaramanga, fue personero encargado, director de la Casa de Menores de Piedecuesta y asesor en procesos de liderazgo y desarrollo en entidades oficiales y empresas privadas como la Clínica Metropolitana y la Electrificadora Santander.
Antes de llegar al Congreso se lanzó a la política, pero sin éxito. Se quemó dos veces: una en 1994 y la otra en 1997. Logró su objetivo de llegar al Congreso en 2012 gracias a los 24.600 votos que consiguió en las elecciones regionales de 2010 y que le sirvieron para reemplazar a su compañero de partido, Miguel de Jesús Arenas quien perdió su investidura.
La relación del senador Pinto con el clan Tavera, reconocida familia de Santander, no sólo se basa en asuntos políticos, sino también en conexiones familiares y empresariales. Por ejemplo, su esposa Claudia Lucero López Rodríguez, quien falleció de cáncer en 2023, era la hermana del fallecido narcotraficante, Ernesto Tavera Rodríguez, asesinado luego de estar en la cárcel. A su vez, la suegra del senador Pinto, según el medio de comunicación Cuestión Pública, tuvo negocios con él en 2009.
Tras la muerte del narco, Pinto continuó su alianza con los Tavera y se convirtió en la cabeza política de Santander, tras la salida de Horacio Serpa del Partido Liberal. Incluso, Pinto apoyó a Didier Tavera, hijo del asesinado narco Ernesto Tavera, para que fuera gobernador de Santander para el periodo 2016 - 2019.
Didier Tavera finalmente llegó a la gobernación de Santander, pero al final del periodo la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por el “embolate” de 23.000 millones de pesos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del año 2016. Incluso, fue enviado a detención domiciliaria el 12 de diciembre de 2019.
Además de los apoyos políticos, Pinto ha estado vinculado a dos empresas creadas con el apoyo de la familia Tavera. Una se llama Movilidad y Servicios Girón S.A.S. que fue constituida entre la Alcaldía de Girón y Growing Network, en 2011 y es representada por Magda Morales Tavera, sobrina de su esposa Claudia Lucero López.
La otra empresa se llama Servicios de Tránsito y Transportes de Mosquera S.A.S. y fue creada con la Alcaldía de Mosquera, (Cundinamarca) y es representada por Raúl Emilio Casallas Rodríguez. En su junta directiva han figurado Héctor Cáceres, Fernando Vargas y Erica Jazmín Rojas, exasesora de Pinto y aportante de su campaña política, respectivamente.
Miguel Ángel Pinto además fue mencionado por el extraditado y jefe máximo del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias de ”Otoniel”, quien aseguró que el político liberal se reunió con varios líderes del Bloque Centauros de los paramilitares. Aunque Pinto ha dicho que es un homónimo (que alguien tiene los mismos nombres y uno de sus apellidos), la Justicia Especial para la Paz (JEP) advirtió que sí se trataba del congresista liberal.
Los documentos que hoy revela Señal Investigativa se convirtieron en la evidencia para llevar a juicio a dos personas capturadas, en Bucaramanga, por comprar votos en las elecciones para Congreso el 13 de marzo de 2022, presuntamente para favorecer al candidato liberal Miguel Ángel Pinto. Sin embargo, poco o nada ha pasado con el senador, quien tuvo como lema de campaña: gente decente y quien ha liderado el hundimiento de una reforma laboral que plantea derechos para la clase obrera colombiana.
