La Agencia Nacional de Minería (ANM) pretende renovar el contrato de explotación de la mina El Roble, ubicada en el Carmen de Atrato (Chocó), por 30 años. Esta mina, propiedad de la canadiense Ático Mining (90%) y de la familia del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria (10%), ambos socios condenados a pagar $119 mil millones de pesos por regalías no liquidadas. Comunidades denuncian afectaciones ambientales y sociales no resueltas.
Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
En los próximos días la Agencia Nacional de Minería (ANM) renovará el contrato de explotación de oro y cobre de la mina El Roble, que opera en el Carmen de Atrato (Chocó). Esta mina pertenece en un 90% a la empresa peruano-canadiense Ático Mining, y en un 10% a la familia del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien recientemente anunció sus aspiraciones presidenciales. Con la firma del nuevo contrato, esta sociedad tendrá, durante 30 años, vía libre para extraer minerales en la cuenca del río Atrato, a pesar de las deudas ambientales, sociales y económicas con el río, las comunidades del Chocó y el Estado colombiano.
La mina el Roble inició operaciones en 1990 como un proyecto de pequeña escala, impulsado por Guillermo Gaviria Echeverry y su hijo Aníbal, con el respaldo de empresas estadounidenses y japonesas. El crecimiento de la mina fue exponencial a partir de 2013, cuando Ático Mining, empresa de origen peruana, pero con residencia en Canadá, adquirió el 90% de la participación. La compañía amplió la producción hasta alcanzar una capacidad de 1.000 toneladas diarias de oro y cobre. Es, además, la única mina activa en Colombia que extrae cobre, un mineral clave en la transición energética.
La ANM anunció la renovación del contrato el pasado 29 de marzo, durante un evento llamado “Mina El Roble: Acuerdos para la firma de una nueva concesión minera”. Desde entonces, el acuerdo entre la entidad y la empresa Miner S.A, nombre de la sociedad entre la familia Gaviria y la empresa Ático Mining, generó rechazo e inquietudes entre las comunidades del Carmen de Atrato, que denuncian afectaciones sociales, económicas y ambientalmente por más de 35 años en esta zona del país.
Una de las principales inquietudes se basa en una decisión del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 7 de marzo, 22 días antes de la audiencia pública, el centro ordenó a Miner S.A pagarle al Estado colombiano 119.000 millones de pesos, aproximadamente 29 millones de dólares, por regalías no liquidadas desde 1994 y por exceder los topes de explotación de cobre.
En ese sentido, desde el Carmen de Atrato surge la pregunta: ¿Por qué la Agencia Nacional de Minería va a suscribir un nuevo contrato con una empresa que le debe al Estado colombiano 119.000 millones de pesos y que fue denunciada por la propia entidad? Una pregunta que no fue resuelta por la agencia en el encuentro del 29 de marzo, realizado en el coliseo del municipio chocoano y que a la fecha de esta publicación permanece sin respuesta.
La Revista RAYA habló con algunos asistentes al encuentro convocado por la ANM, quienes coincidieron en que no se trató de “ningún diálogo social”, sino de una audiencia pública en la que simplemente se informó que ya existía un acuerdo con Ático Mining. Diversas fuentes confirmaron a RAYA que, en ese espacio, no se presentaron los acuerdos anunciados por la Agencia.
Una de las personas que habló con esta revista fue Viviana Gónzalez, abogada y subdirectora del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, que desde 2019 hace seguimiento socio-jurídico de la situación de la mina El Roble. En su conversación con RAYA, González destacó que aunque con la decisión del Centro de Arbitraje quedó claro que la mina tiene una deuda económica, también mantiene una deuda ambiental en la región que está lejos de saldarse.
Así lo expresó: “No hay salidas claras de cómo será el manejo ambiental de ahora en adelante, por eso hay muchas inquietudes de la comunidad respecto a esa renovación y que no fueron resueltas en la audiencia, simplemente informaron sobre unas negociaciones a las que habían llegado”.
El mismo día de la audiencia realizada en el Carmen de Atrato, siete organizaciones sociales, entre ellas Siembra, la Plataforma del Campesinado y la Mesa Social y Ambiental del Carmen de Atrato, enviaron un pliego de peticiones a Álvaro Pardo, presidente de la ANM, con el propósito de “expresar sus inquietudes y elevar sus peticiones” para que fueran tenidas en cuenta en la negociación con Miner S.A.
Pliego de peticiones de organizaciones de Chocó a la ANM por la renovación del título minero de la mina el Roble
En total, las organizaciones presentaron 14 peticiones formales a la ANM para que fueran atendidas antes de firmar la renovación con Miner S.A. Una de ellas exige que la empresa cuente con una licencia ambiental como instrumento de evaluación, seguimiento y control del nuevo título minero.
Denunciaron que la mina El Roble venía operando por más de tres décadas, “sin contar con una licencia ambiental debido a que quedó dentro del régimen de transición ambiental por haber iniciado sus actividades antes de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993”, apuntaron las organizaciones en el pliego de peticiones.
En ese sentido las organizaciones sostienen que sobre la mina El Roble ha regido un “flexible régimen ambiental” que escapó de cualquier evaluación, lo que derivó en pasivos y obligaciones ambientales incumplidas por parte de la multinacional. Entre los incumplimientos ambientales destacaron que de 115 hectáreas prometidas para reforestación, entre 2001 y 2023, sólo se han reforestado 12.
Además de este incumplimiento, las comunidades han identificado contaminación en fuentes de agua por parte de Miner S.A. “Reiteradamente se han identificado puntos de vertimiento no autorizados, a la vez que se han presentado contingencias ambientales también ligadas a los vertimientos indebidos sin que haya habido debidas sanciones”, se lee en la carta enviada a Álvaro Pardo, presidente de la ANM.
Esto indica que una de las principales víctimas de la operación minera ha sido el río Atrato, declarado sujeto de derechos en 2016 por la Corte Constitucional, que ordenó al Estado colombiano garantizar su protección integral, incluidos sus afluentes y la salud de las poblaciones ribereñas. Sin embargo, la operación de la mina ha provocado que en el Atrato cada vez sea menos frecuente ver peces y que su agua esté contaminada.
Una auditoría por el cuidado del Atrato
Las denuncias por el incumplimiento de la sentencia no son nuevas. Desde 2019, la Contraloría ha advertido sobre daños ambientales derivados de la operación de la mina El Roble. En una auditoría, la entidad señaló, respecto al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que “no existen evidencias que permitieran verificar el cumplimiento de las gestaciones pertinentes en el proyecto de minería”.
Auditoría de la Contraloría en relación con los aspectos ambientales de la actividad minera en el río Atrato
La auditoría de la Contraloría, una de la pocas realizadas para verificar la protección del río Atrato, emitió un concepto de “incumplimiento adverso” en materia ambiental. Detectó que el diagnóstico -científico y social de la mina- presentado por la empresa Miner S.A., no profundizó en tres aspectos fundamentales: impactos en ecosistemas estratégicos, efectos negativos en áreas protegidas y afectaciones a comunidades indígenas y afrocolombianas, que habitan gran parte de la cuenca del río Atrato, donde funciona la mina.
En resumen, la auditoría identificó una falta de profundidad en el análisis de los impactos ambientales y sociales presentados por Miner S.A. Han pasado casi siete años desde la publicación del documento de la entidad y poco ha cambiado.
Las conclusiones de la auditoría de la Contraloría coinciden con las exigencias planteadas por Siembra y las otras seis organizaciones, que insisten en que el contrato “no debe firmarse sin una consulta previa, libre e informada con las comunidades del Carmen de Atrato”, antes considerado como la despensa agrícola del Chocó.
A pesar de las denuncias sobre la falta de participación ciudadana, la ANM publicó un comunicado de prensa el 10 de abril en el que afirmó que el nuevo contrato con Miner S.A. es el resultado de 18 meses de negociación, orientada por dos pilares: “la participación ciudadana y la defensa del interés nacional en la explotación de minerales estratégicos”, dice el comunicado.
La Agencia también se pronunció sobre la decisión del Centro de Arbitraje, que obligó a Miner S.A pagarle 119.000 millones de pesos por regalías no liquidadas. Sobre este punto afirmó que se tiene una acuerdo con la empresa el cual “hasta la fecha ha cumplido a cabalidad”, y que la deuda actual asciende a 50.000 millones de pesos, destinados al Sistema General de Regalías y deben pagarse en un plazo de dos años.
RAYA intentó comunicarse con la Agencia Nacional de Minería para obtener detalles del nuevo contrato que suscribirá con Miner S.A, así como conocer si la empresa tiene licencia ambiental vigente para desarrollar sus prácticas mineras por los próximos 30 años. Además, saber cuál fue el papel que tuvo la comunidad del Carmen de Atrato en el proceso de renovación del contrato. Hasta la fecha de la publicación no se obtuvo respuesta por parte de la entidad.
El Roble: El fortín de la familia de Aníbal Gaviria
Desde que la mina El Roble empezó sus operaciones mineras en el Carmen de Atrato, durante la década de los noventa, ha servido como bastión económico y político de la poderosa familia antioqueña Gaviria Echeverry. Precisamente, el fundador fue Guillermo Gaviria Echeverry, padre de Aníbal Gaviria y de Guillermo Gaviria Correa, este último asesinado en 2003 por las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (Farc), posterior a su secuestro en 2002, cuando era gobernador de Antioquia. En paralelo a eso, su hermano Aníbal estuvo metido de lleno en las operaciones de el Roble.
Los primeros años de la mina estuvieron bajo el mando de Aníbal Gaviria. En 1990, primer año de producción de El Roble, la mina extrajo de las montañas de el Carmen de Atrato 4.796 toneladas de oro, para el segundo año sacó 98.256 toneladas de oro, y así sucesivamente, fue aumentando la producción de la mina hasta llegar a un total de un millón de toneladas hasta la actualidad.
Un informe de Siembra llamado: “Las deudas del cobre en el Carmen de Atrato: Un examen al proyecto minero El Roble”, publicado en diciembre de 2024, destacó que la importancia de Aníbal Gaviria en la mina era tal, que los títulos centrales del proyecto, como el 00173-27 y 00172-27, estaban a su nombre. El asesinato de su hermano lo obligó a tomar sus banderas políticas y dejar la empresa minera para dedicarse a la política.
En 2013, cuando Aníbal Gaviria era alcalde de Medellín, su familia decidió vender el 90% de la mina a la empresa Ático Mining de la familia Ganoza de Perú, influyente en la política de ese país. Las cabezas de Ático Mining son Jorge Alberto y Fernando Elias Ganoza Durant. Según registros periodísticos, el negocio entre los Gaviria y los Ganoza alcanzó los 14 millones de dólares e incluyó las concesiones mineras, las licencias exploratorias, la mina subterránea, la planta de procesamiento y las instalaciones auxiliares, en un área de 394,55 hectáreas.
A pesar de la venta de la mina, el 10% quedó en manos de la familia Gaviria a través de la sociedad familiar Las Vegas S.A. El representante legal de Las Vegas S.A es Juan Esteban Álverez, hombre muy cercano a Aníbal Gaviria. Como lo publicó RAYA, durante el mandato de Gaviria en Antioquia (2020-2023), Álvarez Bermúdez fue designado por Gaviria como miembro de la junta directiva de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia, compañía industrial a cargo de la Gobernación de este departamento. Además, Álvarez recibió de la Gobernación de Aníbal Gaviria contratos por casi 200 millones de pesos. Este hombre fue detenido por presunta financiación a paramilitares, pero fue absuelto.
El paso de la familia Gaviria no pasó desapercibido en el pacífico colombiano, fue ahí donde instaló una mina de pequeña escala que sirvió como fuente económica. Un habitante del Carmen de Atrato comentó ante el Tribunal Internacional de Opinión por la Defensa de los Bienes Comunes en Antioquía, en noviembre de 2019, que hasta la llegada de la mina su municipio era catalogada como la dispensa agrícola de Chocó. “Se cultivaba maíz, plátano, yuca, cebollas, muchas más cosas, ¿pero qué nos pasó? En los años 90 llega una empresa multinacional, llega una familia Gaviria. El señor es el papá de Aníbal Gaviria, quien fue alcalde y es gobernador”.
Aníbal Gaviria ya fue alcalde y gobernador. Su siguiente paso es ser presidente de la República, intenciones que quiere cumplir en 2026 y en qué entrevista con la FM confirmó que hace parte de un movimiento regional que busca “articular una propuesta política con fuerza, trayectoria y diversidad, desde las regiones hacia el poder central” y que está integrado por Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del departamento del Meta y Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador del departamento de Sucre.
El futuro dirá en qué termina la alianza política de los exgobernadores, mientras tanto, la ANM deberá decidir si le renueva el contrato minero a la empresa de Aníbal Gaviria que durante 35 años ha explotado sin límites las montañas y aguas del Atrato, mientras las personas carecen de agua y la naturaleza cada vez se ve más afectada.
