En Montería, Córdoba, más de cien familias desplazadas por la violencia compraron un terreno con rifas, mingas y autogestión. Hoy construyen sus casas con sus propias manos. Este reportaje, en video y fotografía, retrata a través de siete protagonistas, cómo se organiza una comunidad excluida del sistema formal para acceder a vivienda digna desde abajo, con manos propias y decisión colectiva.
Por: Germán Ñáñez Lloreda. Video, textos y fotografía.
@Nomadablues
Una vieja camioneta azul recorre la calurosa vía del Caribe colombiano. Al volante va Ezequiel Medrano, líder de ASOVIDECOR (Asociación Popular de Vivienda para el Bienestar de Córdoba), guiándonos a la semilla de lo que hoy es Villa Petro, un barrio levantado por víctimas del conflicto armado, desplazados y trabajadores informales.
Su historia comienza con el desarraigo y el despojo, pero también con una convicción férrea: que la vivienda no puede seguir siendo privilegio, sino derecho.
Recientemente, Montería fue sede de la Primera Cumbre de los Sin Techo, con la participación de 150 líderes de todo el país y representantes del Ministerio de Vivienda. Allí se debatieron mecanismos de autogestión, decretos de vivienda diferencial y acceso a tierras en extinción de dominio.
“Nos sacaron a la fuerza del barrio Nueva Esperanza. Lo habíamos levantado sobre un terreno público. Después lo legalizaron, pero muchos de los líderes que lucharon por él murieron en el camino. Así es Montería: capital donde abundan los grupos armados, los paramilitares, los desalojos”, recuerda Ezequiel.
Ezequiel fue desplazado por la guerra, como tantos. Fundó ASOVIDECOR junto a otros que también querían techo. Desde entonces ha liderado procesos de toma, resistencia y legalización. “Vivimos en una zona roja. Aquí los grupos armados han estado aliados históricamente con la extrema derecha. Pero seguimos. Porque el derecho a la vivienda no se mendiga, se construye”.
ANTONIO DE LA ROSA: LA ECONOMÍA POPULAR QUE LEVANTA CASAS
En un edificio construido por la comunidad en el centro de Montería —hoy sede de ASOVIDECOR— Antonio de la Rosa recibe a diario a personas sin techo de toda Córdoba. El lugar parece una colmena: planos, reuniones, gestiones, subsidios.
“Tenemos un modelo con casas de dos habitaciones, baño, cocina y patio. Cuestan $2.300.000, con una entrada de $500.000 y cuotas accesibles. Todo está pensado para quienes no acceden a créditos bancarios: empleadas domésticas, vendedores ambulantes, víctimas del conflicto”, explica Antonio.
Además, han conseguido subsidios estatales de hasta $45 millones para algunos beneficiarios. Lo clave, asegura, es que todo se hace sin intermediarios: desde la comunidad y para la comunidad.
YALENIS MAZÓN: LA MUJER QUE FUNDÓ VILLA PETRO
Indígena del pueblo Sinú, ex candidata a la Alcaldía de Montería, madre desplazada, y viuda de un excombatiente del M-19 asesinado por paramilitares mientras ella tenía cuatro meses de embarazo, Yalenis Mazón es una de las fundadoras de Villa Petro.
“Entramos a un terreno que creíamos estatal. Organizamos la toma, trazamos las calles, levantamos cambuches. Pero la mitad era privado. El ESMAD nos desalojó con violencia: niños heridos, ancianos arrastrados. Fue humillante”, recuerda.
Tras el desalojo, Yalenis convocó a la comunidad a un nuevo camino: comprar legalmente un lote. Con rifas, conciertos, mingas y venta de tamales, reunieron los fondos y fundaron Villa Petro. Hoy suman cien viviendas y proyectan un nuevo barrio, Nueva Montería, con capacidad para mil familias.
“No pedimos limosna. Si el Estado pone materiales y terrenos, nosotros ponemos la mano de obra. Eso es autogestión”, afirma con firmeza.
RICARDO RAMÍREZ: LA MIRADA DESDE EL ESTADO
Durante la Primera Cumbre Nacional de los Sin Techo, realizada en Montería y organizada en parte por ASOVIDECOR, participaron 150 líderes de todo el país y funcionarios del Gobierno Nacional.
Ricardo Ramírez, director de Vivienda Popular del Ministerio de Vivienda, reconoce el potencial de procesos como Villa Petro: “La paz territorial empieza por construir barrios de paz. El decreto de autogestión, el uso de regalías y obras por impuestos son herramientas que permiten que las comunidades gestionen directamente sus viviendas. Pero sin organización no hay transformación”.
Ramírez también habló de una consulta popular impulsada por sectores sociales: “Es clave que la gente se pronuncie. No basta con recursos: hay que fortalecer la organización comunitaria, porque la vivienda digna no puede depender de favores del Estado”.
MARTHA AGUDELO: VÍCTIMAS SIN RESPUESTA
Martha vive con su familia en el barrio San Juan, a orillas del río Otún y cuyas viviendas están en proceso de reubicación por estar en zona de alto riesgo. En 2022 un deslizamiento de tierra mató a 17 personas y dejó a 117 damnificadas.
“Desde entonces, nadie nos responde. No pedimos plata, ni subsidios. Solo que nos den un terreno. Hay lotes en extinción de dominio que no usan. ¿Por qué no los entregan a las víctimas?”, reclama.
OMAR ÑÁÑEZ: SIN TECHO Y SIN TIERRA, LA MISMA LUCHA
Omar, integrante del Pacto Campesino, acompaña a comunidades rurales que luchan por tierra y vivienda. Ve en Villa Petro un reflejo de las batallas del campo.
“Hay que unir luchas. El campesinado y el urbano enfrentan el mismo abandono. Si no nos organizamos desde abajo, el Estado no resolverá nada. La autogestión es también resistencia política”, señala.
MAURICIO GONZÁLEZ: UNA CASA, UN PAÍS POSIBLE
Mauricio, antiguo compañero del esposo asesinado de Yalenis, regresó a Montería para apoyar el proyecto. En Villa Petro, dice, encontró un país posible:
“Vi un niño haciendo tareas en una mesa de madera, su mamá cocinando con leña, en una casa levantada por ellos mismos. Eso es dignidad. Eso es futuro. Este país puede cambiar si se construye desde abajo”.
VILLA PETRO, UNA GALERÍA DE RESISTENCIAS
Cada casa, cada ladrillo, cada calle sin pavimentar en Villa Petro es testimonio de una resistencia colectiva. Lo que comenzó como una toma de tierras, hoy es un proyecto concreto de hábitat digno.
En un país donde el derecho a la vivienda sigue siendo privilegio, Villa Petro demuestra que otra forma de construir ciudad es posible. No desde la promesa estatal incumplida, sino desde la acción directa, la solidaridad y la autogestión popular.
Un país distinto comienza con el derecho a tener un techo propio —y con la decisión de organizarse para conquistarlo.