Investigación

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Un homicidio, dos heridos de gravedad y toda una familia wayúu desplazada de su territorio es el saldo que dejó la confrontación que generó la llegada a La Guajira de las empresas Enel y Renovatio con el fin de construir un parque eólico cuyo proyecto hoy está suspendido. La Revista RAYA revela una denuncia penal en contra de las empresas por propiciar un escenario sangriento de violencia entre indígenas.

Por: Edinson Arley Bolaños

La semana que terminó estuvo cargada de noticias de La Guajira, la punta norte de Colombia, el territorio ancestral de los wayúu y, ahora, una de las zonas más apetecidas por sus poderosos vientos, gracias a la llamada “transición energética” a través de energía eólica. La Guajira fue el centro de atención nacional, pues el presidente Gustavo Petro y todos sus ministros gobernaron por una semana desde allí. Escucharon a los indígenas, anunciaron alianzas para impulsar esos proyectos de energía, pero, ante todo, el gobierno se comprometió con la escasez de agua que está matando de sed a los habitantes de este desierto al lado del mar Caribe.

En medio de esa visita, una familia wayúu lloraba el destierro del que fueron víctimas sus miembros luego de la llegada de las empresas Renovatio y Enel Green Power a su territorio ancestral en 2016. A finales de mayo pasado, ambas firmas anunciaron la suspensión de actividades, un poco bajo el argumento de que el éxito del proyecto también dependía del trabajo conjunto con las comunidades. Incluso, el presidente Petro fue increpado por el senador David Luna, de Cambio Radical, al calificarlo de poco líder por no hacer algo para que este proyecto, llamado Wenpeshi, continuara su curso.

Incluso, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló a las comunidades de ser matones y extorsionadores. “Por el caos que se vive, por la falta de Estado, prevalecen matones autodenominados ‘comunidad’ que extorsionan a cualquiera que vaya a hacer un proyecto que traiga progreso”, escribió.

Lo que no contaron los dos políticos, hoy declarados en oposición al Gobierno Petro, es que detrás del proyecto suspendido había una historia de sangre y mucho dolor que inició en 2016, que se agudizó en 2019 y que el año pasado dejó a una familia entera desplazada, la de Moisés Jusayu, cuyos miembros terminaron viviendo en un salón cultural en Uribia, alejados de su territorio ancestral. El siguiente relato está basado en la denuncia penal que instauró el líder wayúu ante la Fiscalía el año pasado, pues él y uno de sus hijos han sufrido diversos atentados de muerte desde que se opusieron a las pretensiones de las multinacionales eólicas.

La división y el asesinato

En 2016, al territorio ancestral de los wayúu ingresaron las empresas de energía renovable Renovatio y Enel Green Power con el objetivo de socializar la implementación de un parque de energía eólica que se instalaría en el corregimiento de Windpeshi, a 30 minutos del casco urbano de Uribia, exactamente en el paisaje de las comunidades Utkap, Paliiyawain, Kalinchon, Jaika Kalinchon, Patajatamana, Matajuna, Romana, Wimpeshi, Kamushipa, Flor de Frontera, Mashuamana y Yotojoroin.

El proyecto buscaba instalar 45 torres eólicas de 106 metros de altura, con tres aspas de 79 metros, un diámetro de rotor de 158 metros y una máxima velocidad de las aspas en la punta de 80 metros por segundo. Estos datos son importantes para la disputa que se desencadenará con las comunidades y organizaciones de derechos humanos a la luz de una licencia ambiental de dudoso cumplimiento que se impuso durante el gobierno de Iván Duque.

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Torre eólica en construcción, la cual medirá 164 metros de alto.
Uno de los puntos que está incumpliendo Enel es el de la altura de la torre, pues lo aprobado por la licencia ambiental son 106 metros.

Moisés Jusayú, un indígena wayúu de 74 años, es uno de los líderes que desde 2014, cuando la empresa Enel Green Power pretendió construir la carretera sin consultar a la comunidad, se opuso a su forma de proceder y al proyecto. La postura de Moisés fue siempre en defensa de su territorio, pues, como él lo narra en su denuncia, tenía dudas y desconfianza frente a lo que les querían mostrar y frente a la realidad. Alterno a ello, la empresa Enel, por medio de Renovatio, se asentó en otras comunidades que simpatizaron con el proyecto.

En vista de esta postura, la empresa Renovatio decidió buscar al hermano de Moisés, José León Jusayu, a quien, según Moisés, le ofrecieron dádivas para que intentara convencer a su hermano de aceptar el proyecto. “Efectivamente, José se sentó conmigo, y en estricto cumplimiento a las órdenes de la empresa intentó persuadirme, pero cual premonición le manifesté que la llegada de esa empresa a nuestro territorio era para apoderarse de nuestras tierras y dividirnos como familia. Aquella vez no hubo contradicción por parte de mi hermano, simplemente coadyuvó lo que le estaba manifestando. La empresa siguió ingresando a nuestros territorios con dádivas para mi hermano y sus hijos, tratando de buscar la forma de poner a mi hermano en mi contra”, relató Moisés.

Y continuó: “Un día cualquiera del año 2016, mi hermano llegó hasta mi enramada (casa) bastante ofuscado diciéndome que él ya les había autorizado a las empresas Renovatio y Enel Green Power que ingresaran a los territorios a levantar sus proyectos y que, si seguía oponiéndome, iba a matarme”.

“Señores Fiscalía”, dice la denuncia, “antes de la llegada de la empresa Renovatio en 2016, en 2013 y 2014 la empresa Enel Green Power ya estaba intentando ingresar de manera arbitraria e inconsulta a nuestros territorios, con la finalidad de abrir una carretera con acceso hasta el corregimiento de Wimpeshi, hasta donde ellos levantarían su proyecto de parques eólicos. En aquella época, también me opuse a que la empresa Enel pasara por nuestros territorios, para lo cual le pedí permiso a mi hermano Joaquín Jusayu (fallecido), quien era la autoridad en ese entonces. Mi hermano Joaquín apoyó la decisión, y para aquel tiempo logramos que la empresa detuviera sus operaciones dentro de nuestro territorio. Por problemas que estaban afectando su salud, Joaquín decidió renunciar a su posición y cargo como autoridad, así que todos mis hermanos decidieron que yo lo debía suceder”.

Así fue como Moisés se posesionó como autoridad tradicional en 2014, ante el Ministerio de Interior y la Secretaría de Asuntos Indígenas del municipio de Uribia. En su carta de exposición de motivos y pruebas de la denuncia, el líder wayúu reitera en varias oportunidades que antes de la llegada de las empresas Enel y Renovatio a sus territorios todo era paz y tranquilidad, incluso con las comunidades vecinas.

A finales de 2017, Luis Ramiro Jusayu, sobrino de Moisés, se presentó borracho en la enramada de su tío para hacerle una advertencia: “Que me cuidara porque las empresas habían dado un dinero a mi hermano José León Jusayu para que me mataran, y en tono irónico Luis Ramiro me manifestó que esa platica se la iba a ganar él”, relató Moisés en la denuncia. Él nunca le creyó a su sobrino, pues pensó que se trataba del discurso charlatán de un borracho. Sin embargo, lo sorprendió la relación estrecha que funcionarios de Enel Green Power y Renovatio empezaron a tener con José León: “A él le llevaban carrotanques con agua y bolsas de comida, y lo transportaban constantemente en sus vehículos de alta gama”, dice la denuncia.

El 13 de febrero de 2018 se cumplió la premonición de Moisés. A la 1 de la tarde, después de una faena de pastoreo, su sobrino Luis Ramiro se presentó con machete en mano y se lanzó contra su tío. Según el relato de Moisés, “en el evento me decía que mi hermano, José León Jusayú, lo había mandado a matarme por no dejar entrar las empresas. Por todos los medios yo intentaba protegerme de aquella agresión a manos de mi propio sobrino, pero me era imposible, hasta que logré agarrar una machetilla que estaba en la enramada y en medio de mi defensa se la puse a mi sobrino en la yugular, quien cayó muerto fulminantemente”.

Durante la pelea, su sobrino alcanzó a propinarle múltiples heridas que casi lo matan. Dice la denuncia: “Yo quedé tendido en un río de sangre, agonizando entre la vida y la muerte, casi por un lapso de tres horas, hasta que llegaron mis hijos y me llevaron al hospital de Uribia. Yo perdí el conocimiento, nunca más supe qué pasó. Recuperé mis sentidos después de 45 días en una clínica en Barranquilla. A pesar de mi recuperación, quedé con muchas secuelas, pero gracias a Dios estoy vivo”.

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 Moisés Jusayu junto a su familia,
quienes ahora viven desplazados en el casco urbano de Uribia, La Guajira

 “A finales del mes de junio de 2018”, continúa el relato, “aún convaleciente, regresé a mi territorio, en donde vivía con mi esposa, hijos y nietos, pero solo encontré tristeza y desolación. Las casas las desarmaron, a los animales (vacas, chivos y ovejos) se los llevaron toditos. Así mismo se llevaron dos camiones tipo 750 que eran de mi propiedad, un cofre donde guardaba dinero y joyas… En fin, saquearon todo mi patrimonio. Esas empresas nunca tuvieron consideración por el problema que habían generado dentro de nuestro territorio; por el contrario, este suceso fue aprovechado por ellos para poner en mi contra a mi propia familia con quienes fortalecieron más el relacionamiento llevándoles bolsas de comida y carrotanques de agua. De igual forma, buscaron posicionar como autoridad tradicional a mi hermano, José León Jusayu, con la anuencia y complicidad de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia”.

Moisés, su esposa, sus hijos y sus nietos quedaron a la intemperie. Decidieron buscar un rancho para refugiarse, pero rápidamente llegó la noticia, a través de un palabrero, de que les impondrían el destierro de Windpeshi. Desde entonces, Moisés se dedicó a buscar ayuda del Estado colombiano y de las organizaciones defensoras de derechos humanos para tratar de detener más enfrentamientos entre familias. Esto provocó la visita a Jawou, el territorio indígena amplio del clan Jusayu, de una comisión de derechos humanos de la ONU el 11 de marzo de 2021.

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Pasaron cinco meses y la confrontación escaló a otro escenario: despojar de la autoridad tradicional a Moisés. El 16 de agosto de 2021, su hijo, Dicto Jusayu, se dirigió hasta la Secretaría de Asuntos Indígenas del municipio de Uribia con el fin de verificar unos rumores que se tejieron frente a una posible asamblea para el cambio de autoridad tradicional en el territorio Jawou. Allí fue atendido por la señora Mistica Pushaina, que le exhibió y le entregó una constancia de notificación personal para el acompañamiento a una asamblea con el propósito de reconocer nueva autoridad tradicional. Dicha diligencia tendría lugar en la comunidad dos días más tarde.

“Frente a esta notificación, como autoridad ancestral y tradicional de mi comunidad, mediante oficio del 17 de agosto de 2021, me dirigí a la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia, para solicitar que se abstuvieran de dar curso a dicha asamblea, toda vez que los sucesos que originaron la asamblea se antecedían a un enfrentamiento interno que había dejado como saldo la muerte de mi sobrino Luis Ramiro Jusayú, quien intentó asesinarme por mandato de mi hermano José León Jusayu y las empresas Enel Green Power y Renovatio”, relató Moisés en su denuncia.

Ese día, Moisés también le dijo a la Secretaría de Asuntos Indígena que su función era garantizar que prevaleciera la paz y la sana convivencia en sus territorios, y que hasta tanto no hubiese claridad sobre los hechos narrados, se abstuviera, por favor, de darle desarrollo a la asamblea. No obstante, esta se realizó bajo el argumento del secretario de Asuntos Indígenas, Héctor González Epieyu, quien dio cumplimiento a lo ordenado por un fallo de tutela del Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia.

“Así fue como en días posteriores mi hermano José León Josayu recibió un acta de posesión como autoridad tradicional. Lo primero que hizo fue dar vía libre a los proyectos de las empresas Enel Green Power y Renovatio, y notificarme a mí, mediante un palabrero, que en compañía de mi esposa y mis hijos debíamos salir del territorio, y que si hacíamos caso omiso a sus palabras, nos sacaría a bala”.

Tal y como sucedió el 10 de abril del año pasado. A las 8 de la mañana, a la comunidad indígena arribó el señor José León Jusayu junto con un grupo nutrido de personas que portaban armas de corto y largo alcance, quienes dispararon contra Moisés Jusayu y su familia. De hecho, su hijo, Dicto Jusayu, resultó herido de gravedad y fue trasladado a la Clínica de Maicao, donde ingresó con una herida de proyectil en su muslo derecho, con sangrado abundante y sin poder caminar.

“Por ese ataque indiscriminado, mis hijos varones y yo salimos corriendo para proteger nuestras vidas. En la vivienda se quedaron mis hijas y mis nietos, a quienes amenazaron y sentenciaron con 24 horas de vida si no salían del territorio. El señor José León Jusayu (…) también se llevó todos los animales —vacas, ovejos y chivos— que teníamos”, relató Moisés en una denuncia penal contra las empresas de energía que construyen un parque eólico en su territorio.

Hoy Moisés y su familia deambulan por el centro urbano de Uribia y reciben posada en un centro cultural. En medio de la tristeza y la desolación, su hijo Dicto habló desde Uribia sobre lo que están viviendo: “Nosotros estamos aquí, en el municipio de Uribia, a la intemperie. Estamos abandonados, no sé qué va a pasar con nosotros”. Luego contó cómo ha sido la guerra entre familias, por intermedio de grupos foráneos: “Las diferencias iniciaron cuando las empresas llegaron en 2016 y, poco a poco, cada año fue creciendo la discordia. Pero en 2019, cuando se iba a levantar el proyecto en el territorio, fue que empeoró la problemática en la comunidad. Hubo heridos, uno de ellos fui yo; me hicieron dos atentados aquí en el pueblo. Y ahora las empresas suspendieron el proyecto, pero ya el daño está causado, nosotros estamos desplazados y sin nada de todo lo que nos quitaron”.

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 Estos son los proyectos eólicos que actualmente desarrollan 15 empresas en la Guajira.
Según el libro El viento del este llega con revoluciones, a pesar de los cuestionamientos sociales y ambientales la mayoría de los proyectos se mantienen pero cambian de nombres

La paz y la tranquilidad del amplio territorio de Jawou fueron fragmentadas por la ambición que sembraron las empresas en José León Jusayu, el hermano de Moisés, “quien tentado por unas ofertas efímeras de riqueza le entregó nuestro territorio a Enel Green Power y Renovatio para que levanten sus proyectos por encima de nuestras vidas y dignidad. Estamos seguros de que estas dos empresas orquestaron, igualmente, nuestro desplazamiento forzado ante la indiferencia y la omisión de las autoridades”, concluyó el líder wayúu en su denuncia ante la Fiscalía, la cual no avanza en las investigaciones judiciales.

¿Quiénes son Renovatio y Enel Green Power?

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es una de las organizaciones que más profundamente ha investigado la llegada de los parques eólicos a La Guajira. Joana Barney, una de sus investigadoras y autora del libro Guajiros wayúu: por el mar y la tierra vuela el viento, ha estudiado cómo la llamada transición energética ha golpeado, en una etapa inicial, social y ambientalmente a las comunidades ancestrales.

Ante las diferentes denuncias públicas y privadas que existen sobre el accionar de Renovatio Eco Solutions en las comunidades indígenas, a finales de junio pasado Renovatio entregó una respuesta a Indepaz sobre esto y sobre su relación con empresas como Enel Green Power para la materialización de los parques eólicos, comunicado que fue conocido por esta revista. Justamente, esta empresa fue creada en Medellín con el fin de desarrollar las etapas iniciales de proyectos de generación de energías alternativas. “Para que luego sean gestionados y desarrollados por compañías expertas como Celsia y EDP, como en el caso de La Guajira”, dice la carta dirigida a Indepaz.

Sobre lo demás, dice que se enfoca en cumplir con lo establecido para superar altos estándares de cumplimiento.

Enel Green Power, según el libro de Barney, pertenece al Grupo Enel, una multinacional de origen italiano que fundó la primera en diciembre de 2008. Su objetivo, según la página web, es desarrollar a nivel mundial actividades de generación de energía a partir de fuentes renovables. Actualmente opera 1.200 plantas eólicas, solares, hidroeléctricas y geotérmicas, distribuidas en los cinco continentes.

Su gerente principal es el costarricense Eugenio Calderón, quien a finales de mayo así se pronunció frente a la suspensión de actividades del proyecto Windpeshi: “Continuaremos dialogando con las comunidades y grupos de interés para abordar las implicaciones de esta decisión”. Al mismo tiempo, aseguró que es posible que pongan en venta el proyecto

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