Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado las deportaciones masivas utilizando al ICE como herramienta de represión. RAYA habló con el profesor e investigador Justin Akers Chacón, quien analiza la evolución de esta agencia armada, el proceso de criminalización de los migrantes y las estrategias de resistencia que están adoptando las comunidades afectadas.
Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
Desde que volvió a la Casa Blanca, Donald Trump puso en marcha una operación nacional de control inmigratorio para expulsar de Estados Unidos a migrantes indocumentados, principalmente de origen latino, árabe y musulmán. A la cabeza de esta persecución está el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia armada creada en 2003 como respuesta al atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York. Su labor consiste en llevar a cabo el control migratorio mediante redadas y arrestos en contra de estas comunidades.
El ICE maneja un presupuesto cercano a los 9.000 millones de dólares y cuenta con más de 20.000 empleados de los cuales 8.000 están dedicados a realizar las operaciones de deportación. Hasta el pasado 7 de febrero, más de 8.000 personas han sido deportadas del país, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Una de las misiones de esta agencia es deportar a “los inmigrantes delincuentes”, sin embargo, también puede arrestar a cualquier migrante indocumentado. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leaviit, declaró que el gobierno de Trump considera delincuentes a todos los inmigrantes indocumentados. “Los traficantes de droga, los violadores, los asesinos y los individuos que han cometido actos atroces en el interior de nuestro país deberían ser la prioridad del ICE, pero eso no significa que los demás criminales ilegales que ingresaron a las fronteras de nuestra nación no estén sobre la mesa”.
Aunque la creciente persecución a los inmigrantes está llenando los portales de noticias de América Latina, esta política se viene impulsando, de manera radical, desde la administración de Bill Clinton, pasando por las de George Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Se espera que en el segundo mandato de Trump se endurezcan aún más las medidas. Sobre la historia de la represión contra los migrantes en Estados Unidos se han escrito textos explicando sus formas y consecuencias. Uno de esos libros se llama “Nadie es Ilegal”, escrito por Mike Davis y Justin Akers Chacón, que recorre episodios de racismo y violencia de Estado, desde la conquista hasta la actualidad. En el apartado; “Trump y el fracaso de la reforma migratoria neoliberal”, los autores advierten sobre las medidas radicales anti inmigrantes, que iniciaron en el primer gobierno de Donald Trump y continuaron durante la administración de Biden.
Según Davis y Akers, en ese tiempo, se introdujeron cambios a las reglas migratorias conocidas como “memorandos de orientación”, los cuales ampliaron las facultades del ICE para arrestar y deportar personas indocumentadas. Además, les otorgaron autorización para “actuar siguiendo sus propios impulsos, sin restricciones ni supervisión”. RAYA habló con
A principios de la década de 1990 Akers Chacón se trasladó al sur de California donde realizó sus carrera universitaria en “Estudios Chicanas y Chicanos”, enfocada en los estudios históricos y culturales de mexicanos y latinoamericanos en la historia de Estados Unidos. Allí fue testigo de la construcción del muro fronterizo que se levantaba para dividir Estados Unidos de México. La estrategia llamada “Operación Gatekeeper”, impulsada por Bill Clinton que radicalizó la persecución migratoria, fue diseñada para obligar a las personas a cruzar la frontera a través de terrenos mortales. Esta operación que para Justin Akers Chacón no detuvo la migración, sino que la hizo más mortífera, fue el punto de partida para sumarse al activismo y apoyar las causas de las personas indocumentadas, que representan el 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos. Su interés por las políticas migratorias no se quedaron ahí, por lo que se convirtió en investigador, escritor y profesor de fenómenos de migración en la San Diego City College donde dicta la clase de "Chicana y Chicano Studies.
¿Cual es el principal riesgo que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos?
Dentro del país, el mayor riesgo que hoy se enfrentan son las redadas que hace el ICE y los ataques contra comunidades mexicanas y latinas. Trump ha dado órdenes para que el ICE tenga una acción más visible en el interior del país, especialmente en estados y ciudades con políticas de protección a migrantes indocumentados, conocidas como “ciudades santuario”. También revocó una orden que le prohibía al ICE realizar arrestos en escuelas, hospitales e iglesias.
Durante la administración de Biden, las acciones del ICE fueron más restringidas y menos visibles públicamente, aunque la tasa de detención y deportación fue alta. Biden pasó su último año aprobando una política fronteriza más restrictiva y Kamala Harris hizo campaña para restringir la inmigración. Estaban tratando de demostrar que podían ser tan duros con los inmigrantes y refugiados como Trump. Esto sólo legitimó las falsas afirmaciones de Trump de que había una crisis fronteriza y que los migrantes y refugiados son una amenaza.
Ha creado un clima en el que está librando una guerra contra los migrantes y los refugiados. A parte de una mayor aplicación de la ley, este clima crea el riesgo de que individuos y grupos fascistas ataquen a los migrantes y apoyen a los políticos de extrema derecha a impulsar políticas y leyes más restrictivas y punitivas.
¿Cómo se organizan los migrantes en Estados Unidos para enfrentar las medidas del gobierno de Donald Trump?
En la última semana hemos visto protestas en todo el país, principalmente en comunidades migrantes, donde sus familias y simpatizantes han salido a las calles. En algunos casos, los negocios han cerrado en apoyo a las protestas. En San Diego (California) más de 5.000 personas marcharon por el centro de la ciudad esta semana contra el ICE, Trump y las deportaciones. Hay varios tipos de organizaciones que se están formando en respuesta a lo que está sucediendo. Una de ellas es la asociación nacional o étnica que organizan actividades comunitarias y culturales, pero también pueden convertirse en redes organizadoras. Otras son las organizaciones de derechos humanos que hacen presión a los políticos para que apliquen reformas legales. También están los grupos políticos de izquierda y pequeñas organizaciones socialistas que apoyan y se alinean con los inmigrantes desde un punto de vista de lucha y defensa de clases. En algunas comunidades, estos grupos organizan vigilancias ante las acciones del ICE y redes de protesta de respuesta rápida.
¿Qué herramientas tienen los inmigrantes para defenderse de las políticas del gobierno de Estados Unidos?
En este punto, hay muy pocas herramientas. Existen grupos de derechos humanos y grupos de derechos de migrantes y refugiados que están presentando demandas para intentar que los jueces federales suspendan las órdenes ejecutivas dictadas por Trump. Aparte de eso, hay organizaciones comunitarias dentro de las comunidades migrantes para monitorear al ICE y responder a las redadas con protestas públicas. Se está educando a los miembros de la comunidad sobre sus derechos y sobre cómo responder a los agentes de ICE si aparecen en sus hogares, lugares de trabajo o en entornos públicos.
¿Es la nueva política migratoria de Donald Trump más violenta contra los migrantes en comparación con su primer mandato?
Hasta el momento, no. Si bien las redadas y deportaciones aterrorizan y desplazan a las comunidades de inmigrantes, la situación ha cambiado desde su última administración. En 2017 Trump, mediante la política llamada “Permanecer en México", comenzó a desmantelar la política migratoria basada en el asilo. Aquellos que continuaron intentando solicitar asilo fueron arrestados en masa, acusados de entrada ilegal y enviados a cárceles improvisadas y campos de concentración. En este proceso, se separaron familias y miles de niños fueron retenidos en condiciones deplorables, con personal no capacitado y poca supervisión, lo que provocó numerosos incidentes de abuso, negligencia y violencia sexual. En su primer gobierno Trump intentó ampliar y reforzar el muro fronterizo, pero enfrentó una oposición significativa de algunos sindicatos que amenazaron con realizar huelgas y protestas masivas en las principales ciudades del país. Hasta ahora no estamos viendo la misma magnitud de oposición en su segunda administración de Trump, lo que significa que las cosas podrían empeorar.
¿Cuáles son las principales diferencias entre el primer y el segundo mandato de Trump en cuanto a política migratoria?
La segunda administración de Trump se desarrolla en circunstancias muy diferentes. La política en Estados Unidos se ha movido hacia la derecha dentro de ambos partidos políticos, y tanto demócratas como republicanos han adoptado posiciones antiinmigración más duras. Yo diría, basándome en encuestas y otras pruebas, que este cambio político está ocurriendo mucho más rápido en la clase dominante que en la población general. Con un terreno así, y con una oposición menos formal, Trump y la mayoría republicana de extrema derecha en el Congreso han tenido más margen de acción y herramientas para causar más daño.
¿Hasta dónde puede llegar la persecución de Trump contra los inmigrantes?
El objetivo de esta nueva ola de ataques no es expulsar a todos los inmigrantes, sino apuntar y deportar sólo a un pequeño porcentaje para infundir miedo en el resto. Es una estrategia del Estado para tener un mayor control sobre gran parte de la fuerza laboral del país.
¿Existen estados en los que la situación sea más complicada para los inmigrantes?
El ataque intensificado contra los migrantes opera a nivel federal, estatal y municipal. Por lo tanto, existe una variación geográfica en términos de represión. Las cosas son peores en los estados del Medio Oeste y del Sur de Estados Unidos donde domina la extrema derecha y el ala “trumpista” del Partido Republicano. Hay que poner en contexto una disposición legal aprobada en 1996, bajo la administración de Bill Clinton, que permitió a los gobiernos municipales trabajar con agentes federales de inmigración para perseguir, detener y arrestar a aquellos sospechosos de ser indocumentados. Esta política, conocida como “287G”, está en funcionamiento en 135 ciudades de 21 estados, en su mayoría del Medio Oeste y el Sur.
Gracias a esta política ha habido una avalancha de leyes estatales punitivas que se han aprobado en los últimos años, por lo que hay lugares donde los inmigrantes están aún más expuestos y reprimidos. Texas y Florida tienen dos de los gobiernos estatales de derecha más antiinmigrantes. Sin embargo, desde el nivel federal, la administración Trump está centrando la mayoría de las actividades del ICE al interior de estados y ciudades “liberales”, como una forma de represalia política.
¿Se puede comparar esta arremetida contra los migrantes con algún otro periodo de la historia?
En términos de escala, sí. Hubo dos períodos previos contra los inmigrantes en los que se llevaron a cabo deportaciones a gran escala. Una fue al inicio de la Gran Depresión en 1929, donde el gobierno estadounidense deportó hasta dos millones de mexicanos durante la década siguiente para culpar a los inmigrantes por la crisis económica. Después Estados Unidos volvió a deportar a más de dos millones de ciudadanos mexicanos, entre 1953 y 1955, como parte de la “Operación Espaldas Mojadas”, una represión de la Guerra Fría que utilizó a la policía, el ejército y las agencias de inmigración para reprimir el sindicalismo liderado por el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO).
El CIO comenzó a organizar a las poblaciones de clase trabajadora mexicanas, negras y otras racialmente segregadas en el movimiento laboral y contra las políticas y prácticas de segregación racial. El Estado utilizó redadas selectivas y deportaciones para contrarrestar y socavar el esfuerzo. Sin embargo, la mayor escala de represión a los inmigrantes se ha institucionalizado desde 1996. La política federal aprobada en ese momento, nuevamente bajo el demócrata Bill Clinton, amplió enormemente el alcance del Estado para deportar inmigrantes indocumentados. Desde entonces, en promedio, el número de deportaciones ha aumentado significativamente, desde 300.000 a más de 2 millones de deportaciones cada año.
¿Qué comunidades se ven más afectadas por la nueva política migratoria de Trump?
Los centros de comando del ICE están establecidos en los 50 estados del país, pero las operaciones se concentran en las regiones industriales y agrícolas de la región sur, donde se concentran poblaciones más grandes de inmigrantes mexicanos, latinos y africanos de clase trabajadora. Esto refleja el carácter racista de la aplicación de la ley de inmigración. La elaboración de perfiles raciales ha sido legalizada por sentencias anteriores de la Corte Suprema, lo que permitió a los agentes del ICE dirigir la mayoría de sus operaciones represivas contra las comunidades mexicanas y latinas. Aunque hasta un tercio de las personas indocumentadas son europeos, canadienses, australianos, la práctica y ejecución de la aplicación de la ley de inmigración se orienta principalmente hacia estos grupos específicos que cruzan la frontera desde el sur.
¿Los gobiernos latinoamericanos pueden tomar medidas conjuntas para proteger a la población migrante?
Creo que hay limitaciones respecto a lo que los gobiernos latinoamericanos pueden hacer directamente. El gobierno de Estados Unidos ha dedicado años a construir una infraestructura internacional y una integración regional para la “aplicación de la ley de inmigración”. La ICE y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ahora operan a nivel internacional y tienen “operaciones asociadas” en muchos países, incluido México y partes de Centroamérica. Estados Unidos asigna recursos, principalmente armas, tecnología de vigilancia y entrenamiento, con el objetivo de militarizar la aplicación de la ley de inmigración a lo largo de los corredores que van desde Sudamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Fue inspirador ver al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentarse a Trump en relación con el trato dado a los deportados y devueltos a sus países, e incluso presentar contramedidas a la amenaza arancelaria de Trump. Sin embargo, debido a los riesgos económicos, sólo podrían reaccionar ante Trump y tratar de disminuir el daño del proceso de deportación, pero no se arriesgarían a ir más lejos.
¿Cuáles son los principales derechos vulnerados a los migrantes?
Se están violando importantes derechos humanos. Por ejemplo, muerte por exposición al verse obligados a cruzar la frontera a través de un terreno mortal. Hay muchos casos documentados de agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE que cometen actos de violencia y abuso sexual contra migrantes bajo custodia. Se han presentado asesinatos y agresiones, así como separación de familias, detención a largo plazo, falta de debido proceso, trabajo forzado, superexplotación y reinstitucionalización de la segregación racial residencial, educativa y económica, son sólo algunas de las formas en que los migrantes se ven afectados.
¿Qué pierde Estados Unidos con la salida de los migrantes ilegales?
Estados Unidos está experimentando una escasez sustancial de mano de obra y la explotación de la mano de obra indocumentada es la fuente de grandes ganancias para muchos sectores de la economía capitalista. Al mismo tiempo, la política antiinmigración proporciona un tipo diferente de beneficio, especialmente para Trump y los republicanos de extrema derecha ahora en el poder. Construir narrativas antiinmigración les permite crear chivos expiatorios para una economía que le está fallando a la mayoría de la clase trabajadora. Culpar a los inmigrantes desvía la atención de la rampante codicia y corrupción capitalista, de la creciente desigualdad social, del aumento interminable del presupuesto de guerra imperial y de un sistema de bienestar social desfinanciado.
