El fallecimiento del abogado Gregorio Oviedo, exdirector del CTI que lideró el operativo más grande contra los nacientes grupos paramilitares, revive un viejo proceso judicial que hoy vuelve a tomar relevancia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe: el Caso del Parqueadero Padilla. ¿Por qué fue tan importante esta Parqueadero para revelar los nexos de los paras y los políticos paisas?
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
El pasado 12 de mayo, el presidente Gustavo Petro dedicó un extenso mensaje de condolencia tras la muerte de Gregorio Oviedo, abogado penalista que fue juez, fiscal y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en Antioquia durante la década de 1990. Oviedo, quien estuvo casado con la también exfiscal Amelia Pérez, falleció tras agravarse su estado de salud, según versiones de sus allegados, en parte a causa del matoneo y acoso sistemático del que ha sido víctima su esposa, también él, por parte de la prensa en el último año.
Amelia Pérez, quien integró la terna para fiscal general, postulada por el presidente Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia a mediados de 2023, actualmente preside la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Antes, enfrentó una serie de ataques de varios medios de comunicación cuando era candidata a dirigir la Fiscalía General.
Entre los escándalos divulgados, que lograron crear una narrativa en contra de Pérez, se destacan varios trinos publicados por su esposo Gregorio Oviedo en la red social X, donde cuestionaba a la locutora Darcy Quinn y a la hoy candidata presidencial Vícky Dávila. Estos fueron publicitados por los medios como supuesta propaganda petrista, poniendo en entredicho la independencia de Amelia Pérez como candidata a ser la nueva Fiscal General.
Sin embargo, un hecho clave pasó desapercibido: ¿quién era Gregorio Oviedo y cuál fue su papel como un valiente investigador en uno de los casos judiciales más importantes de la historia reciente del país? Esta es la historia que no se publicitó tanto como los ataques políticos.
“Parqueadero Padilla”: la investigación que podía detener a los paramilitares
El 23 de enero de 1998, un grupo élite del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) capturó a Ricardo López Lora en La Ceja, un municipio del Oriente de Antioquia. López Lora era un reconocido paramilitar, hombre de confianza de los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, quien lideraba para la época la expansión de las Autodefensas desde Córdoba y Urabá hacia el departamento de Antioquia y otras regiones del país.
Este operativo y otros que le siguieron fueron dirigidos por el doctor Gregorio Oviedo, un persistente abogado penalista que en esa época era el director del CTI en Antioquia. Los investigadores encontraron en los beepers del paramilitar López Lora mensajes con oficiales del Ejército y la Policía, así como con un sujeto apodado “Lucas”.
“Lucas” era el mismo personaje que se comunicaba con frecuencia con Luis Alberto Villegas Uribe, alias “Tubo”, un ganadero, ladrón de gasolina y narcotraficante del Nordeste Antioqueño, asesinado por sus propios socios paramilitares el 5 de diciembre de 2004. Villegas mantuvo cercanía y tratos comerciales con el entonces gobernador del departamento: Álvaro Uribe Vélez.
El narcotraficante Luis Alberto Villegas ha vuelto al foco de la opinión pública por las menciones reiteradas durante el juicio contra el expresidente Uribe por soborno y manipulación de testigos, pues Luis Alberto era hermano de Juan Guillermo Villegas, ganadero y político antioqueño amigo íntimo de Álvaro Uribe, quien colaboró con el ex presidente para tratar de sobornar al testigo Juan Guillermo Monsalve con el propósito de que cambiara su versión ante la justicia de la relación íntima de los Uribe Vélez con los paramilitares.
Lea la investigación: Estos son Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas, acusados con Uribe de fundar el Bloque Metro de las Autodefensas
Los investigadores, bajo las órdenes de Oviedo, allanaron un local en el barrio Laureles de Medellín denominado Lácteos El Paisa, que figuraba a nombre del padre de los hermanos Villegas. Allí encontraron documentos de la recién creada Convivir El Cóndor, una fachada para el grupo paramilitar que luego se convertiría en el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dicha Convivir había sido autorizada por Uribe en 1996 cuando fue gobernador de Antioquia y sus líderes eran los narcotraficantes Luis Alberto Villegas y Santiago Gallón Henao. Ambos tuvieron negocios de tierras con la familia Uribe Vélez en el nordeste antioqueño.
Uribe autorizó la Convivir El Cóndor al narcotraficante Luis Alberto Villegas, quien fue su amigo y socio comercial en compraventas de fincas
En los mensajes de beeper interceptados se notó una coordinación permanente entre Luis Alberto Villegas y “Lucas”, de quien los investigadores detectaron que era coordinador de varios grupos criminales en Antioquia.
Por una de estas comunicaciones, el CTI supo que “Lucas” acababa de enviar un campero azul rumbo a Sopetrán, occidente de Antioquia, cargado de pertrechos para uno de los nacientes grupos paramilitares. De inmediato montaron un operativo en la mañana del 30 de abril de 1998, que permitió la captura de José Alberto Cadavid, Boris Fernando Baena y Jhon Jáder Roldán sobre la vía que conduce al Urabá, cuando transportaban 150 uniformes del Ejército y tres millones de pesos en efectivo que iban a entregar a Luis Arnulfo Tuberquia, alias “Memín”, comandante del naciente Bloque noroccidente de las AUC.
“Memín” nunca se desmovilizó y se le relaciona como miembro de las “Águilas Negras”. Fue capturado en 2008 y afronta una pena de más de 40 años de prisión. Una declaración de Evert Veloza, alias “HH”, quien fuera jefe del Bloque Calima de las AUC, ubica a “Memín”, junto al empresario Hernán Darío Moreno Calle, como responsables de la expansión paramilitar hacia el occidente de Antioquia, donde se cometieron las masacres de El Aro y La Granja en Ituango, dos crímenes de lesa humanidad que salpican al expresidente Álvaro Uribe por su presunta relación con esos hechos.
“A mediados del año 1996 se presentó una reunión en un apartamento del barrio El Poblado en Medellín, donde hicieron presencia las siguientes personas: los hermanos Carlos y Vicente Castaño, un señor Darío Moreno, otro individuo conocido como Tito, y otra persona con el alias “Lucas”, aseguró Veloza.
Con los documentos incautados en el campero azul, dirigido a alias “Memín”, se ubicó un establecimiento comercial en pleno centro de Medellín conocido como el “Parqueadero Padilla”, que fue allanado en los días posteriores. Lo que descubrieron allí era el centro logístico y financiero de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU), lideradas por Carlos y Vicente Castaño. En el lugar reposaba una enorme cantidad de información sobre los movimientos contables de las Autodefensas desde 1994, compilada en cheques, libros de contabilidad, registros de 41 cuentas bancarias con más de 30 mil transacciones y 70 disquetes con información de casi 500 cuentas bancarias que habrían girado aportes para los grupos paramilitares.
El listado completo de los presuntos financiadores de las nacientes Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se conoció ante la opinión pública en 2022, cuando la Comisión de la Verdad lo publicó en un documento anexo al Informe Final, relacionando los nombres de todas las personas, empresas y entidades que figuran en los registros contables incautados a los paramilitares. Este documento, de mucho valor histórico y judicial, puede consultarse en línea aquí.
RAYA publica el listado completo que elaboró la Comisión de la Verdad con las personas naturales y empresas que aparecieron en los registros del “Parqueadero Padilla” como aportantes financieros de los grupos paramilitares.
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Tres décadas después del allanamiento, está claro que, si la justicia hubiera actuado oportunamente, las Autodefensas no habrían experimentado la expansión militar y territorial que derivó en la captura del poder político en buena parte del país. En el lugar se encontraron, por ejemplo, los datos de varios cabecillas y articuladores de los nacientes grupos paramilitares en el norte del país. Entre ellos, Salvatore Mancuso, Isabel Cristina Bolaños Dereix (pariente de la esposa de Salvatore Mancuso), Freddy Rendón Herrera, “El Alemán” (jefe del Bloque Bananero de las AUC), Jesús Ignacio Roldán, “Monoloche” (escolta y hombre de confianza de los hermanos Castaño), Raúl Emilio Hasbún, alias “Pedro Bonito” (cabecilla del frente Arlex Hurtado de las AUC), Sor Teresa Gómez (pariente de los hermanos Castaño que lideró una ONG de fachada de los paramilitares).
Además, otras trece personas mencionadas en los pagos y registros contables del “Parqueadero Padilla” eran reconocidos narcotraficantes, y varios de ellos terminaron asesinados en venganzas mafiosas o fueron extraditados a los Estados Unidos. Entre ellos, los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas, también excapos del Cartel de Medellín como Guillermo León Sierra y José Antonio Ocampo, “Peluza” (asesinado por órdenes de Sebastián Murillo, “Lindolfo”, en 2017). También figuraba Rosa Edelmira Luna, esposa del jefe narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, y los narcos extraditados a EE.UU: José Mazo Correa, Francisco Antonio Flórez, “Don Pacho”, y Pedro José Amado Montilla.
Pero lo más revelador del expediente son los aportes voluntarios que poderosas empresas paisas y del Eje Cafetero le estaban haciendo a las Autodefensas de los hermanos Castaño. Los registros contables muestran consignaciones y cheques girados por emblemáticas compañías como Coltejer, Vinculamos Limitada, Leonisa, Antioqueña de Curtidos, Distribuidora Toyota, Vehicaldas y Caldas Motor. Incluso, figuran giros de empresas con capital público como la Caja de Compensación Familiar (Comfenalco) y Empresas Varias de Medellín (Emvarias).
Durante el allanamiento al “Parqueadero Padilla” fue capturado Jacinto Alberto Soto Toro, quien resultó ser el misterioso “Lucas” al que los investigadores le seguían la pista desde 1997. “Lucas”, según contaron a RAYA algunos exparamilitares, sostenía vínculos de parentesco con los hermanos Castaño y era hombre de absoluta confianza de Vicente Castaño, el cerebro detrás del entramado criminal de las AUC.
Mensaje de beeper entre Luis Alberto Villegas y Jacinto Alberto Soto “Lucas” coordinando una reunión con quien sería Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Luis Alberto Villegas alias “Tubo” fue un narcotraficante y ladrón de gasolina, socio y amigo de Uribe
“Lucas” se fugó poco después de la cárcel de Bellavista en Medellín gracias a la colaboración de funcionarios judiciales corruptos. Volvió a aparecer durante el proceso de paz con los paramilitares en San José de Ralito. Se desmovilizó en diciembre de 2003 con los hombres del Bloque Cacique Nutibara bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”. Aunque se sometió a la Ley de Justicia y Paz que debía esclarecer los crímenes de los paramilitares, “Lucas” jamás aportó verdad para esclarecer su rol en el caso del “Parqueadero Padilla”.
En 2021 fue capturado de nuevo, acusado por el asesinato de tres funcionarios del CTI en Antioquia que habían hecho parte de las investigaciones en su contra. Se trata de los agentes Manuel Guillermo López Umañana, Jhon Jairo Ruiz y Luis Fernando González Jaramillo, asesinados en Medellín en ataques sicariales ocurridos entre septiembre de 1997 y abril de 1998. En 2024 “Lucas” fue encontrado culpable de esos hechos y afronta una condena a 40 años de cárcel impuesta por el Tribunal Superior de Medellín. Ahora se encuentra recluido en la penitenciaría de El Barne en Cómbita (Boyacá), en el mismo pabellón de máxima seguridad donde está Pablo Hernán Sierra, “Pipintá”, el exjefe paramilitar que ha sido testigo clave en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Jacinto Alberto Soto Toro alias “Lucas” al momento de su captura por el CTI en 2021
La persecución contra Oviedo y sus investigadores
Las represalias por exponer los vínculos de las Autodefensas con los políticos y empresarios más poderosos de Medellín fueron inmediatas. Transcurridos apenas dos meses del operativo, el 10 de junio de 1998 un comando de sicarios acribilló de 21 balazos al funcionario que había encabezado la diligencia de allanamiento al Parqueadero Padilla. Se trataba del abogado Sergio Parra, Jefe de Investigaciones del CTI en Medellín, subordinado a Gregorio Oviedo. Otros trece investigadores del CTI en Antioquia relacionados con este caso fueron asesinados en los meses siguientes y el propio Gregorio Oviedo terminó incluido en una lista de 21 personas que los paramilitares declararon como objetivo militar, por ello tuvo que escapar del país en 2002 y permanecer dos décadas en el exilio con su esposa, la exfiscal Amelia Pérez.
Pero a la par de la persecución criminal en contra de los funcionarios, ocurrió otra venganza desde la cúpula de la Fiscalía que consiguió expulsarlos de la entidad. De acuerdo con el libro “Memoria de la impunidad en Antioquia”, una investigación de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), el caso de Oviedo es paradigmático de cómo se sancionó de manera arbitraria a fiscales, investigadores y funcionarios judiciales que cumplían con su tarea de perseguir el crimen organizado y las estructuras paramilitares, lo que permitió “que varios procesos penales relacionados con el paramilitarismo hayan sido afectados en su fase de instrucción o evaluación jurídica”.
Diez días después de la posesión de Luis Camilo Osorio como Fiscal General de la Nación, el 1 de agosto de 2001, Osorio declaró insubsistente a Gregorio Oviedo y lo expulsó de la entidad. Las denuncias de infiltración del paramilitarismo a la Fiscalía durante el mandato de Osorio han sido reiteradas, tanto así, que se compulsaron copias en su contra en una de las sentencias que juzgó los crímenes de Salvatore Mancuso. Está probado que varios de los mejores investigadores del CTI de Cúcuta fueron asesinados por los paramilitares después de que Osorio nombrara como directora a Ana María Flores, una amiga personal suya, que terminó condenada a 12 años de prisión por sus estrechos vínculos con las Autodefensas.
Con 28 años de servicio intachable en la rama judicial, Gregorio Oviedo fue declarado insubsistente y “la decisión tomada por Osorio se consideró “eminentemente política, influenciada por mandos militares y sobre ella no se podía ejercer recurso alguno”, asegura la Corporación Jurídica Libertad.
Un funcionario judicial de la época, que ofreció su testimonio bajo reserva a la Comisión de la Verdad, calificó como “intolerable y reprochable” la relación que existía entre la élite paisa, la mafia y los grupos de Autodefensa: “yo diría que casi toda la sociedad antioqueña estaba permeada por el paramilitarismo que iba de la mano con el narcotráfico. Entonces el panorama que encontré fue que el paramilitarismo trabajaba a discreción en todo el departamento; no tenía ningún tipo de resistencia ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Fiscalía, absolutamente, ni de la clase política. Era impresionante, era como si fuera una sociedad que pasivamente aceptaba el fenómeno”.
El expediente del “Parqueadero Padilla” fue trasladado a Bogotá, en donde se extraviaron evidencias y piezas procesales. El proceso tuvo múltiples cambios del fiscal a su cargo, lo que entorpeció la investigación. Al final la misma Fiscalía en cabeza de Luis Camilo Osorio terminó sepultando el caso sin condenas ni acusaciones en contra de los implicados, lo que fue interpretado como un claro favorecimiento a los paramilitares para garantizar su impunidad.
En palabras de la Corporación Jurídica Libertad “una salvaguarda de la organización paramilitar en su núcleo —esto es, los agentes importantes de su estructura operativa, los vínculos institucionales y las fuentes de financiación—; una garantía de inmunidad de los centros de poder económico que se articularon a la lucha irregular contrainsurgente; y una condición para su reproducción como organización así como para la continuidad de los crímenes de desaparición forzada, masacres y asesinatos selectivos, desplazamiento forzado y despojo de tierras”.
