Investigación

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RAYA revela una investigación estancada en la Fiscalía, que detalla cómo nueve clínicas solicitaron al sistema de salud más de $7.000 millones en medicamentos de alto costo para pacientes que nunca atendieron. Las tres que más formularon están en Barranquilla. La NUEVA EPS frenó que se robaran otros $14.000 millones con información falsa. Clínicas hablan de un cartel en el que no se incluyen, pero las evidencias apuntan a sus médicos especialistas. 

Por: Edinson Arley Bolaños 
Director Revista RAYA

Desde hace tres años, la Fiscalía General tiene en su poder una denuncia penal por fraude que involucra a 15 clínicas que formularon medicamentos de alto costo por más de $21.000 millones destinados a pacientes inexistentes. De estas, nueve concretaron el fraude por un total cercano a los $7.000 millones. RAYA presenta cómo opera el modus operandi en los cinco casos que representan las sumas más elevadas. Además, esta revista revela los nombres de las clínicas, sus representantes legales y sus médicos especialistas, quienes son los responsables de proteger la clave del software Mipres, por donde solicitan los medicamentos de alto costo a la EPS, en este caso a la estatal Nueva EPS, que el 13 de marzo de 2021 denunció estos hechos ante la Fiscalía. Según la denuncia, el fraude ocurrió entre 2018 y febrero de 2021, y la entidad evitó que se robaran otros $14.000 millones que fueron solicitados por medio del software por donde se sustentó la formulación con documentos espurios.

Las clínicas involucradas en el fraude reconocieron la situación, pero señalaron que sus médicos eran ajenos a este comportamiento fraudulento: “Las mismas (órdenes) no proceden de forma legítima de nuestros médicos especialistas ni tampoco pertenecen a pacientes que se hayan atendido en esta entidad”, advirtieron al unísono en diferentes respuestas. 

El informe de la Fiscalía, al que tuvo acceso esta revista, revela que la mayoría de las formulaciones ilegales fueron realizadas por cuatro clínicas, tres de Barranquilla y una de Bogotá, y un hospital público de Antioquia. Algunas de esas clínicas tienen antecedentes de corrupción en el sistema de salud, perpetrado por sus accionistas, pero ellos siguen en el mercado. “De las IPS relacionadas, se ha observado que las cinco primeras IPS prescriptoras, estas son: Organizacion Clinica Bonnadona Prevenir S.A.S., Procardio Servicios Medicos Integrales Ltda, Clinica Reina Catalina S.A.S, Clinica de la Costa, y E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita (Caucasia, Antioquia), abarcan la mayoría de los registros fraudulentos, estos son, con 436 prescripciones de las 517”, dice el informe de la Fiscalía. 

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La Clínica Bonnadona Prevenir ocupa el primer lugar en el fraude denunciado. El año pasado la entidad se ubicó en el puesto 32 entre las mejores de América Latina. Sin embargo, los documentos de la Fiscalía la señalan por haber solicitado con información falsa $5.384 millones de pesos por concepto de medicamentos de alto costo para pacientes que nunca atendió ese Instituto Prestador de Salud conocido como IPS. Además, la Nueva EPS no autorizó otros $2.204 millones en solicitudes de la misma clínica. 

Bonnadona Prevenir fue fundada en Barranquilla en 1993 por el oncólogo y uno de los dueños mayoritarios de la familia Osorio Dominguez, es decir, Carlos Alberto Osorio Chacón, quien es el actual representante legal. Según las evidencias que tiene la Fiscalía, él es uno de los profesionales de la salud que solicitó medicamentos de alto costo por $822 millones de pesos, los cuales están dentro del monto antes relacionado. Además, había formulado otros $432 millones de pesos, pero la Nueva EPS no autorizó la entrega de los medicamentos. Él y su familia tienen el 72% de las acciones de la clínica Bonnadona.

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La respuesta de esta clínica a la Nueva EPS llegó el 28 de julio de 2020, negando cualquier vínculo con el fraude. Argumentó que “ninguno de los pacientes relacionados está creado en nuestro sistema, es decir, usuarios con ese número de cédula no han recibido ninguna atención en nuestra institución”. En una respuesta posterior, del 7 de septiembre de ese mismo año, el médico Osorio Chacón reafirmó su postura: “las mismas (formulaciones) no proceden de forma legítima de nuestros médicos especialistas ni tampoco pertenecen a pacientes que se hayan atendido en esta entidad…procederemos a realizar las denuncias penales del caso”. 

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El problema de este último argumento es que las denuncias nunca se hicieron previo al descubrimiento del fraude por parte de la Nueva EPS, aún cuando la clave de acceso al sistema Mipres es única e intransferible y el Ministerio de Salud únicamente la entrega al representante legal de cada clínica o IPS. En este caso, el médico Carlos Alberto Osorio Chacón, quien es el representante de Bonnadona, aseguró que su clínica no tenía nada que ver y que se trataba de una mafia que inventaba todo. “Nosotros hemos dicho que alguien está suplantando a estos pacientes y a la clínica. Hay una mafia en el país que inventa todo”, concluyó.

Una versión que la Fiscalía debe profundizar, pues el detrimento patrimonial fue causado y las solicitudes de los medicamentos de alto costo se hicieron por médicos de esas clínicas, a través del usuario y contraseña de Mipres que el Ministerio de Salud le entregó al representante legal de cada clínica. Es decir, si existiera una mafia que falsificó documentos y firmas de los médicos, aún faltaría otro paso mucho más complejo: vulnerar las claves de acceso o hackear el sistema. “Cosa que es casi imposible, porque sino ya lo supiéramos”, dijo una fuente del Ministerio de Salud que le explicó a RAYA cómo funciona el proceso de autorización de los medicamentos de alto costo que no están dentro de lo que paga el Estado a las EPS por cada paciente.   

Los documentos que la Nueva EPS le entregó a la Fiscalía no solo evidencian que existieron 517 solicitudes de medicamentos de alto costo o prescripciones, sino que también, luego de ese paso, terceras personas reclamaron los medicamentos. “Para finalizar con la defraudación, después de prescritos los medicamentos a través de Mipres y obtener los soportes correspondientes –espurios–, terceras personas indeterminadas reclamaban los medicamentos de alto costo. Es preciso advertir que, claramente los terceros conocían sobre las irregularidades en las prescripciones vía Mipres y también tenían acceso a los documentos espurios para poder reclamar los medicamentos, pues de qué otra forma, podrían acceder a estos”, se pregunta la Nueva EPS en su denuncia. 

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El segundo lugar lo ocupa la Clínica Reina Catalina, también de Barranquilla, la cual formuló medicamentos de alto costo para pacientes falsos por $715 millones de pesos. Los dueños de esta IPS (Instituto Prestador de Salud) son el reconocido cirujano plástico Ricardo Manzur Ayala y su esposa María Eugenia Medina Mendoza. Una vez la Nueva EPS solicitó información sobre el uso de estos medicamentos y las historias clínicas de los pacientes, la Clínica respondió, un mes más tarde, que los pacientes por los que solicitaron medicamentos de alto costo “ninguno registra atenciones en nuestra base de datos de historias clínicas. Por tanto, estos pacientes, no fueron atendidos en nuestra institución”. En ese momento, la Nuevas EPS evitó que se entregaran otros $1.753 millones de pesos que estaban solicitados.  

Seis meses después que la Nueva EPS informó sobre las anomalías, el 16 de enero de 2021, la clínica presentó un oficio de un médico manifestando una presunta suplantación. “El Dr. Wilfredo Armesto Coll, médico especialista medicina interna de la Clínica Reina Catalina, remitió oficio a Nueva EPS, donde manifiesta una presunta suplantación”.

El médico Coll aparece en el listado de profesionales de la salud que autorizó de manera irregular el supuesto uso de medicamentos de alto costo para pacientes fantasmas. En la tabla, que reposa en la investigación de la Fiscalía, aparece que con su contraseña intentaron 39 veces fingir la necesidad de los medicamentos. No obstante, de los $1.909 millones de pesos que sumaban los medicamentos solicitados por medio de su usuario, apenas $270 millones se materializaron. 

El tercer lugar en el fraude lo ocupa la Clínica de la Costa, igualmente de Barranquilla. Según el informe de la Fiscalía, la clínica autorizó medicamentos por valor de $557 millones de pesos a pacientes falsos. La Nueva EPS descubrió el fraude y evitó el pago de otros $1.307 millones de pesos en solicitudes adicionales. A pesar de las consultas realizadas por la EPS estatal hace seis meses sobre estos hechos, la Clínica de la Costa no ha emitido ninguna respuesta. 

Esta clínica fue fundada en Barranquilla en 1991 y sus dueños son los médicos especialistas Andrés Gustavo Cadena y Gustavo Aroca Martínez, quienes han tenido una larga controversia con la justicia por comprar un lote, donde hoy funciona el parqueadero de su Clínica, que fue incluido por el exjefe paramilitar Miguel Angel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, entre los 57 bienes que entregó a la justicia para reparar a las víctimas. Aunque los médicos alegaron ser compradores de buena fé, la justicia les secuestró dicho predio. 

El cuarto lugar lo ocupa la Clínica Procardio Servicios Médicos Integrales, cuya oficina principal está en el norte de Bogotá. A esta clínica le autorizaron más de $189 millones de pesos en medicamentos de alto costo para pacientes falsos. La Nueva EPS, cuando empezó a detectar el fraude, se abstuvo de girar otros $3.537 millones de pesos que estaban destinados a los mencionados pacientes fantasmas. 

En noviembre de 2020, la Clínica Procardio respondió a las denuncias de la EPS afirmando que los pacientes mencionados en las solicitudes nunca habían asistido a la clínica. “Una vez revisados cada uno de los pacientes que ustedes relacionan como posibles beneficiarios de las prescripciones Mipres, ejecutadas aparentemente por nuestros médicos, se evidencia que nunca han asistido a Procardio SAS ni siquiera al servicio de urgencias”. Luego, la clínica dejó de responder requerimientos que hizo la Nueva EPS sobre el particular.      

Los socios y dueños de esta IPS tienen acusaciones por corrupción en el manejo de los recursos públicos de la salud. Por ejemplo, Ciro Alejandro Olaya Forero fue el presidente de la EPS Humana Vivir, intervenida y liquidada en 2011 cuando la Superintendencia de Salud detectó falsas afiliaciones, operación de sucursales sin licencia y falta de solvencia financiera. Por su parte, otro de los socios de Procardio, José Leonidas Olaya Forero, en octubre del año pasado fue acusado por la Fiscalía de crear la compañía Century Farma SAS quince días antes de firmar contratos para el suministro de medicamentos de alto costo para personas con enfermedades huérfanas, a pesar de no contar ni con la capacidad financiera ni con la experiencia técnica. Dichos contratos fueron adjudicados por el presidente de la liquidada EPS Medimas, Néstor Orlando Arenas, quien también fue acusado por la Fiscalía por la desviación de más de $7.000 millones de pesos para esos fines. 

Los hermanos Olaya Forero son reconocidos médicos de Bogotá y en 2003 firmaron con el gobierno de Álvaro Uribe la primera concesión público privada en salud por 30 años, con el fin de construir el hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca. 

El quinto lugar lo ocupa el hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia (Antioquia), que autorizó medicamentos de alto costo por más de 185 millones de pesos para pacientes falsos. Sin embargo, cuando el fraude quedó en evidencia la Nueva EPS no autorizó medicamentos por otros 2.400 millones de pesos. Este hospital público también tiene antecedentes recientes de corrupción con los dineros de la salud, tan graves que desembocaron en el asesinato de su gerente Luis Octavio Gutierrez Montes, ek 13 de abril de 2021. Venía haciendo denuncias de corrupción al interior del hospital.  

En respuesta al fraude detectado, el hospital afirmó que las prescripciones fueron realizadas por un médico que trabaja en la institución, Fabián de Jesús Morales Peña, pero que lo hizo a favor de pacientes que nunca fueron atendidos. La entidad se comprometió a realizar investigaciones al respecto, pero hasta la fecha no se conocen conclusiones ni se han proporcionado más respuestas a pesar de que la EPS estatal le insistió por más explicaciones. 

La responsabilidad de las clínicas 

Aunque la formulación de los medicamentos se extendió a lo largo de cuatro años, las clínicas solo anunciaron la supuesta suplantación de sus médicos hasta cuando la Nueva EPS descubrió el fraude. Las respuestas de las clínicas fueron vagas y se basaron en la afirmación de que los médicos no tenían conocimiento de las prescripciones y que los pacientes nunca habían sido atendidos en sus instalaciones, ni en hospitalización ni en consulta externa. Incluso, varias clínicas se negaron a responder las preguntas detalladas de la Nueva EPS, las cuales se basaron en las pruebas entregadas a la Fiscalía: listados de supuestos pacientes y los nombres de los médicos que prescribieron o solicitaron los medicamentos de alto costo.

En conclusión, profesionales de la salud en representación de las IPS o clínicas a las que estaban vinculados, prescribieron irregularmente medicamentos de alto costo a través del sistema Mipres del Ministerio de Salud. Estos actos fraudulentos generaron un desembolso de más de $7.000 millones de pesos que hoy no se sabe en los bolsillos de quiénes quedaron. Se sabe que unas personas se prestaron para reclamar los medicamentos, pero poco se conoce de cuál fue el papel en el fraude de los médicos señalados en el listado y de los representantes legales de cada clínica, pues son los autorizados por el Ministerio de Salud para manejar y controlar las claves del software, con el agravante que ese hecho tiene implicaciones judiciales como las que se presentan en este momento. 

Si efectivamente existe un cartel relacionado con el tráfico de estos medicamentos, surgen los siguientes interrogantes: ¿Quiénes lo integran? ¿Se trata de un modus operandi a nivel nacional? Si se trata de medicamentos de alto costo y de manejo exclusivo de médicos especialistas, ¿este cartel está compuesto por profesionales de la salud?

El pasado 5 de abril, la Corte Constitucional llamó la atención a la Fiscalía y a la Contraloría, dos instituciones que deben proteger los recursos públicos de los colombianos, con el fin de que se den resultados frente a un flagelo que asfixia el sistema desde hace décadas; la corrupción. “A mí me asombra y me asombra muchísimo las muy bajas, raquíticas, cifras de la Fiscalía. No hay un solo proceso que esté, siquiera, en etapa de imputación, todas están en estado inactivo o en indagación, es decir, no hay una persona sometida a un proceso, a mí me asombra”, dijo el presidente de esa corporación, José Fernando Reyes. En el marco de esta investigación, RAYA le preguntó a la fiscal 36, de delitos contra el sistema de salud, por qué el caso está durmiendo en las gavetas de la Fiscalía, pero no hubo respuestas.

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