El Estado Mayor Central, una de las disidencias, amenaza con asesinar a los firmantes de paz asentados en la región entre el Huila y El Pato, en Caquetá, donde desarrollan sus proyectos productivos luego de la firma de los acuerdos. Audios de los comandantes de Iván Mordisco revelan los detalles. Pretenden imponer su ley en una región histórica de las antiguas Farc.
Por: Redacción Revista RAYA
Víctor Hugo Silva, firmante del Acuerdo de Paz y miembro de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz (Cooagropaz), tuvo que salir del territorio en las últimas semanas a raíz de la retención, interrogatorio y posterior amenaza de muerte que le impuso el Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco. Un grupo ilegal que surgió tras no acogerse al proceso de paz de 2016, el mismo que tiene nexos con exmilitares en otras regiones del país como Norte de Santander y Arauca. Si bien sus voceros han expresado tener voluntad de paz en la mesa de negociación que tienen con el gobierno, esto no aplica para el norte del Huila, donde han sucedido varios atentados contra la fuerza pública, y la región del Pato, donde las amenazas contra los firmantes y campesinos son constantes. Allí están en peligro la vida de los firmantes y sus proyectos de vida alrededor de inversiones que ha realizado el Estado y la cooperación internacional a través de la Unión Europea, que por cuenta de las presiones se encuentran abandonados.
En el primer caso, las amenazas llegaron a los voceros de Cooagropaz, que nació en julio de 2018 con un grupo de 70 excombatientes, con el objetivo de impulsar proyectos productivos de ganadería bovina, caprina, apicultura y cultivos de café, entre otros, que al día de hoy suman más de 800 asociados entre firmantes de paz de las Farc, víctimas, campesinos y ex paramilitares del proceso de Justicia y Paz. El pasado 13 de abril la cooperativa hizo la denuncia pública, pero dos días antes fueron citados a una reunión dos de sus integrantes por el Estado Mayor Central. Entonces, les plantearon las razones de su presencia y permanencia en ese territorio y su visión de la “Paz Total”. En la misma denuncia de Cooagropaz se advirtió que la reunión se tornó extraña cuando un mando de esas disidencias, le ordenó al firmante de paz y representante legal de la cooperativa, Víctor Hugo Silva Soto, a quien llaman “Chivo”, quedarse con ellos “porque tenían que hablar de situaciones más delicadas”.
En el documento, radicado en el Ministerio del Interior y otras entidades del Estado, así como ante la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Cooagropaz aseguró que la retención de “Chivo” tenía dos propósitos puntuales: señalarlo de ser vocero de la Segunda Marquetalia, y obligarlo a llevar gente de la cooperativa a reunirse con ellos: “Ya el 13 de abril, en otra reunión, esta vez con Cipriano, otro mando de esas disidencias, de manera temeraria, hizo afirmaciones acusando directamente al compañero Víctor Hugo Silva Soto de ser responsable de la presencia de personal de la Segunda Marquetalia en el área, a los cuales consideran traidores, al igual que a los firmantes del acuerdo de paz. Así mismo, le exigieron llevar personas de la cooperativa para reunirse con las disidencias de alias “Iván Mordisco””.
Según Silva, él fue estigmatizado como si se tratase de un armado igual que ellos, le dijo a la Revista RAYA: “En cierto momento dicen que no van a permitir que las personas le colaboren a la Segunda Marquetalia. Yo les digo que eso no es cierto y que si tienen pruebas era bueno conocerlas, cosa que no ha pasado”. Sobre la petición de llevar a los asociados de Cooagropaz a las reuniones organizadas por el Estado Mayor Central, expresó lo siguiente: “Les dije que en ningún momento yo iba a poder realizar esa situación porque tengo una serie de compromisos firmados, que hicimos los firmantes de paz, y es no volver a reincidir en estos delitos, pero me dijeron que no y que me esperaban al otro día con la gente”. Víctor Hugo Silva nunca llegó a la reunión y desde ese momento tuvo que salir desplazado de la región.
Cuando se registró dicha reunión, la cooperativa activó sus canales de protección y le informó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, principalmente, sobre la retención de Silva. La respuesta del representante de esa oficina, Danilo Rueda, llegó por medio de un mensaje de audio días después. “Lamento profundamente los hechos ocurridos en los últimos días, pero más allá de ese lamento va nuestra expresión de solidaridad, pero también nuestra manifestación clara que desde que recibimos la información activamos el mecanismo que tenemos para prevenir daños irreparables y hacer exigencias al EMC de por qué los llevó forzosamente a esa reunión, apenas tuvimos conocimiento hicimos esa intervención y el grupo, en sus niveles de dirección, asumió la responsabilidad precisando que no hay ninguna pretensión de seguir generando zozobra a los y las integrantes de la corporación”, le respondió el funcionario a la cooperativa a través de un audio. No obstante, Silva denunció que la promesa de que los dejaran en paz en su territorio no se cumplió, pues él y otros de sus compañeros terminaron desterrados.
Otro de los miembros de Cooagropaz que estuvo en la reunión obligatoria del Estado Mayor Central fue Guillermo Arango, también firmante del Acuerdo de Paz. Le dijo a la Revista RAYA que las disidencias al mando de Eduardo Franco, del frente Dario Gutiérrez del EMC, fueron las encargadas de efectuar las amenazas. “Fuimos ordenados a subir porque presuntamente necesitaban saber qué hacía la cooperativa en la región, porque ellos ya habían llegado a hacer presencia efectiva y material en el territorio y necesitaban conocer a las organizaciones”, puntualizó. Pero, de acuerdo con su relato, las intenciones del Estado Mayor Central eran otras y giraban en torno a buscar protagonismo para iniciar una mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional. Según Guillermo, el comandante de ese frente, Eduardo Franco, les manifestó a los firmantes de paz que esa disidencia estaba invitando a las juntas de acción comunal y organizaciones sociales de la región de El Pato a una asamblea campesina en las Sabanas del Yarí que se iba a realizar en los próximos días. “Fue más que todo una invitación condicionada. Nos ordenaron organizarnos y conseguir recursos porque teníamos que ir. Incluso, dijeron que si era necesario ellos se encargaban del transporte”.
Precisamente, esa reunión la organizó el Estado Mayor Central y se realizó justo en los días de la “invitación” que les hizo a los integrantes de Cooagropaz. El 16 de abril, cuatro días después del encuentro y retención de “Chivo”, el Estado Mayor Central de las Farc anunció la instalación oficial de la mesa de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro. Desde un lugar denominado Casa Roja, ubicada en los llanos del Yarí, la vocera Ángela Izquierdo dijo: “Anunciamos ante todo el mundo que nuestros delegados a la mesa de diálogo con el Estado colombiano, en cabeza del Gobierno nacional, ya están listos para el 16 de mayo del presente año empezar las negociaciones de paz”. El pasado 2 de septiembre, el Alto Comisionado para la Paz informó que se lograron acuerdos entre ambas delegaciones para empezar un proceso de paz. “Se definieron grupos trabajos técnicos sobre cese al fuego, protección de la población civil, mecanismos de verificación y otros protocolos y esto se va a evaluar el próximo 17 de septiembre que es la siguiente cita entre las dos delegaciones para preparar la instalación”, aseguró el comisionado de paz.
Aunque han pasado cinco meses desde el encuentro con los mandos del EMC, los hombres de Iván Mordisco continúan ejecutando amenazas y hostigamientos en contra de los miembros de Cooagropaz, especialmente contra Víctor Hugo Silva. En la mayoría de los casos, las amenazas les llegaron por medio de audios o en reuniones con la sociedad civil que han convocado los armados: “En ellos (audios) se dice que yo no soy bienvenido en la zona y no se me permite el ingreso. Y pues manifiestan que soy un objetivo militar de ellos. Eso también pone en riesgo a la gente de mi alrededor. Son amenazas bastante delicadas que vengo poniendo en conocimiento de la JEP y del Gobierno Nacional. Nosotros hemos propuesto una salida política, pero se han venido presentando un sinnúmero de situaciones de violencia en el territorio”, dijo el firmante de paz.
La última amenaza que recibió “Chivo” no solamente estaba dirigida a él, sino también a la comunidad de El Pato y a los firmantes del acuerdo de paz. Fue en agosto de 2023 y, por medio de un audio, que conoció RAYA, Eduardo Franco envió un mensaje de advertencia: “Si son tan bravos pues que se vayan con el “Chivo”, acá los vamos a estar esperando, y si no, pues que se pongan serios a trabajar, porque eso sí les digo, el Ejército no va a durar toda la vida por allá. Eso se lo puedo garantizar. Cuando nosotros lleguemos vamos a llegar tomando medidas serias y drásticas frente a ese tema, porque la gente a estas alturas de la vida todavía cree que nosotros estamos mamando gallo, porque nosotros somos un juego”.
Otra amenaza del mismo grupo armado al mando de Iván Mordisco sucedió el 17 de mayo de 2023. Según la Red Nacional de Derechos Humanos (Renadh), otro firmante de paz de la región de El Pato, a quien le reservamos el nombre por su seguridad, recibió hostigamientos por el Estado Mayor Central. En este caso la víctima es un líder campesino y fundador de la Cooperativa Iván Marulanda y de la Unidad Popular Agroambiental por la Paz del Sur de Colombia (Upazsur). Según la denuncia, ese día, alrededor de las 5 de la tarde, hombres armados abandonaron una camioneta blanca en inmediaciones de su residencia, en la vereda La Libertad (Caquetá). Este hecho fue denunciado por las organizaciones de la región, pues en días previos habían recibido audios solicitando el pago de una camioneta.
Según la Red Nacional de Derechos Humanos, posterior a este mensaje el comandante Calarcá Córdova, quien dice hablar en esos audios, continuó hostigando y amenazando a los campesinos y firmantes de paz en la región. Asimismo los responsabilizó por la camioneta y por la retención que hizo la guardia campesina de las dos personas que la dejaron abandonada. En ese sentido, el 14 de mayo el comandante Calarcá Córdova le envió otro mensaje más enfático exigiendóle la devolución del carro. “Hola, buenas tardes, cómo está, necesito el carro aquí en La Lozada. Ustedes verán cómo lo van a traer y necesito razón de los muchachos detenidos”.
Según la Defensoría del Pueblo, para los días en que apareció la camioneta en la vereda La Libertad, una facción del EMC ingresó a la Zona de Reserva Campesina Río Pato y Valle de Balsilla, lo que generó disputas con la Segunda Marquetalia que se tradujeron en graves riesgos para la vida, integridad, libertad y seguridad de la población civil. De acuerdo con la denuncia de Renadh desde que Víctor dejó el departamento de Caquetá las amenazas, la persecución y el seguimiento a él y a su familia se han agudizado, puesto que integrantes del Estado Mayor Central lo preguntan en reuniones de los armados donde amenazan con asesinarlo.
Debido a la situación de riesgo inminente que enfrentan los firmantes de paz y la población civil que habita en la región de El Pato, la Defensoría del Pueblo emitió el 18 de mayo de 2023 la alerta temprana 018 en la cual advierte que el ingreso del Estado Mayor Central a la zona y su enfrentamiento con la Segunda Marquetalia han derivado en la ocurrencia de hechos de homicidio, desaparición forzada y enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, “conductas podrían escalar de manera grave y rápida a nuevos casos de amenaza, confinamiento, desplazamientos individuales y masivos, desaparición forzada, ataques contra la vida e integridad de las comunidades”.
En el mismo documento de la entidad se hace referencias a las estrategias que ha utilizado el EMC para consolidar su ingreso al territorio, según la Defensoría este grupo disidente ha ejecutado acciones contra quienes son señalados de “pertenecer” o “colaborar” con la Segunda Marquetalia, “hecho que incrementa la vulnerabilidad de líderes y lideresas de procesos organizativos y de las personas en proceso de reincorporación que se encuentran en el AETCR Oscar Mondragón de Miravalle”. Adicional a esto, allá se desarrollan importantes proyectos productivos fruto del acuerdo de paz, dijo Diego Armando Tello, asesor de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila: “En el departamento hay una connotación especial porque los proyectos productivos grandes que están financiados por la Unión Europea, como la producción de tilapia o mojarra, se hacen acá”.
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc, 396 firmantes han sido asesinados, a pesar de la solicitud de protección que han realizado ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que implementen medidas efectivas para la protección colectiva e individual de los excombatientes de las Farc y sus familias. Por ahora, el reciente firmante de paz asesinado en la región de El Pato fue Rigoberto Mendoza, el 9 de julio de 2023. El homicidio se produjo cuando el miembro de la Asociación Reincorporados de Puerto Rico (Caquetá) regresaba a su casa en el corregimiento La Aguililla. Su cuerpo fue encontrado por la comunidad con un letrero alusivo al frente Rodrigo Cadete que pertenece al Estado Mayor Central, las disidencias que amenazan la vida de los firmantes de paz en Huila y Caquetá. 
Fuente: Redes Sociales
El 4 de julio de 2022, en la ciudad de Neiva, también fue asesinado Ronald Rojas, conocido como Ramiro Durán, quien, al Igual que Victor Hugo Silva de Cooagropaz, venía liderando en proceso de reincorporación de un grupo de excombatientes en esta misma región del país. Según testimonios de campesinos, el Estado Mayor Central está detrás de este homicidio que aún permanece en la impunidad. Lo que ratifica que las amenazas de esta disidencia deben tomarse en serio.
El próximo 30 de septiembre Francisco Barbosa deberá responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por qué la Fiscalía no ha cumplido con debida diligencia las medidas cautelares que solicitó la justicia transicional para que se investigue y esclarezca los homicidios y amenazas de las que han sido víctimas los firmantes del Acuerdo de Paz. En varias oportunidades, la JEP le ha pedido al ente investigador que le presente los planes de acción que debía crear para proteger la vida de los excombatientes. Sin embargo, ha concluido que “se han entregado informes repetitivos y no ha dado cumplimiento, en consecuencia, a las órdenes que le fueron reiteradas”.
