El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado en junio de 2024 en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, tras una investigación de la DEA y de las autoridades de Honduras que probaron sus nexos con los carteles de la droga de Colombia y México. Testimonios de capos, documentos judiciales y reportajes de la prensa hondureña muestran cómo se tejió esa gobernanza criminal. Hoy, el partido de Hernández pelea por regresar al poder de la mano de Donald Trump, quien lo indultó a pesar de la sentencia judicial.
Por: David González M.
En cuestión de días, el hombre que gobernó Honduras durante ocho años pasó de estar encerrado en una prisión federal de alta seguridad en Estados Unidos a quedar en libertad mientras la justicia de su país reactivó una orden de captura internacional en su contra. Juan Orlando Hernández, presidente entre 2014 y 2022, fue condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por conspirar para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos y por poner el aparato del Estado hondureño al servicio de ese negocio.
Según la Fiscalía estadounidense, Hernández fue una pieza clave de un corredor que conectaba laboratorios de cocaína en Colombia con territorios controlados por el cártel de Sinaloa en México: Honduras funcionaba como punto de trasbordo y, desde la Presidencia y el Congreso, el entonces presidente hondureño garantizaba que las instituciones protegieran ese flujo a cambio de sobornos de los capos. En los documentos judiciales aparece como el rostro político de un narcoestado.
Fragmento de un escrito de la Fiscalía de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se describe a Honduras como punto de trasbordo entre los laboratorios de cocaína de Colombia y los territorios controlados por el cártel de Sinaloa, y se señala el papel de Juan Orlando Hernández en la protección de ese corredor.
El 1 de diciembre de 2025, Donald Trump le concedió un indulto que borró la pena de 45 años y le abrió la puerta de la cárcel. Hoy, la justicia hondureña intenta alcanzarlo de nuevo: el fiscal general Johel Zelaya pidió a Interpol hacer efectiva una orden de captura emitida en 2023 por lavado de activos y fraude, mientras el paradero del expresidente no ha sido revelado públicamente. Esta es la historia de cómo se construyó ese poder, quiénes lo apuntalaron y por qué, después de la condena, sigue siendo útil para las derechas del continente.
Las pruebas contra el presidente narco
La condena contra el expresidente por delitos de narcotráfico y uso de armas fue la confirmación judicial de que Honduras había sido cooptada por una estructura de gobernanza criminal que alcanzó los más altos niveles del poder. Esa fue la tesis de los fiscales estadounidenses: Honduras había sido convertida en un “narcoestado”. Para llegar a esa conclusión, investigadores hilaron durante años las relaciones entre el narcotráfico y el poder político en el país centroamericano.
La Fiscalía de Estados Unidos construyó su caso con una base amplia de testimonios de cooperantes y pruebas documentales que evidenciaron que Hernández lideró, primero como presidente del Congreso y luego como mandatario de Honduras, la transformación de ese país hacia uno al servicio de los cárteles del narcotráfico. El expresidente fue acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y de usar e importar ametralladoras durante la conspiración. La Fiscalía sostuvo que el actuar de Hernández no se limitó a su periodo como mandatario, sino que se extendió a lo largo de toda su carrera política. Así, según las autoridades judiciales estadounidenses, se logró demostrar un patrón de colaboración criminal entre el presidente y varios capos del narcotráfico.
En un escrito presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía describió a Honduras como un “punto de trasbordo” entre los laboratorios de cocaína de Colombia y los territorios controlados por el cártel de Sinaloa en México, y señaló que el papel de Hernández en proteger ese corredor fue “vital” a cambio de sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esa lógica de “narcoestado” no solo aparece en los expedientes de los tribunales de Nueva York. Investigaciones del medio hondureño de investigación Reporteros de Investigación muestran que, a partir de que Juan Orlando Hernández tomó el poder, los asesinatos dejaron de ser simples ajustes de cuentas y se convirtieron en una herramienta de gobernanza criminal: ejecuciones ejemplarizantes de rivales, críticos, periodistas, fiscales y defensores de territorios, muchas veces con escenas de extrema violencia —cuerpos encostalados, desmembrados, torturados— destinadas a consolidar rutas de la droga, enviar mensajes de terror y sostener la estructura política del clan Hernández.
La evidencia más concluyente provino de los mismos narcos: testigos que trabajaron directamente con Hernández y su círculo cercano. Uno de ellos fue Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, quien declaró haber presenciado una reunión entre el mandatario hondureño y el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ardón, además, afirmó haber entregado sobornos para financiar la campaña política de Hernández a cambio de protección contra investigaciones.
Otro testimonio clave fue el de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, quien corroboró la existencia de una red de protección institucional que garantizaba las operaciones del narco. Lobo aseguró que el exmandatario estaba implicado en el tráfico de drogas y relató que, en una reunión en un restaurante de Tegucigalpa, Hernández le solicitó usar sus influencias para rescatar una avioneta cargada de cocaína que había sido decomisada en Roatán, Islas de la Bahía. Según la acusación, el propio Lobo declaró que se pagaron sobornos a Hernández Alvarado, a quien consideraba su amigo.
Lobo, además, dijo tener conocimiento de los sobornos que pagó El Chapo Guzmán a Juan Orlando Hernández. Fabio Lobo fue capturado por agentes de la DEA en 2015 en Haití y, en mayo de 2016, se declaró culpable de tráfico de cocaína a Estados Unidos. En 2024 se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía y no solo confesó la relación de Hernández con el narco, sino que también afirmó que su padre, el expresidente Porfirio Lobo, participó en el narcotráfico cuando estuvo en el poder.
Pero la condena contra Hernández no se sustentó solo en testimonios de cooperantes, sino también en evidencias documentales. Entre ellas hubo pruebas físicas que lo vinculaban con el narcotráfico, como las “narcolibretas” encontradas por la Policía Militar hondureña en 2018, en un compartimento oculto del vehículo del narcotraficante Nery Orlando López, conocido como “Magdaleno Meza”.
Estas libretas, usadas como contabilidad del negocio, contenían registros detallados de pagos y envíos de drogas. En las páginas aparecían apuntes con las iniciales “JOH”, que lo vinculaban directamente con las operaciones financieras de los cárteles, según la interpretación de los fiscales y los investigadores.
Otra pieza clave del juicio fue el testimonio de Devis Leonel Rivera, alias “El Cachiro”, líder del cartel “Los Cachiros”, un grupo de antiguos ladrones de ganado que llegaron a convertirse en protagonistas del comercio de cocaína entre organizaciones colombianas y mexicanas. En un acuerdo con la DEA, los líderes de este grupo se entregaron en enero de 2015.
“El Cachiro” reveló en el juicio contra JOH que grabó encuentros con políticos utilizando dispositivos ocultos en su reloj, siguiendo instrucciones de la DEA. También dijo haber financiado campañas políticas de más de 25 diputados del Congreso Nacional de los tres principales partidos de Honduras.
Las evidencias sobre el narcoestado hondureño son públicas en los resúmenes de juicios de la prensa hondureña y en los propios documentos de los tribunales federales de Estados Unidos y de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Con ese acervo probatorio, nada hacía pensar que la historia judicial de Hernández pudiera cambiar. Sin embargo, en 2025 entró en escena un actor decisivo: Donald Trump, que convirtió el expediente del expresidente hondureño en una pieza de su juego geopolítico y de sus alianzas con narcopolíticos de la derecha latinoamericana.
El indulto de Trump y su relación con narcopolíticos latinoamericanos
A pesar de las evidencias, la condena y el largo proceso de investigación, el respaldo de Trump a Hernández se dio en dos tiempos. El 28 de noviembre, dos días antes de las elecciones del 30 de noviembre en Honduras, el expresidente estadounidense intervino de lleno en la campaña: desde su red social respaldó abiertamente al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, condicionó la ayuda de Estados Unidos a su triunfo —“si no gana, no seguiremos despilfarrando dinero en Honduras”— y vinculó ese apoyo a la promesa de un indulto para Hernández. El segundo movimiento llegó después de la votación: el 1 de diciembre, con el conteo bajo sospecha y el país enredado en denuncias de fraude, Trump firmó el “perdón total” y el exmandatario salió de la prisión federal de alta seguridad en Pensilvania donde cumplía su condena por narcotráfico.
Días después de los comicios del 30 de noviembre, el tribunal electoral aún no ha proclamado un ganador y el candidato opositor Salvador Nasralla denuncia un “robo electoral” y señala irregularidades en el conteo. Lo cierto es que, mientras en Honduras se disputa el resultado voto a voto y el país camina en medio de la incertidumbre poselectoral, en Estados Unidos el expresidente Juan Orlando Hernández ya está en libertad tras el indulto y ha dicho que no piensa regresar a su país.
El perdón a Hernández se enmarca en una serie de transacciones geopolíticas de lo que analistas han denominado la Doctrina Trump, donde se premia la lealtad política y la afinidad ideológica por encima de cualquier otra consideración, como los valores de adversarios políticos. Así, las alianzas con políticos de derecha, incluso si han sido señalados o condenados por narcotráfico, son denunciadas por críticos como una forma de reconstruir “mafias de derecha” en América Latina, en nombre de la política de America First. Así lo planteó, por ejemplo, el reportero estadounidense Douglas Farah en una conversación con la periodista María Jimena Duzán.
El medio hondureño, Reporteros de Investigación identificó al menos diez personas indultadas por Trump que volvieron a delinquir —en casos de corrupción, narcotráfico y otros delitos graves—, dibujando un patrón de indulgencia hacia criminales peligrosos que vuelve aún más escandaloso el perdón al expresidente hondureño. No se trata solo de un indulto aislado, sino de una política de perdones y levantamiento de sanciones que beneficia a un perfil muy específico de aliados. Los criminales indultados por Trump van desde republicanos aliados acusados de corrupción, donantes de sus campaña y aliados políticos.
La alianza con el sector político de Hernández en Honduras es solo una más en un mapa que también incluye las afinidades con el uribismo en Colombia o con el cuestionado presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien enfrenta investigaciones por los vínculos de sus empresas con el tráfico de cocaína. En 2017, por ejemplo, Juan Orlando Hernández apareció en reuniones públicas con Álvaro Uribe Vélez, referencia de la derecha colombiana, en encuentros de líderes conservadores que buscaban articular agendas comunes de seguridad y “lucha contra las drogas”. En Paraguay, ese mapa se extiende al expresidente Horacio Cartes: en 2003, el diario La Nación tituló “Hallan 16.800 kilos de droga en tierras de Horacio Cartes”, un episodio que la prensa y diversos informes internacionales han retomado como símbolo de las sospechas sobre sus vínculos con el narcotráfico, aunque él ha negado cualquier responsabilidad penal. En 2023, Estados Unidos lo sancionó por “corrupción significativa” y por obstruir investigaciones sobre crimen organizado; el posterior levantamiento de esas sanciones fue leído por analistas como un gesto político hacia un aliado clave de la derecha regional.
Trump ni siquiera parece molestarse en ocultarlo, en su documento sobre estrategia de seguridad nacional afirma: “Nuestras metas para el Hemisferio Occidental se resumen en ‘Reclutar y Expandir’. Reclutaremos a nuestros aliados en el Hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzamos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del Hemisferio.”
El analista geopolítico estadounidense Ben Norton ha advertido que esta estrategia pasa por reclutar aliados de la derecha, incluso cuando han sido señalados como narcopolíticos, contener a las fuerzas soberanas bajo el estigma del “narcocomunismo” y desplegar todo el poder militar si es necesario, como lo demuestran los recientes bombardeos contra lanchas en el Caribe en nombre de la “guerra contra las drogas”.
Norton sentencia en su programa: “El gobierno de EE.UU. está transmitiendo públicamente a todos los traficantes de drogas y oligarcas corruptos de derecha en América Latina que deben robar elecciones y el gobierno de EE. UU. los apoyará, Donald Trump dará un apoyo del 100% a estos traficantes de drogas.”
En paralelo, Reporteros de Investigación ha mostrado cómo esta estrategia se traduce en Honduras en un ciclo de caos electoral, apagones en el conteo de votos y normalización de la narcopolítica, donde el indulto a Hernández y el respaldo abierto de Trump a Nasry Asfura forman parte de una misma jugada para garantizar la continuidad de una estructura criminal en el poder.
