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Esta semana el Congreso aprobó dos leyes históricas para el campesinado colombiano: la que los reconoce como sujetos especiales de derechos y la jurisdicción agraria. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, habló con la Revista RAYA de lo cambiará en el campo con este paquete de herramientas jurídicas que buscan que los pequeños agricultores accedan a la tierra y fortalezcan su tradición agraria.

Por Enrique Gamboa

Desde el pasado primero de mayo Jhenifer Mojica se convirtió en la segunda ministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro en su primer año de mandato. La nueva jefe de la cartera del agro se considera una defensora de los derechos territoriales de los pueblos étnicos de Colombia y está convencida de que la política de tierras que impulsa el presidente Petro es la indicada para sacar de la horrible noche de la guerra a millones de colombianos que cultivan el campo.

Mojica llegó al Gobierno tras la salida de una ministra de corte neoliberal, como lo era Cecilia López Montaño, quien en el corto tiempo no se mostró tan decidida a sacar adelante la reforma agraria, una promesa indeclinable del presidente Petro desde la campaña electoral. Por eso, asegura, una de las tareas que le pidió el jefe de Estado es convertir el campo y la producción de alimentos en los detonantes de su proyecto político denominado “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Tras casi dos meses en el cargo, la ministra Mojica habló con Revista RAYA sobre la nueva legislación agraria y la búsqueda de tierra para reparar a los campesinos que no la tienen, a los despojados y a quienes la necesitan para trabajarla y producir alimentos.

¿Qué va a cambiar para los campesinos de Colombia con la aprobación esta semana de la Ley en el Congreso que los reconoce como sujetos de derechos?

Son tres generaciones de familias que han vivido un proceso de abandono y de desolación en su rol como campesinos y agricultores que se termina con esta reforma constitucional. Lo que cambia es que el campesinado en este momento es reconocido como un sujeto de especial protección constitucional y también como un colectivo que tiene unas características especiales en su relación con la tierra, el territorio y el ambiente. Esto por sus formas de producción como lo es la agricultura familiar, campesina y ecológica y por sus formas organizativas y su capacidad de movilización social para ser partícipes y protagonistas de los cambios. Frente al Estado, esto implica el deber de implementar políticas públicas afirmativas, eso quiere decir, que sean diferenciales para dar respuestas a esas urgencias y necesidades de desarrollo, sociales y económicas. También que permitan corregir las desigualdades materiales en las que está el campesino y avanzar en lograr un campesinado productivo y próspero.

¿En ese sentido, cómo quedan sus derechos frente a los de otros grupos poblacionales como indígenas y afros?

La constitución de 1991 abrió importantes espacios en el reconocimiento de los pueblos étnicos, afrodescendientes, raizales, palenqueros y ROM con unas medidas para proteger a estas comunidades que están inmersas en unas desigualdades extremas, pero no del campesinado. Lo que hace esta reforma constitucional es corregir esa omisión y permitir que el campesinado sea tratado con especial cuidado, considerando que Colombia es un Estado diverso, étnico y pluricultural. Ahora se están materializando estas características de nación con todas sus riquezas y diversidades.

¿Entonces el campesinado podrá hacer consultas populares para decidir si se aprueban o no proyectos externos en sus territorios?

 Dentro de los derechos de los pueblos campesinos también está el derecho a organizarse y establecerse como colectivos y asociaciones participativas y ser consultados para generar espacios de consensos, como el que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo que es un mecanismo conjunto de participación para toda la estructuración, diseño e implementación de las políticas públicas que atañen al campesinado.

¿Esta Ley podría acelerar una Reforma Agraria sin que tenga que mediar una Ley de la República para ello?

La reforma constitucional tiene una aplicación inmediata. Obviamente todas las leyes, los decretos y las reglamentaciones que se hagan tienen que ir orientadas a hacerla más efectiva. Nosotros hemos instalado una Agenda Nacional Campesina, que la instaló el presidente de la República el año pasado, y que sesionó en la Universidad Nacional. Estamos prontos a convocar otra vez esta instancia para poder avanzar en las discusiones y posiciones conjuntas para la implementación en el Plan Nacional de Desarrollo de este mecanismo de participación, pero de inmediato esto adquiere un texto constitucional y tiene que atarnos en todas nuestras políticas públicas.

Jhenifer Mojica nació en Bucaramanga. Es abogada, especialista en derecho procesal, con más de 15 años
de experiencia profesional en el trabajo y protección de derechos humanos.

¿Con el reconocimiento de los campesinos como sujeto de derechos que barreras se superan para el acceso a la tierra de este sector poblacional?

El presidente de la República tiene una urgencia sobre la implementación de la reforma agraria que tiene muchos componentes, uno de ellos es el de la compra de tierras, el cual está avanzando a pasos acelerados en comparación con las últimas dos décadas. También tiene que ver con el fondo de la tierra para la paz y con las distintas fuentes que se establecieron en el Acuerdo de Paz y que deben ser implementadas para dar respuesta a esa demanda de tierras y a la necesaria redistribución. Una de las fuentes son los bienes de la SAE que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron establecidos mecanismos para facilitar su traspaso a la reforma agraria y también estamos implementando todo lo que corresponde a las estrategias de formalización de la propiedad y adjudicación, esto quiere decir poder reconocer la propiedad de la tierra y sanear los territorios y las propiedades de la poblaciones que fueron usadas de manera informal.

¿Cómo avanza el banco de las 3 millones de hectáreas pactadas en el Acuerdo de Paz de La Habana para entregar a los campesinos sin tierra?

En el Acuerdo de Paz se estableció una meta de 3 millones de hectáreas para su implementación. Entonces somos un gobierno que tiene que marcar una pauta de manera muy agresiva para poder sacar adelante la implementación del Acuerdo de Paz, porque el presidente Juan Manuel Santos empezó en el primer año de la implementación con toda la adecuación institucional, reformas normativas y demás. Después vino el gobierno del presidente Iván Duque que dijo que iba a hacer trizas la paz y en definitiva la hizo. En materia de tierras no cumplió los indicadores para la implementación del acuerdo. Por ejemplo, en las compras de tierras no se compraron tierras de la medida necesaria, tampoco se destinó la atención institucional necesaria para avanzar en ello y en la corte de tierras se basó en la consecución de información de qué procesos o qué tipos de trámites había, pero no basó en lograr resultados.

¿Cuántos años estamos atrasados en cuanto al tema de tierras para cumplir lo acordado en La Habana?

Desde 2016 hasta 2022. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que ponernos al día con la tarea que los dos estudiantes anteriores no hicieron y que no fueron muy juiciosos, sobre todo el último. Debemos ponernos al día de manera que el Gobierno que siga encuentre un escenario más fiable y razonable respecto a la implementación. El presidente ha dicho que en su cuatrienio se compromete a entregar un millón y medio de hectáreas en la reforma agraria, que sería la mitad de la meta pactada en el Acuerdo. Para eso estamos trabajando en la adecuación de la Agencia Nacional de Tierras, pues encontramos una agencia pequeña, centralizada y con todos los procesos parados en Bogotá. Ahora hemos crecido la ANT unas seis veces más grande de lo que era antes, tanto en presupuesto como en el personal, así como en la incidencia territorial. Tenemos una oficina en cada uno de los departamentos y estamos empezando a abrir equipos de trabajo en diferentes territorios que por su naturaleza y diversidad necesitan una creación primordial. Por ejemplo, en Tumaco, esto hace que tengamos una capacidad y un crecimiento que nos permita tener unos resultados mucho más grandes que esperamos puedan verse en el segundo semestre de este año.

¿El banco de tierras se construirá con la compra de predios en el marco del pacto del Gobierno de Gustavo Petro con la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán)?

Ese pacto con la Federación Nacional de Ganaderos es un acuerdo muy importante para generar las compras de tierras. El gremio está haciendo una gestión con sus afiliados que estén interesados en aportar tierras para las compras voluntarias, pero no solamente es con Fedegán, también estamos recibiendo ofertas de otros gremios y de personas que a título individual están queriendo ofertar sus tierras. Esto también es una muestra de que hay un proceso de desolación en el campo, de tierras y latifundios que son improductivos en donde la gente está encartada con la tierra y eso obedece a que hay agricultores que perdieron su educación sobre el campo, donde el papá era el agricultor y cuando se murió sus hijos ya no tiene esa vocación de trabajo en el agro y eso hace que mucha gente esté interesada en vendernos la tierra.

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Antes de asumir como ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica se desempeñó como directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT)

¿Cómo el Gobierno está verificando que esas tierras ofrecidas no sean tierras despojadas o baldíos de la nación invadidos por terratenientes o ganaderos?

Dentro del procedimiento que se estableció por parte de la Agencia Nacional de Tierras y conjuntamente con todo el sector estamos haciendo un mecanismo de articulación con la Unidad de Restitución de Tierras para poder hacer las verificaciones en vivo y en directo de que no se estén presentando situaciones de tierra involucradas en procesos de reclamación por víctimas del conflicto armado. Trabajamos conjuntamente con el equipo de la Agencia Nacional de Tierras y de la Unidad de Restitución que nos está avisando de todas las ofertas de compras de tierras. Ese es uno de los faros estructurales para darle viabilidad a las compras.

¿Han encontrado que algunos predios ofrecidos tengan estas características de despojo o que sean de baldíos?

Hay varias razones por las cuales no se viabiliza las compras de tierras. La principal está relacionada con la capacidad y la vocación productiva de la tierra, también por extensiones porque estamos buscando tierras de grandes extensiones, ya que la reforma agraria justamente busca eso, tierras de grandes extensiones improductivas para poder redistribuir y generar desarrollo productivo. También hay exclusión por temas ambientales que impiden poder generar desarrollo productivo agropecuario como el que queremos en estas tierras y también por razones de falta de saneamiento, me imagino que por temas de restitución también hay casos, no puedo precisar si de las ofertas de Fedegan o de los gremios cuantas hayan sido excluidas por esta razón.

Para los que ya tienen la tierra, pero no está formalizada, ¿cuál es el proceso que viene en este Gobierno? ¿Esto hará parte de la Ley de jurisdicción agraria aprobada esta semana?

Los campesinos que teniendo tierra y no la tiene legalizada son los campesinos que acceden a los procesos de titulaciones de baldíos, de bienes fiscales y de procesos de formalización de la propiedad, en eso la Agencia Nacional de Tierras tiene todas las facultades para resolverlo y en los casos donde haya controversia o conflictividades, para eso es era urgente la aprobación de la jurisdicción agraria.

¿Cuándo entrarán en función los jueces agrarios y las salas de tribunal agrarias que permitirán resolver por la vía de la justicia todos los asuntos que están esperando respuesta en la ruralidad y los cuales generan conflictos?

En este momento las demandas de tierras se están presentando ante jueces civiles, eso es por la falta de la jurisdicción agraria y hace que los procesos sean lentos, se dilaten y los jueces no tengan la capacidad para resolverlos de manera más eficaz. En la reforma constitucional de la jurisdicción agraria se estableció que en un tiempo de seis meses teníamos que hacer la implementación. Hemos acordado generar una mesa técnica entre el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y nosotros que nos permita, ahora en este receso de la Legislatura del Congreso, elaborar el borrador de la ley que reglamentará la implementación de la jurisdicción, de manera que podamos realizarla el 20 de julio y cumplir con las fechas que se fijaron en la reforma constitucional. Necesitamos que la jurisdicción sea más humana y que tenga presencia en los territorios. Debemos crear los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en instancias judiciales que permitan a las personas ponerse de acuerdo y de esa manera que la justicia agro también sea una justicia de reconciliación y convivencia.

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Jhenifer Mojica se considera una defensora de derechos humanos de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y víctimas de la violencia.

¿Esta jurisdicción ayudará a superar esos conflictos entre pequeños campesinos y grandes terratenientes?

Esa es la causa de nuestra emoción. De pronto a los citadinos les parece que la noticia de crear leyes agrarias no sea importante, pero cualquier persona que tenga relación con el campo sabe lo que significa esto y tener mecanismos judiciales para resolver las diferencias y poder acudir a una instancia efectiva que permita resolver disputas sobre el agua, la formalización de la tierra y que garantice los derechos de los campesinos y agricultores: eso es la paz total. Por eso la emoción de poder lograr tramitar esta jurisdicción que nos ayudará a resolver conflictos que son inherentes a la humanidad, vamos a seguir teniendo conflictos, pero que podamos resolverlos en una instancia jurídica, con un debido proceso y con garantías para todos y todas los campesinos y no a través de las vías de hecho, de la violencia, es la manera de desembar para siempre la reproducción del conflicto armado en Colombia.

¿Cuál es la prioridad que le dará este gobierno al sector agrario con enfoque de género?

El enfoque de género para nosotros se traduce en unas políticas de mujer rural oficiales, es algo que atraviesa todas las políticas del sector, no solamente las tierras, sino también las de fomento, la de inversiones, de desarrollo, las de ciencia y tecnología. Generamos mecanismos de protección y de mayor productividad de la economía del cuidado que ejercen las mujeres, también hay que reconocer el gran aporte que hacen en cuidar la producción de las pequeñas escalas que nos alimentan y en cuidar al planeta. Entonces para nosotros eso es central, nosotros en el Ministerio de Agricultura tenemos una política rural y un fondo de mujer rural que por primera vez logramos en instancias de participación. Ahora se están elaborando la propuesta y el programa para la revisión y actualización de las políticas rurales que permitan la construcción conjunta de otros instrumentos necesarios para responder de manera adecuada a esos reclamos.

¿Cómo hacen las mujeres para acceder a esos beneficios que se plantean desde el ministerio?

Cada entidad ha implementado diferentes mecanismos. Por ejemplo, en materia de créditos tenemos líneas especiales para mujeres rurales y de economía popular, que están diseñadas para las mujeres que necesitan microcréditos para sus emprendimientos y alternativas económicas, también tenemos líneas especiales para afros, jóvenes, estas líneas especiales generan unos créditos con unos intereses muy bajos, los más bajos del mercado, con unas tasas de subsidio y aseguramiento que nosotros hacemos desde el Ministerio de Agricultura y asumimos para que en lugar de interesarse el sector financiero en los intereses, estos se introduzcan a los problemas de la gente. Pero nos falta tener una mayor comunicación con las mujeres. Es un desafío porque todavía está en la cabeza de las mujeres campesinas que nadie les presta dinero, que si no tienen experiencia crediticia nadie les presta, que si no tienen garantías no les prestan, todo eso debemos derribarlo, especialmente con el Banco Agrario que es el banco público más grande que hay en el país y de la economía popular al que le queremos apostar. Estamos tocando todas las puertas con el Sena haciendo que las mujeres rurales y que el campesino sientan que de verdad estamos dándoles créditos. Tenemos la posibilidad de apalancar más de 5 millones de pesos en este momento para poder darle fianza y darle apoyo económico a todas estas iniciativas de transformación productiva.

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Jhenifer Mojica reemplazó a Cecilia López en el Ministerio de Agricultura. Una de sus tareas es sacar adelante la reforma agraria
y convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria.

¿Cuáles son las prioridades que recogió el Gobierno tras la Convención Nacional Campesina de 2022?

Hay todo un libro. Yo digo que nos toca aprender en el camino porque fue la primera vez que se hizo una instancia de participación de esta dimensión. Es una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. El campesinado, además de ser marginado, excluido y no ser reconocido, también fue la principal víctima de la violencia en Colombia y eso llevó a que organizaciones campesinas fueran masacradas y excluidas. Eso hace que el movimiento campesino hoy se tenga que reconstruir, ya que es diverso por sus tipos de organizaciones, diverso por su producción y por su representación territorial. Espero que la reforma constitucional sea un bálsamo que nos permita resolver estas diferencias y nos deje avanzar. El libro es un diagnóstico nunca antes visto, es un diagnóstico hecho por la gente, es una pieza muy valiosa de análisis y no solo para el Gobierno del presidente Petro, sino es una mirada de país sobre lo que los campesinos dicen que es lo que necesitan.

¿Qué aspiración tiene el gobierno de Gustavo Petro frente al cumplimiento de todos estos compromisos con los campesinos de Colombia? ¿Hasta dónde podrá cumplir en estos cuatro años?

El Gobierno se la juega toda para dar respuestas. Entendemos que es la primera vez en la historia de Colombia que hay un gobierno elegido de base popular campesina y que conoce y siente de frente las necesidades y las vicisitudes de la vida del campo, y por eso, está jugado a hacer todas las acciones y todo lo que sea necesario para dar respuestas. Ahora, no todo se puede resolver, toda la historia de discriminación, pobreza extrema, pobreza estructural no se puede resolver en tres años de gobierno. Por eso, las instancias de participación y de movilización campesina y social tiene que generarse para acompañar esta construcción de la política y deben volverse prioridad. Nosotros queremos gobernar en el territorio y ser un gobierno popular. El presidente nos ha pedido construir esos espacios de movilización social para apoyar las reformas, que no solamente son las que se hacen con el Congreso y que construimos conjuntamente, ahora viene la implementación.

¿Que es más difícil la implementación de la jurisdicción agraria o unir al Congreso para que se apruebe?

La implementación porque hay un millón de cosas por hacer. Nosotros somos conscientes que no se va a lograr hacer todo, pero lo que si queremos hacer es lo que las comunidades y organizaciones pidan. Eso pasa por un proceso activo y de desarrollo, nosotros vamos a trabajar con la gente que produce alimentos y debemos ayudarles a que produzcan más, también con las personas que se la han jugado para que Colombia sea una potencia agroalimentaria. Esperamos tener unas líneas de trabajo directas con las comunidades.

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